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MINISTERIO

DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES




SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD








DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA








INTRODUCCIÓN.'>III Y IV INFORME DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN ESPAÑA

Enero 2008

INDICE

INTRODUCCIÓN.

I . MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN.

II. DEFINICIÓN DE NIÑO.

III. PRINCIPIOS GENERALES.

IV. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES.

V. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA.

VI. SALUD BÁSICA Y BIENESTAR.

VII. EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES.

VIII. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN.

IX. PROTOCOLOS FACULTATIVOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

X. RELACIÓN DE ANEXOS AL INFORME.

INTRODUCCIÓN

Con el presente Informe sobre las medidas adoptadas por el Estado español para dar efecto a los derechos de los niños reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, así como sobre el progreso realizado en cuanto al goce de esos derechos, el Estado español, en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006, se da cumplimiento al compromiso adquirido mediante el Instrumento de Ratificación de la Convención (Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre de 1990), según lo dispuesto al respecto en el artículo 44 de la misma.

En la elaboración del presente Informe se han tenido en cuenta tanto las indicaciones establecidas en el citado artículo 44 de la Convención como las que ha ido estableciendo el Comité de los Derechos del Niño en los diferentes documentos oficiales que ha aprobado al respecto. De manera especial, se han seguido las indicaciones realizadas en los documentos CRC/C/15/Add.185, de 13 de junio de 2002; CRC/C/58/Rev.1, de 29 de noviembre de 2005; y CRC/C/44/2, de 15 de enero de 2007. Las orientaciones e indicaciones contenidas en estos documentos han permitido estructurar la forma y el contenido con que finalmente se ha conformado el Informe.

En la determinación de la forma, el Informe se ha dividido en los diferentes apartados que son señalados en la Sección II del documento CRC/C/58/Rev.1, respondiendo en cada uno de estos apartados a los puntos señalados en dicho documento como más relevantes.

Para la exposición del contenido, se ha considerado conveniente mostrar en cada apartado, desde el principio y de una forma clara, el progreso que se ha seguido en el Estado español para conseguir hacer más eficaces los derechos de los niños que la Convención les reconoce. En este sentido, se parte, conforme a la idea de “seguimiento” señalada por el Comité, de las diferentes observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño realizó a España respecto a cada ámbito, según constan en el Documento CRC/C/15/Add.185. De esta manera, se puede observar claramente cómo las mismas han sido siempre motor de cambio a favor de una más eficaz protección de los derechos de los niños a través de la adopción de medidas concretas adoptadas para dar una adecuada respuesta a las mismas. Y así mismo se ha considerado, teniendo siempre en cuenta la recomendación hecha por el Comité -en el documento CRC/C/44/2- de no repetir información ya facilitada en informes anteriores, la importancia de realizar algunas pertinentes conexiones con la información contenida en el segundo informe periódico de España (CRC/C/70/Add.9), de forma tal que se pudieran obtener dos resultados importantes: por una parte, apuntar algunos de los logros ya adquiridos -respecto a la eficaz protección de los derechos de los niños en España- en periodos anteriores a los que se refiere el presente Informe, de forma que se pudiese tener una más adecuada comprensión de la situación actual; y, por otra, mostrar de una forma más clara la evolución seguida, atendiendo a cambios significativos producidos respecto a la situación anterior.

A continuación, conforme a la idea de “vigilancia” señalada por el Comité, se da cuenta de cuáles son las medidas concretas que el Estado español ha adoptado respecto de la temática que se trate. En este punto, y a fin de hacer más clarificador el Informe, se ha optado por presentar en primer lugar las medidas adoptadas por la Administración central y después, atendiendo a la descentralización que respecto a la dirección y gestión de muchas materia caracteriza al funcionamiento del Estado español, se han señalado las medidas más relevantes que respecto a cada tema se han adoptado en las diferentes Comunidades Autónomas. Esta exposición ha aconsejado apuntar también, de forma conjunta, tanto los recursos que se han dispuesto para la aplicación de las diferentes medidas adoptadas como, en su caso, las circunstancias que hayan podido afectar a su adecuada aplicación; es decir, los puntos señalados por el Comité como “asignación de recursos presupuestarios y de otra índole” y “factores y dificultades”.

En este punto cabe realizar dos observaciones para una mejor comprensión de la exposición de estos contenidos del Informe.

Así, en primer lugar, se ha de observar que, en ocasiones, la información facilitada respecto a las actividades impulsadas por ciertas Administraciones autonómicas no da debida cuenta de todas las actividades realmente emprendidas; lo que puede deberse a dos motivos diferentes: primero, por que, en todo caso, también en las Comunidades Autónomas se desarrollan en buena parte las medidas adoptadas en los ámbitos legislativo, político o judicial por la Administración central, y, sin embargo, no resulta conveniente ofrecer una misma información por duplicado; y, segundo, por que la información aportada desde las Comunidades Autónomas ha resultado en alguna ocasión generica, entendiéndose que en el presente Informe se ha de dar una información concreta que se ajuste bien a los temas tratados en el mismo para articular una información lo más coherente y plena posible, que de, así, adecuada cuenta de la situación de la infancia en España y de las diferentes medidas adoptadas para hacer más eficaces sus derechos.

En segundo lugar, se ha de observar también que en el presente Informe se da cuenta de los recursos dedicados a la aplicación de las medidas impulsadas para hacer más efectivos los derechos de los niños en la comprensión de que la información aportada ha de proporcionar una idea cabal de en qué medida se dedican recursos tanto en el ámbito de la Administración central como autonómica, atendiendo a una perspectiva global y también, cuando así fuese pertinente, al desarrollo de medidas concretas que se adoptan. No obstante, esa claridad y concreción también supone que no se puedan aportar datos referentes a todas las diferentes medidas señaladas en el Informe, ya que la disposición de algunos recursos se realizan junto a otro tipo diferente de medidas, o con criterios presupuestarios que no se comparten en otras Administraciones, o puede ocurrir, simplemente, que no existe información sobre un tipo de recursos concretos designados para la ejecución de la medida específica a la que se haga referencia.

Finalmente, conforme a la indicación de “datos estadísticos” señalada por el Comité, cada apartado o cada tema concreto que se desarrolla en el presente Informe se cierra proporcionando datos estadísticos e indicadores relevantes al respecto. En este sentido, se ha seguido también la pauta marcada por el Comité en el Anexo del documento CRC/C/58/Rev.1, al señalar los puntos más destacados a tener en cuenta respecto a cada apartado en que se divide el Informe. Y para conseguir una mayor claridad en la información transmitida, se utilizan en el Informe cuadros y figuras que permiten rápidamente observar las diferentes evoluciones así como comparar datos relevantes desglosados conforme a los criterios que se han considerado más pertinentes en cada ocasión.

La elaboración del presente Informe ha supuesto un importante esfuerzo colectivo, de diferentes instituciones, públicas y privadas, y grupos sociales, coordinado por el Observatorio de la Infancia de España, que, como en su página web se señala, es un Grupo de Trabajo integrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que tiene por objeto la construcción de un Sistema de Información centralizado y compartido con capacidad para conocer el bienestar y calidad de vida de la población infantil y de las políticas públicas que afectan a la infancia en relación a su desarrollo, implantación y efectos de las mismas en dicha población. En este sentido, hay que situar el presente Informe en una línea de trabajo continuada en el tiempo de obtención de información sobre las medidas que se aplican en España que afectan directa o indirectamente a los derechos de los niños y sobre su correlación con la situación real de los niños en España. Y es en esta línea que para el presente Informe ha sido de gran utilidad la elaboración, también en el marco del Observatorio de la Infancia, de un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, aprobado en el año 2006, que se ha configurado como un instrumento idóneo para el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de las medidas que se desarrollan para la consecución de la promoción y defensa de los derechos de los niños. Un Plan impulsado por el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en cuya elaboración han participado todas las Instituciones públicas y privadas que realizan actividades dirigidas a dicha promoción y defensa de los derechos de la infancia, como las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el movimiento asociativo. De esta manera, en la elaboración del presente Informe se ha contado directa o indirectamente con la necesaria participación activa de las distintas Administraciones centrales y autonómicas; de Instituciones públicas como las universidades y centros de investigación de las mismas, como son sus Institutos; de los diferentes organismos públicos que tienen una dedicación especial a la protección de los niños y sus derechos, como son las distintas defensorías del menor; del movimiento asociativo, a través de las organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de los niños y sus derechos; así como de los propios niños, principalmente a través de la participación de escolares preadolescentes, a través de encuestas, talleres y grupos de discusión. El trabajo de todos ellos, siguiendo diferentes cauces, ha sido necesario para la elaboración de este Informe y la redacción del mismo se hace eco de manera directa o indirecta del mismo.

Por último, es de interés señalar, para tener una más acabada comprensión del contenido del presente Informe, que en su redacción final se ha procurado atender también a la indicación realizada por el Comité, en el documento CRC/C/44/2, de que los informes periódicos fuesen concisos y analíticos y centrados en cuestiones fundamentales de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, se ha procurado unificar la información dada, utilizando sólo la imprescindible para dar cabal cuenta de cuáles han sido las medidas adoptadas por las distintas Administraciones del Estado español en los diferentes ámbitos para conseguir la adecuada aplicación a la Convención y, así, de la situación real de la infancia en España. Es cierto que el esfuerzo realizado ha reducido considerablemente la extensión del Informe respecto al segundo informe periódico presentado por España, aunque no ha sido posible reducirlo más para garantizar la transmisión clara de la información básica, la que se ha considerado esencial conforme a los fines perseguidos.



  1. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN

(artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44 de la Convención)

    1. Reservas a la Convención

(Párrafo 10 de las orientaciones generales (CRC/C/58/Rev.1))

De acuerdo con el segundo informe periódico de España (CRC/C/70/Add.9), España, que no formuló reservas a la Convención, sigue manteniendo la misma posición expresada en las declaraciones que manifestó en el Instrumento de Ratificación de la Convención (Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre de 1990).



    1. Medidas adecuadas para armonizar plenamente la legislación y la práctica nacionales con los principios y disposiciones de la Convención

(Párrafo 11 (CRC/C/58/Rev.1))

En seguimiento de la recomendación hecha por el Comité (párrafo 16 apartado (CRC/C/15/Add.185)) sobre la falta de una estrategia global para la infancia sobre la base de los principios y las disposiciones de la Convención, cabe destacar la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

La armonización de la legislación española, y la consiguiente política que la desarrolla, a los principios y disposiciones de la Convención se consiguió realizar en buena medida con la aprobación de los textos legislativos referidos en el anterior informe (entre los que hay que destacar la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En todo caso, en el periodo al que se refiere este informe se ha seguido aprobando nuevas normas, creado organismos e instituciones específicos y desarrollado políticas concretas para conseguir un adecuado respeto y protección de los derechos de los niños conforme a los principios y derechos reconocidos en la Convención –cuestiones a las que se hará referencia en los apartados D, F y G de este punto I-. Y en esta línea cabe hacer una especial referencia a la aprobación y puesta en funcionamiento del reciente Plan estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los Estados participantes en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, donde España jugó un papel muy relevante al ostentar la Presidencia de la Unión Europea, suscribieron una Declaración y un Plan de Acción a nivel mundial contenida en el documento: “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas”, en el que se expresa el compromiso de los Gobiernos para poner en práctica planes de acción nacionales de infancia destinados a impulsar la protección y la garantía de los derechos de los niños y las niñas y asegurar su bienestar.

En diciembre de 2003 se publicó el informe “Bases para la elaboración de una estrategia integral para la infancia y adolescencia en riesgo y dificultad social”, que sirvió de base para la elaboración del citado Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, de acuerdo con el objetivo del estudio, que consistía en sentar las bases para elaboración de una Estrategia integral dirigida a los menores en riesgo y dificultad social.

El. Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009 responde, como expresamente reconoce, a las Recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño al segundo informe de España, a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia de 1990 y a la Declaración y el Plan de Acción a nivel mundial contenida en el documento: “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas”, de 2002.

Además, cabe observar que la elaboración del Plan responde a un proyecto que ya se apuntaba en el segundo informe periódico de España (CRC/C/70/Add.9). En este sentido, en el párrafo 290, se daba constancia de las reiteradas manifestaciones que había realizado la Plataforma de Organizaciones de Infancia, en diferentes encuentros con la Administración, sobre la necesidad de crear un marco y estrategia global a nivel nacional, en el que se definiese una política y un plan integral de infancia; entendiendo que esa política integral sería la que podría garantizar de manera adecuada la aplicación de la Convención.

Y, finalmente, cabe apuntar que la puesta en marcha del Plan da cumplimiento al compromiso adquirido en el III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005 – 2006, aprobado por Consejo de Ministros el 8 de septiembre de 2005.

El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia se ha elaborado en el marco del Observatorio de la Infancia, lo que ha garantizado (consolidando a este órgano como un instrumento útil y efectivo en la propuesta y concertación de las políticas de infancia) la participación de todas las Instituciones, públicas y privadas, que realizan actividades dirigidas a la promoción y defensa de los Derechos de la Infancia. La elaboración y aprobación del Plan se debe a una iniciativa del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en su elaboración han participado las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el movimiento asociativo.

El Grupo de Trabajo creado expresamente para la redacción de este documento ha estado coordinado por la Dirección General de las Familias y la Infancia, de la Secretaría de Estado de antedicho Ministerio, y ha estado integrado por veintitrés Instituciones, de las cuales once representan a las Comunidades Autónomas, seis a la Administración General del Estado y otras seis a la iniciativa social. Se ha contado con las aportaciones y sugerencias de todos los miembros del Observatorio, así como de otras instituciones que no forman parte del mismo, como la Universidad, el Defensor del Pueblo, Defensorías del Menor, de distintos foros celebrados por las Organizaciones Sociales de Infancia y de los propios niños con la participación de escolares preadolescentes, a través de encuestas, talleres y grupos de discusión.

De esta manera, el 16 de junio de 2006 se aprobó, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. Este Plan, primero de estas características en España, se aprueba con la intención de favorecer una cultura de cooperación entre las instituciones públicas y privadas comprometidas en la promoción y defensa de la infancia y adolescencia, como respuesta a los nuevos retos que se plantean en relación con su bienestar.

El Plan se sustenta en los principios normativos de la Convención, como son: el interés superior del niño, el de no discriminación –que, a su vez, supone mantener un enfoque de género y promover la igualdad social atendiendo a la consecución de la igualdad de oportunidades y a la inclusión social-, garantizar la vida y el pleno desarrollo de todas las potencialidades de los niños y hacer efectiva la participación del niño de forma que asuma un papel activo y protagonista en su entorno.

Finalmente, cabe señalar cuáles son los principales objetivos estratégicos del Plan, más allá de que el propio Plan establece los objetivos concretos que sería necesario cumplir para darle un adecuado desarrollo a cada uno de los estratégicos. Así, los objetivos estratégicos son:

1. Establecer un sistema permanente y compartido de información con el objetivo de mejorar el conocimiento de la situación de la infancia en España.

2. Mejorar las políticas de infancia a través de la coordinación y la cooperación entre las Administraciones Públicas y demás organismos y agentes implicados de ámbito nacional, y de la cooperación internacional.

3. Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades de crianza, cuidado y promoción del desarrollo personal y potenciales capacidades de los niños y niñas, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

4. Fomentar la sensibilización social sobre los derechos, necesidades e intereses de la infancia y la adolescencia movilizando a todos los agentes implicados en los diferentes escenarios de socialización y redes sociales comunitarias.

5. Impulsar los derechos y protección de la infancia en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

6. Potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección o discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de calidad y mejores prácticas susceptibles de evaluación.

7. Intensificar las actuaciones en los colectivos de infancia y adolescencia estableciendo mecanismos preventivos y de rehabilitación ante situaciones de conflicto social.

8. Garantizar una educación de calidad para todos que, caracterizada por la formación en valores, la atención a la diversidad y el avance en la igualdad desde una perspectiva de genero, potencie la interculturalidad, el respeto a las minorías, compense desigualdades y asegure, mediante una atención continuada, el máximo desarrollo de las potencialidades desde los primeros años de vida hasta la adolescencia.

9. Fomentar el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción y protección de la salud dirigidas a la infancia y adolescencia, de prevención de accidentes y otras causas generadoras de discapacidad, incluyendo aspectos de educación afectivo-sexual y educación para el consumo responsable y prestando una atención especial al diagnóstico y tratamiento de las deficiencias y a la salud mental de la infancia y adolescencia.

10. Favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cultural y político que permita el desarrollo adecuado de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el derecho al juego, ocio y tiempo libre, creando espacios apropiados, cercanos y seguros, promoviendo un consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

11. Garantizar el ejercicio de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, como ciudadanos de pleno derecho, al objeto de favorecer su integración social y su participación en los procesos de decisión de cuanta materia les afecte.

El Plan se ha de entender como el eje común y complemento de las actuaciones derivadas del nivel competencial de cada Institución. En su diseño se ha pretendido mantener una visión transversal y global, que contemple a la Infancia y la Adolescencia en sus diferentes etapas evolutivas, en su medio habitual de convivencia, prestando atención a las oportunidades que esta sociedad les ofrece y compensando las posibles desigualdades. Por lo tanto este Plan interactúa con los demás Planes estatales, autonómicos y locales, compartiendo con ellos aspectos específicos de esta población y otros relacionados con la mejora de su calidad de vida en el ámbito territorial y material. Por ello, el objetivo de este Plan Estratégico se centra, fundamentalmente, en la construcción de una cultura de la cooperación entre las instituciones públicas y privadas comprometidas en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, que revierta en un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y en una detección más precoz y efectiva de aquellas necesidades que pudieran estar cubiertas de manera insuficiente. Esto supone el desarrollo de actuaciones o medidas que tengan las siguientes características: 1.- Acciones transversales y complementarias a las que ya planifican y desarrollan en sus respectivos ámbitos territoriales las instituciones que tienen encomendadas por ley las competencias en el desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia. 2.- Acciones elaboradas de forma conjunta por todas las instituciones públicas y de la iniciativa social que participan en la satisfacción de los derechos de la infancia y de la adolescencia. 3.- Acciones que tengan por objeto la prevención o la superación de desigualdades territoriales respecto a la promoción y defensa de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia.


    1. Recursos humanos y financieros asignados a los programas en favor de los niños

(Párrafo 12 (CRC/C/58/Rev.1))

En seguimiento de las recomendaciones hechas por el Comité (párrafos 17 y 18 (CRC/C/15/Add.185)) sobre la asignación de medios para la plena realización de los derechos del niño -hasta el máximo de los recursos de que se disponga para la efectiva realización de los económicos, sociales y culturales, en particular de los niños pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad-, estableciéndose un reparto equilibrado de los recursos a nivel central, regional y local, así como un mismo nivel de políticas y servicios sociales a los grupos más marginados de la sociedad en las diferentes Comunidades Autónomas, de modo que se garantice a todos los niños igual acceso al mismo nivel de servicios, independientemente del lugar en que vivan, hay que dar cuenta de los resultados más relevantes de las estimaciones obtenidas del presupuesto asignado a políticas de infancia y adolescencia.

En este sentido, cabe destacar que, como se observa en la tabla 1, el presupuesto total destinado a políticas de infancia y adolescencia por la Administración Central se incrementó en un 33.9% entre los años 2002 y 2006, y un 15.5% entre 2006 y 2007. Por su parte, el crédito asignado por las Administraciones Autonómicas creció un 68.7% entre 2002 y 2006, y un 8.8% entre 2006 y 2007. Y en conjunto, el presupuesto destinado por ambas Administraciones en materia infancia y adolescencia creció un 63.0% entre 2002 y 2006, y un 9.7% entre 2006 y 2007.

Por otra parte, considerando el presupuesto total (Administración Central y Administración Autonómica) destinado a todas las políticas, en 2002, 2006, y 2007 (Tabla 2), se observa que el crecimiento del mismo entre 2002 y 2006 fue del 40,3%, considerablemente menor que el crédito destinado a infancia en el mismo período por ambas administraciones, que se incrementó en un 63,0%; y que la evolución del presupuesto total entre 2006 y 2007 fue del 8,2%, mientras que el asignado a políticas de infancia y adolescencia fue del 9,7%.

Por último, si se analiza la evolución del presupuesto total (Administración Central y Administración Autonómica) para infancia y adolescencia, por Ámbito de actuación de las políticas (Tabla 3), los datos más destacados son los siguientes: el crédito destinado a Seguridad Social y a Salud/Sanidad, si bien representó en términos absolutos una porción muy importante del gasto total, fue el que menos creció entre 2002 y 2006 (17,9% y 23,2%, respectivamente). Como contrapartida, el presupuesto en Medios de comunicación (RTVE) y a Cultura y Deportes, siendo de los menores en términos absolutos, fue el que más se incrementó en el mismo período (326,4% y 107,9%, respectivamente). Asimismo, la inversión en Nuevas Tecnologías, también experimentó una subida importante del 84,6%.El resto de ámbitos de actuación crecieron entre el 58,5% (Cooperación Internacional) y el 76,1% (Menor infractor). Concretamente, los incrementos fueron del 74,8% en Discapacidad, del 72,3% en Educación, del 69,1% en Bienestar Social, y del 68,1% en Juventud. En relación con el comportamiento del presupuesto total entre los años 2006 y 2007 (Tabla 3), se observa cierta homogeneidad por ámbitos, destacando la subida más elevadas que el resto del presupuesto en Cooperación Internacional (47,6%), y en menor grado del destinado a Medios de Comunicación (19,4%) y a Cultura y Deportes (13,4%).

Por otra parte, hay que destacar también en este apartado el importante esfuerzo presupuestario que lleva realizando desde hace años el Estado español en el ámbito de la cooperación internacional, pues hay que tener presente la obligación que impone el artículo 4 de la Convención de actuar también dentro del marco de la cooperación internacional a fin de conseguir también la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales que reconoce. Y en cuyo cumplimiento cabe entender lo establecido la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se establece que la política española de cooperación internacional para el desarrollo se orientará especialmente, entre otros, a la defensa de los grupos de población más vulnerables como son los menores (artículo 7c).

Así, la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores ha desarrollado multitud de Programas destinados la protección a la infancia en diferentes regiones del mundo entre 2002 y 2006, con un presupuesto total destinado por el Estado de España durante los 5 años (2002 a 2006) de 118.191.880 €. De este total, el 58 % fue gastado por las 17 CCAA, el 38 % fue gastado por Organismos del Administración Central y el 4 % restante por otras entidades (ONGs, etc.). Por regiones geográficas, más de la mitad del presupuesto ha ido a América (30% a América del Sur, 20% a América Central y 5% a América del Norte); un 26% ha ido a África (casi todo al Área Subsahariana); un 13% se destinó a Asia; y el resto a Europa. Y por sectores de gasto, donde más se concentran las ayudas prestadas fue en Educación e Infraestructuras (29% del total en cada sector), seguidos de Salud (con un 18%) y Sociedad Civil (con un 12%).

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), recientemente reformada (2007) y denominada Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 1988 como órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. Para realizar esta labor la AECID tiene una estructura exterior muy amplia, formada por Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación, situados en los países donde la agencia lleva a cabo sus principales proyectos de cooperación.

Las áreas prioritarias para la cooperación española horizontales, sectoriales y geográficas se hayan establecidas en el Plan Director 2005-2008. El incremento que ha experimentado la Ayuda Oficial al Desarrollo en España en los últimos años ha sido ostensible (www.maec.es): En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se puede consultar la dotación y contenido de los Planes Anuales de Cooperación Internacional desde 2003 así como las contribuciones a organismos multilaterales o programas bilaterales. En su texto se recoge el compromiso del Gobierno de duplicar, con el esfuerzo de todas las Administraciones Públicas, nuestra ayuda oficial al desarrollo durante el año 2008 y alcanzar así el horizonte del 0,7% de la Renta Nacional Bruta en un futuro próximo.

Con el objetivo central de alcanzar los Objetivos de desarrollo del Milenio, la Cooperación española ha focalizado la ayuda en la lucha contra la pobreza y en la atención a los colectivos más vulnerables los programas y proyectos dirigidos a la infancia con este fin son muy numerosos. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: Programa IPEC “Erradicación del Trabajo Infantil en Iberoamérica”, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa “Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL). También la AECID ha financiado Proyectos en Centroamérica dirigidos a niños y adolescentes a través de Convenios de 4 años con Save the children y con Cruz Roja Española. Así, con Save the Children, el Convenio sobre Fortalecimiento de las capacidades de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para la protección integral de la niñez y la adolescencia con especial incidencia en trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes, para Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y con Cruz Roja Española, el Convenio sobre Prevención de la violencia juvenil en zonas urbanas y periurbanas con especial atención al fenómeno de las maras en los países centroamericanos. Una descripción más pormenorizada se encuentra en el capitulo 1 del Anexo I.

Hay que resaltar, en esta línea, que España ha hecho de la cooperación internacional a través de las instituciones multilaterales, uno de los pilares de su política exterior. Como ejemplo se pueden destacar los siguientes programas en colaboración con UNICEF: “Programa para la Supervivencia de Recién Nacidos y Niños en Angola”, Proyecto “Estudio sobre la violencia contra los niños”, “Programa de atención a menores desprotegidos en Marruecos”, “Programa regional de lucha contra la pobreza en Brakna (Mauritania)”, Programa “Derechos de la niñez Indígena en América Latina”, “Apoyo a gran escala a los niños huérfanos y en situación vulnerable a causa del SIDA en Angola y Namibia” (En el capítulo 1 del Anexo I se detallan estos Programas).- Además, en 2007, España realizó una contribución total a UNICEF de 80 millones de dólares, situándonos en el octavo puesto como donante, y para 2008 se seguirá avanzando en este decidido apoyo a UNICEF; así, se anunciaron, en la Junta Ejecutiva de Enero de 2007, las siguientes contribuciones: 18 millones de euros como contribución ordinaria a UNICEF, 20 millones de euros pare el Fondo Temático de Educación Básica e Igualdad de género, 10 millones de euros para el Fondo de Promoción de Políticas y Alianzas a favor de los derechos de la infancia, 10 millones de euros para el Fondo para la Protección contra la violencia, la explotación y el abuso infantil, 10 millones de euros para el Fondo de Ayuda Humanitaria de UNICEF, y 6 millones de euros para programas multi-bilaterales en Níger, R. D.del Congo, Senegal, Angola, Territorios Palestinos, El Salvador y Honduras, entre otros. En su conjunto, estas contribuciones – solamente a UNICEF – ascienden a más de 108 millones de dólares, con los que España incrementa de manera significativa su aportación económica, prestando especial atención a áreas prioritarias como los derechos humanos, la igualdad de género, la educación y la lucha contra la violencia.

Por su parte, la Secretaría General de Relaciones Sociales Internacionales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha participado en el desarrollo de algunos Programas de asistencia técnica, como son: el Programa de Formulación del Plan de cooperación para la mejora de la capacidad operativa del Patronato Nacional de la Infancia en el marco de la reforma institucional recién aprobada en Costa Rica, de dos semanas de duración en el año2006; el Programa de Ciudadanía infantil en el espacio local / género, infancia y maltrato en Chile, de una semana de duración en el año 2006; y el Programa de Preparación y selección de solicitantes de adopción y acompañamiento post-adoptivo en Ecuador, con dos meses de duración en el año 2002.

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en el documento “Informe de revisión del Plan de acción un mundo apropiado para los niños 2002-2006”, en materia de cooperación internacional, cabe destacar la aprobación por consenso del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, tanto en el Parlamento como en los diferentes órganos consultivos que articulan la participación de todos los sectores de la sociedad española, permiten afirmar que la actual política de cooperación para el desarrollo es, en efecto, una política de Estado en el más amplio sentido del término. Como se recoge en el citado documento, es un compromiso firme el incremento sostenido de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en términos absolutos y relativos hasta alcanzar un 0,5% de la Renta Nacional Bruta (RNB) al término de la actual legislatura. Más aún, el Gobierno español ha manifestado con claridad a través de su Presidente su compromiso con alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% de la RNB para 2012. En la figura 1 puede observarse la progresión realizada hasta la fecha en cuanto al incremento cuantitativo de la AOD.






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