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Tema 13: Mujeres refugiadas

Sírvanse proporcionar información sobre los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, en particular sobre los requisitos temporales de solicitar asilo, y sobre las medidas con perspectiva de género para apoyar a las mujeres y niñas que solicitan la condición de refugiados.

Ecuador, como país de acogida, brinda como primera medida el estatus de refugio como una garantía de protección, además, la CRE reconoce en el Art. 41 el derecho de no devolución.

En la Dirección de Refugio y Apatridia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), se han iniciado acciones a favor de las mujeres solicitantes y refugiadas, tales como: la inclusión del enfoque de género dentro de los Procedimientos de la Dirección de Refugio del MREMH, sobre todo para el tratamiento prioritario de casos de mujeres afectadas por tortura, mujeres en situación de riesgo, víctimas de violencia, mujeres cabeza de familia, mujeres embarazadas y niñas y niños no acompañados o separados de su núcleo familiar.

Sírvanse proporcionar detalles sobre los programas sociales y económicos, en particular en el área de la salud, la educación y el empleo, para las mujeres refugiadas y proporcionar datos estadísticos actualizados sobre el alcance y la cobertura efectiva de estos programas. Sírvanse proporcionar información sobre los programas bilaterales previstas o en conjunto con el Gobierno de Colombia con el fin de proteger a las mujeres refugiadas de diferentes formas de violencia y asegurar su acceso a la justicia y la reparación.

Tomando en cuenta que la población refugiada proviene mayoritariamente de Colombia, por el conflicto armado, se han acogido como refugiadas a mujeres víctimas de persecución por desplazamiento, mujeres víctimas de violencia sexual, de tortura, de extorsión, de trata, entre otras. Entre las principales medidas de protección para esta población, se encuentra la integración local, por lo que se convierte en reto para el país el desarrollar mecanismos específicos para permitir el pleno ejercicio de los derechos de las personas refugiadas, particularmente en cuanto al derecho de acceso a la justicia para personas sobrevivientes de violencia sexual, sea que el delito se haya cometido en el país de origen o en el país de acogida.



Tema 14: Mujeres privadas de libertad

El informe no contiene información sobre la situación de las mujeres y niñas detenidas. Sírvanse proporcionar información y datos, desglosados por edad, ubicación geográfica y el origen étnico, sobre las mujeres y las niñas en la detención, y en los mecanismos de vigilancia de las cárceles y comisarías existentes con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos a las mujeres y las niñas.

El Estado ecuatoriano se encuentra implementando un nuevo modelo de gestión penitenciaria que ha permitido una importante inversión de recursos para mejorar la infraestructura existente, eliminar el hacinamiento y contar con mejores condiciones de vida al interior de los Centros de Privación de Libertad y buscar la efectiva rehabilitación de las personas privadas de la libertad.

En el Ecuador no existen niñas privadas de la libertad, puesto que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio – educativas.

Desde el MJDHC se garantiza que los niños de cero a 12 meses convivan permanentemente con sus madres al interior del Centros de Rehabilitación Social (CRS), de este modo se garantiza el acceso a la lactancia, fundamental para el desarrollo de los menores. Los niños/as entre los 12 y los 36 meses pueden vivir en el centro, pero durante el día, de 8:00 a 17:00 asisten a un Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV). Ese es un espacio de desarrollo integral donde realizan actividades inherentes a su edad y en la tarde retornan y pernoctan con sus madres. A partir de los 3 años, los niños son entregados a familiares cercanos.

En cuanto a los datos de las Mujeres Privadas de Libertad (MPL), se realiza un reporte diferenciado del universo de mujeres adultas y mujeres adolescentes. Las mujeres adultas, al 10 de agosto de 2014, en los Centros de Detención Provisional suman 32; en los Centro de Rehabilitación Social del Ecuador 1915, y en las Casas de Confianza 52; es decir un total de 1999 mujeres. (Ver Anexo 40)

Respecto a las adolescentes en conflicto con la ley penal y los datos desglosados por edad, ubicación geográfica y el origen étnico, remitirse al anexo 40.

En lo que corresponde a los mecanismos de vigilancia para prevenir tortura y malos tratos, la DPE ha emprendido la realización de visitas a los centros de privación de la libertad con el fin de verificar las condiciones en las que se encuentran los CRS. Luego de realizar estas visitas, se preparan informes que son remitidos a las autoridades del MJDHC, para que los mismos puedan ser revisados y luego de un plazo prudencial, publicados. Las peticiones que se presentan a la DPE en las visitas a los centros de privación de libertad por parte de las MPL, son remitidas a las delegaciones provinciales y a la Dirección General Tutelar para que realicen el trámite respectivo de conformidad con sus competencias.

También proporcionar favor información sobre la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres en los centros de detención, así como información sobre el régimen de visitas conyugales, se pronuncia sobre las visitas de los hijos y la familia, el acceso a asesoría legal, educación disponibles para las mujeres y niñas detenidas, como así como en la rehabilitación y en los programas de reinserción después de su liberación.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Integral Penal (COIP) se reemplaza el Consejo Nacional de Rehabilitación Social con un Organismo Técnico que se encuentra conformado por los MJDHC, MSP, MINEDU, MRL, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte y por la DPE. Esta reforma permite que de acuerdo al nuevo modelo de gestión penitenciaria que cada Ministerio tenga responsabilidades específicas dentro del sistema, acordes a su especialización. Por ejemplo, todos los temas relacionados con atención médica y salud son manejados directamente por el Ministerio de Salud, el mismo que ha construido policlínicos para una atención adecuada dentro de los propios centros lo que ha permitido 784 primeras atenciones a mujeres.

Sobre la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva el MJDHC realiza promoción, prevención y recuperación. En la promoción se entrega preservativos acompañados de charlas informativas sobre relaciones sexuales no seguras. En la prevención se realiza la detección, prevención y consejería de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA. En recuperación se brinda atención de las patologías más frecuentes. Además, el MSP brinda de dispositivos para prevenir embarazos y ofrece la posibilidad de realizar ligaduras.

Sobre el acceso a la asesoría legal desde el MJDHC se pone a disposición de las MPL abogados gratuitos que realizan el seguimiento de sus casos, asimismo la Defensoría Pública brinda patrocinio legal.

Las visitas conyugales pueden ser recibidas una vez por semana, para esto se cuentan con áreas específicas. Las visitas familiares se encuentran reguladas desde el art. 713 al 718 del COIP, las mismas constituyen un derecho de las MPL por lo que deben informar las personas que están autorizadas y no autorizadas a visitarla.

Las MPL tienen acceso a programas no escolarizados (65 mujeres), educación básica (658 mujeres), bachillerato (99) y de tercer nivel (7). (Ver anexo 41)

En cuanto a los programas de rehabilitación, el COIP establece que el tratamiento de las personas privadas de libertad se fundamenta en los siguientes ejes: 1. Laboral 2. Educación, cultura y deporte 3. Salud 4. Vinculación familiar y social 5. Reinserción. Finalmente, en lo que corresponde a la reinserción después de su liberación, se está desarrollando un programa con “CONQUITO” para capacitar a las MPL, recoger sus hojas de vida y brindarles un empleo.

Tema 15: Mujeres con discapacidad

Sírvanse proporcionar información sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente en relación con las medidas para garantizar el reconocimiento de su capacidad jurídica en la legislación y en la práctica.

El art. 48.5 de la CRE impone la obligación del Estado de diseñar e implementar programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de que alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia, con ello el Estado propicia la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, salvo los casos que tenga restricciones logradas judicialmente como es el caso de las interdicciones.

Las personas con discapacidad cuentan con mecanismos de apoyo para ejercer su capacidad jurídica, el mismo es realizado por la Procuraduría de Discapacidades, organismo creado al interior del CONADIS, compuesto de profesionales de derecho, actúan judicial y administrativamente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Estos profesionales también asesoran a las personas con discapacidad en el manejo de sus finanzas, con la intención que no sean perjudicados.

Información para proteger a las mujeres con discapacidad contra toda forma de violencia y asegurar su acceso a la justicia, y al cuidado de la salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva.

En lo que respecta a la demanda específica sobre medidas contra la violencia, la CRE establece que el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra grupos de atención prioritarios como las personas con discapacidad, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

En el COIP, se incluye como agravante de varios delitos si la víctima es menor de 18 años, mayor de 65, mujer embarazada, persona con discapacidad o que padezca de enfermedades que comprometan su vida. Entre los delitos que contemplan esta figura están: secuestro extorsivo, acoso sexual, abuso sexual, violación, otros temas relacionados con violencia sexual, etc. También se reconoce como delito contra el derecho a la igualdad la discriminación por razón de discapacidad, así como actos de violencia física o psicológica de odio contra una persona con discapacidad, entre otras razones.

El Código Civil y Penal vigente y la normativa contemplan que los diferentes jueces y autoridades realicen ajustes razonables en los diferentes procedimientos a fin de garantizar la plena participación de las personas con discapacidad y sus derechos. En este sentido, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y el Ministerio de Inclusión Económica y Social están ejecutando varios proyectos con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las personas con discapacidad, en el marco de cooperación, de interés común, con el propósito de que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a la accesibilidad a la justicia de acuerdo a la normativa nacional y la dispuesta en instrumentos internacionales. Estos proyectos son los siguientes:

“Campañas de Sensibilización al personal de la Administración de la Justicia sobre la discapacidad”.

“Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y Delegados de la Defensoría del Pueblo capacitados en discapacidad”.

“Asistencia Psicológica para personas con discapacidad durante y después de los procesos judiciales”.

“Capacitación en Lengua de Señas Ecuatoriana”.

“Accesibilidad al medio físico y a la información y comunicación en las instalaciones de la administración de justicia”.

“Intervención sobre la situación actual de las personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas privadas de la libertad en los centros de rehabilitación social del Ecuador”.

A través de la aplicación de las medidas afirmativas, establecidas en la LOD, se desarrolla un mecanismo que equipara y frena las situaciones de discriminación y desigualdad. En esta Ley se establece la protección, defensa y exigibilidad de derechos, determinando como responsable a la DPE, dentro del ámbito de su competencia, de vigilar y controlar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad o condición discapacitante. Consecuentemente las acciones legales que dispone la persona con discapacidad o sus familiares, las pueden ejercer a través de las normas dispuestas en la misma LOD y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, cuyo tiempo para tramitar está de la misma forma establecido.

Se destaca que la DPE ha procurado cumplir su mandato realizando la interposición de garantías jurisdiccionales, levantando investigaciones y resolviendo casos en los que se ha determinado la vulneración de derechos de personas con discapacidad.



Por otro lado, es necesario señalar que a partir de la identificación de ciertas situaciones se están logrando acercamientos con las instituciones del Estado para revisar sus procedimientos, con el fin de garantizar efectivamente los derechos de las personas con discapacidad. En el CNJ se culminó la sexta fase del programa de sensibilización virtual para sus servidores/as, sobre una adecuada relación y atención a personas con discapacidad. En total han sido capacitados 9.177 servidores/as.



* * CEDAW/C/60/1

* ** El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.





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