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Naciones Unidas

CEDAW/C/ECU/Q/8-9/Add.1



Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación
contra la mujer


Distr. general

12 de diciembre de 2014


Original: español

VERSION PRELIMINAR NO EDITADA
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

60° período de sesiones

16 de febrero – 6 de marzo 2015

Tema 4 del programa provisional*

Examen de los informes presentados por los Estados
partes en virtud del artículo 18 de la Convención


Lista de cuestiones y preguntas relativa al octavo y el noveno informes combinados de Ecuador

Adición

Respuestas de Ecuador a la lista de cuestiones que deben abordarse al examinar los informes periódicos octavo y noveno combinados**

[Fecha de recepción: 4 de diciembre de 2014]

Índice

Párrafos Página

Introducción

Siglas

Tema 1: Marco constitucional, legislativo e institucional



Tema 2: Mecanismos legales de denuncia / acceso a la justicia

Tema 3: Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Tema 4: Medidas temporales especiales

Tema 5: Estereotipos.

Tema 6: Violencia en contra de mujeres

Tema 7: Trata en contra de las mujeres

Tema 8: Participación en la vida política y pública

Tema 9: Educación

Tema 10: Empleo

Tema 11: Salud

Tema 12: Mujeres en áreas rurales

Tema 13: Mujeres refugiadas

Tema 14: Mujeres privadas de libertad

Tema 15: Mujeres con discapacidad



INTRODUCCIÓN

El Estado ecuatoriano ratificó el 9 de noviembre de 1981, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo artículo 18 establece la obligación de los Estados parte de presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales. En este sentido, el Estado ecuatoriano presentó, el 13 de diciembre de 2012, su Octavo y Noveno Informe Periódico Consolidado ante dicho organismo.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en virtud del artículo 50 de su reglamento, el 28 de julio de 2014 solicitó información adicional al Estado ecuatoriano.

Bajo este antecedente el Estado ecuatoriano presenta su informe a la “Lista de Observaciones y Preguntas realizadas por el Comité CEDAW, respecto del octavo y noveno informe consolidado estatal”.

Para la preparación y validación del presente informe se contó con un equipo interinstitucional conformado por el Consejo para la Igualdad de Género, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, además de aportes proporcionados por instituciones estatales.

Finalmente, la presentación de este documento obedece a las “Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.



SIGLAS

ANE Asamblea Nacional del Ecuador

ANIG Agenda Nacional para la Igualdad de Género

AOE Anticoncepción Oral de Emergencia

BDH Bono de Desarrollo Humano

BIESS Banco del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social

BNF Banco Nacional de Fomento

CC Corte Constitucional

CEAACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

CGE Contraloría General del Estado CITN - Comisión Interinstitucional Técnica a Nivel Nacional por los Derechos Humanos

CNE Consejo Nacional Electoral

CNI Consejos Nacionales para la Igualdad

CNIG Consejo Nacional para la Igualdad de Género

CNJ Consejo Nacional de la Judicatura

COFJ Código Orgánico de la Función Judicial

COIP Código Orgánico Integral Penal

CONADIS Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades

CONAFPS Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

CONGOPE Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador

CONSEP Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

CORDICOM Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación

CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

CRE Constitución de la República del Ecuador

DP Defensoría Pública

DPE Defensoría del Pueblo del Ecuador

EAIS Equipo de Atención Integral de Salud

ENIPLA-PEA Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes

FGE Fiscalía General del Estado

GAD’s Gobiernos Autónomos Descentralizados

IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

LOC Ley Orgánica de Comunicación

LOD Ley Orgánica de Discapacidades

LOPC Ley Orgánica de Participación Ciudadana

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

MAIS Modelo de Atención Integral de Salud

MCDS Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

MDI Ministerio del Interior

MF Ministerio de Finanzas

MGP Modelo de Gestión Penitenciaria

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINEDUC Ministerio de Educación

MINTUR Ministerio de Turismo

MJDHC Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

MNPT Mecanismo de Prevención de la Tortura

MPL Mujeres Privadas de Libertad

MREMH Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

MRL Ministerio de Relaciones Laborales

MSP Ministerio de Salud

PEA Población Económicamente Activa

PGE Procuraduría General del Estado

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir

PNEVG Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres

PPL Personas Privadas de Libertad

RESG Red de Educación Superior y Género

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SETEDIS Técnica de Discapacidades SPAVT - Sistema de Protección de Atención a Víctimas y Testigos

SSC Seguro Social Campesino

TCE Tribunal Contencioso Electoral

UAPI Unidad de Atención en peritaje Integral

UNFPA Fondo de Naciones Unidas para Población y Desarrollo

Tema 1: Marco constitucional, legislativo e institucional.

Sírvanse indicar si el Estado parte ha adoptado una legislación que define la discriminación en consonancia con el artículo 1 de la Convención.

El Estado ecuatoriano adoptó un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014, en el cual tipifica la discriminación en razón de sexo, género y orientación sexual:

Art. 176 Discriminación: La persona que […] propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” (Ver Anexo I)

Asimismo, el COIP, tipifica los actos de odio en razón de sexo, género y/u orientación sexual:

Art. 177.- Actos de odio: La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas, en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años…” (Ver Anexo 1)

Sírvanse proporcionar información sobre el estado actual y el plazo para la adopción de diferentes proyectos de ley aprobados por el Consejo Legislativo de la Asamblea Nacional, cuya adopción se espera de la revisión por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a saber:

Proyecto de ley sobre reglas y procedimientos de los Consejos Nacionales para la Igualdad:

El proyecto de ley se convirtió en Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, fue publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 283 del 7 de Julio de 2014. (Ver Anexo 2)



Proyecto de Ley sobre prácticas interculturales para nacimientos asistidos y del Proyecto de Ley sobre mayor protección a familias con nacimientos múltiples.

Ambos proyectos han sido incorporados en el anteproyecto del Código Orgánico de Salud, el cual está siendo construido por el Estado y la Sociedad Civil, y que tiene por objetivo central el fortalecimiento del rol normativo del Estado a través de la rectoría de la autoridad sanitaria, la reconstrucción del sistema nacional de salud, teniendo como columna vertebral la red pública integral de salud, el modelo de atención integral de salud familiar, comunitaria e intercultural.



Proyecto de Ley sobre acceso a la seguridad social para mujeres.

El proyecto de Ley fue incorporado al COIP, en este sentido el art. 243 de dicho cuerpo legal tipifica el delito de falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por parte de una persona jurídica; asimismo, el art 244 establece la contravención por falta de afiliación al IESS, cuando el empleador es una persona natural.



Proyecto de Ley sobre el combate a la trata de personas y explotación sexual.

El proyecto de ley fue incorporado al COIP, de tal forma que, el delito de trata de personas fue tipificado en el art. 91, la sanción en el art. 92, el principio de no punibilidad de la víctima de trata cuando cometa un delito que es resultado directo de haber sido sujeta de trata, en el art. 93 y la Sanción para la persona jurídica que cometa trata de personas en el art. 94. (Ver Anexo 1)



Proyecto de Ley sobre erradicación del acoso y violencia contra la mujer en la esfera pública:

Al igual que el anterior, este proyecto de ley fue incorporado en el COIP, así, el delito de acoso sexual se encuentra tipificado en el art. 166 del mismo. (Ver Anexo 1)



Tema 2: Mecanismos legales de denuncia / acceso a la justicia

Sírvase indicar si los organismos especializados en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres ya están funcionando y proporcionan información detallada sobre su composición y presupuesto (párr. 24).

Respecto a los organismos de sanción, el Consejo de la Judicatura mediante Resoluciones 057-2013 y 077-2013, tituladas respectivamente “Normas para el funcionamiento de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia y las Comisarías de la Mujer y la Familia”; y, “Creación de Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia en varias provincias del país”; creó 30 unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y la familia; ubicadas en 24 cantones en 19 provincias. Estas unidades operan con 80 juezas y jueces especializados, a quienes el Consejo de la Judicatura formó a través de un curso especializado en Abordaje Integral en Violencia contra la Mujer y la Familia realizado entre junio y julio del 2013, previo a su posesión e inicio de actividades.

Para la operatividad de las unidades el Consejo de la Judicatura resolvió mediante resoluciones No. 154-2014 y No. 172-2014 tituladas respectivamente: “Expedir los protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”; y, “Expedir el reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”. Con estas resoluciones se busca estandarizar procedimientos de acceso a las víctimas en los casos y hechos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actualmente tipificados en el Código Orgánico Integral Penal.

A partir de la vigencia del COIP se amplía la competencia para otro tipo de unidades judiciales las cuales abarcan cerca del 73% del territorio nacional, los datos de ingreso de causas de violencia física en el ámbito contravencional para los meses de agosto y septiembre de 2014 fue de 11.897 causas. A partir del 15 de julio de 2013 hasta el 30 de julio de 2014 se receptaron 68.570 causas de violencia física como psicológica.

El presupuesto referencial con el que se contó para la implementación de estas unidades fue de USD. $23 millones aproximadamente.

Respecto a los organismos especializados de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE), en la actualidad, cuenta con 18 unidades especializadas para la investigación de los delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, creadas a partir del análisis de incidencia de estos delitos en las diversas provincias del país. Cada unidad cuenta con un fiscal especializado, un secretario y un asistente del fiscal.

De igual manera, la FGE, tiene funcionando 21 Unidades de Atención en Peritaje Integral (UAPI) en los cantones de Quito (7), Cuenca (1), Guayaquil (1), Santo Domingo de Los Tsáchilas (1), Quevedo (1), Sucumbíos (1), Riobamba (1), Ambato (1), Latacunga (1), Ibarra (1), Loja (1), Esmeraldas (1), San Lorenzo (1), Quinindé (1), Manta (1). Los equipos de peritaje están integrados por un/a profesional de medicina legal, psicología y trabajo social, así como una Cámara de Gessel.

La FGE formuló con la participación de organismos de la función judicial, Ministerio de Salud Pública (MSP), Medicina Legal de la Policía Judicial, los siguientes protocolos estandarizados para la investigación de la violencia contra las mujeres:

a. Protocolo para peritajes forenses médico legal de infracciones penales relacionadas con violencia intrafamiliar, delitos sexuales y lesiones, cuando la vida de la víctima no corre riesgo por las lesiones.

b. Norma técnica prueba de ADN en Ecuador

c. Formulario de consentimiento informado y pericia forense de psicología para niñez y adolescencia; personas adultas; informe de evaluación forense.

d. Protocolo, Formulario de consentimiento informado y pericia forense de Trabajo Social.

e. Norma de procedimiento de Cámara de Gessel; instructivo y pericia.

f. Protocolo entrevista única para víctimas intervención psicológica.

g. Protocolo de recepción de testimonio anticipado en Cámara de Gessel.

(Cada Protocolo se encuentra adjunto en el Anexo 3)



Veedurías ciudadanas

El Centro Ecuatoriano para la promoción y Acción de la Mujer, CEPAM GUAYAQUIL llevó adelante un proceso de veeduría en dos unidades judiciales especializadas en Violencia contra la mujer y la familia en Guayaquil. Este proceso de participación ciudadana se llevó adelante entre septiembre de 2013 y enero de 2014. Las integrantes de dichas veedurías observaron mediante las visitas cotidianas, elaboración de fichas técnicas, matrices, entrevistas el Modelo de Atención integral de las unidades de Valdivia (Sur de Guayaquil) y Florida (Norte de Guayaquil). El informe parcial se presentó ante el pleno del Consejo de la Judicatura el mes de junio del 2014, y todas las recomendaciones realizadas han sido incluidas en la versión conocida y aprobada del Protocolo de Gestión de Despacho Judicial, Modelo de Atención y Valoración Pericial en los casos de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.



Sírvanse proporcionar información sobre los protocolos que han sido diseñados por el Grupo de Trabajo sobre la Mujer y la Justicia (párr. 64), y en qué medida estos protocolos incluyen medidas específicas relativas a las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, mujeres montubias, y mujeres con discapacidad.

El Consejo de la Judicatura en agosto de 2014, expidió el Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar (Ver Anexo 4), el cual compila varios instrumentos de gestión judicial para implementar un servicio público de administración de justicia especializado. Estos protocolos fueron elaborados con insumos que se prepararon en la Mesa interinstitucional “Mujer y Justicia”.

El protocolo se organiza en 3 grandes secciones: i) Protocolo General de gestión de despacho judicial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ii) Protocolo de atención para las unidades judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y iii) Protocolo de actuación para la gestión técnica y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

El protocolo incluye medidas relativas a mujeres indígenas, afrodescendientes y montubias puesto que establece la transversalidad del enfoque intercultural y de no discriminación, en la gestión procesal y los modelos de actuación definidos para cada una de las etapas de atención especializada de las unidades judiciales.

Entre las medidas específicas a fin de que las personas con discapacidad accedan a la justicia, el protocolo establece la atención preferente para este grupo; además, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. En este marco, el CJ sensibilizó a 9.177 servidores/as, sobre una adecuada relación y atención a personas con discapacidad. Adicionalmente, se está desarrollando un “Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad”, el mismo pretende ser un instrumento que contemple los cuatro tipos de discapacidad: sensorial, física, intelectual y mental, servirá como material de capacitación del personal de la Función Judicial.

Sírvanse proporcionar información concreta sobre los casos judiciales, en los que la Convención se ha aplicado directamente o invocadas como fuente de interpretación.

La Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y el Tribunal Contencioso Electoral han utilizado la CEDAW como fuente de interpretación, para esto se remite al cuadro anexo. (Ver Anexo 5)



Por favor, explique si existen sanciones o multas impuestas por actos de discriminación contra la mujer y proporcionar información y datos sobre la naturaleza y la aplicación efectiva de esas sanciones.

Respecto a las sanciones:

La violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar es sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. (Art. 156 COIP)

La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar:

1. Si se provoca daño leve […] será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si se afecta de manera moderada […] será sancionada con pena de seis meses a un año. 3. Si causa un daño psicológico severo […] será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (Art. 157 COIP)

La violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar es sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. (Art. 158 COIP).

La violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que produce una incapacidad menor a tres días es sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.(Art. 159 COIP).

Respeto a las multas:

El COIP en su art. 70 establece una escala de multas en relación al tipo de delito para los que se haya impuesto una pena privativa de la libertad, por ejemplo, en el femicidio, cuya pena privativa de libertad va de 22 a 26 años, la multa será de 800 a 1000 salarios básicos del trabajador en general. En aquellos casos en los que no existe pena privativa de libertad, la multa será aquella que corresponda a cada tipo de delito.

Sobre los enjuiciamientos y condenas a los autores, desde la vigencia del COIP hasta el 10 de octubre del 2014 se han seguido 432 procedimientos por el delito de violencia física y por violencia psicológica 964 procesos. (Ver Anexo 6)

Sírvanse proporcionar información sobre los mecanismos de reclamación legal y de justicia gratuita contemplada a nivel local y nacional para todas las mujeres, incluidos los grupos desfavorecidos de la mujer y sobre las medidas para desarrollar programas de capacitación para el poder judicial en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Sobre los mecanismos de reclamación legal, como se estableció up supra, existen 30 Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia, en 24 cantones de 19 provincias del país.

En el resto de cantones del país donde no existen jueces/zas de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar; en virtud del art. 231 del COFJ, corresponde a los jueces/zas de contravenciones conocer sobre los hechos y actos de contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.

En este orden de ideas, el art. 643.2 del COIP establece: “Si el juzgador competente encuentra que el acto de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de dictar las medidas de protección, se inhibirá de continuar con el conocimiento del proceso y enviará a la o el fiscal el expediente para iniciar la investigación, sin someter a revictimización a la persona agredida” (…)

Todos los mecanismos antes señalados son gratuitos de acuerdo a lo establecido en el art. 12 COFJ, en el mismo sentido, el COIP en su art. 643.3 establece que “La Defensoría Pública estará obligada a proveer asistencia, asesoramiento y seguimiento procesal a las partes que no cuenten con recursos suficientes para el patrocinio”

La Defensoría Pública (DP), cumpliendo lo estipulado en el art. 191 de la CRE, en 2012, brindó patrocinio a 6554 mujeres, en 2013 a 8919 mujeres y en lo que va de 2014 a 9750 mujeres. En lo que corresponde al patrocinio a adolescentes en conflicto con la ley, la DP en 2012 patrocinó legalmente a 253 adolescentes, en 2013 a 303, y en lo que va de 2014 a 236. (Ver Anexo 7)

Respecto a la capacitación y formación de los servidores judiciales, el art. 86 del COFJ, establece que las servidoras y servidores de la Función Judicial deberán participar en programas de formación y capacitación (…). En lo que corresponde la capacitación en género, el CJ cuenta con una Subdirección Nacional de Género cuya misión es transversalizar el enfoque de género en el sistema de justicia.

El Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial ha realizado el Curso Introductorio en el Abordaje Integral de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar dirigido a 730 jueces y juezas: de garantías penales; de familia, mujer, niñez y adolescencia; contravencionales y de garantías penales que amplían la cobertura para el conjunto de cantones del Ecuador, que conocerán las infracciones en la materia.

Entre mayo y junio del 2013 el Consejo de la Judicatura realizó con el IAEN el "Curso de Abordaje Integral en Violencia contra la Mujer y la familia", dirigido a los 81 jueces y juezas seleccionados para integrar las Unidades Judiciales especializadas. El mismo fue el equivalente a un diploma superior y constó de 11 módulos teóricos y prácticos.

El consejo de la judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial ha realizado el Curso Introductorio en el Abordaje Integral de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar dirigido a 730 jueces y juezas: de garantías penales; de familia, mujer, niñez y adolescencia; contravencionales y de garantías penales que amplían la cobertura para el conjunto de cantones del Ecuador, que conocerán las infracciones en la materia.

El 21 de noviembre de 2014 dicho proceso formativo arribará a su fin en relación con:

Jueces/zas: 730

Fiscales: 732

Defensoría: 242

Así también, el 01 de diciembre el proceso formativo en mención iniciará con un siguiente grupo en el que los dicentes serán:

Secretarios / as de unidades que conocen Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar

Equipos técnicos (psicólogos/as; médicos/as; y, trabajadores/as sociales) de las unidades judiciales

Asistentes técnicos que abordan las distintas actuaciones dentro de los procesos judiciales en la materia.




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