Valores éticos intangibles: integridad, participacióN, transparencia y corrupcióN



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VALORES ÉTICOS INTANGIBLES:

INTEGRIDAD, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

Nuria Hernández-Mora

Universidad de Sevilla y Fundación Nueva Cultura del Agua

Observatorio del Agua de la Fundación Botín, 28 junio 2016


Durante los últimos años se está observando una importante transformación en las expectativas sociales sobre el papel que el sector público debe jugar en la resolución de problemas de la esfera pública. Como señala Joan Subirats "A mayor formación de la gente, a más medios de conexión social disponibles, menos se aceptará que a la ciudadanía sólo le quepa la función política de votar, de influir o presionar a aquellos encargados de tomar las decisiones por nosotros (los policymakers). Habrá, y ya hay, más interés en poder ser "los que deciden cada día" (los everydaymakers). (...) Personas que no tienen porque limitarse a asistir como espectadores a lo que las instituciones decidan hacer o deshacer, cada vez más aparentemente al margen de lo que a la gente le preocupa o le desasosiega" (Subirats, 2011, p. 9-10)

En el caso de la gestión del agua, la involucración social es particularmente importante al tratarse de sistemas socioecológicos complejos, con altos niveles de incertidumbre asociados, grandes intereses en juego y donde coexisten múltiples visiones de la realidad frecuentemente contrapuestas e igualmente legítimas (Pita et al., 2014). Los problemas del agua son problemas profundamente políticos. Ya no se trata únicamente de ofrecer las mejores soluciones desde una perspectiva científico-técnica o económica. Mientras que estas perspectivas son fundamentales en el diseño de políticas públicas, la legitimidad de las decisiones sobre la esfera pública también depende en gran medida del grado de confianza de los ciudadanos en las instituciones y de la implicación de la sociedad y las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. En el caso de España esta confianza se ha erosionado como consecuencia de los múltiples casos de corrupción, malversación de fondos públicos y opacidad en la toma de decisiones. Con demasiada frecuencia se percibe que las decisiones se diseñan para favorecer los intereses de unos pocos en detrimento del interés de todos.

En este contexto de una cierta crisis de legitimidad de la esfera pública, han surgido, desde la sociedad civil infinidad de iniciativas, movimientos, redes más o menos estructuradas o formalizadas, que precisamente buscan involucrarse tanto en el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, como en la exigencia de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas de las administraciones públicas hacia la sociedad. En el ámbito internacional destacan organizaciones como Transparencia Internacional, con su filial española, Transparencia Internacional-España, o el Water Integrity Network en el campo del agua. En el caso de España los ejemplos son múltiples: desde el ya paradigmático movimiento del 15 M (Castells, 2012, Toret, 2013), hasta la emergencia y consolidación de nuevos partidos políticos que demandan una "nueva política" cuya necesidad se justifica por la necesidad de ser más íntegra, transparente y sensible a las demandas sociales.

Esta breve ponencia trata cuatro aspectos de una misma problemática relacionada con la integridad en la política, planificación y gestión del agua en España, y de las medidas necesarias para garantizarla. Según el Water Integrity Network la integridad en la política del agua se refiere a "la toma de decisiones sobre el agua que sean honestas, transparentes, con rendición de cuentas e inclusivas, y cuyo objetivo sea una gestión del agua equitativa y sostenible" (www.waterintegritynetwork.net/). En una reciente entrevista en iAgua, Alejandro Jiménez de SIWI definía integridad como " la adhesión por parte de los actores involucrados en el manejo y gestión del recurso hídrico, a los principios de transparencia, la participación activa y la rendición de cuentas, con base en los valores de honestidad, equidad y profesionalismo" (iAgua, 16 mayo 2016). Esta última definición es particularmente útil ya que señala los principales características de un modelo íntegro de gestión del agua que ayude a prevenir la corrupción: la transparencia en la información, la participación pública en las decisiones sobre el agua y la rendición de cuentas. Veamos brevemente donde nos encontramos en el caso español en relación con estos tres indicadores.


Marco normativo relevante

El reconocimiento explícito de la importancia de la información, participación pública y rendición de cuentas como instrumentos para garantizar una gestión del agua equitativa, sostenible y eficaz se remonta a la Declaración de Río, cuyo principio 10 establece que "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados (…). Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente (…), así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. (…) Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos”.

Este principio quedó plasmado en el Convenio de Aarhus de 1998 sobre el derecho de acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia  en materia de medio ambiente, ratificado por España (2004) y por la Unión Europea (2005). Los derechos reconocidos en el Convenio de Aarhus han sido desarrollados en normativa tanto comunitaria (Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental y Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente), como en su transposición nacional (Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente). En cuanto a transparencia en la gestión pública destaca la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/CE), es quizás la plasmación más ambiciosa de las exigencias de participación y acceso a la información de la normativa ambiental europea. Vincula su éxito a la información, consulta y participación de los usuarios y el público en general en los procesos de planificación y toma de decisiones sobre el agua (considerandos 14 y 16 y Art. 14). Estos requisitos forman parte de nuestro ordenamiento interno desde la transposición de la DMA en 2003 y las posteriores adaptaciones de nuestra legislación a la normativa comunitaria.

Por último cabe destacar la Resolución 64/292 de Naciones Unidas que reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. El desarrollo e interpretación del Derecho Humano al agua está siendo vinculado a la necesaria gestión transparente, democrática y participada del ciclo urbano del agua. Así se refleja, por ejemplo, en el contenido de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water: El agua es un derecho humano, lanzada en 2013, y que logró 1,88 millones de firmas (http://www.right2water.eu). Más específicamente y en el ámbito español, el Pacto Social por el Agua Pública – suscrito por más de 40 entidades locales (ciudades como Sevilla, Vitoria o Santiago y Diputaciones como Toledo o Córdoba) – incluye una serie de compromisos que enfatizan una gestión más democrática del ciclo urbano del agua con control y participación social (http://www.iniciativagua2015.org) (Cabello et al., 2016).
Información y transparencia en la política de aguas1

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha permitido a la administración del agua poner gran cantidad de información a disposición del público en sus páginas web. Así se pone de manifiesto en las evaluaciones que desde el año 2010 viene realizando Transparencia Internacional–España a través del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG)2, en cuyo desarrollo e implementación he trabajado. El INTRAG analiza la información disponible en las páginas web de los organismos de cuenca españoles a través de 80 indicadores agrupados en 5 áreas temáticas. Las Tablas 1 y 2 resumen los resultados obtenidos en las cuatro ediciones del INTRAG.

El INTRAG no analiza la calidad de la información disponible ni el formato en el que se presentan los datos – según los promotores de iniciativas de gobierno abierto la información debería ponerse a disposición del ciudadano en formatos fácilmente descargables y reutilizables, y acompañada de los metadatos asociados (ver definición de datos abiertos en https://okfn.org/opendata) (Hernández-Mora et al., 2015). Tampoco evalúa la respuesta de la administración del agua a las solicitudes de información por parte del público en cumplimiento de la Ley 27/2006 y que con frecuencia no son todo lo ágiles que sería deseable. Por lo tanto el INTRAG es una evaluación necesariamente limitada. Sin embargo el análisis de los resultados obtenidos hasta el momento si permite realizar una serie de observaciones relevantes.

Tabla 1. Índice de Transparencia en la Gestión del Agua: Evolución de las puntuaciones medias obtenidas por los organismos de cuenca (2010-2015)


ORGANISMOS EVALUADOS

Puntuaciones INTRAG 2015

(ranking)



Puntuaciones INTRAG 2013

(ranking)



Puntuaciones INTRAG 2011

(ranking)



Puntuaciones INTRAG 2010

(ranking)



Agencia Vasca del Agua (URA)

94,9 (1)

93,5 (1)

50,0 (11)

43,8 (11)

Confederación Hidrográfica (CH) del Júcar

84,8 (2)

81,8 (2)

78,1 (2)

71,2 (1)

Agencia Catalana del Agua (ACA)

77,9 (3)

81,3 (3)

66,3 (6)

71,2 (1)

CH Duero

75,9 (4)

62,3 (8)

57,5 (10)

49,3 (8)

CH Miño-Sil

70,1 (5)

58,4 (9)

62,5 (8)

46,6 (10)

CH Ebro

60,3 (6)

67,5 (5)

80,0 (1)

71,2 (1)

CH Cantábrico

59,5 (7)

45,5 (12)

63,8 (7)

52,1 (6)

CH Segura

58,2 (8)

66,2 (6)

67,1 (5)

60,3 (4)

A. Andaluza (C.M.A.O.T.)

51,9 (9)

71,4 (4)

73,1 (3)

57,5 (5)

CH Tajo

51,9 (9)

63,6 (7)

68,5 (4)

27,4 (14)

CH Guadiana

50,6 (11)

53,2 (11)

48,8 (12)

47,9 (9)

CH Guadalquivir

48,1 (12)

58,4 (9)

60,0 (9)

50,7 (7)

Aguas de Galicia

45,6 (13)

43,4 (13)

43,8 (13)

32,9 (12)

D.G.R.H. / Agencia Balear del Agua

24,4 (14)

33,8 (14)

36,3 (14)

34,2 (13)

MEDIAS

61,0

62,9

59,6

51,2

Fuente: Elaboración propia con resultados del INTRAG disponibles en http://transparencia.org.es/indice-de-la-gestion-del-agua-intrag/

En primer lugar, los datos de la Tabla 1 muestran las grandes diferencias entre organismos de cuenca, así como la mejora sustancial experimentada por algunos de ellos, como la URA o la CH Duero. Estos han hecho una apuesta clara por incrementar la cantidad información puesta a disposición del público, por lo que es evidente que los avances en transparencia son resultado de una decisión política de facilitar el acceso a la información existente, ya que existen TIC que la posibilitan. En segundo lugar, destaca que la nota media sigue siendo relativamente baja y por lo tanto hay amplio margen de mejora.



Tabla 2. Índice de Transparencia en la Gestión del Agua:

Evolución de las puntuaciones medias obtenidas por áreas temáticas (2010-2015)

ÁREAS DE TRANSPARENCIA

PUNTUACIÓN MEDIA INTRAG (Entre 1 y 100)

2015

2013

2011

2010

  1. Información sobre el organismo de cuenca

80,0

83,3

85,7

72´3

  1. Relaciones con el público y las partes interesadas

60,7

63,3

56,1

58´5

  1. Transparencia en los procesos de planificación

87,3

92,8

79,9

87´8

  1. Transparencia en la gestión de los recursos y usos del agua

45,0

47,5

47,0

32´0

  1. Transparencia económico-financiera

45,7

41,1

43,8

34´8

  1. Transparencia en contratos y licitaciones

60,7

56,6

51,9

48´1

Fuente: Elaboración propia con resultados del INTRAG disponibles en http://transparencia.org.es/indice-de-la-gestion-del-agua-intrag/

En tercer lugar, del análisis de la Tabla 2 destaca que la transparencia es mayor en aquellas áreas vinculadas a la implementación de la DMA (Áreas II y III) y menor en aquellas áreas relacionadas con la asignación y gestión del recurso (IV) (registro y catálogo de aguas; información sobre intercambios de derechos de aguas, o información sobre sanciones, por ejemplo), y con los aspectos económico-financieros (V) (cobro de cánones y tarifas, convenios de colaboración vigentes, propuestas de recuperación de costes de nuevas infraestructuras, etc.), áreas donde realmente se dirimen los equilibrios de acceso y poder relacionados con la política de aguas.



Participación pública en las decisiones sobre el agua

La evaluación de la eficacia de la participación pública en la gestión del agua puede realizarse a dos escalas diferentes: en la planificación hidrológica en la escala de cuenca y en la gestión del ciclo urbano del agua.

En la escala de la demarcación hidrográfica, España tiene una larga tradición de participación de los usuarios en la gestión del agua. Los usuarios económicos del agua participan en los órganos de gobierno (Junta de Gobierno), de gestión (Asamblea de Usuarios, Comisiones de Explotación, de Desembalse y de Obras), y de planificación (y Consejos del Agua) de los organismos de cuenca. Aunque eficaz en muchos aspectos, este sistema de participación orgánica excluye a amplios sectores de la sociedad, incluyendo a los usuarios comunes del agua – usuarios no económicos como los lúdico-recreativos –, los intereses ambientales, y la ciudadanía en general de la toma de decisiones sobre el agua, algo que la DMA requiere cambiar. Los intereses ambientales sólo tienen representación minoritaria en los Consejos del Agua de Demarcación (CAD - 2 representantes) y en el Consejo Nacional del Agua (CNA - 3 representantes).

A través de diversas colaboraciones y proyectos de investigación hemos evaluado la aplicación del enfoque gobernanza participativa que plantea la DMA durante el primer ciclo de planificación (Espluga et al., 2011; Pedregal et al., 2011; PART-DMA, 2012; Ballester and Pares, 2013; Hernández-Mora et al., 2015). La mayoría de los organismos de cuenca emprendieron procesos de participación pública activa, aunque la calidad, eficacia y profundidad de los mismos varió enormemente. De las evaluaciones de estos procesos podemos extraer algunas conclusiones generales relevantes. En primer lugar, la aprobación de la DMA despertó grandes expectativas entre los actores sociales interesados en la gestión del agua que, bajo el marco legal anterior, habían estado excluidos de los procesos de decisión. En general los usuarios económicos del agua participaron activamente, aunque algunos (como las grandes hidroeléctricas) continuaron utilizando canales bilaterales de comunicación con la administración. Como muestra la Tabla 3, cuando se les ha brindado la oportunidad, las partes interesadas han participado activamente, asistiendo a reuniones, aportando propuestas, analizando la ingente documentación producida y presentando alegaciones.



Tabla 3. Participación en procesos de planificación PHD-H2015

Demarcación

Población (mill hab)

Número de reuniones celebradas

Número de participantes

Alegaciones recibidas

PCC

ETI

PHD

Duero

2,2

12

215

11

78

101

Ebro

3

135

2.758

10

543

1619

Guadalquivir

4,1

18

896

10

25

413

Júcar

5,2

32 (+20)

1.134

361

629

241

Mediterránea Andaluza

2,4

22

1.073

2

11

92

CI Cataluña

5,7

290

2.300

144

Fuente: Ballester y Parés (2013) y PART-DMA (2012)

Sin embargo a pesar del gran esfuerzo realizado, la eficacia de los procesos deliberativos abiertos bajo el paraguas de la DMA ha sido escasa. Esta eficacia puede medirse desde distintas perspectivas: la capacidad de potenciar la presencia y visibilidad de los actores tradicionalmente infra-representados en los procesos de toma de decisiones, es decir, de democratizar las decisiones sobre el agua; la evaluación de la incidencia de los procesos de participación en las decisiones finales, es decir, en el contenido de los PHD; la aceptabilidad de los resultados del proceso por parte de las partes interesadas; y por último, la eficacia de los procesos para ayudar a alcanzar los objetivos de la DMA.

Nuestros análisis han demostrado que, aunque la información y el conocimiento de los distintos actores han mejorado a través de su involucración en los procesos de planificación, el enfoque de gobernanza participativa introducido por la DMA no ha transformado sustancialmente los equilibrios de poder en torno a las decisiones sobre el agua. Apoyándose en el marco institucional creado por la DMA y en el uso de las TIC, los intereses minoritarios (usuarios lúdicos y recreativos, grupos ambientales, poblaciones rurales afectadas por grandes infraestructuras) y los ciudadanos que apoyan la defensa de los valores patrimoniales del agua han articulado redes de colaboración e intercambio de información, han sido capaces de desarrollar discursos alternativos más acordes con una comprensión del agua como activo ecosocial y han coordinado sus actuaciones, pero su incidencia real en los procesos de decisión sigue siendo muy limitada (Hernández-Mora et al. 2015). A pesar del gran número de alegaciones recibidas, participación en reuniones, o informes emitidos por distintos actores, las decisiones finales sobre temas claves o especialmente controvertidos (asignación de recursos, inversiones en infraestructuras, objetivos ambientales) siguen estando restringidas a la que Pérez Díaz et al. (1996) denominaron hace ya 20 años tradicional comunidad política del agua.

Por otro lado, no se han integrado satisfactoriamente los cauces paralelos de participación existentes. Por un lado funcionan los órganos de participación de los organismos de cuenca con competencia para debatir y aprobar las decisiones finales sobre la planificación y gestión, donde los intereses minoritarios están ausentes o infra-representados. De manera paralela se han organizado los procesos de participación funcional bajo el paraguas de la DMA. Como consecuencia, los debates y la diversidad de opiniones recogidos en las reuniones de participación pública y en las alegaciones recibidas han tenido escaso eco en los órganos decisorios. Tampoco está claro en qué medida los procesos de participación funcional han influido en los planes finalmente aprobados, pero las evaluaciones realizadas apuntan a que no mucho. Como señalan Hernández-Mora et al. (2015), el resultado de esta falta de integración ha sido un alto grado de frustración y desencanto, con una percepción generalizada de que los procesos de participación pública emprendidos por los organismos de cuenca han servido para cubrir las formalidades, pero no ha existido una voluntad real de incorporar a nuevos actores, voces y perspectivas en las decisiones finales.

Esta frustración se ha traducido en la elevada litigiosidad de los planes aprobados en 2011-2014 y en 2016, con acciones legales y políticas emprendidas ante diversas instancias ajenas a los procesos de participación y gestión: preguntas ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (en relación con los PHD de Baleares, Ebro, Guadiana, y Tajo), quejas formales ante la CE (en relación con los PHD de Tajo y Baleares); y más de 40 recursos presentados en los tribunales españoles por diversos actores contra la práctica totalidad de los reales decreto que aprobaron los PHD y que versan sobre diversas materias: caudales ecológicos, usos del agua, condiciones de concesiones, objetivos ambientales, etc. (MAGRAMA, 2016).

Por último, y en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la DMA, la CE ha abierto diversos procedimientos de infracción contra el Reino de España en relación con incumplimientos de la normativa europea de aguas. Por su parte, el reciente informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo enfatiza la necesidad de revisar los planes de cuenca, especialmente los del Ebro y el Tajo, para cumplir con la legislación europea (en relación con Red Natura y DMA) (PETI, 2016). Además, las evaluaciones de la CE de los PHD-H2015 (EC 2015a y b) reconocen que se han logrado avances, pero también señalan importantes deficiencias que deberán ser subsanadas en futuros ciclos de planificación.

En lo referente al ciclo urbano del agua no existen espacios para la participación social en las decisiones sobre cómo y quién gestiona el ciclo urbano del agua. Las empresas de abastecimiento del agua, ya sean públicas o privadas, no incluyen en general mecanismos de control ciudadano y participación social en su gestión. Tampoco existe un sistema de seguimiento y evaluación o rendición de cuentas en la gestión..

La democratización de la gestión del ciclo urbano del agua ha cobrado importancia política y social a raíz del intenso proceso de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento que se ha producido en España en el contexto de la crisis económica y financiera. Así, mientras que en 1996 el 63% de la población española estaba abastecida por distintas fórmulas de gestión pública, en 2005 sólo el 52% mantenía el carácter público. En 2010 los porcentajes se invierten con el 47% siendo gestionado por el sector público y 53% por empresas privadas mediante diversas fórmulas (concesiones, venta del capital social de empresas públicas, etc.). En 2015, la gestión privada de los servicios de abastecimiento y saneamiento alcanza al 60% de los municipios. Muchas de estas privatizaciones no han respondido a una evaluación rigurosa de las deficiencias del servicio y el estudio de alternativas para subsanarlas, sino a la voluntad de obtener recursos económicos para paliar los déficits presupuestarios de las entidades locales mediante la venta del capital social de empresas públicas o la obtención del canon concesional, que en España no es finalista.

Este acelerado proceso de privatización de los servicios ha encontrado una fuerte resistencia social, con la emergencia movimientos ciudadanos en diversas ciudades y pueblos (Madrid, Puerto de Santa María, Alcázar de San Juan, Jerez de la Frontera, Candeleda, Priego de Córdoba, Valladolid, etc.) que reclaman bien la conservación del carácter público de la gestión o la remunicipalización de los servicios cuando estos han sido privatizados. En el contexto de esta ponencia, lo más relevante es que, más allá de la defensa del carácter público de la gestión, este movimiento se caracteriza por la demanda de gestión con criterios de equidad, eficacia, eficiencia, pero también con transparencia y participación social, lo que podríamos llamar una "Nueva Gestión Pública del Agua" (Cabello et al., 2016; #Iniciativagua2015; FNCA, 2012).

Rendición de cuentas

En España carecemos de instrumentos eficaces y ágiles de evaluación de las políticas públicas que nos permitan conocer y evaluar los resultados en función de los objetivos propuestos, así como el reparto de los costes y beneficios de las distintas políticas. La creación en 2006 de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) supuso un importante avance en esta materia. El preámbulo de la Ley 28/2006 que creaba la AEVAL establece que su fin es "que los ciudadanos puedan visualizar de manera clara cuáles son los fines de los distintos organismos públicos y los resultados de la gestión que se ha encargado a cada uno de ellos, así como la forma en que se responsabilizan sus gestores por el cumplimiento de los objetivos que previamente han sido fijados de forma concreta y evaluable".

En el ámbito del agua destacan dos informes de la AEVAL, uno de 2010 sobre el funcionamiento de las Confederaciones Hidrográficas y otro de 2012 sobre la Demarcación de Costas. Aunque útiles y necesarios, es importante seguir avanzando en esta línea. Carece de sentido que sigamos apostando y realizando inversiones millonarias en programas como por ejemplo la modernización de regadíos, cuando no conocemos a ciencia cierta los impactos de las mismas, o argumentemos que es necesario promover instrumentos de mercado para la asignación de recursos hídricos, cuando no conocemos los impactos sociales, ambientales o económicos de su implementación.

Los informes de seguimiento y evaluación de la eficacia los programas de medidas y Planes Hidrológicos aprobados recientemente pueden ser una herramienta útil de evaluación de la gestión del agua, aunque la experiencia con el primer ciclo de planificación no ha sido muy prometedora en este sentido.

Apuntes finales

Es evidente la necesidad de mejorar sustancialmente la transparencia en todos los ámbitos de la gestión del agua: desde la gestión del ciclo urbano del agua hasta la gestión del agua por demarcaciones hidrográficas, generando verdaderos ámbitos de participación social del desarrollo de los planes y programas y de la financiación asociada.



En el ámbito de la cuenca hidrográfica, es necesario incorporar a los usuarios comunes del agua y los intereses ambientales con una presencia significativa en todos los órganos colegiados de los organismos de cuenca, de manera que se produzca una gestión verdaderamente participada y transparente. La reforma de la composición de los Consejos del Agua que contenía la propuesta de reforma de la Ley de Aguas que se debatió en la legislatura 2004-2008 arroja algunas claves que puede ser conveniente explorar y desarrollar. En el ámbito del ciclo urbano del agua, las experiencias de otras ciudades europeas, como París, donde se han creado órganos de supervisión y participación social, ofrecen también posibles modelos a seguir.

Referencias

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Castells, M. 2012. Redes de indisnación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet. Madrid, Spain: Alianza Editorial.

De Stefano, L., N. Hernández-Mora, E. López Gunn, B. Willarts, P. Zorrilla y R.Llamas. (2012) Public participation and transparency in water management. En: Water, agriculture and the environment in Spain: Can we square the circle?, L. De Stefano y R. Llamas (eds.) CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, pp: 217-225.

EC (European Commission) (2015a) EU Pilot 7835/15/ENVI. Julio 2015.

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Espluga, J., A. Ballester, N. Hernández-Mora y J. Subirats (2011) Participación pública e inercia institucional en la gestión del agua en España. Revista de Estudios e Investigaciones Sociales nº134, Abril-Junio 2011. pp:3-26.

FNCA (2012) Hacia una nueva gestión pública del agua. Disponible en: http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/Hacia%20una%20nueva%20cultura%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20del%20agua_FNCA.pdf

Hernández-Mora, N. (2016) Una evaluación de 30 años de la ley de aguas en España: Perspectiva ciudadana de algunos aspectos relacionados con los avances en la implementación de la directiva marco del agua. In: A. Embid Irujo (dir), 30 Años de vigencia de la Ley de Aguas de 1985, Thomson-Reuters-Aranzadi, pp: 309-340.

Hernández-Mora, N., Cabello, V., De Stefano, L. and L. Del Moral (2015) Networked water citizen organizations in Spain: Potential for transformation of existing power structures for water management. Water Alternatives 8(2): 99-124.

MAGRAMA (2016) Síntesis de los planes hidrológicos de cuenca del segundo ciclo (2015-2021). Secretaría de Estado de Medio Ambiente-Dirección General del Agua y CEDEX. Borrador sin publicar.

PART-DMA (varios autores) (2012) Informes de análisis de los procesos de participación asociados a la elaboración de los Planes Hidrológicos de diversas demarcaciones españolas para el horizonte 2009-2015. Proyecto Democracia Deliberativa y Política de Aguas: Experiencias de participación en el contexto de la Directiva Marco del Agua (PART-DMA). Disponible en: http://blogs.uab.cat/partdma/documentacion/

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Pita López, María F.; Del Moral, L.; Pedregal, B.; Limones, N.; Hernández-Mora, N. 2014. “Nuevos paradigmas en la gestión de recursos y riesgos hídricos: datos e información necesarios para una Gestión Integrada del agua”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 65: 519-542.

Subirats, J. 2011. Otra sociedad, ¿otra política? Del "No nos representan" a la democracia de lo común. ICARIA, Barcelona.



Toret, J. 2013. Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida. IN3 Working Paper Series. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. http://journals.uoc.edu/index.php/in3-working-paper-series/article/view/1878

1 El contenido de esta sección (información) y la siguiente (participación) es una versión de Hernández-Mora (2016).

2 Para más información consultar: http://transparencia.org.es/indice-de-la-gestion-del-agua-intrag/. Para un análisis más exhaustivo del desarrollo, implementación y resultados del INTRAG ver también De Stefano et al. (2012)



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