Universidad nacional autónoma de méxico



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7. CONCLUSIONES

A lo largo de este documento se han presentado los principales hallazgos y se han efectuado recomendaciones puntuales para cada uno de los temas abordados en los diferentes análisis: cuantitativo, jurídico y cualitativo.



Al realizar un ejercicio de evaluación sobre la labor del INE y su desempeño en el campo de la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales, y en particular en la integración de las mesas directivas de casilla, se encontró un panorama de claroscuros.

  • Por una parte, el INE ha comenzado a trazar un camino dirigido de manera correcta al mostrar una disposición favorable para implementar medidas de inclusión. Esta disposición se refleja en los esfuerzos para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. No obstante, se plantea la necesidad de establecer parámetros generales que permitan dar seguimiento y sobre todo, tomar en cuenta las deficiencias que junto a las barreras sociales producen la discapacidad (física, sensorial, mental, intelectual).

  • Persisten lagunas que es necesario destacar: En primer lugar, algunas de las medidas que se han comenzado a implementar no terminan de concretarse en la práctica, lo que tiene un efecto desfavorable y parcial sobre los resultados obtenidos. En segundo lugar, es visible el esfuerzo que se ha hecho para incluir y hacer visibles a las personas con discapacidad en la vida política del país, pero es necesario que estos beneficios se extiendan a los demás grupos vulnerables a la discriminación, ya que los adultos mayores y las comunidades indígenas no son tomadas muy en cuenta e incluso, son discriminados en la normativa o bien por las prácticas del personal de capacitación y asistencia electoral.

  • En la evaluación de la labor del INE en este campo se detectan buenas prácticas que es necesario destacar a la vez que aprovechar, ya que constituyen la base para la implementación de futuras medidas de inclusión, particularmente en las mesas directivas de casilla.

  • En este sentido, se ha observado que a pesar de que el “Listado de razones por las cuales un ciudadano no participa” limita que las personas con “Incapacidad mental” y “personas ciegas y sordas” participen como funcionarias de casilla. La buena noticia es que, a pesar de la prohibición, existe una disposición del personal de capacitación para incluir a las personas con discapacidad.

  • Por otro lado, son relevantes los registros con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral acerca de los procesos de visita, notificación, capacitación y sustitución de la ciudadanía insaculada, ya que con estos datos es posible conocer la razón por la cual la ciudadanía no participó en las mesas directivas de casilla. La sistematización de la información permite tomar acciones informadas y enfocadas para la inclusión de las personas con discapacidad. Esta buena práctica puede ser consolidada a partir de una medición más minuciosa y con categorizaciones claras, en especial para la discapacidad y la enfermedad, además de tomar en cuenta las distintas deficiencias de las personas con discapacidad.

  • También es importante reconocer que el Instituto Nacional Electoral se ha encargado de garantizar el derecho a obtener la credencial de elector de toda la ciudadanía. No existen normativas que en su regulación excluyan a algún grupo vulnerable de discriminación de su obtención; sin embargo, hay que asegurarse que en la práctica no se condicione este trámite. Ya que por desconocimiento o mala comprensión de la discapacidad y los derechos de las personas puede ser obstaculizados; y por el otro, la inexistencia de materiales técnicos adecuados a las necesidades que plantea este grupo vulnerable a la discriminación (medidas de accesibilidad física, de información y comunicación). La obtención de la credencial de elector es la llave de la participación política en nuestro país, por lo tanto su expedición debe ser garantizada en todos los sentidos y para toda la ciudadanía.

  • El personal de capacitación y asistencia electoral es reconocido por la ciudadanía como parte de su comunidad, ya que generalmente realiza su trabajo en la localidad donde vive. Lo que permite el establecimiento de relaciones de confianza y estrechamiento de lazos entre el personal de capacitación y la ciudadanía insaculada, que al final determina su participación o no de la mesa directiva de casilla.

  • En materia de capacitación, fue importante el reconocimiento que tuvo el CD interactivo que sirve para la capacitación de las funciones de las y los funcionarios de casilla. Este tipo de medidas innovadoras se vuelven herramientas que ayudan a construir una democracia incluyente ya que utilizan formas de comunicación no escritas.

  • Los esfuerzos que se han hecho en torno al material de capacitación de las y los funcionarios de casilla han sido efectivos para conseguir una jornada exitosa. En particular, resalta un apartado dirigido a explicar lo qué debe hacerse cuando la ciudadanía con discapacidad se presenta a votar. En este apartado se reconoce el derecho a votar de las personas con discapacidad. Sin embargo, los esfuerzos por parte del INE deben continuar e integrarse elementos que reconozcan el derecho de todas y todas en los procesos políticos, además de brindar elementos que ayuden a dar un trato adecuado a todos los grupos vulnerables de discriminación. En este sentido es necesario visibilizar a las personas con discapacidad también como funcionarias de casilla.

  • Los simulacros y las prácticas de la jornada electoral constituyen ejercicios útiles dado que contribuyen al conocimiento y manejo de los procedimientos y al reconocimiento de los posibles obstáculos que se puedan presentar, esto ayuda a que la ciudadanía se conozca y fortalezca vínculos dentro de la casilla. Pero es importante asegurarse de que estos ejercicios se realicen, ya que en ocasiones no se llevan a cabo.

  • El trabajo en equipo dentro de la casilla también ha demostrado ser un factor importante en la inclusión de las personas con discapacidad, pues la empatía que surgió en algunas de ellas se reflejó en la cooperación entre los miembros para apoyar a la persona con discapacidad en actividades que se le dificultaba realizar. Es necesario asegurar el trabajo en equipo dentro de la casilla para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad.

  • Las medidas de accesibilidad exigidas como requisito para la casilla representan una buena práctica, pero hay que asegurarse de que este requisito se cumpla en la totalidad o por lo menos en la mayoría de las casillas, ya que en la práctica no siempre fue así.

  • Por otra parte, es importante aprovechar la disposición de las personas con discapacidad a participar en la jornada electoral como funcionarias de casilla, ya que las medidas tomadas por el INE para incluirlas es vista de manera positiva y genera un sentimiento de compromiso, además de un notable deseo por participar, incluso mayor que el resto de la ciudadanía. Este compromiso constituye un recurso adicional tanto para las personas con discapacidad, como para el personal de capacitación y asistencia electoral en el proceso de integración de las mesas directivas de casilla y finalmente para toda la ciudadanía.

  • Esta disposición de participar puede ser aprovechada para generar nueva confianza y credibilidad en el ejercicio de las funciones del INE, que en los últimos años con el desarrollo de los procesos electorales, se ha desgastado. Lo anterior no sólo beneficiaría al instituto, sino que podría extenderse a la percepción que se tiene de los institutos electorales locales.

  • Otra situación que sin duda debe ser aprovechada por el Instituto es el caso de las personas jóvenes y su disposición a participar en la jornada electoral, lo que constituye una buena noticia para el INE. Para que esta disposición a participar perdure a lo largo de su vida, es necesario inculcar una cultura política y una participación cívica democrática, dirigida a todos los sectores de la población, pero en particular debe hacerse énfasis en la educación cívica de los jóvenes. Lo más recomendable es que la formación de esta cultura política democrática y de participación cívica se inicie desde los niveles escolares tempranos, de preferencia antes de que cuenten con la mayoría de edad y voten por primera vez, a partir de la educación secundaria y preparatoria.

  • En este mismo sentido, la familia debe tomarse en cuenta a través de programas de educación cívica y de cultura política, particularmente, para resaltar la importancia de la participación de las personas con discapacidad en la vida política del país, ya que como se ha visto, la relación personal con discapacidad-familia es estrecha y en muchas ocasiones las decisiones se extienden desde la familia y hasta la propia persona.

  • Los partidos políticos constituyen un factor medular para la inclusión de las personas con discapacidad, ya que si no reconocen la importancia de incluir a la diversidad ciudadana, representarán un obstáculo para la misma. Por lo tanto, la capacitación en este sentido debe ser una prioridad, sobre todo por la injerencia que los partidos políticos tienen durante el proceso electoral y el día de la jornada electoral. Al final, esta institución política debe ser aliada y no contrincante al momento de aplicar las medidas de inclusión.

El Instituto Nacional Electoral en su carácter de autoridad en la materia que está conformado por la misma ciudadanía y que vela por el ejercicio de los derechos políticos de la misma, se encuentra obligado con la sociedad a incluir a la diversidad social. Esta inclusión puede ser dirigida a través de dos ejes: el primero de ellos -como se ha dicho- a través de acciones encaminadas a la inclusión que se valen de modificación, eliminación o implementación de disposiciones y procedimientos; y en segundo lugar, aprovechando la responsabilidad que tiene en materia de creación de una cultura política y de participación cívica democrática, proveer educación dirigida a realzar la importancia de la inclusión de las personas que pertenecen a grupos vulnerables a la discriminación.

Dentro de la esfera pública, pensada como espacio de reconocimiento y legitimación, un elemento central para la transformación de los valores que definen a la ética en el contexto de la democracia es la participación ciudadana y la extensión entre la población de una cultura política democrática. La cultura política democrática y la participación ciudadana no pueden permanecer desvinculadas del respeto a los derechos humanos y a una cultura de la legalidad.

El INE al ser una institución pública tiene la obligación de observar los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales. Por lo tanto, es importante que no sólo se observen las disposiciones que protegen a las personas con discapacidad en materia de derechos políticos, sino que esta observancia de derechos se extienda a todas las actividades del mismo Instituto.

El grado de adhesión y reconocimiento de las normas es una dimensión relevante para entender el nivel y la calidad de compromiso cívico de la población. Así también lo son la calidad del juicio público, la confianza en las instituciones y las características de la participación social. Pero también, es necesario considerar otros valores que se anclan en la vida social cotidiana tanto como en los comportamientos políticos, y que fortalecen la idea y las instituciones propias de la democracia. Entre esos valores uno central es el de tolerancia. El pluralismo de la vida democrática, el reconocimiento del otro como interlocutor en un diálogo razonado, el diferente como portador de los mismos derechos, todas estas características mantienen una relación clara con la tolerancia como valor democrático.

Los retos para la construcción de una cultura política democrática y el incremento de la participación ciudadana desde el punto de vista de la inclusión, mantienen cierta independencia y deben generar acciones que busquen mejorar su distribución social, ya que son aspectos centrales para lograr construir una cultura, unas instituciones y una vida más democrática.

Aceptar la diversidad humana y socializar la cultura de la no discriminación, incluyendo a las personas con discapacidad son temas que involucran un trabajo firme en la sociedad mexicana, sus normas y sus instituciones. Especialmente desde éstas últimas, la responsabilidad de impulsar acciones que propicien la inclusión de la diversidad de las personas es una exigencia ante los rezagos que hay en la materia. En el caso del Instituto Nacional Electoral, la inclusión de la ciudadanía con discapacidad resulta un reto cardinal que, sin lugar a dudas, puede tener un impacto importante en la vida democrática del país a través de políticas y tareas informadas.





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