Universidad nacional autónoma de méxico



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4.9 Análisis de los instrumentos normativos solicitados por el INE

A continuación se realiza el análisis de los instrumentos normativos que intervienen en la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, con el fin de detectar obstáculos o restricciones para la plena inclusión de las personas con discapacidad.


4.9.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos


En el año 2011, nuestro país tuvo modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, este cambio se realizó a través de reformas a diversos artículos de la Constitución. La llamada reforma en materia de derechos humanos representó “un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos” (Carmona, 2011, p. 39). Esto trajo consigo muchos cambios, pero sin duda el más importante fue, el hecho de otorgar a los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales, el rango de constitucionales.

Los derechos humanos, además de estar reconocidos constitucionalmente, se encuentran situados “en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico mexicano” (Carmona, 2011, p. 45). Lo anterior otorga una protección más amplia de la que existía. Ahora los derechos humanos regulados en instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, maximizan la protección de las personas, aplicando el derecho más favorable para el caso concreto (principio pro persona). Es por lo anterior que los Tratados Internacionales en materia de protección de derechos humanos que México ha firmado son obligatorios y completamente aplicables en nuestro país.

Actualmente, la Constitución contiene en el párrafo cuarto del artículo 1º la prohibición de la discriminación, de la siguiente forma:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.


El texto constitucional, dentro de los grupos de personas, contempla “las discapacidades” como motivo prohibido de discriminación. Lo anterior es relevante porque la Constitución hace visible a las personas con discapacidad a través de la protección de sus derechos y libertades fundamentales al prohibir su anulación o menoscabo.

Según la cláusula antidiscriminatoria, ningún derecho otorgado por la Constitución puede estar limitado o anulado por razones de discapacidad.

Lo anterior lleva a dirigir la mirada hacía la ciudadanía, y los derechos derivados a partir de la misma. Se considera que la calidad de ciudadanía es una prerrogativa que otorga la Constitución a las personas que cumplen ciertos requisitos: ser mexicanas, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. En este sentido cualquier persona, incluyendo las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos serán por ese simple hecho ciudadanas.

El ejercicio de la ciudadanía trae consigo ciertos derechos, pero al mismo tiempo ciertas obligaciones. Es en el artículo 35 constitucional, que se mencionan los derechos del ciudadano, dentro de estos se ubican:




  1. Votar en las elecciones populares.

  2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (acompañado de un partido político o independientemente).

  3. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

  4. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones.

  5. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

  6. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público.

  7. Iniciar leyes.

  8. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

La titularidad de los derechos políticos es sólo de la ciudadanía, por lo tanto es ésta quien puede ejercer su voto, postularse como candidata para ser votada para cargos de elección popular y asociarse libremente para participar en los asuntos políticos del país.

Por otro lado, la ciudadanía también implica consigo obligaciones, las cuales se encuentran enunciadas en el artículo 36 constitucional:


  1. Inscribirse en el catastro de la municipalidad.

  2. Alistarse en la Guardia Nacional.

  3. Votar en las elecciones y en las consultas populares.

  4. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados.

  5. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

De lo anterior se desprende que la ciudadanía tiene como una de sus obligaciones “Desempeñar (…) las funciones electorales”(cita). La responsabilidad anterior es vinculada con las mesas directivas de casilla si se lee junto al mandato constitucional establecido en el artículo 41, que dispone: “Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos”.

Por lo anterior, y tomando en cuenta que la participación en las mesas directivas de casilla son una función electoral; se puede decir que a partir del texto constitucional es una obligación ciudadana ser funcionaria de casilla. Pero a pesar de que la ciudadanía se encuentre realizando una obligación, al mismo tiempo ejerce su derecho a participar en los asuntos políticos del país.

Al mismo tiempo, el principio de no discriminación protege a la ciudadanía con discapacidad, y a otros grupos en situación de discriminación, para que sus derechos políticos sean respetados, por lo tanto las disposiciones que regulen la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla deben ser acordes y garantizar la igualdad de condiciones de sorteo y selección de la ciudadanía que participe como funcionaria de casilla.

La Constitución hace posible que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sea tomada en cuenta de manera directa para contrastarla con la legislación nacional, y en este caso con la normativa en materia de mesas directivas de casilla. Al mismo tiempo, y aplicando el principio pro persona, establecido en el artículo 1º constitucional, es notable que la misma Convención supera en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad a la Ley Genera para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación e incluso, a la misma Constitución, como se desarrolló en anteriores apartados.



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