Universidad nacional autónoma de méxico



Descargar 1.04 Mb.
Página11/26
Fecha de conversión28.10.2018
Tamaño1.04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

4.7 Derecho a la no discriminación y las personas con discapacidad


A partir de la necesidad de proteger a los grupos vulnerables de discriminación, como se ha mencionado tanto a nivel internacional como nacional, se han adaptado instrumentos normativos que de manera especial garantizan los derechos de los mismos. El caso de las personas con discapacidad no es una excepción.

La protección de los derechos de las personas con discapacidad ha comenzado un proceso de cambio a partir de la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su adopción en nuestro país40, ya que este instrumento cuenta con ciertas características que, en materia de derechos de las personas con discapacidad, representa un nuevo paradigma. Lo anterior puede reflejarse si se revisan los antecedentes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual de manera sucinta se realiza a continuación.

El primer instrumento que figura en esta materia es la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental41, compuesta por siete puntos. En su punto 1 resalta la disposición “de gozar, hasta el máximo grado de viabilidad de los mismos derechos que los demás seres humanos”; en su punto 2 se indica el derecho a “la atención médica y el tratamiento físico que requiera su caso, así como la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación”; el derecho a la seguridad se plasma en el punto 3 “seguridad económica y un nivel de vida decoroso”; además se establece en el punto 4 “El hogar en que viva debe recibir asistencia”. Estos enunciados reflejan el asistencialismo y el modelo de rehabilitación que permeaba con relación a las personas con discapacidad intelectual y mental.

Posteriormente fue creada la Declaración de los Derechos de los Impedidos aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1975. En el preámbulo se establece la necesidad de su creación:


Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal. (Párrafo sexto del preámbulo de la Declaración de los Derechos del Impedido).
En primer término se define al impedido como:

[…] toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales. (Punto 1 de la Declaración de los Derechos del Impedido).


Es importante resaltar algunas disposiciones, como la que refiere que todos los impedidos gozan de los derechos de la Declaración, “sin excepción alguna y sin discriminación”, según el punto 2 de la Declaración en referencia; también se reconoce el respeto a su dignidad humana y de gozar de “los mismos derechos que sus conciudadanos de la misma edad”, punto 3, incluyendo los derechos civiles y políticos, punto 4, y las medidas para lograr la mayor autonomía posible en el punto 5. Aunque aún se nota la postura paternalista y asistencialista de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, comienza a importar la igualdad de derechos y a reconocerse la calidad de ser humano a las personas con discapacidad.

Asimismo, se adoptaron por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1991, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. Estos principios fueron dirigidos a los enfermos mentales desde un enfoque médico, que buscaba asegurar la protección de derechos humanos de estas personas, en el proceso de tratamiento y rehabilitación. Destacan de nuevo la cláusula antidiscriminatoria y la exaltación del respeto a la dignidad humana; además del ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De manera general, la declaración a través de algunos principios va especificando algunos derechos como: la protección de menores; la vida en comunidad; la determinación de una enfermedad mental; la protección de la libertad de decisión para realizarse un examen médico y de someterse a un tratamiento.

Después, en el 4 de marzo de 1994, la Asamblea General de la ONU adopta las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, lo anterior a partir de un grupo de trabajo integrado por Estados, organismos especializados, entidades intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales establecido por el Consejo Económico y Social. Sin duda fue a partir de este instrumento que comienza a construirse el modelo social de discapacidad que es visible en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en contraposición con el modelo médico que permeó en la década de los setentas y ochentas, la finalidad de estas Normas, era principalmente el de:

[…] garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás (…) Es responsabilidad de los Estados adoptar medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos. (Párrafo 15 de la Introducción de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).


Por otro lado, este documento da por primera vez una definición de discapacidad y otra de minusvalía que reducen la ambigüedad de los documentos anteriores que habían sido amplias en las definiciones:

Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. (Párrafo 17 de la Introducción de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).


En cuanto a la minusvalía, se le consideraba como:

[…] la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra "minusvalía" describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad. (Párrafo 18 de la Introducción de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).


Como puede observarse, las definiciones comienzan a recoger factores sociales para explicar las limitaciones que las personas con discapacidad tenían para integrarse plenamente a la misma sociedad. Dejando poco a poco atrás el modelo médico.

De manera muy general, el documento dicta una serie de “requisitos para la igualdad de participación”, a partir de la toma de conciencia de las personas con discapacidad, de sus derechos, necesidades posibilidades y contribuciones a la sociedad; de la atención médica, a través del aseguramiento de la atención médica y rehabilitación por parte de los Estados; servicios de apoyo, a través de recursos auxiliares que ayuden a su autonomía y el ejercicio de sus derechos; la accesibilidad, en el entorno físico, pero también en la información y la comunicación. Además se especifican rubros que merecen mayor atención para lograr la igualdad de participación como la educación, el empleo, la seguridad social, la familia, la cultura, las actividades recreativas y deportivas, y la religión. Por último el documento propone medidas específicas para lograr la igualdad de participación, a través de la difusión e investigación de las personas con discapacidad; de la inclusión en las normas y en la planificación nacional; la adecuación de la legislación; la financiación de programas y medidas para la igualdad de oportunidades; la creación de entidades que centralicen y evalúen las acciones relacionadas con las personas con discapacidad; y la interlocución e integración de las organizaciones de personas con discapacidad.

Este documento es la base de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tras algunas modificaciones y sobre todo precisiones, ha sido la cúspide de décadas de estudios y avances paulatinos en el entendimiento de la discapacidad y la protección de sus derechos y libertades fundamentales.




Compartir con tus amigos:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal