Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca



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Universidad Mayor, Real y Pontificia de

San Francisco Xavier de Chuquisaca



Centro de Estudios de Posgrado e Investigación

Instituto de la Judicatura de Bolivia





Modelo de participación ciudadana y control social en la selección de juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria

Tesis para la opción al grado académico de

Magister en administración de justicia – versión 2

José Luis Huaylla Garvizu

Sucre – Bolivia

2012

Universidad Mayor, Real y Pontificia de

San Francisco Xavier de Chuquisaca



Centro de Estudios de Posgrado e Investigación

Instituto de la Judicatura de Bolivia





Modelo de participación ciudadana y control social en la selección de juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria

Tesis para la opción al grado académico de

Magister en administración de justicia – versión 2

José Luis Huaylla Garvizu

Tutor: Dr. Ronald Gantier Lemoine

Sucre – Bolivia

2012

Al presentar este trabajo como requisito previo para la obtención del Título de Magister en Administración en Justicia de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, autorizo al Centro de Estudios de Posgrado e Investigación o a la Biblioteca de la Universidad, para que se haga de este trabajo un documento disponible para su lectura, según normas de la Universidad.


También cedo a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, los derechos de publicación de este trabajo o parte de él, manteniendo mis derechos de autor hasta un periodo de 30 meses posterior a su aprobación.
Abog. José Luis Huaylla Garvizu

Sucre, Marzo de 2012



Dedicatoria
El presente trabajo está dedicado a Dios, el Señor de nuestras Vidas, a quien corresponde la Sabiduría y la justicia.
A mis mamás Antonia y Alcira, quienes me dieron la vida y la renovaron con su abnegada entrega y preocupación diaria.
A mi amada esposa Fabiola, compañera y amiga, que con su apoyo y consejos me acompaña por los caminos de la vida, en las victorias e infortunios.
A José Nicolás, mi pequeño bebe, mi gran amigo, mi bendición, mi orgullo, quien con su sola sonrisa puede borrar de mi mente y mi vida, los efectos de cualquier vicisitud.

Agradecimientos
A la conclusión del presente, quiero expresar un profundo agradecimiento a quienes con su ayuda, apoyo y comprensión me alentaron a lograr esta meta de carácter académico.
A Dios, por fortalecerme en cada momento de mi vida, otorgándome luz, paciencia y perseverancia.
A mi Esposa Fabiola, y mi hijo José Nicolás, quienes con su amor, comprensión y apoyo, fueron la inspiración constante que permitió concluir con el presente propósito.

Al Dr. Ronald Gantier Lemoine, por su apoyo y guía en la elaboración del presente trabajo.



Índice
Contenido Pág.
Cesión de Derechos I

Dedicatoria II

Agradecimientos III

Índice General IV

Resumen IX

Introducción

1. Antecedentes 1

2. Situación problémica 1

3. Formulación del problema 7

4. Justificación 9

5. Objeto de estudio 10

6. Campo de acción 10

7. Hipótesis o idea a defender 10

8. Objetivos 11



    1. Objetivo general 11

    2. Objetivos específicos 11

9. Diseño metodológico 11

Capítulo II

Diagnóstico

1. Marco teórico 17

1.1 Origen y evolución histórica del instituto del control social 17

1.2 Control formal y control social 22

1.3 El Control social como participación social 23

1.4 El Control social como mecanismo de la democracia participativa 24

1.5 El Control Social como derecho de participación ciudadana 27

1.6 Mecanismos para la práctica del control social 28

1.6.1 El Voto 29

1.6.2 El Plebiscito y referendo 29

1.6.3 Iniciativa legislativa ciudadana 29

1.6.4 Revocatoria de mandato 30

1.6.5 La asamblea 30

1.6.6 El cabildo 30

1.6.7 Consulta previa 31

1.6.8 La denuncia 31

1.6.9 Audiencias públicas 31

1.6.10 La Rendición de cuentas 31

1.6.11 Los Medios de Comunicación 31

1.7 Legislación sobre el Control Social 32

1.7.1 Ley Nº 1551 Ley de Participación Popular 32

1.7.2 Ley 2028 Ley de Municipalidades 33

1.7.3 Ley Nº 2235 Ley del diálogo nacional 2000 34

1.7.4 Decreto Supremo nº 26564 de 2 de abril de 2002 35

1.7.5 Decreto Supremo Nº 28168 17 de mayo de 2005 35

1.7.6 Constitución Política del Estado Plurinacional 35

1.8 Derecho comparado 38

1.8.1 México 39

1.8.2 Colombia 40

1.8.3 Honduras 41

1.8.4 Ecuador 43

Selección de autoridades públicas 45

Mecanismos de control social 47

1.8.5 Taiwán 49

1.8.6 Análisis de los casos de derecho comparado 51

1.9 Selección de personal en el Órgano Judicial 52


1.9.1 Selección de personal 52


1.9.2 La Selección de personal y la independencia Judicial 54

1.9.3 La Selección de personal y el principio de imparcialidad 55

1.9.4 La selección de jueces en el Poder Judicial de Bolivia 57

normas básicas – sistema de administración de personal (DS-26115) 58

Reglamento del sistema de carrera judicial del Poder Judicial 61

Ingreso ordinario a la carrera judicial 62

Ingreso extraordinario a la carrera judicial 64

Manual regulador del subsistema de ingreso a la carrera judicial 66

Reglamento de regulación de incompatibilidades y uso indebido de influencias 67

1.9.5 La selección de jueces en el Órgano Judicial de Bolivia 69

2. Marco contextual 73

2.1 La administración de justicia en el Poder Judicial de Bolivia 73

2.2 La administración de justicia en el Órgano judicial de Bolivia 81

2.3 Participación ciudadana y control social en Bolivia 85

2.3.1 La participación Ciudadana en Bolivia 86

2.3.2 Modelos de control social 89

Modelo de control social en la versión de arriba 89

Modelo de control social desde abajo 90

2.3.3 Ámbitos de ejercicio del control social 92

2.4 Pensamiento crítico de la concepción e implementación del control social en Bolivia 93

2.4.1 El control social una “sociedad civil organizada como Estado 93

2.4.2. El control social como órgano paralelo al Estado 96

2.4.3 Peligros del control social aplicado a la selección de jueces 98

2.4.4 Conclusiones 99

3. Marco conceptual 100

3.1 Concepto de control social 100

3.2 Algunas definiciones 103

Capitulo II

Diagnóstico

1. Introducción 105

2. Encuesta aplicada a ciudadanos de la ciudad de Sucre 106

2.1 Conclusiones 117

Capitulo III

Propuesta

1. Introducción 119

2. Elementos para la participación ciudadana y control social en la selección de juezas y jueces 120

2.1 Comisión de selección de juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria 120

2.2 Relación abierta y transparente entre niveles jerárquicos de decisión del Órgano Judicial

y las Comisiones ciudadanas de selección 121

2.3 Normativa clara 122

2.4 Mecanismos de información y comunicación permanente 122

2.5 Proceso de capacitación e inducción 123

2.6 Sobre la normativa reglamentaria 123

3. Propuesta de proyecto de acuerdo reglamentario 126

Capitulo IV

Conclusiones y recomendaciones

1. Conclusiones 139

2. Recomendaciones 143

Referencias 144

Anexos 148



Resumen
Los mecanismos de participación y control social inscritos en los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia instituyen un horizonte de oportunidades para renovar y ampliar la legitimidad democrática del Estado boliviano. Por ello, la aplicación de los dispositivos constitucionales de democracia participativa, directa y comunitaria, tendientes a enriquecer y complementar los tradicionales dispositivos de la democracia representativa, se constituye en uno de los desafíos centrales del actual proceso político.
En este trabajo se sostiene que los mecanismos de participación y control social tienen un alto potencial democratizador, son parte del horizonte de la democracia participativa y directa. Y por tal razón son susceptibles de otorgar la transparencia y legitimidad requerida por la población, a la selección de jueces y juezas de la jurisdicción ordinaria. No obstante, su aplicación será difícil y compleja porque depende de un conjunto complejo de factores que intervienen en su funcionamiento.
En el Primer Capítulo, el Marco Teórico, gira en torno al debate conceptual sobre participación y control social. Se pretende definir las diferencias y semejanzas entre “participación” y “control, que generalmente son asumidas como nociones equivalentes. En el presente trabajo, se considera al control social como un “contrapoder” de la democracia cuya finalidad es renovar la legitimidad de los gobernantes por medio de procesos de “responsabilizarían” y sanción. Se examinan las experiencias de control social en Bolivia y en el derecho comparado.
Posteriormente, se analiza la otra variable de investigación, el referido a la selección de jueces y juezas, para lo cual se realiza un breve recorrido legislativo y doctrinal respecto a la selección de personal tanto en el Poder Judicial extinto, como en el nuevo Órgano Judicial.

En el Marco Contextual, que se encuentra también en el primer capítulo, se realiza una descripción de la administración de justicia tanto en el Poder Judicial como en el Órgano Judicial de Bolivia. Luego se presenta una exposición de los modelos de control social aplicados en Bolivia.


Finalmente, en el Marco Conceptual, se exponen algunos conceptos y definiciones relativos a la temática del control social y participación ciudadana.
En el Capítulo Dos, se expone el diagnóstico de la investigación, el mimo que se construyó a través de las encuestas aplicadas a ciudadanos de la ciudad de Sucre.
En el Capítulo Tres, se presenta la propuesta de incluir el control social y la participación ciudadana en el proceso de selección de jueces y juezas, para lo cual se presenta un proyecto de reglamento para normar esta temática en las labores que deberá realizar el Consejo de la Magistratura, en el marco de las atribuciones concedidas por el texto constitucional, como por la ley 025 Ley del Órgano Judicial.
En el Capítulo Cuatro, se presentan las conclusiones y recomendaciones, a las cuales se arribó en la presente investigación.
Palabras clave: participación ciudadana, control social, Consejo de la Magistratura.

Introducción
1. Antecedentes
Tradicionalmente se ha definido la selección de personal como la tarea de encontrar al hombre adecuado para cubrir un puesto adecuado a un costo también adecuado. El concepto de lo adecuado se relacionaba con tener en cuenta las necesidades de la institución y en lo que respecta estar desarrollando sus habilidades y potenciales en el puesto en que debe desempeñar su labor, de estar forma contribuir al crecimiento y a los propósitos de la institución.
Esta labor tan delicada, que compromete la eficacia y eficiencia de las instituciones, a través de la reforma constitucional de 1994, en Bolivia se encargo al Consejo de la Judicatura, es por tal razón que el artículo 13 de la Ley 1817 Ley del Consejo de la Judicatura, en concordancia a lo establecido en la Constitución Política del Estado abrogada, señalaba que el Consejo de la Judicatura, en materia de Recursos Humanos tenía la atribución de “Proponer a los órganos competentes nominas de postulantes a cargos vacantes de Ministros, Magistrados, Vocales, Jueces y Secretarios, de acuerdo al Sistema de Carrera Judicial”, además debía “Administrar los Sistemas de Carrera Judicial y selección de personal de los funcionarios judiciales y personal administrativo”
Esta labor la realizaba a través de su Gerencia de Recursos Humanos, que era la instancia responsable de la administración de las funciones de control, inspección e implementación de los Sistemas de Carrera Judicial y de selección de personal.
Conforme disponía la Ley 1817, Ley del Consejo de la Judicatura, la administración de Recursos Humanos era el sistema dinámico y abierto que tenía como propósito asegurar la selección oportuna y el mantenimiento del personal idóneo para todos los órganos del Poder Judicial.

En lo referido a la Selección de Jueces, este proceso se enmarcaba en lo dispuesto en el Reglamento del Sistema de Carrera Judicial del Poder Judicial, el mismo que establecía dos formas de ingreso a la carrera judicial: un ingreso ordinario y otro extraordinario.

El ingreso ordinario, comprendía un proceso de formación en el Instituto de la Judicatura, para la consignación en las listas elaboradas por el Consejo de la Judicatura, para su posterior remisión a las Salas Plenas de las Cortes Superiores de la República, para la elección y correspondiente designación.

El ingreso extraordinario, suponía que de cuatro acefalías 1 correspondía a esta forma de ingreso. Los postulantes podían ser abogados libres, quienes debían participar del concurso de meritos y el examen de oposición, para poder ser consignados en las listas que elaboraba el Consejo de la Judicatura para su posterior remisión a las Salas Plenas de las Cortes Superiores para la elección y designación correspondiente.

El Poder Judicial había establecido normas que buscaban evitar que este proceso se viciara de acciones como el uso indebido de influencias, como el Reglamento de Regulación de Incompatibilidades y Uso Indebido de Influencias, que sancionaba las conductas que expresaban “desmedida preferencia y favoritismo familiar por dispensa de honores, dignidad, cargos y prebendas a los parientes, amigos, correligionarios políticos y otros, en cuyo mérito [se hacía] designaciones en contradicción e inobservancia de normas establecidas para el efecto”.

El mismo Reglamento de Procesos Disciplinarios Acuerdo 32/2000, establecía que “Se considera nepotismo, el uso indebido de influencias y desmedida preferencia para lograr el ingreso al Poder Judicial, mediante nombramiento, elección, designación o posesión de parientes y otros”


Además este Reglamento, precisó una particular forma de nepotismo, el que denominaba encubierto, que consistía en el intercambio de nepotes con otras autoridades de otras instituciones públicas, el cuoteo político, y el permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.
Estas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales por la Sentencia Constitucional SC 050/2000, que correspondía al Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad, interpuesto por la Abog. Hilda Mónica Fernández Patón, Delegada Jurídica del Consejo de la Judicatura Cochabamba.

Como se observa el mismo Poder Judicial se encargo de eliminar resguardos legales que se establecieron en un inicio para evitar que el proceso de selección en el Poder Judicial pudiera viciarse.

Actualmente, el proceso de selección de juezas y jueces, por disposición Constitucional, es atribución del Consejo de la Magistratura. Es por tal razón que la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, señala que el Consejo de la Magistratura, es la instancia del Órgano Judicial competente en materia de Recursos Humanos, para “Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces y las juezas titulares y suplentes de los Tribunales de Sentencia, de Partido que son los jueces públicos, en todas las materias, y de Instrucción en materia penal”, además “Regular y administrar la carrera judicial, en el marco de la Constitución Política del Estado de acuerdo a reglamento”
2. Situación Problémica
El Vicepresidente Avaro García Linera, señaló “Hace ocho o 15 años, para elegir autoridades del Poder Judicial se lo hacía sin convocatoria, sin reglamento alguno. Se reunían los jefes de bancada de los partidos conservadores, se distribuían entre sus amiguitos abogados, que los iban a proteger en sus actos de corrupción, venían al Congreso y elegían a los magistrados”1.
Efectivamente el cuoteo político, el nepotismo, han sido enfermedades constantes del Poder Judicial, porque los magistrados como vocales y jueces eran padrinos, sobrinos y toda una familia que integraba el Poder Judicial.

En los años setenta, se sostuvo que la única manera de impedir la partidización y la manipulación de la judicatura, era mediante la selección de los jueces por concurso de oposición y para ello, se pidió la aprobación de la Ley de Carrera Judicial. No obstante, pronto se vio que había maneras de evitar este procedimiento y, nuevamente, volvió a resurgir el problema que se intentó resolver.

Sin duda que el concurso de meritos y los exámenes de oposición han sido las últimas vías utilizadas para sanear el sistema judicial. Pero aún así, estos procedimientos fueron susceptibles de amañamiento. Por tanto, el asunto ha requerido un control más allá de los muros de la judicatura.

A lo largo de la historia del Poder Judicial, los partidos políticos han intervenido en la designación de los magistrados y jueces. Ha sido siempre muy clara a la opinión pública, la negociación que se daba entre los partidos en la búsqueda de acuerdos acerca de los candidatos en los momentos de acefalías en los tribunales de justicia. En tiempos de crisis, esta negociación es aún más importante, sobre todo, cuando hay intereses de grupo sometidos a juicio.

Al igual que los partidos políticos se disputaban los cargos de magistrados en el Congreso de la República, lo hacían en los otros cargos como Vocales y Jueces, aprovechando las estructuras de poder e influencia que lograban a través del cuoteo político de los cargos de Ministros y Magistrados, quienes debían elegir a los Vocales y estos a su vez a los jueces. De esta manera se reproducía la influencia de los partidos políticos en el Poder Judicial, en todas sus instancias.

Es por esta razón que habiéndose probado en la historia del Poder Judicial, las vías tradicionales de selección de personal del Poder Judicial, y visto los resultados negativos, se ha visto la necesidad de propugnar una vía que permita una mayor injerencia y control social sobre el proceso de nombramiento. No se trata de quitarle la potestad a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino de hacer intervenir otros criterios de sectores sociales, ajenos a la práctica política, que puedan, por ejemplo, postular candidatos, intervenir en los proceso de selección, reforzando con un mayor control el concurso de meritos y los exámenes de oposición, a través de un escrutinio de los mismos, abierto al público y ante el cual, se pueda sentir la opinión colectiva.



El Sistema Judicial, con las estructuras surgidas a través de la implementación de procesos de selección y designación de magistrados y jueces, con intervención del nepotismo, cuoteo político, influencias de grupo, no garantizaron una justicia independiente, ello debido a diversas razones que se detallan seguidamente.
Se entiende por justicia independiente aquella que es impartida por jueces y magistrados que gozan de una libertad para sustanciar los procesos judiciales y adoptar sus decisiones exentos de toda injerencia externa, vale decir sin tener en cuenta los deseos o las presiones de otros actores estatales al igual que de otros grupos sociales de poder. Un Juez o Magistrado será considerado independiente cuando conozca y resuelva el conflicto o controversia sometida a su conocimiento motivando exclusivamente su determinación en las normas previstas por la Constitución y las leyes, así como la compulsa y valoración objetiva de los hechos y las pruebas producidas.
Uno de los mecanismos de protección formal de los jueces y magistrados, se refiere a las condiciones y procedimientos constitucionales y legales para su selección y elección, así como para el desempeño de sus funciones; lo que implica que el ordenamiento jurídico referido debe contemplar ciertas exigencias que eviten la politización contingente de los jueces y magistrados.
Ahora bien, como se menciono con la reforma constitucional de 1994 los ministros de la Corte Suprema de Justicia eran designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos del total de integrantes de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura; los vocales de la Corte Superior de Justicia eran designados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura, y los jueces de instancia eran designados por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura, y para el caso de los vocales de la Corte Superior de Justicia y jueces de instancia se aplicaba el Sistema de Carrera Judicial.
A pesar de esas reformas existió una lamentable injerencia de los partidos políticos, lo que afectó a la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, toda vez que, salvando honradas excepciones, las designaciones no fueron realizadas sobre la base de la comprobación objetiva de la idoneidad y probidad profesional sino por favores políticos; ello generó altos niveles de desconfianza en la ciudadanía sobre la conducta de los jueces, pues se tenía la sensación de que existía una subordinación de los jueces hacia los políticos por una suerte de “lealtad” por las designaciones.
Este sistema de selección y designación de jueces y magistrados, generaba corrupción que se caracterizada por fallos que notoriamente favorecen a quienes detentaban el poder político o el poder económico, y que tenían su sustento en el capricho y la mala voluntad del Juez o Magistrado y no así en la aplicación objetiva de la Constitución y las leyes, con la agravante de que carecían de una suficiente y razonable fundamentación jurídica y de una aplicación de los principios universales para el logro de la justicia material; en su caso se trataba de fallos legales pero totalmente injustos.
En base a estos antecedentes se plantea el siguiente problema de investigación:
3. Formulación del Problema de investigación
¿Cómo mejorar el proceso de selección de candidatos para los cargos de juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria, si en la actualidad los procedimientos aplicados, permiten en algunos casos el uso de influencias, el nepotismo, la injerencia política y de grupos de poder, generando corrupción y afectación a la independencia de la administración de justicia?
4. Justificación
El presente trabajo encuentra su justificación en el proceso de construcción de la nueva Justicia en Bolivia, que se implementa a través de la transformación del Poder Judicial en el nuevo Órgano Judicial.
Este proceso se manifiesta en la generación de una nueva estructura orgánica, jerárquica y funcional para el funcionamiento del Órgano Judicial, lo cual implica la materialización de las normas orgánicas, pero de modo fundamental la Constitución Política del Estado, pero también la creación de normas reglamentarias que permitan operacionalizar estas normas generales.
El nuevo Órgano Judicial busca distanciarse de los vicios en los cuales incurrió el Poder Judicial, para de esta manera hacer evidente para el ciudadano, esa nueva justicia que se pregona desde la aprobación de la Constitución Política del Estado el año 2009. Es por tal razón pertinente el presente trabajo, por cuanto brinda al Consejo de la Magistratura una alternativa de transparentar los procesos de selección de candidatos a los cargos de jueces y juezas evitando los problemas que atravesó el Poder Judicial, habiendo causado una afectación a la independencia e imparcialidad de sus juzgadores
4.1 Aporte teórico
El aporte teórico del presente trabajo, permitirá un replanteamiento del sistema de elección de jueces y juezas de la jurisdicción ordinaria en el Órgano Judicial de Bolivia, a través de la introducción de la participación ciudadana y el control social de una manera efectiva, en el marco de las transformaciones jurídicas que ha establecido la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009. Situación que se torna exigible para el Órgano judicial en virtud de las previsiones constitucionales sobre el tema.

4.2 Significación práctica
El beneficiado con la presente investigación será el Órgano Judicial, cuyos jueces alcanzarán mayor legitimidad al porvenir su designación de un proceso donde se asegure su probidad y conocimientos técnicos, mediados por la intervención del control social y la participación ciudadana.

4.3 Actualidad
El tema que se analiza, adquiere un relieve particular debido al reconocimiento constitucional de la participación ciudadana y el control social, con alcances a todos los órganos del Estado Boliviano. Aspecto que requiere repensar las actuales estructuras orgánicas y funcionales del Poder Judicial, que se convierte en herencia sobre el cual se edifica el nuevo Órgano Judicial.
4.4 Novedad
La aplicación de la participación ciudadana y el control social a los procesos de selección del personal del Órgano Judicial, es una temática absolutamente novedosa. En primer lugar por el reciente reconocimiento constitucional de la participación ciudadana y el control social. En segundo lugar, porque el Órgano Judicial se encuentra en pleno proceso de formalización de sus estructuras, por tanto carece aún de normativa reglamentaria.
Cabe señalar que el tema asumido en el presente trabajo es de absoluta novedad para el Órgano Judicial, y halla sus cimientos legales en la Constitución Política del Estado y la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, pese a que todavía no se haya emitido el marco legal general de funcionamiento de la participación ciudadana y el control social en Bolivia.

4.5 Pertinencia social
La presente reflexión permitirá encontrar alternativas para enfrentar dos aspectos:
1) La necesidad de crear espacios de acción de la participación ciudadana y el control social en el Órgano Judicial, cumpliendo el mandato expreso de la Constitución Política del Estado, máxime si el Consejo de la Magistratura tiene entre uno de sus principios por los cuales se debe regir, el de la participación ciudadana.
2) La necesidad de incrementar la transparencia en los procesos de selección y designación de juezas y jueces, atribución que corresponde al Consejo de la Magistratura, evitando caer en los posibles vicios aplicados en algunos casos de la selección de jueces en el Poder Judicial.

La aplicación del presente trabajo de investigación permitirá obtener mayor confianza de la población en la administración de justicia, tan venida a menos, sobre todo en criterio de la población usuaria de los servicios del anterior Poder Judicial, ahora Órgano Judicial.


5. Objeto de estudio
El Proceso de selección de candidatos para los cargos de juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del Órgano Judicial de Bolivia.
6. Campo de acción
La normativa reglamentaria del Consejo de la Magistratura
7. Formulación de la hipótesis
La aplicación de un modelo de participación ciudadana y control social, en el proceso de selección de candidatos para los cargos de juezas y jueces, permitirá incrementar la transparencia al referido proceso, evitando el nepotismo, el uso de influencias, la injerencia de grupos de poder, en la lucha para dotar al Órgano Judicial de jueces y Juezas probas y capaces.
8. Objetivos
8.1 Objetivo general
Elaborar un modelo de participación ciudadana y control social, que pueda ser utilizado en los procesos de selección de juezas y jueces, de la jurisdicción ordinaria, evitando el nepotismo, el uso de influencias, la injerencia de grupos de poder, permitiendo la elección de jueces y juezas probas y capaces.
8.2 Objetivos específicos
1. Precisar y caracterizar la participación ciudadana y el control social en la doctrina

2. Establecer las características que la legislación boliviana ha otorgado a la participación ciudadana y el control social, a lo largo de la historia.

3. Revisar modelos de participación ciudadana y control social en el derecho comparado.

4. Determinar el modelo de selección de jueces aplicados en el Poder Judicial de Bolivia

5. Caracterizar el modelo de selección de juezas y jueces en el Órgano Judicial de Bolivia.

6. Determinar las condiciones para aplicar la participación ciudadana y el control social en la selección de juezas y jueces en la jurisdicción ordinaria del Órgano Judicial de Bolivia.


9. Diseño metodológico
Para cumplir con los objetivos propuestos se ha construido el siguiente diseño metodológico:
9.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se propone es de índole descriptiva por tanto lo que se pretende es caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

9.2 Métodos
9.2.1 Método inductivo deductivo
El método inductivo parte del análisis de casos particulares, para elevarse a la consideración de conocimientos generales, generando la formulación de hipótesis. El método deductivo, por el contrario, es aquel que parte de datos generales aceptados como valores, para deducir, por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones.
En el presente trabajo de investigación se utilizó ambos métodos fundamentalmente el deductivo, con el apoyo de la llamada doctrina jurídica, es decir los estudios realizados por especialistas en determinada área de las ciencias jurídicas, cuyos estudios se encuentran en monografías, artículos, libros etc., de donde se pudo extraer los elementos teóricos necesarios para la elaboración del Marco Teórico de la investigación.
El método inductivo se utilizó en el análisis de los modelos de participación ciudadana y control social, que permitieron arribar a conclusiones para la elaboración de la propuesta.
9.2.2 Método de interpretación y análisis
Este método permitió que en la presente investigación, se analice los datos recolectados y se establezca la relación que tienen dentro del problema general que motivó la investigación. Se utilizó la información estadística para respaldar puntos de vista en determinados criterios, como factores determinantes de una posición.
Este método de investigación se utilizó para adquirir un conocimiento objetivo más amplio, que permitió alcanzar generalizaciones científicas que vayan más allá del interés ocasional del caso de análisis.
9.2.3 Método jurídico comparativo
La aplicación de éste método permitió establecer las semejanzas y/o diferencias entre las instituciones jurídicas o sistemas jurídicos, presentes en el Derecho Boliviano y el de la legislación internacional, respecto a la participación ciudadana y el control social.
9.2.4 Método del análisis documental
Consistió en la revisión de documentos y distintos soportes materiales, los mismos que contenían información sistematizada. Con la utilización de éste método se construyó el marco teórico de la investigación que sustentó las afirmaciones que se realizaron en el marco de los objetivos de la investigación.
9.2.5 Método sistematización
La aplicación de este método permitió asumir una concepción dialéctica, teórico práctico, y de actividad transformadora del objeto de estudio.
9.3 Técnicas
A continuación se exponen las técnicas que se emplearon en el presente trabajo de investigación:
9.3.1 Elaboración de fichas
Las fichas son instrumentos de investigación que contienen información de libros o de otros materiales, expresados en forma sintética y puntual, a veces se trata de la trascripción textual de algo importante. Se utilizaron para elaborar el Marco Teórico de la investigación
9.3.2 Encuesta
La encuesta se utiliza para recabar toda información respecto de los factores intervinientes relativos al objeto de la investigación, mediante un conjunto de preguntas que se realiza a los sujetos seleccionados en una muestra, cuyo contenido y extensión depende de los objetivos de la investigación.
La encuesta que se aplicó en la presente investigación, consistió en un cuestionario estructurado en preguntas abiertas y cerradas, a partir del cual se extrajo el criterio de los ciudadanos respecto a la participación ciudadana y control social en los procesos de selección de juezas y jueces que debe llevar adelante el Consejo de la Magistratura.
9.4 Procedimientos e instrumentos
9.4.1 Cuestionarios
Se trata de instrumentos de recolección de información y datos en grupos poblacionales o muestrales. Esta compuesto por una serie de preguntas ordenadas y de conformidad a los propósitos de la investigación.

El cuestionario como se menciona arriba se utilizó para la aplicación de la encuesta.



9.5 Población y muestra


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