Un Blindaje Electoral efectivo o cómo hacer que la ley funcione



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Blindaje Electoral efectivo, o cómo hacer que la ley funcione
Eugenia Mata

Consejera Electoral Local del IFE en Oaxaca

Presidenta DECA Equipo Pueblo

Una de las razones por las que la ciudadanía ha dejado de tener confianza en los procesos electorales, así como en sus instituciones y partidos políticos, es que aunque haya procedimientos y reglas que norman el comportamiento de todos los que intervienen, en los hechos, se continúa observando el incumplimiento y por ello, en el común de las personas, hay la percepción de que todo está “arreglado de antemano”.


Aunque puede parecer una afirmación absoluta, desafortunadamente hemos visto situaciones y decisiones que han abonado a la misma. En mi participación como Consejera Electoral en Oaxaca desde el 2000, he escuchado a mujeres y hombres reclamarle al IFE, incluidos nosotros como Consejeros Electorales, que por ello, no dejamos de ser ciudadanos, la falta de firmeza para castigar a quienes violan la ley electoral y lo más importante, parece que también es una burla a la ciudadanía.
Quisiera dejar de entrada dos considerandos que creo son fundamentales cuando se habla de la responsabilidad pública que tienen quienes están en puestos de representación o bien son funcionarios públicos en torno a los procesos electorales:
La primera, es que cuando la población piensa en el gobierno – en cualquiera de los órdenes de que se trate-, opina que están para gobernar al conjunto de sus habitantes y que por lo tanto, deberán defender los intereses del conjunto. Por ello, el primer agravio que enfrentan cuando no es así, es la exclusión de la cual son objeto, porque ya sea determinado diputado o senadora, o presidente municipal, o secretario de gabinete o hasta el propio presidente de la república, está trabajando sólo para quienes son de su filiación política o en el menor de los casos, no son sus detractores. Entonces es menester reconocer que la democracia no se da, ya desde el propio ejercicio de gobierno.

La segunda, tiene que ver con la utilización de recursos, sean monetarios, materiales o humanos que son aplicados a fomentar la imagen ya sea de un candidato o candidata o de un partido político en específico. Cuando los recursos públicos deben de ser utilizados para el beneficio de toda la nación, y éstos son desviados para intereses particulares, el desarrollo social al que se aspira alcanzar, es todavía más lejano.


La perversión del quehacer político, acrecienta la desconfianza de la población cuando se da la violación sistemática por parte de los funcionarios públicos y/o integrantes de partidos políticos a la libertad de voto, a través de la compra y coacción del voto.
De igual manera, hay manipulación y ocultamiento de información, cuando los partidos políticos colocan en sus plataformas los grandes temas y aspiraciones nacionales a los que se comprometen, pero en el desarrollo de las campañas, no se retoman y por tanto, no mencionarlas significa un ocultamiento de la información.
La pasada reforma electoral, si bien constituye un avance importante, desde la óptica ciudadana, no abordó de fondo ni estructuralmente, lo que es necesario modificar, sino que se legisló desde la premisa de la desconfianza política; es decir, que la misma existencia del Instituto Federal Electoral, la composición actual de la credencial electoral e incluso la necesidad de establecer procesos sancionadores, tienen de entrada la desconfianza y por ello, aun siendo justa la razón para aplicarlas, están orientadas para evitar o incluso sancionar actos que van en contra de un verdadero ejercicio democrático, pero no sobre la base fundamental de generar otra cultura que genere condiciones de igualdad, equidad, participación ciudadana y beneficio colectivo
Aunado a ello, en nuestro sistema político, los partidos cumplen la doble función de juez y parte. En tanto legislan en el ámbito electoral, definen las leyes, pero también les son aplicables, por lo cual no puede haber una absoluta objetividad e imparcialidad, porque: ¿Quién va a querer darse la autopuñalada?
Por ejemplo, en otros países como Estados Unidos o Australia, no es el Estado –como en el caso de México-, la instancia gubernamental que financia las campañas, sino los partidos políticos son quienes buscan su financiamiento, a través de la ciudadanía, utilizando diversas estrategias definidas legalmente, donde además quién aporta, tiene la obligación de transparentar el monto de lo que otorgó a determinado partido político.
¿Cómo puede haber un blindaje electoral efectivo, si los propios involucrados tienen la oportunidad de decidir sobre la manera de sancionar, al mismo tiempo que tienen la oportunidad de defenderse contra dicha sanción?
Por ello, cuando se afirma que se legisla sobre la base de la desconfianza, es porque la ciudadanía no cree en los partidos políticos, bajo el inconciente popular de “duda y acertarás”.


Una cultura política diferente
No basta hacer cambios parciales, lo sustantivo debe ser abordado. En ese sentido, es necesario aprender de la experiencia oaxaqueña de los pueblos indios, en la que la práctica política es vista como un servicio para la comunidad y no para servirse de la misma. Ello significa la transformación de la cultura política que ubique como derecho, la participación de la ciudadanía, más que una obligación, generando acciones para transformarla.

Algunas de estas acciones pueden ser:




  • Modificar y/o emitir leyes que destinen políticas y presupuestos suficientes para la educación cívica, no solamente durante los procesos electorales, sino como una línea transversal de gobierno.

  • Incorporar esta estrategia de educación y participación ciudadana, de manera interinstitucional, y no dejándole la tarea al IFE o a la SEP a través de una materia de educación cívica.

  • Armonizar las leyes federales y estatales de tal manera que exista una plataforma común para la aplicación de leyes secundarias, donde los mecanismos y procedimientos sean concisos y concretos, que no den pie a la interpretación de la ley, sino por el contrario, den certeza de que en caso de violaciones, la justicia electoral será ejercida cabalmente.

  • Sin pretender trasladar de manera mecánica un modelo político de otro país, sí aprender de la experiencia en donde se invierte la lógica de Estado que otorga recursos públicos para que los partidos políticos aporten a la sociedad, sino al contrario: a través de sus militantes ¿de qué manera los partidos políticos aportan a la sociedad?

Por lo tanto, el IFE tendría un peso de mayor envergadura, como una instancia que coadyuve de manera sistemática, al ejercicio de la democracia.




  • Que las y los candidatos a puestos de representación popular, hagan el compromiso de promulgar leyes desde las necesidades de la gente y para lo cual, estén obligados y obligadas a la realización de foros, encuestas e incluso visitas de campo.


Un árbitro ciudadano
En mi ser como ciudadana, pero haciéndome cargo de mi responsabilidad como Consejera Electoral, es menester seguir exigiendo y trabajando en ello, para que la ciudadanía pueda volver a confiar en que el Instituto Federal Electoral es una institución que en esencia y por mandato institucional, adquirió la categoría de organismo autónomo, basado en los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, que actuara como árbitro técnicamente especializado en los procedimientos electorales. Eso significa que:


  • Respetando la autonomía de los institutos políticos, el IFE debe ser más vigilante del cumplimiento de los programas y procesos internos de los Partidos Políticos, para que actúen en apego a la legalidad y sobretodo respondiendo a quienes representan.

  • Una tarea vital estriba en una mayor fiscalización de los recursos financieros que reciben, en tanto son instancias de interés público.

  • Aplicar la ley, siempre en el marco de la legalidad y sus atribuciones, las sanciones de quienes contravengan las mismas, sin que les tiemble la mano, porque en ellos se expresa, el interés ciudadano. Esto incluye a su vez, que en el marco de sus atribuciones, sancione y obligue a cualquier funcionario público, de cualquier nivel, a que cumplan con los lineamientos y no permita que los recursos públicos, sean destinados a objetivos diferentes a los programados. Con lo cual se ayudaría en buena medida a revertir esta degeneración y pérdida de sentido social, de la política.

  • Que el recurso público sea destinado tanto a la educación y capacitación para una mayor participación ciudadana, así como para la organización de las elecciones, lo que seguramente derivaría en un costo menor.

  • También implica la mayor profesionalización de los funcionarios del Instituto Federal Electoral, ante las actividades que se aplican en el Proceso Electoral Federal, tanto personal técnico-operativo, como temporal, para que la ciudadanía reconozca en ellos a personas comprometidas con la democracia.


El reto mayor: hombres y mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos
No por mencionarlo al último, sino porque sin la ciudadanía, todo lo anterior no tiene sentido, la transformación de esta cultura política, tiene como propósito fundamental, la modificación de visiones y prácticas que no permiten que exista una plena democracia para generar condiciones de vida digna a la población.
Dentro de los retos más significativos se encuentran:


  • Fomentar una conciencia de su altísima dignidad como ciudadanía, sujetos de derecho y no como súbditos, para que puedan incorporarse en las grandes discusiones, de lo nacional, lo estatal, su comunidad, su colonia, su barrio y hasta su propia casa.




  • Generar condiciones para que se pierda el miedo o la apatía para denunciar, cuando se tiene conocimiento de situaciones irregulares, que comprometen votos e incondicionalidades políticas.




  • Impulsar la participación ciudadana, para que en el ejercicio de sus derechos, exijan al gobierno y los partidos políticos, transparenten sus acciones y recursos y no sea gratuita la confianza así como cada uno de los votos que se depositan en las urnas.

En el ánimo de que lo expresado, no sea un listado de buenos deseos, resumiría que el reto de impulsar esta transformación política – cultural, desde la ciudadanía, pasa por el reconocimiento de la necesidad de contar con una visión y comportamiento ético, además de que el ejercicio político, no es un asunto de exclusiva responsabilidad del gobierno y de los partidos políticos, sino al contrario: de todos los habitantes de esta Nación que queremos vivir en una sociedad justa, donde el poder sirva para mejorar las condiciones de vida de todos y todas y no, como desafortunadamente todavía lo entienden muchos funcionarios públicos y de partidos políticos, para servirse.


Ciudad de México, 23 de abril de 2009









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