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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water (2014/2239(INI))
Parlamento Europeo

2014-2019

TEXTOS APROBADOS

Edición provisional

P8_TA-PROV(2015)0294

Seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0294+0+DOC+PDF+V0//ES
El Parlamento Europeo,
– Vista la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano1 (en lo sucesivo, «Directiva sobre agua potable»),

– Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas2 (en lo sucesivo, «DMA»),

– Visto el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 sobre la iniciativa ciudadana3,

– Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, titulada «Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa» (COM(2012)0673),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» (COM(2014)0177) (en lo sucesivo, «la Comunicación»),

– Visto el Informe de síntesis de la Comisión sobre la calidad del agua potable en la UE en el que se examinan los informes de los Estados miembros correspondientes al período 2008-2010 de conformidad con la Directiva 98/83/CE (COM(2014)0363),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la mencionada Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 20145,

– Visto el informe de síntesis de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) titulado «El medio ambiente europeo - Situación y perspectivas 2015»,

– Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, titulada «El derecho humano al agua y el saneamiento»6, y la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, titulada «El derecho humano al agua potable y el saneamiento»7,

– Vistas todas las resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento,

– Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008, sobre «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea»8,

– Vista su Resolución de 3 de julio de 2012 relativa a la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua antes de la adopción de un enfoque global de los retos europeos en materia de recursos hídricos9,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 201510,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Peticiones (A8-0228/2015),


A. Considerando que «Right2Water» es la primera iniciativa ciudadana europea (ICE) que cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana y que ha sido oída por el Parlamento, tras recibir el apoyo de casi 1,9 millones de ciudadanos;

B. Considerando que el derecho humano al agua y al saneamiento abarca las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad;

C. Considerando que la plena realización del derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas y apoyado por los Estados miembros de la UE, es esencial para la vida, y que la adecuada gestión de los recursos hídricos desempeña un papel crucial a la hora de garantizar el uso del agua y salvaguardar el capital natural del mundo; que los efectos combinados de la actividad humana y del cambio climático hacen que toda la región mediterránea de la UE y algunas regiones de Europa Central se clasifiquen actualmente como regiones semidesérticas con escasez de agua;

D. Considerando que, como recoge el informe de la AEMA de 2015 sobre el estado del medio ambiente, las tasas de pérdidas por fugas de conducciones de agua en Europa es actualmente de entre el 10 % y el 40 %;

E. Considerando que el acceso al agua es una de las claves para conseguir un desarrollo sostenible; que centrar la ayuda al desarrollo en mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento es una manera eficaz de perseguir los objetivos fundamentales de erradicación de la pobreza así como de fomentar la igualdad social, la salud pública, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico;

F. Considerando que al menos 748 millones de personas carecen de acceso sostenible a agua potable salubre, y que un tercio de la población mundial no dispone del saneamiento básico; que, en consecuencia, el derecho a la salud corre peligro y se propagan las enfermedades, provocando dolor y muerte y obstaculizando sobremanera el desarrollo; que cada día mueren unos cuatro mil niños por enfermedades que se contagian por el agua o que se deben a una calidad del agua, un saneamiento y una higiene insuficientes; que la falta de acceso al agua potable mata a más niños que el sida, la malaria y la viruela sumados; que, no obstante, estas cifras muestran una clara tendencia a la baja y que se puede y se debe acelerar este descenso;

G. Considerando que el acceso al agua también tiene una dimensión de seguridad que requiere una mejor cooperación regional;

H. Considerando que la falta de acceso al agua y al saneamiento tiene consecuencias para la realización de otros derechos humanos; que los problemas relacionados con el agua afectan desproporcionadamente a las mujeres, ya que en muchos países en desarrollo son ellas las que tradicionalmente se encargan del suministro doméstico de agua; que las mujeres y las niñas son quienes más sufren la falta de acceso a un saneamiento adecuado y decente, lo cual suele limitar su acceso a la educación y las hace más vulnerables ante las enfermedades;

I. Considerando que cada año tres millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por el agua;

J. Considerando que el Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 2013, creó un mecanismo de denuncia que permite a las personas o a grupos de personas presentar denuncias formales sobre violaciones del derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros derechos;

K. Considerando que, en los países en desarrollo y en las economías emergentes, la demanda de agua está aumentando en todos los sectores y, en especial, en el sector de la energía y la agricultura; que el cambio climático, la urbanización y la evolución demográfica pueden suponer una grave amenaza para la disponibilidad de agua en muchos países en desarrollo, y que se calcula que unos dos tercios de la población mundial vivirán en países con escasez de agua en 2025;

L. Considerando que la UE es el mayor donante en el sector del agua, el saneamiento y la higiene, con un 25 % de su financiación anual global humanitaria dedicada exclusivamente a apoyar a socios de desarrollo en este ámbito; que, no obstante, un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 2012 sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea para el suministro de agua potable y el saneamiento básico en los países subsaharianos señalaba la necesidad de mejorar la eficacia de la ayuda y la sostenibilidad de los proyectos apoyados por la UE;

M. Considerando que, a nivel europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró que el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental porque es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compartido por la humanidad;

N. Considerando que la privatización de los servicios básicos en el África subsahariana en la década de 1990 ha obstaculizado, entre otras cosas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento, pues la importancia dada por los inversores a la recuperación de los costes ha aumentado, entre otras consecuencias, las desigualdades en la prestación de dichos servicios en detrimento de los hogares con menos ingresos; que, en vista del fracaso de la privatización del agua, la transferencia de los servicios de agua de empresas privadas a las autoridades locales es una tendencia creciente en el sector del agua en todo el mundo;

O. Considerando que el suministro de agua es un monopolio natural y que los ingresos producidos por el ciclo del agua deben cubrir los costes y la protección de los servicios de aguas, así como su mejora, y que en todo momento deben destinarse cumpliendo la condición de que se garantice el interés público;

P. Considerando que la ausencia de agua y saneamiento adecuados tiene una grave repercusión en la salud y en el desarrollo social, en especial para los niños; que la contaminación de los recursos hídricos es la principal causa de diarrea, la segunda mayor causa de mortalidad infantil en los países en desarrollo y conduce a otras enfermedades importantes como el cólera, la esquistosomiasis y la tracoma;

Q. Considerando que el agua tiene funciones sociales, económicas y ecológicas y que una gestión correcta y solidaria del ciclo del agua garantizará su disponibilidad continua y estable en el contexto actual de cambio climático;

R. Considerando que Europa es especialmente sensible al cambio climático y que el agua es uno de los primeros sectores en los que repercute;

S. Considerando que la ICE se estableció como mecanismo de democracia participativa con el propósito de fomentar la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE, y ofrece una excelente oportunidad para que las instituciones de la UE recuperen el apego de los ciudadanos;

T. Considerando que las encuestas Eurobarómetro han mostrado sistemáticamente en los últimos años unos niveles de confianza bajísimos de los ciudadanos en la UE;


La ICE como instrumento de democracia participativa
1. Considera que la ICE es un mecanismo democrático único con un potencial considerable para contribuir a salvar la brecha entre los movimientos sociales y de la sociedad civil europeos y nacionales y para promover la democracia participativa al nivel de la UE; opina, no obstante, para poder aprovechar aún mejor el mecanismo democrático es imprescindible evaluar las experiencias hasta la fecha y reformar la Iniciativa Ciudadana, y que las acciones de la Comisión —que pueden consistir, cuando resulte conveniente, en la introducción de elementos adecuados en las revisiones legislativas o en nuevas propuestas legislativas— deben responder mejor a las exigencias de las ICE cuando estas incidan en su ámbito de competencias, especialmente cuando afecten a cuestiones de derechos humanos;

2. Destaca que la Comisión debe garantizar la máxima transparencia durante los dos meses de la fase de análisis, que una ICE satisfactoria debe recibir una asistencia y un asesoramiento jurídicos adecuados por parte de la Comisión y gozar de una difusión apropiada, y que debe facilitarse información completa y actualizada a los promotores y partidarios de la ICE a lo largo de todo el proceso;

3. Insiste en que la Comisión aplique eficazmente el Reglamento sobre la ICE y proceda a eliminar todas las trabas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos al presentar o al respaldar una iniciativa, e insta a la Comisión a considerar la implantación de un sistema de registro de iniciativas común para todos los Estados miembros;

4. Celebra que el apoyo dado por casi 1,9 millones de ciudadanos de la UE de todos los Estados miembros a esta ICE concuerde con la decisión de la Comisión de excluir el agua y los servicios de saneamiento de la Directiva sobre concesiones;

5 Pide a la Comisión que mantenga y confirme la exclusión de los servicios de aguas y saneamiento de la Directiva sobre concesiones en cualquier posible revisión de dicha Directiva;

6. Juzga lamentable que la Comunicación carezca de ambición, no responda a las demandas concretas expresadas en la ICE y se limite a reiterar compromisos existentes; destaca que la respuesta dada por la Comisión a la ICE Right2Water es insuficiente, pues no aporta ninguna contribución nueva ni introduce todas las medidas que podrían contribuir a alcanzar los objetivos; pide a la Comisión Europea, en relación con esta ICE en particular, que ponga en marcha una campaña informativa exhaustiva sobre las medidas ya adoptadas en el ámbito del agua y sobre cómo podrían contribuir estas medidas a la consecución de los objetivos de la ICE Right2Water;

7. Considera que muchas de las peticiones relacionadas con la calidad y la gestión del agua proceden de Estados miembros que no están bien representados en la consulta pública a escala europea puesta en marcha en junio de 2014, y hace hincapié, por tanto, en que podría existir una incoherencia entre los resultados de la consulta pública y la situación denunciada en las peticiones;

8. Espera un compromiso político explícito de la Comisión y del vicepresidente responsable de la sostenibilidad para garantizar que se toman las medidas adecuadas en respuesta a las preocupaciones expresadas en esta ICE;

9. Reitera el compromiso de su Comisión de Peticiones de dar voz a los peticionarios por lo que respecta a cuestiones relativas a los derechos fundamentales y recuerda que los peticionarios de la ICE Right2Water se han manifestado a favor de declarar el agua como derecho humano garantizado en toda la UE;

10. Pide a la Comisión, de acuerdo con el objetivo primordial de la ICE Right2Water, que presente propuestas legislativas, si procede una para la revisión de la DMA, que reconozcan el acceso universal y el derecho humano al agua; defiende, por otra parte que se reconozca el acceso universal a agua potable salubre y saneamiento en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

11. Destaca que si la Comisión desatiende ICE exitosas y ampliamente respaldadas en el marco del mecanismo democrático establecido por el Tratado de Lisboa, la UE como tal perderá credibilidad a ojos de los ciudadanos;

12. Pide a la Comisión que adopte acciones de información y educación a escala europea para fomentar la cultura del agua como bien común, acciones de sensibilización y fomento de un comportamiento personal más consciente (para ahorrar agua), acciones para el desarrollo reflexivo de políticas de gestión de los recursos naturales y acciones de apoyo a una gestión pública participativa y transparente;

13. Considera necesario elaborar unas políticas del agua que alienten el uso racional, el reciclaje y la reutilización de los recursos hídricos, que son elementos esenciales para una gestión integrada; opina que ello permitirá reducir costes, ahorrar recursos naturales y garantizar una gestión medioambiental correcta;

14. Pide a la Comisión que desincentive las prácticas de acaparamiento de agua y fracturación hidráulica y las someta a estudios de impacto ambiental;


El derecho al agua y al saneamiento
15. Recuerda que las Naciones Unidas afirman que el derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho de todos a disponer para el uso personal y doméstico de agua de calidad, salubre, físicamente accesible, asequible, en cantidad suficiente y aceptable; resalta que las Naciones Unidas recomiendan asimismo que el 3 % de la renta del hogar sea considerado como lo máximo que puede dedicarse a pagar el agua, allí donde deba pagarse;

16. Apoya al relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a agua potable salubre y saneamiento y subraya la importancia de su trabajo y el de su predecesora en el reconocimiento de dicho derecho;

17. Lamenta que en la UE-28 todavía más de un millón de personas siga sin tener acceso a agua potable salubre y limpia, y que casi un 2% de la población carezca de acceso a instalaciones de saneamiento, según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, y, por consiguiente, insta a la Comisión a que actúe de inmediato;

18. Pide a la Comisión que reconozca la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento y el agua como bien público y valor fundamental para todos los ciudadanos de la UE y que no constituye un producto comercial; expresa su preocupación al constatar que, desde 2008, debido a políticas de austeridad excesivas, que han aumentado la pobreza en Europa y el número de hogares con rentas bajas, son cada vez más las personas con dificultades para pagar la factura del agua, e indica que la asequibilidad está convirtiéndose en objeto de preocupación creciente; rechaza los cortes de agua y la suspensión forzosa del suministro de agua, y pide a los Estados Miembros que pongan fin con carácter inmediato a estas situaciones cuando se deban a factores socioeconómicos en hogares de bajos ingresos; celebra que en algunos Estados miembros se utilicen «bancos de agua» o cuotas mínimas de agua en un intento de ayudar a los grupos más vulnerables con los costes de los servicios y como garantía de que el agua es un componente inalienable de los derechos fundamentales;

19. Pide a la Comisión que, en vista de los efectos de la reciente crisis económica, realice un estudio, en colaboración con los Estados Miembros, sobre cuestiones de la pobreza relacionada con el agua, como el acceso y la asequibilidad; Insta a la Comisión a que siga apoyando y facilitando la cooperación entre los operadores de aguas para ayudar a quienes viven en regiones menos desarrolladas y en zonas rurales, a fin de apoyar el acceso a agua de buena calidad por todos los ciudadanos de esas zonas;

20. Pide a la Comisión que determine qué áreas sufren o pueden sufrir escasez de agua, y que ayude a los Estados miembros, regiones y zonas afectados, en especial a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, a abordar de manera adecuada este problema;

21. Destaca que la supuesta neutralidad de la Comisión en lo que respecta a la propiedad y la gestión del agua está en contradicción con los programas de privatización impuestos a ciertos Estados miembros por la troika;

22. Reconoce que, como se afirma en la DMA, el agua no es un producto comercial sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humanas, y recuerda a la Comisión que las normas del Tratado exigen la neutralidad de la UE en relación con las decisiones nacionales que regulan el régimen de propiedad de las empresas del agua, por lo que no debe de ningún modo promover la privatización de las empresas del agua en el contexto de programas de ajuste económico o cualquier otro procedimiento de coordinación de política económica de la UE; pide a la Comisión, habida cuenta de que se trata de servicios de interés general y por tanto principalmente de interés público, que excluya permanentemente el agua y el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales de las normas del mercado interior y de cualquier acuerdo comercial, y que los suministre a precios asequibles y pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por una gestión técnica, financiera y administrativa que sea eficiente, eficaz y transparente;

23. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen la gobernanza de la política de aguas y que la restablezcan sobre la base de una participación activa, entendida como transparencia del proceso de toma de decisiones y apertura ante los ciudadanos;

24. Opina que, en cuestiones de regulación y control, es necesario proteger la titularidad pública del agua impulsando modelos de gestión pública, transparente y participativa en los que, solo en determinados casos, la autoridad de titularidad pública podría conceder algunos cometidos de gestión a la iniciativa privada, siempre en términos estrictamente regulados y garantizando permanentemente el derecho al recurso y a un adecuado saneamiento;

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un suministro generalizado de agua a precios asequibles, de calidad elevada y con unas condiciones laborales justas y sujeto a controles democráticos;

26. Pide a los Estados miembros que apoyen la promoción de campañas educativas y de concienciación para los ciudadanos con el fin de preservar y economizar los recursos hídricos y garantizar una mayor participación cívica;

27. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso no discriminatorio a los servicios de aguas, garantizando su suministro a todos, incluidos los grupos de usuarios marginados;

28. Pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a los Estados miembros que apoyen a los municipios de la Unión que carecen del capital necesario para acceder a asistencia técnica, a la financiación de la UE disponible y a préstamos a largo plazo con tipos de interés preferentes, especialmente para fines de mantenimiento y mejora de las infraestructuras de aguas para garantizar el suministro de agua de calidad elevada y extender los servicios de aguas y saneamiento a los grupos de población más vulnerables, en especial los pobres y los habitantes de las regiones ultraperiféricas y remotas; subraya la importancia de disponer de una gobernanza abierta, democrática y participativa para garantizar que se adopten las soluciones más eficientes en función del coste con respecto a la gestión de los recursos hídricos en beneficio de toda la sociedad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la transparencia de los recursos económicos generados por el ciclo del agua;

29. Reconoce que los servicios de aguas y saneamiento son servicios de interés general y que el agua no es un producto comercial sino un bien público, por lo que deben ofrecerse a precios asequibles que respeten el derecho de las personas a agua de una calidad mínima y que prevea la aplicación de una tarifa progresiva; solicita a los Estados Miembros que garanticen la aplicación a los servicios de aguas y saneamiento de un sistema tarifario justo, equitativo, transparente y adecuado, de manera que se garantice a todos los ciudadanos igualdad de acceso a servicios de alta calidad, con independencia de los recursos de que dispongan;

30. Observa que es necesario comprender el agua como un activo ecosocial en lugar de como un mero elemento de producción;

31. Recuerda que el acceso al agua es esencial para la agricultura a fin de materializar el derecho a una alimentación adecuada;

32. Pide a la Comisión que apoye decididamente los esfuerzos de los Estados miembros para desarrollar y mejorar la infraestructura que proporciona acceso a servicios de riego, alcantarillado y abastecimiento de agua potable;

33. Considera que la Directiva sobre agua potable ha contribuido en gran medida a la disponibilidad de agua potable de gran calidad en toda la UE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen con decisión para hacer realidad los beneficios que aporta el fomento del consumo de agua corriente al medio ambiente y a la salud;

34. Recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de aplicar el Derecho de la UE; insta a los Estados miembros a que apliquen cabalmente la Directiva sobre el agua potable y toda la legislación afín; recuerda a los Estados miembros que deberían determinar sus prioridades de gasto y aprovechar plenamente las posibilidades de apoyo financiero de la UE en el sector del agua previstas en el nuevo periodo de programación financiera (2014-2020), en particular en virtud de la prioridad de inversión centrada específicamente en la gestión del agua;

35. Recuerda las conclusiones del Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la integración de los objetivos de la política del agua de la UE con la PAC, en el que se afirma que «para responder a los problemas relativos al agua la PAC emplea instrumentos que hasta ahora no han conseguido avanzar lo suficiente para alcanzar las ambiciosas metas fijadas en este ámbito»; cree que una mejor integración de la política de aguas con otras políticas, por ejemplo las de la agricultura, es esencial para mejorar la calidad del agua en toda Europa;

36. Destaca la importancia de aplicar cabalmente y con eficacia la DMA, la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas, la Directiva sobre agua potable y la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y considera imprescindible coordinar mejor su aplicación con las directivas relativas al medio marítimo, a la biodiversidad y a las inundaciones; expresa su preocupación al observar que los instrumentos de política sectorial de la Unión no contribuyen lo suficiente a la realización de normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y al objetivo de suprimir gradualmente las emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), y el artículo 16, apartado 6, de la DMA; Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que tengan en cuenta que la gestión del agua debe integrarse como elemento transversal en la elaboración de legislación sobre otros aspectos esenciales para este recurso como la energía, la agricultura, la pesca, el turismo, etc., a fin de impedir su contaminación a causa, por ejemplo, de los vertederos de residuos peligrosos ilegales y no regulados; o de la extracción y la prospección de hidrocarburos; recuerda que la condicionalidad en virtud de la PAC establece requisitos legales de gestión basados en la legislación vigente de la UE aplicable a los agricultores y las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, incluida la relativa al agua; recuerda que los agricultores deben regirse por estas normas para recibir la totalidad de los pagos de la PAC;

37. Pide a los Estados miembros que:

- obliguen a los proveedores de agua a indicar las características fisicoquímicas del agua en la factura;

- elaboren planes urbanísticos en función de la disponibilidad de recursos hídricos;

- aumenten los controles y el seguimiento de sustancias contaminantes y planifiquen acciones inmediatas para eliminar sustancias tóxicas y desinfectar;

- tomen medidas para reducir las considerables fugas de las conducciones de agua en Europa renovando las redes de suministro de agua inadecuadas;

38. Considera necesario establecer un orden prioritario o una jerarquización para el uso sostenible del agua; pide a la Comisión que presente un análisis y las propuestas pertinentes;

39. Destaca que los Estados miembros se han comprometido con la defensa del derecho humano al agua a través de su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas, y que este derecho cuenta con el apoyo de un gran número de ciudadanos y de operadores de la Unión Europa.

40. Destaca que el apoyo a la ICE Right2Water y sus objetivos ha quedado demostrado una vez más por el gran número de ciudadanos de países como Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Finlandia, España, Luxemburgo, Italia e Irlanda que se han pronunciado sobre la cuestión del agua y su propiedad y abastecimiento;

41. Señala que, desde 1988, su Comisión de Peticiones ha recibido un número significativo de peticiones de ciudadanos de la UE de muchos Estados miembros que expresan su preocupación acerca de la calidad y el abastecimiento del agua, así como por la gestión de las aguas residuales; llama la atención sobre una serie de factores negativos denunciados por los peticionarios —como los vertederos, la falta de control eficaz de la calidad del agua por las autoridades y las prácticas agrícolas e industriales irregulares o ilegales—, que provocan la baja calidad del agua y, por tanto, afectan al medio ambiente y a la salud humana y animal; considera que estas peticiones son prueba del interés genuino de los ciudadanos en que se imponga cabalmente el cumplimiento de una normativa de la UE sostenible en materia de aguas y en su desarrollo;

42. Insta enérgicamente a la Comisión a que se tome en serio las preocupaciones y las advertencias que los ciudadanos reflejan en dichas peticiones y a que les dé curso, en especial habida cuenta de la urgente necesidad de abordar la pérdida de recursos hídricos debida al uso excesivo y al cambio climático mientras aún estemos a tiempo de evitar la contaminación y la mala gestión; expresa su preocupación ante el número de procedimientos de infracción iniciados en relación con la calidad y la gestión del agua;

43. Pide a los Estados miembros que concluyan, con carácter urgente, los planes hidrológicos de cuenca, que constituyen un elemento clave para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua, y que los apliquen correctamente respetando plenamente los criterios ecológicos primordiales; pone de relieve que ciertos Estados miembros se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a graves inundaciones que afectan seriamente a la población local; señala que los planes hidrológicos de cuenca previstos en la Directiva marco sobre el agua y los planes de gestión de riesgo de inundación previstos en la Directiva sobre inundaciones ofrecen una oportunidad inmejorable para aprovechar sinergias entre estos instrumentos, contribuyendo así a la provisión de agua limpia en cantidades suficientes y reduciendo al mismo tiempo el riesgo de inundaciones; recuerda, además, que cada Estado miembro debe contar con una página web central en la que se facilite información sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua a fin de ofrecer una visión general de la gestión y la calidad de las aguas;



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