Tema 10: el personal de las entidades locales: funcionarios. Personal laboral y eventual. Derechos. Deberes. RÉGimen disciplinario



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TEMA 10: EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES: FUNCIONARIOS. PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL. DERECHOS. DEBERES. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

1.- EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.- INTRODUCCIÓN.
Las Administraciones Públicas, para desarrollar sus funciones, precisan dotarse de una serie de medios, tanto materiales (bienes y recursos económicos) como personales (los empleados públicos), éstos bajo los diferentes modos de vinculación jurídica posibles reconocidas por la normativa vigente.
En el tema que nos ocupa nos limitaremos a analizar a los empleados públicos al servicio de las Entidades Locales.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA VIGENTE.

Se debe comenzar haciendo una referencia a la distribución de competencias en materia de función pública entre el Estado y las CC.AA. que efectúa el art. 149.1.18ª C.E. Éste reconoce al Estado la competencia exclusiva para dictar las “bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellos”.


Al respecto del anterior enunciado, la STC 76/1983, de 5 de agosto de 1983, declara que la expresión “régimen jurídico”, no se limita exclusivamente al procedimiento y régimen de recursos, sino que incluye también la regulación básica de la organización de todas las AA.PP.”.
De donde deriva un doble ámbito competencia para el Estado:
1º.- Para regular los aspectos básicos de la relación de servicio del personal, contenido inherente al régimen estatutario (ejs. concepto de funcionario, derechos y deberes, sistema de incompatibilidades, situaciones administrativas, régimen disciplinario, etc.).
2º.- Para regular los aspectos esenciales de la organización administrativa de las AA.PP. (ejs. sistema de puestos de trabajo, sistemas de selección y de carrera administrativa, formación, etc.).
La regulación encomendada queda bajo “reserva de ley” (ley formal o decretos legislativos, incluso reglamentos ejecutivos -STC 179/1992, de 13 de noviembre de 1992-; pudiendo ser utilizado el reglamento –con la salvedad anotada- como complementario de aquélla, pero no sustitutorio.
Por su parte, para las CC.AA., el precitado art. 149.1.18ª C.E. previene que deberán respetar, las bases que corresponda fijar al Estado. El concepto material de bases reservado al Estado, supone un límite para las CC.AA. a la hora de abordar su respectiva regulación, pero lo básico no puede quedar a la libre disposición del Estado para evitar que puedan quedar sin contenido las competencias de las CC.AA. como nos recuerda la STC 69/1988, de 19 de abril de 1988. Así, algunas CC.AA., dentro del marco fijado por el Estado, han asumido competencia exclusiva con relación a la función pública local, en otros casos, han incorporado en sus EE.AA., el desarrollo legislativo y ejecución, y, en fin, otras CC.AA. simplemente ostentan las competencias otorgadas por la LRBRL y demás legislación de régimen local.
De acuerdo con el reparto competencia entre Estado y CC.AA. indicado, el personal al servicio de las Entidades Locales se viene rigiendo por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL-, como norma de régimen local básica, por el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local –TRRL- y, por la legislación del Estado (hasta el año 2007, fundamentalmente por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y Decreto 315/1964, de 7 de febrero, Texto Articulado de la Ley Funcionarios Civiles del Estado) y de las Comunidades Autónomas en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución (art. 92.1 LRBRL).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta un acontecimiento que se ha dejado desear pero que, finalmente tuvo lugar en el año 2007, cual fue la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público a través de la Ley 7/2007, de fecha 12 de abril –LEBEP-, que por su carácter básico, es directamente aplicable al personal al servicio de las Administraciones de las Entidades Locales, tanto a los “funcionarios”, como al “personal laboral”, a éste último colectivo “en cuanto proceda”, tal y como prescribe el art. 2.1 LEBEP.
De esta manera, el art. 3.1 LEBEP, está dedicado al “personal funcionario” de las Entidades Locales, estableciéndose que se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el propio Estatuto, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.
Lo anteriormente señalado, significa que sigue siendo de aplicación nuestra ley básica de régimen local, esto es, la LRBRL, la cual habrá de concordarse con la LEBEP.
Por colectivos de funcionarios, el Estatuto también le es de aplicación, a los Cuerpos de Policía Local, al tiempo que, éstos, también se regirán por la legislación de la respectiva Comunidad Autónoma, y por lo establecido para ellos en la L.O 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 3.2 LEBEP).
Por su parte, al “personal laboral”, igualmente le será de aplicación el Estatuto “en los preceptos que así lo dispongan”, rigiéndose además, por la legislación laboral y normas convencionales (art. 7 LEBEP).
3.- LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y SU ENTRADA EN VIGOR.
La Disposición Final cuarta de la LEBEP regula su entrada en vigor, que se producirá de la siguiente manera:


  • Entraron en vigor, produciendo efectos transcurrido un mes contado desde el día siguiente a la publicación del Estatuto en el BOE, lo cual tuvo lugar con la misma fecha 13 de abril de 2007, por tanto, con entrada en vigor en fecha 13 de mayo de 2007, los siguientes contenidos:

    • Título I. Objeto y ámbito de aplicación.

    • Título II. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Y dentro de éste, también:

      • Subtítulo I. Personal directivo.

    • Título III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos:

      • Capítulo I. Derechos de los empleados públicos.

      • Capítulo III, art. 25.2, que se pronuncia como sigue: Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo”.

      • Capítulo IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión.

      • Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

      • Capítulo VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

    • Título IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio:

      • Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio.

      • Capítulo II. Pérdida de la relación de servicio.

    • Título V. Ordenación de la actividad profesional:

      • Capítulo I. Planificación de recursos humanos.

      • Capítulo II. Estructuración del empleo público.

    • Título VI. Situaciones administrativas.

    • Título VII. Régimen disciplinario.

    • Título VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas.

    • Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales.




  • Por su parte, no producirán efectos hasta que entren en vigor las respectivas Leyes de Función Pública y, en su caso, normas reglamentarias de desarrollo:

    • Título III:

      • Capítulo II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.

      • Capítulo III. Derechos retributivos. Excepto el art. 25 exclusivamente en su apartado 2, como antecede. La entrada en vigor de este Capítulo III, a su vez, producirá la vigencia de la Disposición Final Tercera 2, que sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, determina: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección». Entre tanto la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la normativa actual contenida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

    • Título V. Ordenación de la actividad profesional:

      • Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.

Como fácilmente se observa, el EBEP no se encuentra plenamente vigente, y además está precisado de su desarrollo tanto legislativo como reglamentario. Es por lo que, supletoriamente se sigue acudiendo a la legislación básica estatal anterior a la LEBEP y a la respectiva legislación autonómica sobre régimen local.


Dentro de la legislación básica estatal, destacar la LMRFP en los términos establecidos en el art. 1.3 de la propia ley. Sin embargo, mayores dudas ha planteado la LFCE, consecuencia del concepto material y no formal de “bases”, dada por la doctrina, que señala que el carácter básico cabe predicarlo no sólo de normas posteriores a la C.E., sino también de las anteriores “que así resulten por su propia naturaleza” (SSTC 5/1982, de 8 de febrero de 1982 y 25/1983, de 7 de abril de 1983) de donde resultaba entender la LFCE como norma básica, pero que, más tarde, la STC 37/2002, de 4 de febrero y la STC de 16 de enero de 2003, entre otras, negaron por inferencia natural tal carácter básico al Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964. Lo anterior no significa que el Estado no sea el titular de la competencia de algunos de los aspectos allí regulados, ni que dichos aspectos pueden aplicarse como derecho supletorio.

4.- LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL.
Siendo el objeto principal de estudio en este epígrafe las competencias en materia de personal al servicio de las Corporaciones Locales, no obstante, relacionaremos los órganos competentes en materia de personal tanto al servicio de la Administración Civil del Estado, como al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Así, el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado –LFCE- establece en su art. 8 que tienen competencia en materia de personal al servicio de la Administración Civil del Estado se ejercerá por:

- El Consejo de Ministros o Gobierno.

- El Presidente del Gobierno.

- El Ministro de Economía y Hacienda.

- Los Ministros, Subsecretarios y Directores Generales; y

- La Comisión Superior de Personal.-




Asimismo se encomiendan atribuciones al Instituto Nacional de Administración Pública.


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