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1.6. LA INSTITUCIÓN QUE ACTUALMENTE APLICA EL DERECHO MARÍTIMO EN COLOMBIA.
La Dirección General Marítima es una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, literal j) de la Ley 489 de 1998, le corresponde, de acuerdo con las directrices impartidas por el Ministro de Defensa Nacional, ejercer las funciones señaladas en las disposiciones legales vigentes, en coordinación con la Armada Nacional.
1.6.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA DIMAR: Ante la escasez de medios de transporte nacionales, altos fletes y pagos en moneda extranjera, surgió la necesidad de contar con una Marina Mercante propia.

En 1931 se creó entonces la primera Ley referente al transporte marítimo que autoriza al Gobierno a fomentar, por medio de contratos, la formación, organización y desarrollo de una Compañía Nacional de Marina Mercante, así como la creación de una Sección o Departamento de Marina dirigida por Oficiales Navales colombianos. Si bien la mencionada Ley no alcanzó en principio un desarrollo real, si se resalta la importancia de contar con una Marina Mercante propia que ayudara a contrarrestar la dependencia extranjera en el transporte marítimo y contribuyera al fortalecimiento de la soberanía económica del país.

Con el Decreto 120 de 1951, se asignaron a la Armada Nacional las funciones de reconocimiento, clasificación y registro de las embarcaciones. Además se le otorgó facultades para estructurar en su dependencia central y en las bases navales, la Sección de Marina Mercante Colombiana que permitiera garantizar la idoneidad de la Gente de Mar. Posteriormente el Ejecutivo expidió el Decreto 3183 del 3 de Diciembre de 1952, mediante el cual se estableció la Dirección de Marina Mercante Colombiana, dependiente del Comando de la Armada Nacional y cuyos objetivos fueron la dirección de la marina mercante, la investigación, la regulación y control del transporte marítimo, así como de los puertos del país. A través del Decreto Ley 2349 de 1971, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por la Ley 7 de 1970, se creó la Dirección General Marítima (DIMAR) que sustituyó a la Dirección de Marina Mercante Colombiana, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

En 1983, se reorganizó la Dirección General Marítima con la elaboración y expedición del Decreto Ley 2324 de 1984. Más tarde, con la Ley 01 de 1991, la Superintendencia General de Puertos recibió la función que cumplía DIMAR con respecto a las concesiones para instalaciones de terminales portuarios.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO


2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la presente Monografía se estudiaron a fondo lo referente a la carta Política de 1991 y lo relacionado con el Derecho Marítimo en Colombia desde la existencia de la Nueva Granada como colonia de España hasta la actualidad, haciendo un resumen de cuales son sus fronteras y de los tratados y convenios sucritos con los países vecinos y lo relacionado con el Derecho Internacional del Mar y el Derecho Marítimo interno.



El artículo 101 de nuestra Carta constitucional, al definir los límites territoriales del Estado colombiano, remite por completo a lo establecido en los tratados internacionales que sobre esta materia haya suscrito y ratificado Colombia. El anotado artículo se convierte así en una especie de norma en blanco cuyo contenido debe ser completado a la luz de lo dispuesto en los mencionados instrumentos internacionales. Por vía de la remisión expresa que a ellos efectúa el artículo 101 de la Constitución, los tratados que definen los límites del territorio colombiano entran a formar parte del bloque de constitucionalidad lato sensu, y, por lo tanto, las normas que expidan las autoridades públicas no pueden contravenirlos a riesgo de ser declaradas inexequibles por violar el artículo supra comentado del Estatuto Superior. Sin embargo, es menester precisar que, aun cuando se conviertan en parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes, los tratados sobre límites no tienen valor constitucional sino un valor normativo similar al de las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. En esta medida, las normas que expida el Congreso de la República no pueden modificar lo dispuesto en los anotados convenios internacionales, cuyo contenido sólo puede ser alterado mediante la suscripción de otro tratado que expresamente lo modifique, según se desprende de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo en comento de la Carta.

2.1.1.- CONVENCIÓN SOBRE PLATAFORMA CONTINENTAL: La Convención sobre la Plataforma Continental, e incorporada al derecho colombiano, en cuanto establece las reglas para delimitar la plataforma continental de los Estados ribereños y los derechos que éstos pueden ejercer sobre esa área submarina, hace parte del bloque de constitucionalidad lato sensu. En efecto, se trata de un convenio que establece los límites del ejercicio de la soberanía en uno de los principales espacios marítimos del territorio nacional y, en consecuencia, integra el contenido normativo del artículo 101 de la Constitución Política. Por lo anterior, si las leyes ordinarias no pueden contravenir lo dispuesto en los convenios internacionales de que trata el artículo 101 constitucional, es posible afirmar que la violación de lo dispuesto en la Convención sobre la Plataforma Continental85, acarrea la inconstitucionalidad de aquella ley ordinaria que contravenga su contenido, como quiera que tal Convención forma parte del contenido normativo del mencionado artículo 101 de la Carta.

2.1.2.- DESARROLLO DEL DERECHO MARITIMO EN COLOMBIA: Puede afirmarse que el desarrollo del derecho Marítimo se ha caracterizado por una cada vez mayor apropiación de los espacios marinos y submarinos por parte de los Estados ribereños, en desmedro de la plena libertad de circulación, exploración y explotación de los bienes y recursos del mar por parte de los restantes Estados. En este proceso de extensión de la soberanía nacional, surgió la categoría jurídica de plataforma continental y se establecieron y regularon los derechos de los Estados sobre esta área. Si bien en la actualidad el derecho del mar está constituido por reglas de distinta naturaleza, consuetudinarias y convencionales - razón por la cual la doctrina y la jurisprudencia internacionales recomiendan que la determinación del derecho aplicable se haga caso por caso, en función del problema específico que haya de resolverse -, lo cierto es que no todas ellas hacen parte del bloque de constitucionalidad, pese a que puedan ser oponibles a todos los Estados en el plano internacional, por tratarse, eventualmente, de normas consuetudinarias.

2.1.3.- PRINCIPIO DE PROLONGACION NATURAL DEL TERRITORIO, PLATAFORMA CONTINENTAL: Los espacios marinos y submarinos territoriales, se encuentran regulados por el principio de prolongación natural del territorio terrestre del Estado ribereño y, por ende, están sometidos a las mismas reglas que gobiernan el territorio originario del Estado de que se trate. Lo anterior significa que el título originario del Estado sobre su territorio, el cual se deriva de su calidad de Estado como tal, se extiende a los espacios territoriales marinos y submarinos, los cuales no se consideran adquiridos por vía de alguno de los modos derivados de adquisición del territorio contemplados por el derecho internacional público (ocupación, descubrimiento, avulsión, accesión, aluvión, sucesión, adjudicación, prescripción y sucesión de Estados). En tanto parte integral del territorio del Estado, la plataforma continental se encuentra sometida a la soberanía del ribereño. Según el derecho internacional público, la plataforma continental forma parte integral del territorio de los Estados ribereños y, por tanto, sobre esta área submarina los Estados ejercen con total plenitud, exclusividad y autonomía todas sus competencias legislativas, ejecutivas y judiciales, salvo las restricciones expresamente establecidas en normas de derecho internacional consuetudinario o convencional.
2.1.4.- SOBERANIA DEL ESTADO COLOMBIANO: La soberanía del Estado, desde la perspectiva del derecho internacional público, se manifiesta en forma dual. A nivel internacional, consiste, entre otras cosas, en la facultad del Estado de participar en el concierto internacional mediante la creación y adopción de normas internacionales, la iniciación y mantenimiento de relaciones diplomáticas con otros Estados y organizaciones de derecho internacional, etc. A nivel interno, la soberanía consiste en la posibilidad del Estado de darse sus propias normas dentro del territorio con total independencia de otros Estados.
2.1.5.- CONVENCIONES SOBRE DERECHO DEL MAR: Es cierto en principio que ninguna de las cuatro convenciones de Ginebra de 1958 sobre derecho del mar, ni la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 en toda su minuciosidad, ni la jurisprudencia internacional se refieren a asuntos relacionados con el patrimonio cultural sumergido. No obstante, el silencio del derecho internacional público en la materia implica el derecho del Estado ribereño a ejercer la totalidad de sus facultades, una de las cuales, si no la más importante, es la de regular dicha zona en cuanto se refiere a los bienes que por su valor puedan integrar el patrimonio cultural sumergido. Efectivamente, nada en el derecho internacional público permite suponer que el hecho de que la Convención de Ginebra no hubiere hecho alusión a los bienes de valor arqueológico, histórico o cultural que se encuentren en el suelo marino de la plataforma continental, comporte la aplicación a los mismos del régimen de plena libertad que gobierna a los fondos oceánicos comunes.
2.1.6.- PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO SUMERGIDO: El Estado colombiano decidió expedir la norma que se estudia, en virtud de la cual pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, los restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de la plataforma continental. Conforme a lo anterior, el Estado colombiano no hace otra cosa que cumplir con imperativos mandatos constitucionales al regular los asuntos relativos al patrimonio cultural sumergido que se encuentre en su plataforma continental, la cual, forma parte de su territorio. De este modo, es posible afirmar que las disposiciones relativas al patrimonio cultural sumergido que se encuentre en la plataforma continental colombiana constituyen el ejercicio legítimo de una competencia que la Constitución Política le otorga al legislador nacional y son desarrollo directo de mandatos que el propio texto constitucional le impone a este último.86

Uno de estos patrimonios culturales y arqueológicos sumergidos es el del Galeón San José. Al respecto la Corte Suprema de Justicia protegió los bienes de valor cultural, histórico, artístico y arqueológico, incluidos los que están sumergidos en los mares colombianos, al determinar que los objetos con esas características que están dentro del mítico galeón San José, son propiedad de la Nación.

Al emitir un fallo histórico que puso fin a un pleito de más de 18 años entre una compañía buscadora de tesoros estadounidense y el Estado colombiano por los objetos que están hundidos dentro del galeón San José, la Corte determinó que solamente se podrán distribuir por partes iguales, los bienes que no tengan la connotación de patrimonio histórico y cultural.

Según algunos especialistas, el cargamento que llevaba el galeón San José cuando se hundió en aguas del mar Caribe, hace 300 años, es el más valioso de la historia, pues iba cargado de oro, plata y esmeraldas valoradas en cerca de dos mil millones de dólares.

La Sala Civil de la Corte consideró que "objetos como armas de guerra, medallas, monedas, joyas y en general todas las piezas recordatorias que tengan valor histórico o cultural", son de propiedad exclusiva del Estado colombiano.

De esta forma, la empresa norteamericana Sea Search Armada recibirá el 50 por ciento de los bienes considerados como tesoro, entre los que se encontrarían lingotes de oro y piedras preciosas.



La historia del pleito: La empresa Sea Search Armada interpuso en enero de 1989 una demanda contra la Nación, en la que buscaba que se le reconociera el dominio sobre la totalidad del tesoro que está contenido dentro del galeón San José, incluidos los bienes de valor cultural e histórico87.
2.1.7.- CONCIENCIA MARITIMA: La conciencia marítima “es el conocimiento exacto y reflexivo sobre el mar y sus proximidades, tanto de su naturaleza como de sus alcances políticos, económicos y sociales. Al hablar del mar en el caso de la conciencia marítima, nos referimos al territorio océano”. Esto, según la definición que aparece en la publicación de Estrategia militar y marítima para uso de los alumnos de la Escuela Militar de Cadetes Almirante Padilla, pues el autor desconoce otra definición oficial al respecto, en el país.
De acuerdo con lo anterior, el primero en plasmar sus “conocimientos exactos y reflexivos sobre el mar” fue el vicepresidente Santander, de gran conciencia marítima que, a pesar de las enormes limitaciones del momento, dio un fuerte impulso a la Marina Patriota, pues estaba convencido de que esta institución sería la base de la grandeza marítima del país. Durante la independencia se produjeron muchos decretos para manejarla y aun antes del triunfo de Maracaibo estaba tan seguro de su éxito, que ordenó el Capitán de Navío Rafael Del castillo y Rada, preparar el “proyecto de Ley orgánica de la Marina” trabajo que terminó el 7 de junio de 1823, y fue presentado al Congreso en dicho año. Los principales aspectos eran: Necesidad de fomentar la Marina Militar; conveniencia de proteger el comercio marítimo, de lo cual se derivaba el fomento de la construcción naval, formación del personal idóneo para los buques mercantes e incremento del comercio exterior; la reglamentación de los oficiales y la reglamentación de los Capitanes de Puerto; la urgencia de aprobar las ordenanzas Navales como marco legal de conducción de la Fuerza y muchos otros aspectos sobre construcción en el país de los buques de la Armada; los estados Mayores y la organización de la marinería. Debido a los avatares de 1823-1826, este proyecto no cristalizó y, por el contrario Bolívar eliminó la Armada por decreto del 24 de noviembre de 1826. Lo poco que quedó murió con el asesinato político del Almirante Padilla88 en octubre de 1828.
Después vino un periodo de casi 80 años en el cual ninguno de los presidentes reconoció los océanos que bañan la República que se convirtieron para los colombianos en el “Mar del Olvido”, por lo cual la República debió sufrir 6 agresiones por mar de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, amén de las indemnizaciones que pagó a dichos países, por un valor aproximado de $ 2’380.000.00 pesos de la época, equivalentes al dólar, todo lo cual culminó con la perdida de Panamá. Solo Rafael Reyes (1904-1909) quiso enmendar tan lamentable error y creó por Decreto 793 del 076 de julio de 1907 la Escuela Naval Nacional en Cartagena, pero RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA89, nuevo presidente (1909-1910), la eliminó de un plumazo el 28 de diciembre de 1909.
Fue necesario que se presentara el conflicto con el Perú (Septiembre de 1932 al 24 de mayo de 1934) para que los dirigentes de la Nación salieran del letargo de un siglo que se incurría en relación con los mares. De este modo en 5 meses y en una locura carrera contra el reloj, organizaron casi que a partir de cero una Armada para poder atender las acciones de Tarapacá y Güepi; ya a principios de 1934 esta incipiente Armada equilibró y superó el poder naval del contrincante.
Afortunadamente para el país y a pesar de la tardanza, desde hace 77 años cuenta con una institución que ha venido dando virajes para corregir el abandono secular de sus mares: La Armada que con sus escuelas de formación, sus unidades a flote e instalaciones terrestres, ha tomado el timón con el objeto de navegar a salvo en su extenso mar jurisdiccional. Pero la Escuela Naval es el corazón de la conciencia marítima porque impulsa la sabia del conocimiento al organismo institucional a través de los hombres y mujeres que pasan pro el Alma Máter, a quienes les infunde “el conocimiento exacto y reflexivo sobre el mar y sus proximidades”, y además el espíritu naval intangible, abstracto pero dinámico, que es capaz de crear al Poder Marítimo, mediante el cual el mar se puede incorporar al desarrollo nacional. Por eso la visión del instituto de expresar “Formar oficiales altamente capacitados para defender los intereses nacionales de la Armada en las áreas de su jurisdicción. Lideres con calidad, ciudadanos ejemplares y los primeros impulsados en el poder marítimo de la Nación”.
Durante más quince lustros las Escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales han venido preparando profesionales y tecnólogos y los capacita en diversas áreas relacionadas con el mar. Una vez salen de sus aulas todos ellos han contribuido, en una u otra forma, a despertar la conciencia marítima de un país que había permanecido alejado de sus mares por muchísimos años. Veamos con algunas cifras: por la Escuela Naval durante los últimos 77 años han pasado aproximadamente 11.000 cadetes y de ellos se han graduado como oficiales 4.000 aproximadamente, de los cuales 3.400 (88%) son del interior del país y 600 (12%) de la costa. Se suma a ello la incorporación de la mujer para el curso de oficiales del cuerpo ejecutivo. La Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla90, en sus 77 años, ha recibido aproximadamente a 25.000 aspirantes y se han graduado como Marineros unos 15.000. Las estadísticas en los últimos 5 años muestran que de un promedio de 680 por año, 440 son de la costa (65%) y 240 del interior (35%), al cual se han incorporado la mujer en la formación como suboficiales del cuerpo logístico. Todo ello indica el flujo que ejercen estas instituciones en la transformación de una conciencia mediterránea en marítima.

Por fortuna los Presidentes que han sucedido a Enrique Olaya Herrera91, después del conflicto con el Perú, encontraron en la Armada una institución firme y necesaria y ha entendido que las lecciones de la perdida de Panamá92 y la guerra con el Perú93 no podrán repetirse por carencia de una Marina de Guerra. Claro está que unos Presidentes han hecho más que otros. No obstante nuestra clase dirigente, con contadas excepciones, ha mostrado una mentalidad estrechamente mediterránea. Para la muestra solo basta analizar los planes de desarrollo en los últimos años y se constituye en desconsuelo que el mar sigue siendo algo exótico para la económica del país.94



Se debe tener en cuenta que existen otras escuelas de formación que hacen parte de la Armada, tales como la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina de Puerto Leguizamo, la cual ya no forma suboficiales sino Infantes de Marina regulares y la Escuela de Formación de Suboficiales de Infantería de Marina de Coveñas, municipio de Tolú (Sucre) reconocida por el ICFES95, como centro educativo Técnico y Tecnológico y los diferentes centros de formación en todo el país que complementan la actividad de la Armada. La Infantería de Marina al igual que la Aviación Naval y el Cuerpo de Guardacostas, se pueden considerar como armas o cuerpos de esta Fuerza Militar, integradas por Oficiales y Suboficiales Navales y de Infantería de Marina e Infantes de Marina Profesionales y regulares, que contribuyen a vigilar y salvaguardar la soberanía Nacional en sus mares, costas, ríos y riveras, y que infunden el amor hacía ese elemento sustancial para nuestro país como es la soberanía marítima y fluvial. En lo personal fui una de esas personas que a pesar de haber nacido en las montañas del departamento del Chocó, me crié en las orillas del Pacifico Valle Caucano, creció en mí el sentimiento de apego hacía el inmenso mar, razón por la cual ingrese al Cuerpo de Infantería de Marina para servir a la patria, y a pesar de ser un lapso muy corto en que porte el uniforme, sigo llevando en el corazón y en el sentimiento el titulo de Dragoneante de Infantería de Marina96, y como prueba de ello es el desarrollo del presente trabajo de monografía con el cual espero contribuir en el conocimiento y engrandecimiento del área del derecho marítimo en pro de nuestros mares y ríos, para el surgimiento de nuevas políticas e instituciones jurídicas, necesarias todas para acoplar a Colombia en la nueva realidad del mundo, en los cambios del comercio internacional, en el cambio global del medio ambiente, pues no hay que olvidar que nuestro país está entre los primeros cinco del mundo en biodiversidad y en fuentes de agua potable. No debemos olvidar que por el descuido del hombre, Dios no lo quiera, las guerras en el futuro no serán por el petróleo, por ganar territorio o poder político, es posible que sean por el control del agua, y los hombres y mujer de mar son los llamados a defender esa riqueza que el Creador le ha dado a Colombia97.


2.2. ANTECEDENTES DEL DERECHO MARÍTIMO EN COLOMBIA
La República de Colombia se encuentra ubicada en el noroeste de Sur América, limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es el único país de América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico.
Por sus islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina (que pertenecen al departamento de San Andrés y Providencia), y por las aguas que se añaden al territorio continental sobre el mar Caribe, limita además con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití y República Dominicana. Incluyendo las aguas marinas y submarinas que le corresponden sobre el Pacífico y el Caribe, franja de 19 km2 sobre cada costa (contando con las islas), de los cuales 339.500 km2 son del Pacífico y 589.160 del Caribe, la superficie total es de 2.070.408 km2. El país tiene 1.141.748 km² de superficie continental.
El artículo 101 de la constitución Política de Colombia establece que los límites de la República de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbítrales en que sea parte la Nación.98
Establece que forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina,99 la isla de Malpelo100, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También hacen parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.101

2.2.1 JURISDICCIÓN MARÍTIMA EXISTENTE EN COLOMBIA: En la actualidad lo referente a Derecho marítimo en Colombia, se desarrolla no dentro en ámbito jurídico si no dentro de lo administrativo y le corresponde su desarrollo y ejecución a la Dirección General Marítima la cual tiene las siguientes funciones:


  1. Asesorar al Gobierno en la adopción de políticas y programas relacionados con las actividades marítimas y ejecutarlas dentro de los límites de su jurisdicción.

  2. Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.

  3. Coordinar con la Amada Nacional el control del tráfico marítimo.

  4. Instalar y mantener el servicio de ayudas a la navegación, efectuar los levantamientos hidrográficos y producir la cartografía náutica nacional.

  5. Regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y salvamento marítimos y fijar la dotación de personal para las naves.

  6. Autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas colombianas.

  7. Regular, autorizar y controlar la adquisición, construcción, reparación, alteración, mantenimiento, utilización, desguace y venta de naves y artefactos navales. Para estos efectos podrá exigir que las naves que se proyecten construir, tengan las características recomendadas por la Armada Nacional por razones de defensa.

  8. Regular, autorizar y controlar las actividades relacionadas con el arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque y zarpe de las naves y artefactos navales; practicar la visita de recepción a puerto colombiano a las naves y artefactos navales a través de las Capitanías de Puerto.

  9. Regular, efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección, clasificación, matrícula y patente de las naves y artefactos navales.

  10. Fomentar, autorizar y supervisar la organización y funcionamiento de los astilleros, talleres y demás instalaciones para la construcción, reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales e inscribirlos como tales.

  11. Autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades marítimas en especial las de practicaje, remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga, portuarias, estiba, dragado, clasificación, reconocimiento, bucería, salvamento y comunicaciones marítimas y expedir las licencias que correspondan.

  12. Asesorar el Gobierno en la regulación y control de los centros de formación, capacitación y entrenamiento de la gente de mar, sus planes y programas e inscribir y expedir las licencias profesionales a sus egresados; expedir las licencias a los peritos en las distintas actividades profesionales marítimas e inscribirlos como tales.

  13. Regular, dirigir y controlar las actividades del transporte marítimo internacional de cabotaje, público o privado; asignar, modificar o cancelar rutas y servicios y establecer las condiciones para la prestación de los mismos.

  14. Autorizar el arrendamiento o fletamento de naves y artefactos navales colombianos y extranjeros.

  15. Aprobar el ingreso de los armadores colombianos a las conferencias marítimas y, registrar su representación, reglamentos, tarifas y recargos.

  16. Autorizar las tarifas de fletes para transporte marítimo internacional, de cabotaje y las tarifas de pasajeros para embarcaciones de turismo.

  17. Autorizar la aplicación de la reserva de carga y conceder el levantamiento de la misma.

  18. Aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección del medio marino.

  19. Regular, autorizar y controlar la exploración de antigüedades y tesoros náufragos, adelantar los trámites de celebración y perfeccionamiento de los contratos de extracción o recuperación correspondientes.

  20. Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

  21. Regular, autorizar y controlar la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción.

  22. Regular, autorizar y controlar la construcción de puertos y muelles públicos y la operación de los mismos de conformidad con las normas vigentes.

  23. Establecer las zonas de fondeo de naves y artefactos navales.

  24. Fijar las tarifas por concepto de prestación de servicios conexos y complementarios con las actividades marítimas.

  25. Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno y demás obras. de ingeniería oceánica en los terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

  26. Adelantar y fallar las investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción., por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la Jurisdicción de la Dirección General Marítima y Portuaria.

  27. Asesorar al Gobierno sobre acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia marítima y velar por su ejecución.

  28. En general, desarrollar las actividades y programa que se relacionen con el objeto y fin de la Dirección General Marítima y Portuaria.102



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