Superintendencia de sociedades



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OFICIO 220-118126 DE 2009

(Septiembre 28)

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref.: Radicación 2009- 01-242470

El régimen aplicable a las sociedades de economía mixta en la disolución privada o voluntaria, en principio, es el previsto en el Código de Comercio.

Aviso recibo del escrito radicado con el número de la referencia, del pasado 21 de agosto, remitido a esta Entidad por el Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de la Justicia, mediante el cual consulta “si se requiere o no un acuerdo municipal y/o ordenanza de la asamblea departamental para proceder a la disolución y liquidación de la sociedad de economía mixta terminal de transportes de Duitama S. A.”.

Para los efectos indicados, señala que se trata de una la sociedad constituida por escritura pública, en cuyo capital participa el departamento, el municipio y particulares; agrega que la compañía nunca desarrolló el objeto social y que además se encuentra en las causales de disolución por pérdida del 50% del capital suscrito y la decisión mayoritaria de la asamblea que concluyó en la inviabilidad de la sociedad.

En primer lugar, es pertinente advertir que la consulta se resolverá desde la perspectiva del ordenamiento mercantil que, entre otros asuntos, regula la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales, entre estas, como una modalidad en razón a la composición del capital social, las denominadas sociedades de economía mixta definida en el artículo 461 del Código de Comercio como “... sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado.…. se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario”, previsión que en términos similares precisa el artículo 97 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, entre otras disposiciones, aplicables a las entidades territoriales en cuanto fueren compatibles, cuando dispone que las sociedades de economía mixta son “... organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales, y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de derecho privado...”.

Sobre el particular vale la pena traer a colación apartes de la jurisprudencia expedida por la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 1975, M. P. Dr. Luis Sarmiento Buitrago, que referida a la constitución de una sociedad de economía mixta expresó: “Legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por las reglas de derecho privado, son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil, con las limitaciones expresas que en la Constitución y la ley establezcan. Pueden constituirse bajo cualquiera de las formas de sociedad previstas en el Código de Comercio…. ya que la ley colombiana no señala ninguna en especial.

(….)

Dos actos jurídicos requiere la constitución de una sociedad de economía mixta: la ley que la crea o autoriza y el contrato de sociedad (….). No basta la creación legal o la autorización que se haga para que la sociedad quede constituida; es preciso el posterior acuerdo con los particulares y la solemnización del contrato, en los términos del Código de Comercio, para dar nacimiento a la nueva persona jurídica distinta de los socios individuamente considerados “

De la normativa como de la jurisprudencia expuestas fácilmente se colige que las sociedades de economía mixta, si bien deben ser creadas o autorizadas por la ley, ordenanza o acuerdo, según sea el caso (Art. 462 del C. de Co.), no es menos cierto que también se encuentran sujetas a las estipulaciones del contrato social, por tanto a las disposiciones generales y especiales que contempla el Código de Comercio conforme al tipo societario adoptado, por lo que en materia de disolución y liquidación se estará a lo dispuesto en el artículo 220 y siguientes del mencionado ordenamiento.

No obstante lo anterior, es oportuno recordar que sumado a las cláusulas contractuales, las cuales son ley para las partes, el porcentaje de participación de los dineros públicos en el capital de la sociedad determina el régimen jurídico que le es aplicable tal como lo prevé el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 489 Cit., que a la letra dice: “Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. (Negrilla nuestra), preceptiva que también se encuentra prevista en el Estatuto Mercantil en el artículo 464, condición que habrá de establecerse previamente, de suerte que si el monto de capital publico se ajusta al anteriormente mencionado, corresponderá a la Entidad Territorial peticionaria, a través de su oficina jurídica o de la dependencia que haga sus veces determinar, a la luz del Decreto 1222 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen Departamental y demás normas que lo modifiquen o reformen, la existencia de normas especiales o excepciones reguladas por el derecho público para la liquidación de las empresas industriales y comerciales del Estado, o por el contrario establecer que la normatividad aplicable es la prevista en el ordenamiento mercantil, examen normativo que escapa a la competencia y conocimiento de esta Entidad.

Finalmente, de concluirse que el trámite liquidatorio es el previsto en el Código de Comercio, el liquidador designado deberá observar el procedimiento y las reglas que sobre la materia se prevén a partir del artículo 225, previa verificación por parte del máximo órgano social de las causales especiales de que trata el artículo 457 Ib., particularmente la prevista en el numeral 2do, referido a las pérdidas “que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito” o las generales de que trata el artículo 218 Cód. Cit.



Para mayor información e ilustración sobre temas societarios, se sugiere consultar la página de Internet de la Entidad (), o examinar los libros de Doctrinas y Conceptos Jurídicos y Contables publicados por la Entidad.

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, no sin antes manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento son los contemplados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

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