Segunda seccion instituto federal electoral



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PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

Hoy debemos reconocer que el mayor reto que afrenta el Estado mexicano, es la inseguridad que vivimos, este es un tema para los ciudadanos de gran importancia, puesto que han sido afectados nuestros derechos y hemos sido victimas de la delincuencia en algún momento de nuestras vidas.

De acuerdo con la información extraída de la base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, de la Procuraduría General de la República, de enero a septiembre de 2011 hubo 12,903 fallecimientos vinculados con hechos criminales, esta cifra se suma a los registrados desde diciembre del 2006, que suman en total 47,515 muertes. Sin embargo, estas cifras solo se consideran de acuerdo con la Procuraduría, un dato estadístico.

Según estos datos, cuatro de cada diez fallecimientos registrados en dicho periodo, se concentraron en 17 de los 2,454 municipios del país. Es decir, 43.84% de las muertes "por presunta rivalidad delincuencial" se registraron en 2.4% del territorio nacional.

De acuerdo con el gobierno la violencia es un fenómeno focalizado, pues el 70% de las muertes ocurrieron en ocho entidades: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Veracruz. Es decir, el norte y noreste del país siguen siendo la región en la que la ha habido más muertes relacionadas con el crimen organizado.

La violencia en el país ha llegado a niveles críticos. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de enero de 2006 a noviembre de 2008, se han cometido más de 10,500 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, estando entre las víctimas: narcotraficantes, agentes federales y civiles, aunque las cifras pueden ser mucho más altas.

El problema de la delincuencia es complejo, tiene raíces históricas profundas y ha trascendido los límites de una administración, la ley y el Estado fueron rebasados. Aunque desde 1995 se llevó a cabo una importante reforma en materia de seguridad pública, la mayoría de las corporaciones policiales siguieron operando sin ningún cambio sustancial, ya que a pesar de que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública con dos instrumentos de coordinación: la carrera policial y el Sistema de Información Nacional de Seguridad Pública, la mayoría de las corporaciones policiales en el país estuvieron funcionando por mucho tiempo sin controles en la contratación, permanencia y desarrollo profesional de sus integrantes.

En concreto, la falta de control, metodología y sistemas para la operación, así como las condiciones laborales precarias, la pobreza, la desigualdad y la falta de una cultura de legalidad, permitieron a la delincuencia reclutar a jóvenes, campesinos y desempleados, entre otros, a su sistema delictivo y a su vez utilizar la infraestructura de algunas corporaciones policiales. Lo anterior ha llevado a un escenario catastrófico en materia de seguridad pública. Por lo cual debemos trabajar para combatir este mal.

A pesar de la reciente expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la que se establecen las bases para dignificar la labor de los cuerpos policiales, y con ello recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y abatir el índice delictivo, existen muchas tareas pendientes.

Para el Partido Verde Ecologista de México, la seguridad ha sido uno de los principales temas que se deben abordar para recuperar la tranquilidad social, por ello en las pasadas elecciones federales propusimos el restablecimiento de la Pena de Muerte, para sancionar a los secuestradores que priven de la vida o mutilen a sus víctimas; y a los miembros o ex miembros del Ejército, Marina, Policías y Ministerios Públicos Federales que participen en algún secuestro. Esta iniciativa formó parte de un paquete de medidas para erradicar la incidencia del secuestro, entre las cuales destacan: 1. Qué el delito de privación ilegal se considere de competencia Federal, 2. Qué las empresas de seguridad privada se abstengan de intervenir como intermediarios o negociadores de cualquier delito, 3. Impedir que las empresas privadas ofrezcan seguros contra secuestros, entre otros puntos. Asimismo, se presentó una iniciativa para creación de fondo Nacional para el Combate contra el Secuestros.

Desafortunadamente y después de un amplio debate con los diversos grupos políticos del Congreso de la Unión, la iniciativa de Pena de Muerte no fue aprobada, sin embargo logramos que nuestras propuestas adicionales para combatir el delito de secuestro fueran analizadas e incorporadas en la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, expedida en octubre del 2010.

Ante estos hechos, reconocemos que falta mucho por hacer en la materia la Expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, es una ley que debe ser analizada y actualizada periódicamente puesto que la delincuencia va cambiando estrategias para lograr su objetivo.

En referencia a la problemática descrita, es urgente atacar aspectos medulares que, en materia de seguridad pública, han contribuido a un aumento del índice delictivo, entre ellos:

1) El deterioro estructural de las corporaciones policiales debido a la infiltración de la delincuencia organizada.

2) La corrupción, acompañada de deficientes esquemas de control de confianza.

3) El deterioro de las condiciones laborales.

4) El desarrollo policial desigual en las corporaciones policiales federales, estatales y municipales.

5) La falta de una verdadera coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno.



El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Incluir en la legislación la cadena perpetua para secuestradores, como medida urgente para acabar con la violencia e inseguridad del país.

 Establecer en la legislación que los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales a que se refiere la fracción I del Artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, y de la parte que corresponda a la Secretaría de Salud, se deberá destinar cuando menos el 50 por ciento a programas de prevención y rehabilitación de fármaco-dependientes recluidos en prisión.

 Promover el incremento de la participación ciudadana mediante la evaluación de las acciones que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para asegurar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y se establezca como tema en materia de evaluación de políticas públicas y de instituciones, la efectividad de las acciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública para promover la coordinación de las instancias que integran el sistema.

 Establecer esquemas de rendición de cuentas ante los Congresos Federal, Estatales y las Comisiones de Derechos Humanos.

 Implementar procesos de renovación interna de los sistemas de control y vigilancia de los centros penitenciarios.

 Aplicar programas integrales de resocialización de los sentenciados, y contar con un mayor número de centros penitenciarios.

 Garantizar que los salarios que reciban los policías a nivel estatal y federal sean dignos y suficientes para mantener a la familia.

 Estandarizar los niveles salariales de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

 Establecer sistemas de rendición de cuentas, con el fin de evitar discrecionalidad en el ejercicio de la profesión para limitar el mal desempeño y actos ilegales, entre otros.

 Establecer la obligación en los tres órdenes de gobierno de implementar políticas públicas de prevención dirigidas específicamente a la población juvenil.

 Recuperación de espacios públicos como medida para disminuir la inseguridad

 Vigilar que los nuevos procesos para la selección de personal sean efectivamente aplicados a todo el personal de las instituciones de seguridad pública.

 Establecer que los efectivos policiales sean certificados por un órgano externo confiable.





PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE JOVENES

PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE JOVENES

Al abordar un tema como el de los jóvenes en México, es pertinente señalar lo que se entiende por “juventud”. Este sector de la población es de gran heterogeneidad por lo que es un error concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes, por el único hecho de compartir un rango de edad.

La juventud es un tema, integral, que tiene que ver con educación, empleo, justicia, salud, deporte, recreación, cultura, medio ambiente y participación política, y en la definición de las políticas en la vida pública que definirán el futuro de nuestro país.

Hablar de los problemas de los jóvenes sería caer en un círculo vicioso del que no se ha podido salir en años, en el PVEM queremos aterrizar la cantidad de ideas, promesas, cifras, documentos, encuestas, en fin miles de proyectos promovidos para la atención de los jóvenes, quedándose la mayoría de ellos en el aire. Los jóvenes ya no pueden quedarse cruzados de brazos, es urgente su participación dentro de la toma de decisiones.

En México residen 20.2 millones de personas de entre 15 y 24 años de edad, las cuales representan cerca de la quinta parte de la población total; la mitad (10.4 millones) son adolescentes, y el resto son adultos jóvenes (9.8 millones), y se espera que para el 2030 dicha población se acerque a los 16.4 millones, representando el 13.6% de la población nacional.

La población joven forma parte significativa de los intensos flujos migratorios del país: en 2010, la tasa de migración neta interestatal en México es de 3.7 personas por cada mil, y para la población joven es 4.9. Por otra parte, en el mismo año, mientras el país perdía 5.1 personas por cada 1000 a causa de la migración internacional, en el caso de los jóvenes, salían cerca de 11 individuos por cada 1000, por lo que los jóvenes presentan una dinámica migratoria más intensa que el resto de la población.

Resulta importante señalar, que hoy día existen tensiones importantes en el desarrollo de los adolescentes y los jóvenes, particularmente en dos aspectos. Uno de ellos es la desigualdad social que persiste entre la población de México y genera una alta diversidad de situaciones que limitan las estructuras de oportunidades en las que se desenvuelven los jóvenes, generando mayor vulnerabilidad entre ellos.

En cuanto a educación se refiere, la capacidad para leer y escribir entre los jóvenes es prácticamente universal, ya que el promedio de escolaridad ronda los 10 años, y casi 9 de cada 10 jóvenes tienen estudios de secundaria o más, lo cual es un fenómeno relativamente reciente y muestra que, al menos entre los jóvenes, la cobertura de educación básica es amplia.

No obstante lo anterior, la asistencia escolar muestra un panorama menos favorecedor, pues en 2009, apenas 4 de cada 10 jóvenes asistían a la escuela, en proporciones prácticamente idénticas para hombres y mujeres (43.5% y 43.7%, respectivamente).

Por ejemplo, la asistencia escolar en el ámbito rural, si bien ha aumentado en todas las edades, lo ha hecho con mayor fuerza entre la población menor de 15 años, ya que de esa edad en adelante las diferencias entre ciudad y campo son aún muy altas. Esto habla de la necesidad de políticas educativas que atiendan la educación media y superior en el campo, la cual después de diez años, sigue presentando importantes rezagos que muy probablemente tienen que ver con una valoración menor de la educación media y superior en un contexto con una oferta laboral que requiere menor calificación formal.

Con respecto a la salud, las tres principales causas de muerte de los jóvenes son los accidentes, las lesiones y los tumores malignos, seguidas de las afecciones asociadas a la maternidad y las defunciones por causas infecciosas y parasitarias (entre ellas, el VIH/SIDA).

Así mismo, los actuales estilos de vida delinean una tendencia creciente de dos problemáticas fundamentales en la salud de los jóvenes: por un lado, el sobrepeso y la obesidad, y, por el otro, el consumo de alcohol y tabaco. Aproximadamente tres de cada diez jóvenes presentan sobrepeso y dos de cada diez obesidad.

Las poblaciones rezagadas en el uso de métodos anticonceptivos son las adolescentes, las jóvenes con menores niveles de escolaridad, las que residen en entornos rurales y hablantes de lengua indígena, aunque se reconoce que las brechas en cada uno de los casos tienden a angostarse considerablemente a través del tiempo.

Sobre la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, se reconoce que a pesar de los avances significativos en la educación de este nicho poblacional, no han tenido un impacto significativo en la proporción de jóvenes que a través del tiempo ha tenido como actividad principal el trabajo. Por ejemplo, en 2009, cuatro de cada diez jóvenes trabajan, tres sólo estudian y cerca de dos se dedican a actividades domésticas.

Si bien los jóvenes con educación media superior y superior son el único grupo de población que ha aumentado su tasa de participación activa (TPEA) durante la última década, en aparente paradoja, su tasa de desocupación abierta (TDA) muestra que a mayor escolaridad se está expuesto a mayor desempleo. En 2009, los jóvenes con educación media superior tienen una TDA poco más de dos veces más alta que la población con primaria incompleta (11.9% frente a 5.0%, respectivamente).

Lamentablemente, a finales del 2010, aproximadamente 60% de los jóvenes ocupados recibían menos de dos salarios mínimos. En el caso de los adolescentes esta situación es aún más grave, ya que 25.4 % de ellos no recibe ingresos y el resto recibe menos de dos salarios mínimos. Entre los adultos jóvenes, 9.3 % no recibe ingresos (casi tres veces menos que los adolescentes) y 75% percibe menos de tres salarios.

La menor percepción de ingresos de los adolescentes ejemplifica claramente las grandes desventajas a las que esta población se expone si se incorpora al mercado de trabajo cuando, idealmente, debería estar estudiando.

Si bien es cierta la noción de que los jóvenes son el futuro del país y del mundo, las condiciones en las que se forman como individuos y ciudadanos, y se integran al conjunto de la sociedad, exhiben aún carencias que, de no solventarse, favorecerán la reproducción de la precariedad y la desigualdad a través del tiempo. Resulta fundamental incluir a los propios jóvenes en las acciones diseñadas para su bienestar.

Para el año 2015, el Mundo estará habitado por 3 billones de personas menores a los 25 años de edad; son el futuro, pero también son el presente.

Es por todo lo anterior que en el PVEM queremos eliminar la idea de que los jóvenes son un grupo social y demográfico expuesto al riesgo de un futuro incierto, a pesar de ser la mayor esperanza de la sociedad, sino que esa esperanza sea convertida en logros a través de su participación dentro de los diferentes sectores que dividen a nuestro país.



El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Impulsar una “Ley General de la Juventud”, que identifique, comprenda y aborde las realidades y problemas de los jóvenes en México, para que estos participen en la toma de decisiones, así como en la vida social, económica, cultural y democrática de nuestro país.

 Implementar el Programa Trabajo Joven para asesorar de manera permanente a los jóvenes en la búsqueda de empleo, como en bolsas de trabajo y capacitación para entrevistas.

 Incluir en la currícula escolar de educación básica, cursos periódicos obligatorios sobre salud juvenil y civismo que aborden temas de sexualidad, alcoholismo, tabaquismo, obesidad, drogadicción, bulimia y equidad de genero, valores humanos, conciencia ambiental y civismo entre otros.

 Implementar programas extracurriculares de Integración Familiar con el fin de fortalecer los lazo familiares y disminuir la violencia intrafamiliar.

 Proponer reformas legislativas para otorgar incentivos económicos a los jóvenes que se dediquen a la investigación, ciencia y tecnología.

 Impulsar un sistema amplio de becas que garantice la permanencia de estudiantes de bajos recursos en las aulas hasta terminar su instrucción superior.

 Calidad en la educación (zonas rurales), para así poder evitar la migración y el abandono de la escolaridad.

 Impulsar que los jóvenes de las comunidades agrícolas y campesinas obtengan un sistema educativo que sea propositivo e integral, evitando una pronta maduración social o que se vuelvan adultos jóvenes.

 Promover la implementación de un programa de apoyo para la elaboración de la tesis profesional, mediante el cual los jóvenes de bajos recursos puedan beneficiarse con un apoyo económico para culminar con sus trámites y obtener su titulación.

 Buscar que se destinen mayores recursos al mejoramiento de las instalaciones deportivas y habilitación de nuevas

 Promover reformas legislativas para el otorgamiento de estímulos económicos a deportistas destacados.

 Promover la participación de deportistas nacionales en los equipos de las diferentes disciplinas deportivas a efecto de incentivar el deporte nacional.

 Promover reformas legislativas para mejorar las condiciones en que se practica el deporte paraolímpico.

 Promover reformas legislativas para incrementar las sanciones penales para aquellas personas que vendan o induzcan a menores de edad o vendan bebidas adulteradas en establecimientos mercantiles.

 Proponer que sea retirada la licencia de conducir a las personas que conduzcan bajo el influjo del alcohol o efectos de sustancias tóxicas, para evitar que sigan ocurriendo graves accidentes entre jóvenes.

 Impulsar programas de combate a las adicciones en los jóvenes a través de la educación y el deporte, privilegiando información veraz y científica, pero sobre todo promoviendo una cultura de responsabilidad personal.

 Asegurar el acceso de atención médica gratuita a todos los jóvenes mexicanos.

 Proponer que se declaré la anorexia y bulimia problemas de salud pública, pues las derivaciones que este tipo de enfermedades han generado en nuestros jóvenes no tienen límites.

 Fortalecer las campañas nacionales de planificación familiar y educación sexual, haciendo un mejor y mayor uso de los espacios para publicidad con que cuenta el gobierno en los medios.

 Impulsar el establecimiento permanente de programas de tabaquismo y alcoholismo para auxiliar de manera gratuita a los jóvenes que se encuentren inmersos en estos vicios.

 Promover la participación de los jóvenes en los asuntos públicos de nuestro país, a través de la realización de foros y debates en donde participen directamente, así como a través de la presentación de iniciativas legislativas ciudadanas.

 Impulsar la realización de parlamentos universitarios nacionales en donde los jóvenes tengan la oportunidad de involucrarse en el proceso legislativo de nuestro país con sus valiosas aportaciones.

 Garantizar a los jóvenes su inclusión en cargos de elección popular que postule nuestro partido político, buscando siempre la equidad de género.

 Impulsar programas y acciones enfocados a la atención de enfermedades que padecen las jóvenes de nuestro país.

 Promover reformas legislativas para garantizar la protección de los Derechos Humanos de los jóvenes creando una visitaduría de atención a la juventud.

 Incluir a la juventud en el desarrollo nacional reformando el Artículo 4° Constitucional.

 Incluir a jóvenes para que sean considerados sujetos de derechos en la Ley de Asistencia Social.





PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE POLITICA INTERNA

PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE POLITICA INTERNA

La corrupción es un acto ilegal que se presenta en el momento en el que una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Es un problema mundial pero en México las cifras de actos de corrupción cada vez son más altas.

De acuerdo con la información de la Organización Civil Transparencia Internacional (TI), México se ha encaminado al declive de los países con una mala percepción de transparencia. De acuerdo con el Indice de Percepción de la Corrupción elaborado anualmente por dicha Institución, México se encuentra en el lugar 100 con una calificación de 3.0 en comparación con los resultados de hace 10 años, en 2001, México se encontraba en el lugar 57 con una calificación de 3.7, si bien la calificación es reprobatoria en los dos reportes, debemos considerar que existen países que han logrado mejorar la percepción de corrupción y ello ha influido a que nuestro país no solo se estanque como un país corrupto, sino que incluso sea considerado año con año un país en donde se acrecienta este mal.

Asimismo y de acuerdo la Organización Transparencia Mexicana, en 2010 cada acto de soborno, ascendió en promedio a 165 pesos, cuando en 2007 era de 138 pesos. De acuerdo con los resultado del “Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010", elaborado por la Organización antes citada, refirió que en ese año los mexicanos destinaron más de 32.000 millones de pesos en sobornos, frente a los 27.000 millones de pesos registrados en 2007.

Resaltamos que de acuerdo al análisis realizado, al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) de la Secretaría de la Función Pública, durante el 2011, se dictaron 9,571 sanciones a 7,877 servidores públicos de la Administración Pública Federal, de éstas, sólo 1,050 consistieron en sanción económica, que equivalieron más de 7,359 mil millones de pesos.

Como podemos visualizar, la corrupción en nuestro país es un problema creciente que debe ser combatico, aceptando que la corrupción requiere de la participación de dos actores: uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar una "mordida" o soborno para obtenerlo. Ante esta situación, el Partido Verde Ecologista de México, es consciente de que debemos trabajar para lograr combatir y erradicar estas actividades.

Nuestro Partido no ha tolerado ningún momento actos ilícitos de las autoridades, y ha denunciado y hecho del conocimiento público diversas anomalías ejercidas por el Ejecutivo Federal, como es el caso de la realización monumento “Estela de Luz”, que debió haberse concluido para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia de México en 2010 y que fue hasta enero del 2012 que fue concluido y entregado, asimismo, se hizo publicó sobre las diversas anomalías por la entrega y ejecución de recursos. El presupuesto inicial asignado para la realización de esta obra era de poco mas de 300 millones de pesos sin embargo el costo real de la obra fue de mas de 1000 millones. En su etapa de construcción los responsables de la obra, trabajaron para ocultar las diversas irregularidades para la construcción de la misma, entre ellas la falta de una adecuada planeación del proyecto y la presunta corrupción en el proceso de licitación para la realización de la obra. Actualmente, el Partido Verde ha realizado denuncias penales en contra de quien resulte responsable, entre otros por el excesivo uso de recursos públicos para la realización de la “Estela de Luz”.

La corrupción no solo esta en el ejercicio de recursos públicos, el Instituto Nacional de Migración, es un ejemplo de ello, el cual dio a conocer a finales del 2011, que existían alrededor de 400 elementos del propio Instituto que han sido dados de baja, por no aprobar los exámenes de confianza o de haber sido acusados de manera directa de alguna situación irregular.

Por lo anterior el Partido Verde Ecologista de México reconoce que la corrupción rompe el tejido social pues disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, el gobierno y entre ellos mismos y afecta también el nivel ético de la sociedad en su conjunto.

Ante estos resultados, es importante resaltar que uno de los problemas en Política Interna que tiene nuestro país es la falta de credibilidad en las Instituciones Públicas. Es por ello que para el Partido Verde, es de suma importancia establecer estrategias que logren la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.

Por lo anterior debemos considerar la mejora de los Sistemas de Evaluación del Desempeño, como procesos que permiten establecer los mecanismos para la obtención de información con base en la evaluación de la gestión gubernamental, en términos de cumplimiento de objetivos y metas, así como de la generación de impactos.

Es necesario contar con un marco normativo que aporte: al Ejecutivo Federal, mecanismos para la obtención de la información que le permita tomar decisiones para la reorientación de los propios programas y la reasignación de los recursos presupuestarios en términos de resultados; al Congreso de la Unión, fundamentos técnicos para la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y sobre todo, para desempeñar de manera más eficaz y transparente, su función de contrapeso del Poder Ejecutivo; y a la Sociedad Civil, información que le permita ejercer una evaluación social más eficaz del desempeño gubernamental y del ejercicio de los recursos públicos y del poder mismo, fortaleciendo la fiscalización social. En resumen, el carácter transversal de la Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental permitiría incrementar la viabilidad de procesos de restructuración institucional futuros, a partir de los mecanismos de gestión, seguimiento y evaluación de programas.



El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Dotar de autonomía a la Secretaría de la Función Pública de manera que pueda erradicarse la corrupción sin que el conflicto de intereses sea un obstáculo.

 Impulsar que en el desempeño de la función pública prive la transparencia, para asegurar la certidumbre y confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus gobernantes.

 Vigilar que los servidores públicos cumplan las normas de custodia, administración y correcta aplicación de los recursos públicos.

 Eliminar trámites y requisitos innecesarios que se han convertido en fuente de corrupción, de discrecionalidad y de abuso de poder en la gestión pública, administrativa y judicial.

 Elevar a rango constitucional el sistema de fiscalización, garantizar la independencia y autonomía de las entidades de fiscalización superior estatales.

 Promover diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones para: a) Lograr una mayor divulgación y consulta de instrumentos por parte de todas aquellas instituciones, especialistas y del público en general; b) Propiciar condiciones de mayor simplificación y accesibilidad en la administración y acceso de ambos instrumentos; y c) Fortalecer los mecanismos de procesamiento y consulta electrónica para su divulgación masiva entre los sectores nacionales e internacionales mayormente vinculados con sus servicios.

 Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones como mexicanos, que repudie el delito, la corrupción y la impunidad, y que combata severamente estos ilícitos tanto en los ámbitos público y privado, como en la interacción entre ambos.

 Crear programas de cultura cívica y legalidad que se incluyan en el sistema educativo nacional y que cuenten para su difusión con el apoyo de los medios de comunicación masivos.

 Consolidar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, perfeccionando el marco normativo y fortaleciendo las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información.

 Impulsar una agenda de responsabilidad en el manejo de la deuda pública de los tres órdenes de gobierno.

 Desarrollar un "Sistema Nacional de Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas" que homologue y armonice la información hacendaria y los marcos jurídicos, fortalezca los órganos de fiscalización y control interno, e impulse la participación ciudadana en los procesos de revisión, fiscalización y control, para dar certidumbre a los ciudadanos respecto de las acciones gubernamentales.

 Revisar el ámbito de competencia y evitar los costos políticos y administrativos derivados de la duplicidad de funciones existentes entre la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

 Establecer que los Gobiernos midan su eficacia a través del logro de metas y objetivos propuestos, mediante un proceso permanente de planeación democrática en el que participen organizadamente los miembros de la a sociedad.

 Revisar y modernizar la Administración Pública Federal en sus ámbitos centralizado, descentralizado y desconcentrado, a fin de cumplir de la mejor forma con los grandes objetivos del Estado mexicano, así como reflejar este proceso en los órdenes estatal, municipal y del Distrito Federal.

 Fortalecer a los organismos autónomos del Estado a través de políticas legislativas y presupuestales de vigorización y de respeto a su naturaleza administrativa, técnica y política, incluyendo al Banco de México, IFE, CNDH, INEGI y otros.

 Apoyar la profesionalización de todos los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno. Para ello, en el marco de la Ley del Servicio Civil de Carrera se garantizará la obligación del gobierno de otorgar capacitación permanente a los funcionarios en todas las dependencias y entidades públicas para elevar la capacidad operativa y de respuestas del gobierno.

 Garantizar que los funcionarios públicos cumplan con el Artículo 113 Constitucional en materia de ética laboral, como son los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas, empleos, cargos y comisiones.

 Propiciar una administración de servicios públicos orientada al usuario y buscar la participación de los ciudadanos, implementando políticas que le permitan ejercer evaluaciones de los mismos.

 Continuar con la implementación de nuevas tecnologías que fortalezcan la eficacia de la Administración Pública, incluyendo las modalidades de gobierno digital.

 Incorporar a los procesos de modernización administrativa las aportaciones y participación de los trabajadores al servicio del Estado.

 Reconocer la importancia de restablecer el tejido social comunitario, que aproveche la energía y organización de la sociedad y su capacidad de gestión.

 Fomentar la conformación de agendas ciudadanas, desde una perspectiva sectorial y temática, en donde se involucren representantes de organizaciones civiles.

 Establecer mecanismos directos de comunicación, permanentes y sistemáticos, con los grupos organizados de carácter social, político, económico y ciudadano.

 Promover leyes y reglamentos que regulen y garanticen la participación de la sociedad organizada en el diseño y seguimiento de políticas públicas de interés colectivo.

 Promover con carácter de política de Estado, un programa integral de cultura política democrática de los mexicanos, basado en el respeto al Estado de Derecho y a los valores que permiten la convivencia armónica de la sociedad.

 Impulsar la constitución de órganos ciudadanos de apoyo a la gestión pública.

 Promover la participación política de los mexicanos residentes en el extranjero como integrantes de la Nación y destacar su importancia para la vida política, económica, social y cultural del país.






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