Segunda seccion instituto federal electoral



Descargar 0.69 Mb.
Página7/12
Fecha de conversión04.02.2019
Tamaño0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ENERGIA

El sector energético es uno de los más importantes motores de la economía nacional y por ello tiene un papel fundamental en la productividad, competitividad y sustentabilidad del país. Este sector provee empleos y produce insumos que los sectores productivos, de servicios e incluso la sociedad mexicana requiere para su desarrollo y bienestar. Al mes de julio de 2011 su contribución al Producto Interno Bruto ascendió a 128 mil millones de pesos.



Hidrocarburos

A nivel mundial, México es considerado un país con abundantes recursos energéticos. Sus reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 13 mil 796 millones barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), cifra que representa el 0.8% del total de las reservas probadas mundiales. La mayoría de esas reservas se concentran en campos marinos. Del total de dichas reservas “el 74% corresponde a crudo; 9% a condensados y líquidos de planta y el 17% a gas seco”.

Asimismo es el séptimo país productor de petróleo del mundo. En el año 2010 aportó 2.95 millones de barriles de petróleo diarios, cifra que representó el 3.7% de la producción total mundial. El consumo energético primario nacional para el mismo año fue de 1 millón 994 mil barriles de petróleo diarios, cifra que representó el 2.2% del total del consumo mundial.

Por sus reservas de gas natural, nuestro país ocupa el 31º lugar a nivel mundial con 17.3 trillones de pies cúbicos (MMMMpc), cifra que represente el 0.3% del total mundial. De esos, el 62% corresponde a gas asociado y el 38% a gas no asociado. Por el volumen de producción de este combustible, a nivel mundial se ostenta el 16º lugar con 55.3 mil millones de metros cúbicos, cifra que representa el 1.7% del total mundial. En consumo asciende a 68.9 mil millones de metros cúbicos, lo que nos coloca en el 11º consumidor a nivel mundial.

Por sus reservas de carbón, México ocupa el 33º lugar a nivel mundial con 1.21 mil millones de toneladas, que representan el 0.1% de las reservas mundiales de este combustible. En el año 2010 la producción nacional de carbón ascendió a 4.5 millones de toneladas de petróleo crudo equivalente, mientras que el consumo fue de 8.4 millones de toneladas de petróleo crudo equivalente. A nivel mundial estas cifras representan el 0.1% y 0.2% del total mundial, respectivamente.

El Balance Nacional de Energía 2009 (al momento el más reciente) describe la estructura de la producción, transformación y consumo de energía en México, destacando lo siguiente:

 La producción primaria de energía alcanzó los 9 mil 852.9 petajoules. La contribución por fuente energética se distribuyó de la siguiente forma: los hidrocarburos, 8 mil 920.4 petajoules; renovables, 607.80 petajoules; el carbón mineral, 212 petajoules y la energía nuclear, 112.75 petajoules.

 La generación de energía por fuentes renovables se distribuyó de la siguiente forma: geoenergía, 155.53 petajolues; leña, 260.68 petajoules; hidroenergía, 95.20 petajoules; bagazo de caña, 88.73 petajoules; solar, 6.75 petajoules; eólica, 0.91 petajoules.

 El consumo nacional de energía fue de 8 mil 247 petajoules, disminuyendo en 0.5% con respecto del año 2008. Ello fue ocasionado por la menor demanda para consumo final. Del consumo nacional, 837 mil petajoules, es decir 10.1% se destinó al mismo sector de energía y 4 mil 795 petajoules, 58.1 % al consumo final.

 El consumo per cápita anual de energía fue de 76.7 Gigajoules, que fue menor en 1.3% con respecto al año 2008 y la tasa de consumo per cápita en el periodo 2000-2009 creció 1.2% anual.

 Como resultado de la caída de las exportaciones de petróleo, la balanza comercial de energía primaria tuvo un retroceso de 14%, sumando un saldo neto de 2 mil 714.5 petajoules. El 85.9 % de las exportaciones de petróleo crudo fueron a Estados Unidos, hecho que colocó al país como el segundo abastecedor después de Canadá. La importación de energía primaria (Carbón) sumó 154.14 petajoules, cifra superior a la registrada en el año 2008 en 25.2%. Más del 50% de dichas importaciones provinieron de Australia.

 Por su parte, la exportación de energía secundaria tuvo un saldo de 578.4 petajoules (combustóleo 67%; gasolinas y naftas 23.4%; 4% gas seco; 1.7% diesel; 1.5% queroseno). La importación de energía secundaria retrocedió un 10.8% totalizando 1 mil 506 petajoules. El 42.1% de esta correspondió a gasolinas y naftas; el 29.9% a gas seco; el 8.2% a gas licuado de petróleo; el 7.9% a combustóleo y el 6.6% a diesel. En ese sentido, el saldo neto del comercio exterior de energía secundaria fue negativo sumando 927.8 petajoules.

 El valor de las exportaciones de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos es de 3,976 millones de dólares, 330 millones de dólares y 244.3 millones de dólares, respectivamente; mientras que el valor de las ventas internas de productos petrolíferos, gas seco y petroquímicos ascendió a 584 mil 833.7 millones de pesos, 67 mil 120.1 millones de pesos y 31 mil 732 millones de pesos, respectivamente.

 La intensidad energética, es decir, la cantidad de energía que se requiere para producir un peso del PIB fue de 988.2 Kilojoules, 6.2% mayor a la registrada en el año 2008. Este incremento es el resultado de una mayor demanda de energía a pesar del escaso crecimiento del PIB. El incremento de la intensidad energética nacional es congruente con la tendencia mundial por tercer año consecutivo. Sin embargo, en términos ambientales ello contribuye muy poco a paliar los efectos del cambio climático, particularmente si se considera que los combustibles fósiles constituyen más del 50% de sus mezclas energéticas.

 La producción, transformación, y consumo de energía produce emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático de origen antropógeno. Se calcula que las emisiones de estos gases en el sector energético ascendieron a 403.5 millones de toneladas de CO2e. Esta cifra equivale a 48.9 toneladas de CO2e por terajoule consumido y es menor en 3.9 % a la registrada en el año 2008. La reducción se explica por el menor consumo de energía. No obstante, las emisiones por peso de PIB equivalen a 48.4 toneladas de CO2e, cifra 2.8% mayor a la registrada en 2008.

Generación de Electricidad

Siendo México un país eminentemente petrolero no sorprende que las principales fuentes de generación de energía eléctrica sean los combustibles fósiles: combustóleo, diesel gas natural y carbón. Otras fuentes de generación de electricidad son las renovables y la nuclear.

La Secretaría de Energía informa que la generación bruta de energía eléctrica en el año 2010 ascendió a 241 mil 491 Gw/h. A ese total las centrales hidroeléctricas contribuyeron con 36 mil 738 Gw/h, las centrales termoeléctricas con 97 mil 161 Gw/h, los productores independientes con 78 mil 442 Gw/h, las carboeléctricas con 16 mil 485 Gw/h, la nucleoeléctrica con 5 mil 879 Gw/h, las geotermoeléctricas y eoloeléctricas con 6 mil 818 Gw/h y 166 Gw/h respectivamente.

De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad, el valor de las pérdidas en proceso de transmisión – distribución al mes de agosto de 2011 asciende a 11.7%, lo que representa 26 mil 723 Gw (96.22 petajuoles).

Por su parte, la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional al mes de agosto de 2011 es de 51 mil 180.4 MW, de los cuales 11, 106.9 MW corresponden a productores independientes de energía. Asimismo para el mismo periodo, la capacidad instalada de transformación fue de 202 mil 91 MVA, de los cuales 45 mil 633 MVA corresponden a subestaciones de distribución y 156 mil 457 MVA a subestaciones de transmisión.

Al mes de agosto de 2011, la cobertura nacional de electricidad fue de 98.95% en zonas urbanas y de 93.14% en zonas rurales. Esta cobertura permite atender a 35.1 millones de usuarios.

Durante el periodo septiembre 2010 - agosto 2011, las ventas totales de energía eléctrica ascendieron a 166 mil 733 Gw/h, de las cuales 165 mil 500 GW/h corresponden a ventas directas al público. El valor de las ventas internas de energía eléctrica en 2010 ascendió a 249 mil 235 millones de pesos y para el periodo enero-junio de 2011 el valor de las ventas fue de 133 mil 926 millones de pesos.

Por lo que se refiere a los permisos administrados de generación de energía eléctrica, la SENER informa que se han otorgado 775 permisos en diferentes modalidades, de los cuales 730 se encuentran operando. De estos, 598 son para autoabastecimiento con una capacidad de generación autorizada de 6 mil 106 MW y un potencial de generación de 26 mil 853 GW/h; 24 son para producción independiente con una capacidad de generación autorizada de 13 mil 454 MW y un potencial de generación de 95 mil 736 GW/h; 59 son para cogeneración con una capacidad de generación autorizada de 3 mil 318 MW y un potencial de generación de 19 mil 498 GW/h; 37 son para importación con una capacidad de generación autorizada de 233 MW y un potencial de generación de 776 GW/h.



Generación de Electricidad a Partir de Fuentes Renovables

Por otra parte, el potencial energético a partir de fuentes renovables en el país es considerable dada su ubicación geográfica, sus características geológicas y tipos de clima.

El potencial de generación de energía a partir del sol se calcula en 5Kw/h por m2, considerado uno de los más altos del mundo y razón de sobra para impulsar el desarrollo y despliegue de la tecnología asociada a esta fuente, así como promover la instalación de centros de producción a escala. De hecho, la SENER ha calculado que de instalarse módulos fotovoltáicos en una superficie de 25 km por lado en Chihuahua o Sonora sería factible satisfacer el total de la demanda nacional. Actualmente se han ubicado cinco nichos de desarrollo en 25 ciudades de los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo valor se estima en 608 millones de dólares.

Por lo que se refiere a la energía eólica, de acuerdo con la SENER aún no se cuenta con un estudio nacional del potencial de esta fuente; sin embargo, la información disponible permite estimar un potencial de generación de 40 mil MW, particularmente en las regiones de Oaxaca, Baja California y Yucatán.

El potencial nacional estimado para la tecnología mini hidroeléctrica se calcula en 39 GW; sin embargo, tomando en cuenta que aún es necesario llevar a cabo evaluaciones exhaustivas en esta materia, particularmente para definir la factibilidad técnica, económica y socio-ambiental del despliegue tecnológico, al menos el 25% de dicho potencial puede ser considerado como 100% factible.

El potencial de energía térmica de la biomasa se calcula entre 3 mil y 4.5 mil petajoules al año proveniente de leña, agro combustibles y aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios. La SENER ha calculado que es posible satisfacer el 20% de la demanda de electricidad nacional si se contara con una capacidad de generación de 50 mil GW/h/año.

En cuanto a la energía geotérmica, aun cuando no se ha realizado una minuciosa evaluación de su potencial, sí se cuenta con estudios que permiten calcular el potencial de generación en 12 GWe. De hecho es pertinente mencionar que nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en capacidad instalada.

La capacidad total instalada de generación de electricidad a partir de fuentes renovables asciende a 2 mil 365 MW y se distribuye en la siguiente forma: Geotermoeléctrica 965 MW, eoloeléctrica 493 MW, mini hidroeléctrica 416 MW, biomasa 459 MW y biogás 33 MW. Esta capacidad representa el 4% del total nacional. Como se puede apreciar estas cifras no contemplan la energía eléctrica generada por módulos fotovoltáicos que a finales de 2009 fue de 25 mil 118 Kw ni la capacidad instalada de calentadores solares que tienen una capacidad de generación de energía térmica de 6.71 petajoules en una superficie de 1 millón 392 mil 922 m2.

Por todo lo anterior resulta evidente que México es un país privilegiado por contar con una reserva considerable de recursos energéticos provenientes de fuentes fósiles y renovables. Sin embargo, dada una serie de variables como la accesibilidad, costos e infraestructura, los primeros prevalecen sobre los segundos. En ese sentido, no sorprende que el desarrollo nacional descanse en mayor medida en la industria petrolera y en los ingresos que ésta obtiene de sus operaciones de compra y venta, particularmente petróleo, gas natural y condensados; así como en la generación de electricidad a partir de fuentes fósiles.

Las principales actividades del sector energético son la producción y venta de petróleo y sus derivados, así como la generación y venta de energía eléctrica. Al mes de julio de 2011, la participación de los hidrocarburos en los ingresos totales del sector público ascendió a 81.5 mil millones de pesos, es decir el 33.1% del total. Por su parte, el valor de las ventas internas de energía eléctrica para el mismo periodo ascendió a 133 mil 926 millones de pesos.

En el año 2009 el 92.7% del consumo nacional de energía provino de fuentes fósiles, comparado con el 7.3% que provino de fuentes no fósiles. Por su parte, el 76% de la generación de energía eléctrica aún proviene de fuentes fósiles.

No obstante lo anterior, las reservas probadas de petróleo a nivel mundial comienzan a mostrar signos de agotamiento. En el caso de México, por tercer decenio consecutivo se observa una caída en las reservas probadas de petróleo al pasar de 51.5 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en la década de los años 90 a 13 mil 796 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en 2009. De continuar esta tendencia se considera que las reservas se agotarán en la próxima década.

La situación para el gas natural es similar ya que, durante los últimos dos decenios las reservas probadas de este hidrocarburo han decrecido en 1.58 trillones millones de metros cúbicos al pasar de 2 mil trillones de m3 al final de la década de 1990 a 0.5 trillones de m3 en 2010. Se calcula que en el supuesto de que la producción se mantenga constante, las reservas actuales alcanzarán para satisfacer la demanda de los próximos 9 años.

Aunado a la disminución de las reservas probadas de petróleo y gas natural está la reducción de la producción que acumula más de 500 mil barriles diarios, con respecto al máximo histórico producido en el año 2004 en el campo Cantarell que a partir de entonces ha declinado su producción. A ello se debe sumar el hecho de que los activos integrales Ku-Maloob-Zaap, Abkatún-Pol-Chuc y Veracruz registraron una menor producción.

La caída de las reservas de hidrocarburos aunada a la pérdida de producción podría tener implicaciones en la balanza comercial energética; es decir que para satisfacer la creciente demanda, que ya alcanza los 2 millones de barriles/día, será necesario recurrir al mercado externo. Ello podría repercutir aún más en los precios al consumidor final, e incluso poner en riesgo la seguridad energética del país pues además de importar petrolíferos, carbón y gas natural, en un escenario extremo podríamos importar petróleo, no porque no se cuente con el recurso, sino porque no se tienen los medios para explotarlo.

A la luz de lo anterior, cobra sentido la afirmación que un informe del banco de inversiones Goldman Sachs publicó en 2004: “la industria no se está quedando sin petróleo, las reservas son muchas y continúan creciendo… pero la falta de inversión en el sector que caracterizó la década de los años 80 y 90 propicia que no se cuente con la habilidad para acceder a dichos recursos.” En otras palabras, la época del petróleo barato se ha acabado.

La producción de hidrocarburos y sus derivados, así como su uso (combustión) en una multiplicidad de actividades productivas y de servicios están directamente relacionadas con el cambio climático y sus efectos adversos. En el informe de evaluación más reciente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en Inglés) se indica que en el periodo 1970 - 2004 la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) se incrementó en un 70% y que ¼ y 0.5/4 de dichas emisiones provino de los sectores de suministro de energía eléctrica y transporte. Aunado al incremento de las emisiones de GEI está el de su concentración en la atmósfera terrestre. Al respecto, el informe del IPCC indica que mientras que en 2005 esa concentración era de 379 partes por millón, al 31 de septiembre de 2011 ya había alcanzado las 389 partes por millón. Este apabullante incremento en la concentración de GEI en un periodo de tiempo tan corto debe ser motivo de atención y acción inmediata ya que, de continuar esta tendencia, los expertos pronostican un aumento de la temperatura media del planeta no de 2ºC sino de 6ºC, además de una serie de impactos en el sistema climático y también en los sistemas humanos y naturales.

Con objeto de evitar el incremento de la temperatura mundial en más de 2°C el IPCC recomendó estabilizar las concentraciones de GEI en un rango de 450 partes por millón – 550 partes por millón. Para ello los países desarrollados deben reducir sus emisiones de GEI en un margen de entre 10% y 40% por debajo de los niveles de emisión registrados en 1990 hacia el año 2020, además de que para el año 2050 el margen de reducción para ese grupo de países debería ser entre 40% y 95%. Por su parte, los países en desarrollo tendrán que desviar la tendencia de incremento de sus emisiones hacia el año 2020.

Sobre el particular es pertinente recordar que la comunidad científica a través del IPCC estableció el umbral de 2ºC como máximo deseable en el incremento de la temperatura ya que, después de ese “límite” el planeta entrará en una fase denominada de “cambio climático peligroso”, en la cual las proyecciones de cualquier escenario no podrán prever los impactos con un grado de certidumbre aceptable. Este umbral fue ratificado por la comunidad internacional en el marco de la 16º Conferencia de las Partes/6ª Reunión de las Partes del régimen internacional de cambio climático mediante la adopción de los Acuerdos de Cancún y de hecho ya se hacen los arreglos para comenzar la evaluación de la conveniencia de restringir dicho umbral a 1.5º C.

A la luz de lo anterior, México debe impulsar diversas acciones que le permitan por una parte reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2006 sumaban 715 Mt CO2e, de los cuales 196.53 Mt CO2e corresponden a la generación de energía (petróleo, gas y electricidad) y 233.50 Mt CO2e al uso de electricidad. Por otra parte debe adaptarse a los impactos del cambio climático.

La tendencia mundial de mitigación se orienta principalmente al sector energía no solo porque éste es el principal emisor de GEI sino porque dadas las pautas de desarrollo de la mayoría de las economías, se espera que la demanda de energía a partir de combustibles fósiles continúe en aumento. En ese sentido, cobra importancia la transición energética, es decir, la serie de políticas y acciones que tienen por objeto diversificar la producción primaria de energía mediante el uso de otras fuentes no fósiles, apoyar la eficiencia energética en la generación y distribución de electricidad, en los procesos productivos y el transporte, reducir la demanda de energía y fijar un precio a la tonelada de CO2 en la que se incluyan externalidades sociales y ambientales.

Reconociendo la importancia que el sector energético tiene para el crecimiento y la prosperidad en el país y tomando en consideración los datos aludidos en el apartado anterior es necesario admitir que el sector enfrenta serios retos que deben ser evaluados desde una perspectiva ambiental para estar en condiciones de orientar la toma de decisiones hacia el fortalecimiento y eficiencia del mismo.



El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Adoptar las medidas e implementar las acciones que pongan al sector energético en la ruta que permita generar el 45% de la electricidad a partir de fuentes renovables al año 2025.

 Revisar la normatividad vigente y promover las reformas legales necesarias para incentivar la generación de electricidad para autoconsumo a partir de fuentes renovables en la vivienda, edificios públicos, planteles educativos, y otras edificaciones.

 Proscribir a nivel Constitucional la energía nuclear como sistema para la generación de electricidad.

 Promover los estudios técnicos, económicos y de impacto social relacionados con el esquema de tarifas eléctricas y los ajustes a que son sujetas en las diferentes regiones del país.

 Fomentar el consumo responsable y eficiente de energía eléctrica en los sectores productivos, edificios públicos y vivienda.

 Favorecer esquemas de inversión a efecto de que CFE realice los ajustes necesarios a su infraestructura de transmisión de una sola vía para ajustarla a la participación de generación a partir de fuentes renovables.

 Realizar las reformas legales necesarias para incentivar la compra de largo plazo de energía eléctrica generada partir de fuentes renovables.

 Fortalecer los esquemas de información a la sociedad respecto de las mejores prácticas de consumo eficiente de energía en la vivienda y oficinas.

 Desarrollar proyectos de generación de electricidad pública con irrestricto apego a la normatividad ambiental y de ordenamiento ecológico del territorio.

 Fomentar que en la construcción de infraestructura para la generación de electricidad, particularmente grandes hidroeléctricas se informe y consulte ampliamente a la población.

 Incrementar la cobertura del servicio eléctrico de tal suerte que de las 44 mil 784 localidades que aún no cuentan con electricidad, el 65% quede cubierto en el periodo 2013-2018.

 Reducir el consumo de leña en la generación de energía primaria. Esto permitirá reducir el impacto ambiental (mitigación de gases de efecto invernadero) así como en la salud humana (enfermedades respiratorias).

 Brindar un mayor impulso a los programas de vivienda para desplegar tecnologías que aprovechen la energía solar, como es el caso de los calentadores de agua.

 Promover reformas legales y esquemas que incentiven fiscalmente la instalación de paneles solares en edificios públicos, hospitales, escuelas y empresas, en techos de viviendas, puentes peatonales y parques urbanos.

 Favorecer el crecimiento de tecnologías que aprovechen fuentes renovables de energía y su despliegue, de tal forma que se les permita alcanzar economías de escala y reducir costos.

 Impulsar el desarrollo de proyectos que no se consideren en la modalidad de servicio público de energía eléctrica en los que participen la sociedad y el sector privado. Para ello será necesario revisar la normatividad vigente y promover su simplificación.

 Favorecer la investigación y las acciones conducentes para promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación como parte de la mezcla energética y en la generación de electricidad.

 Promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación así como otras fuentes de energía renovable en los procesos productivos y en servicios como el transporte.

 Establecer las medidas y aplicar las acciones necesarias para que el 10% de la generación de energía eléctrica provenga de fuentes renovables durante el periodo 2013-2018. Esto permitirá al país continuar con la ruta de generación del 35% al año 2024. Cabe recordar que actualmente la participación actual es del 4%.

 Incorporar en la metodología para valorar las externalidades asociadas a la generación de electricidad variables ambientales y sociales, así como los costos asociados a estas.

 Fomentar la reducción en al menos 18 MtCO2e las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la generación de energía y en al menos 12 MtCO2e las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de energía, durante el periodo 2013-2018. Con ello el país estará en la ruta correcta de reducción al 2020 y 2050.

 Realizar estudios de vulnerabilidad y reducción de riesgo en el sector eléctrico ante efectos del cambio climático en las regiones del país.

 Difundir el acceso y aplicar los estímulos que la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética contempla.

 Continuar con la elaboración de la normatividad, indicadores y etiquetado de productos, así como con la implementación de estándares mínimos de eficiencia energética para vivienda y aparatos electrodomésticos.

 Favorecer la implementación de esquemas de sustitución de aparatos electrodomésticos, equipo de aire acondicionado, focos incandescentes y luminarias públicas por otros que cumplan con normas de eficiencia energética nacionales e internacionales.

 Fomentar y favorecer la participación de investigadores y funcionarios en los foros internacionales relativos a las fuentes de energía renovable, así como el establecimiento de redes de cooperación, intercambio de conocimientos y experiencias.

 Fomentar la difusión de información sobre las mejores prácticas de eficiencia energética disponibles y acciones para el ahorro de electricidad en la vivienda, edificios públicos y privados.

 Promover la participación y cooperación de los sectores público, social y privado en el diseño de esquemas de financiamiento para adquirir tecnología que aproveche las fuentes renovables de energía.

 Favorecer la cogeneración mediante el aprovechamiento de energía térmica no aprovechada en procesos productivos.

 Revisar la normatividad vigente y en su caso promover las reformas legales necesarias que permitan a la CFE desarrollar esquemas de mediano y largo plazo que permitan a sus clientes comprar electricidad proveniente de fuentes renovables de energía.

 Establecer los mecanismos que faciliten a la CFE la medición neta de electricidad entre el generador y la red, para aquellos clientes que tengan contratos de generación a partir de fuentes renovables.

 Promover y favorecer la creación de capacidades humanas en materia de investigación y desarrollo tecnológico este ramo (fuentes renovables de energía) mediante el incremento de la matrícula estudiantil en áreas afines.

V. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL

EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL

En la actualidad, una estrategia importante para el desarrollo económico lo constituye la educación ambiental, pues se ha visto que es más redituable prevenir que remediar. Las incipientes inquietudes de la sociedad en torno a la conservación de los recursos naturales y al mantenimiento del ambiente sustentable, obliga a la evolución de los modelos, contenidos y estrategias educativas, en donde se promueva en los ciudadanos la toma de conciencia y la capacidad para que ellos mismos se comprometan con las decisiones que afectan sus vidas.

México fue el primer país en firmar la iniciativa de las Naciones Unidas que declaró al decenio 2005-2015 como la década de la educación para el desarrollo sustentable. Frente a este acuerdo, y considerando los grandes retos en la materia, es necesario construir una visión de la educación formal y no formal en pro de la sustentabilidad ambiental que fomente actitudes y comportamientos favorables que permitan garantizar el bienestar actual y futuro, la formación de capacidades, el impulso a la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como el seguimiento y la evaluación de programas y resultados.

Hoy día el entorno económico de México es una de las principales barreras tanto para la oferta como para la demanda de educación y capacitación ambiental debido a que los recursos para costear la asistencia de empleados a clases son escasos. En la actualidad se ofrecen anualmente más de 250 programas en el sector de la educación superior a los que se suman más de 200 cursos de diplomado y más 600 cursos breves, la mayor parte de los cuales se iniciaron en la década pasada.

Aproximadamente el 33% de los programas de licenciatura, 45% de los programas de maestría y el 64% de los programas doctorales se ofrecen en instituciones ubicadas en el Distrito Federal y los estados colindantes. Por otra parte, la región sur del país ofrece sólo 8% de los programas de licenciatura y 2% en lo que corresponde a maestrías y doctorados. También en las áreas urbanas se encuentran concentrados los cursos de diplomado, 40% de los cuales se ofrecen en instituciones del Distrito Federal, en donde también se ofrece más del 6% de los cursos breves.

La falta de infraestructura en materia de educación y capacitación ambiental fuera del Distrito Federal y algunas pocas zonas selectas del país, crea problemas para empresas que no tienen un acceso fácil a una diversidad suficiente de programas. La ampliación de programas de capacitación ambiental más allá de las pocas ubicaciones en donde se ofrecen hoy día, es un paso necesario en el desarrollo de la toma de conciencia ambiental de México.

Otro problema es la visión que tiene la sociedad mexicana, en su mayoría pasiva, que espera que la solución del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales sean resueltos por el gobierno. Este enfoque debe cambiar. No sólo el gobierno es el responsable de la solución de los deterioros ambientales, cada individuo que conforma la sociedad es corresponsable tanto de los problemas como de la solución.

Para subsanar lo anterior se debe fomentar una conciencia ambiental, informar no sólo sobre el medio ambiente físico y biológico, sino también el vínculo del ambiente con la sociedad, la economía y el desarrollo humano. La Educación Ambiental debe ser una herramienta que permita un cambio de actitud y modalidad de consumo, que conduzcan al equilibrio entre las necesidades humanas y los procesos de la naturaleza.

Por ello el PVEM planteará como objetivo reorientar la pedagogía y las ciencias de la educación hacia la Educación Ambiental, tal como lo recomiendan los organismos internacionales y la propia sociedad, enfocándola en todo momento al desarrollo sustentable y la conservación. Se debe instrumentar la educación ambiental para que los métodos formales y no formales de educación y capacitación sean accesibles y de calidad para todo mexicano.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Instrumentar el Artículo 7 de la Ley General de Educación, incluyendo el tema ambiental de manera transversal en los programas educativos.

 Impulsar el desarrollo de información ambiental, problemas y soluciones, por regiones específicas del país, a través de un banco de información que permita proporcionar información acorde a la realidad de las comunidades, reformando para ello la Ley de Información Estadística y Geográfica, y por otra parte a la Ley Federal de Protección al Consumidor ya que un consumidor informado, es un consumidor consciente.

 Trabajar en reformas a la ley de Radio y Televisión, para asegurar el aprovechamiento de los espacios en medios no formales de educación, como televisión, radio y prensa para informar a la sociedad sobre la situación ambiental, planteando no sólo las causas y consecuencias, sino también las soluciones y la manera particular de participación de los individuos.

 Asegurar que en las dependencias de gobierno, se lleven a cabo sesiones de capacitación en materia ambiental para que los servidores públicos incorporen criterios ambientales en sus actividades cotidianas, tanto en su lugar de trabajo como en su casa y comunidad, para tal efecto se pretende llevar a cabo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 Utilizar los avances tecnológicos para la difusión de la información ambiental, fomentar el uso del internet, las videoconferencias, y demás medios electrónicos de transmisión de información para lograr una cobertura mayor de la educación ambiental, por ello es necesario emprender reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.



PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERITORIAL

Ciudades ambiental y socialmente sustentables

Las ciudades son el espacio del hábitat social donde se desarrolla la vida en comunidad, la satisfacción de necesidades, la generación de recursos, y la cultura; en resumen, donde tiene expresión el desarrollo social y económico. Sin embargo, la generación de residuos sólidos, la contaminación del aire, la alta densidad poblacional, el consumo energético, el abasto de agua con calidad y la concentración de establecimientos industriales y de servicios representan algunos de los principales problemas ambientales en las zonas urbanas.

El ejemplo más tangible de esta relación es el vínculo entre la urbanización y el cambio climático, por un lado, la contribución de las ciudades al calentamiento global y por otro, los impactos potencialmente devastadores de éste en las poblaciones urbanas.

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos “Ciudades y el Cambio Climático” estima que entre un 40 y un 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de las ciudades provienen de actividades humanas y están principalmente relacionadas con el consumo de combustibles fósiles, la producción industrial y la generación de residuos. Los datos anteriores toman especial relevancia al considerar las tasas sin precedentes del crecimiento urbano. Entre 1950 y 2011, la población urbana aumentó casi cinco veces.

De forma más específica tenemos los siguientes datos sobre emisión:


SECTOR

APORTACION DE GEI

FUENTE

Suministro de Energía

26% de las emisiones globales

-Quema de combustibles fósiles: generación de electricidad, calefacción, refrigeración, transporte, producción industrial

Transporte

13% de las emisiones de GEI en el mundo

Quema de combustibles fósiles por uso de gasolina y diesel.

En 2011 hay casi 1,200 millones de vehículos de pasajeros en todo el mundo.

Se espera que esta cifra alcance los 2,6 mil millones de vehículos en 2050


Industria

19 por ciento de las emisiones de GEI

Las actividades de este sector requieren un gran consumo de energía, especialmente la fabricación de hierro y acero, metales no férricos, químicos y fertilizantes, refino de petróleo, cemento, y pulpa y papel.

Residuos

3 por ciento de las emisiones totales.

-Cantidad de residuos generados en las ciudades

Agricultura y la Silvicultura

31 por ciento de las emisiones de GEI

-El proceso de urbanización puede ocasionar cambios directos en el uso del suelo, como por ejemplo, que la tierra destinada a la

agricultura llegue a formar parte de las zonas edificadas



Por su parte, las alteraciones en el medio ambiente impactan significativamente en nuestras ciudades afectando de diversas formas tales como el suministro de agua, la infraestructura física, el suministro de bienes y servicios, la producción industrial e, incluso, en la seguridad de la ciudadanía.

Esta particular condición de la ciudad como emplazamiento del desarrollo humano, exige y demanda, para su gestión, una aproximación y un análisis sistémicos que se concrete en el aprovechamiento de las potencialidades de la vida en comunidad y la mitigación de las externalidades del proceso de crecimiento económico y transformación social. En este sentido, puede definirse como una ciudad ambientalmente sustentable aquella en la que ocurre un movimiento hacia el rediseño de las formas utilizadas para satisfacer las necesidades de la sociedad y que considera la capacidad de carga del ambiente.

Tal rediseño implica, en primera instancia, evaluar la situación medio ambiental de las Ciudades, es decir, el estado en que se encuentran los recursos naturales (equilibrio, degradación, sobreexplotación), así como el desempeño ambiental del Estado, esto es, cómo las políticas gubernamentales impactan en el medio ambiente y el desarrollo sustentable de Aguascalientes y la relevancia de este tema en la toma de decisiones de los entes de Gobierno y en la elaboración de sus políticas públicas.

Adicionalmente deberán generarse índices de bienestar social que nos permitan conocer los niveles de marginación y pobreza de las ciudades.

En segundo lugar, requiere la restructuración de dichas políticas y sus estrategias a efecto de modificar los hábitos de consumo y satisfacción de necesidades de la sociedad, considerando la capacidad de carga de los ecosistemas en el corto, mediano y largo plazo; así como las estrategias de gobierno para regularlas o satisfacerlas.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Diseñar e instrumentar un Programa de Ciudades Ambiental y Socialmente Sustentables enfocado a los siguientes temas:

- La Gobernanza Ambiental

- Transporte

- Residuos

- Calidad del Aire

- Cambio climático

- Uso de suelo

- Saneamiento

- Educación ambiental y participación ciudadana

- Manejo integral de cuencas hidrológicas

- Desarrollo económico limpio

- Pobreza y medio ambiente

Evaluación ambiental estratégica

Sin lugar a dudas la degradación ambiental es un tema que nos debe preocupar y ocupar, en las últimas décadas hemos perturbado la naturaleza de manera exponencial, el gobierno no ha sido capaz de respetar los principios de sustentabilidad de los que tanto alardea, y tarde o temprano tendremos que pagar por los daños provocados.

En 2009 el costo por agotamiento y degradación ambiental representó el 7.9% del PIB esto quiere decir que para remediar o prevenir los daños que causamos al ambiente en el 2009 cada mexicano tenía que pagar de su bolsillo 150 días de salario mínimo.

Esta información solo ejemplifica que hasta hoy la carrera contra el deterioro ambiental de este país está perdida y que al final los ciudadanos tendremos que pagar los daños producidos, debemos estar claros que las actividades económicas se encuentran directamente vinculadas con el medio ambiente, ya que dependen de él para obtener los insumos necesarios en su operación; por tal motivo, el crecimiento económico de un país no puede ser constante debido a que la materia prima que requiere es finita, en una visión a largo plazo debemos orientar nuestras políticas públicas hacia el desarrollo sustentable, preocuparnos en dotar a nuestras familias de una mejor calidad de vida, la cual no obtendremos solo con el crecimiento económico debido a que los índices de desigualdad social siguen creciendo y este no se ve reflejado en los bolsillos de las familias mexicanas.

Nuestra propuesta debe ser clara, concreta y en beneficio de los ciudadanos, es por ello que con una visión a largo plazo debemos aumentar la tendencia a incrementar el gasto ambiental y disminuir el impacto de las actividades humanas, para ello y como partido gobernante debemos comenzar desde casa, mediante una planeación ambiental estratégica de los planes y programas gubernamentales.

Actualmente tenemos diversas políticas públicas que en lugar de complementarse, son contrarias entre sí, contamos con programas agrícolas que fomentan la degradación de los bosques a causa del aumento ilegal de la frontera agrícola y por otro lado impulsamos programas de reforestación en tierras degradadas, esto solo representa el desperdicio de recursos económicos y la degradación del ambiente.

Es por ello que propondremos adoptar un importante instrumento de planeación denominado “Evaluación Ambiental Estratégica”, el cual nos permitirá integrar la variable ambiental a las políticas, planes y programas con una perspectiva estratégica, amplia y de largo plazo, en temas como agricultura, comunicaciones y transportes, desarrollo social, energía, turismo, desarrollo urbano, medio ambiente entre otras.

Debemos impulsar el desarrollo sustentable de todos los sectores productivos, fortalecer las instituciones de gobernanza y lograra que las tomas de decisión sean las correctas para así cumplir objetivos ambientales, sociales y económicos equilibrados, solo así reduciremos los riesgos de degradación ambiental desde el gobierno, que constituyen el fundamento del crecimiento equitativo y desarrollo de un país.

Debemos considerar el medio ambiente cuando tomemos decisiones, en la misma manera en que consideramos los temas económicos y sociales.

Sin instrumentos como este, corremos el riesgo de convertir los éxitos de desarrollo del día de hoy, en los retos ambientales del mañana.

Parte importante de la planeación ambiental es la evaluación de impacto ambiental de las obras o actividades, por tal motivo se debe fortalecer el marco jurídico aplicable y la capacidad institucional para hacerla efectiva. En la actualidad una gran cantidad de actividades y obras se encuentran sujetas a este instrumento, su importancia es tal, que los funcionarios encargados de emitir sus autorizaciones deben contar con todos los instrumentos necesarios para hacerlo correctamente y no verse rebasados por el número de trámites presentados.

Este instrumento constituye un mecanismo importante de valoración y mitigación de los daños ambientales provocados por una diversidad de actividades no solo económicas, por tal motivo su operación en concatenación con la evaluación ambiental estratégica representa un enorme reto para la planeación de las políticas públicas y las actividades del país en función de la sustentabilidad de las mismas.



Ordenamiento territorial

A principios de siglo, sólo uno de cada 10 habitantes del planeta vivía en las ciudades, lo que permitía que la mayor parte de la ciudadanía se ubicara en zonas rurales dedicándose propiamente a actividades de la región que en su mayoría era de bajo impacto ambiental.

A partir de 1950, la urbanización mundial se aceleró por el consecuente crecimiento y fenómeno de la industrialización dando lugar a aglomeraciones metropolitanas en todos los continentes. En ese año, diez zonas urbanas rebasaban los 5 millones de habitantes.

Para 1990, el planeta contaba con 33 grandes urbes cuya población superaba 5 millones de habitantes; de ellas, 15 tenían más de 10 millones y seis, 15 o más millones de habitantes. Asimismo, en las 100 ciudades más pobladas del planeta habitaban 565.5 millones de habitantes, 11.5% de la población mundial, y tres ciudades rebasaban límites internacionales.

La magnitud alcanzada por el crecimiento urbano representa enormes retos para el gobierno y la administración local y nacional. La concentración no es garantía de la calidad de vida de sus habitantes y, en muchos casos se contrapone.

Hacia finales del siglo XX nuestro país el fenómeno de urbanización en nuestro país provoco que adquiriera un carácter predominantemente urbano. La forma de identificar el fenómeno es a través del enorme crecimiento de las ciudades y los problemas asociados a ellas: desempleo, subempleo, inseguridad, carencia y deterioro de viviendas, deterioro de los ecosistemas, déficit de los servicios, entre otros aspectos. El crecimiento de la población, la expansión desordenada de las actividades industriales, agropecuarias y urbanas, el incremento de la pobreza, una visión política a corto plazo, la falta de una aplicación efectiva de instrumentos de política y regulación ambiental por parte del Estado y una ausencia de cultura ambiental en la población, han ocasionado, entre otras cosas, una sobreexplotación de los elementos naturales y colocado un gran número de ciudadanos en estado de vulnerabilidad ante los desastres naturales e incluso la contaminación de los ecosistemas.

Así como nuestra ubicación geográfica nos ha permitido una riqueza natural, también nos posiciona en un lugar de alta vulnerabilidad ante los fenómenos naturales como huracanes, tormentas y seguías. Aunque este tipo de fenómenos ha estado presente año con año sus efectos se ven severamente incrementados a causa de la degradación de los ecosistemas y las actividades humanas. De acuerdo con el Informe Capital Natural de México más de un tercio de nuestro territorio (35.4%) sufre el problema de sequia, siendo las ecorregiones de Baja California, el Desierto Chihuahuense y la Sierra Madre Occidental las más impactadas.

La erosión de los suelos, el cambio de usos de suelo para actividades agrícolas, los asentamientos irregulares, la deforestación, son causa importantes de degradación que representan enormes costos al país en términos económicos.

Tan solo en el rubro de desastres climatológicos en el 2010 el Gobierno Federal destino 20 094 700 000 millones de pesos para la reparación de los daños causados. Ante una mayor incidencia de los fenómenos climáticos se prevén que estas cifras aumente año con año, fenómenos atípicos como granizadas, lluvias torrenciales o sequias demandaran cada vez que nuestro país destine recursos presupuestales mayores para su atención.

Esto, no solo afecta a la ciudadanía sino repercute en la economía nacional y local, ya que afecta el desarrollo de una gran variedad de sectores industriales.

Respetar la vocación natural del suelo y desarrollar las actividades más aptas dentro de ciertas zonas, repercute en una disminución significativa de los impactos de fenómenos naturales a la ciudadanía y los sectores económicos, lo cual representa por consecuencia un ahorro de recursos presupuestales al gobierno.

Es por ello que propondremos fortalecer el desarrollo de instrumentos de planeación territorial como el ordenamiento ecológico del territorio y los programas de desarrollo urbano.

Se debe reconocer que este instrumento ayuda a orientar el emplazamiento geográfico de inversiones en infraestructura física y de actividades productivas incluyendo el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin embargo la facultad constitucional de regular estos usos y destinos corresponde a las autoridades locales, por ello debemos plantear mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos ordenes de gobierno en los cuales se fortalezca el actuar de los municipios desde el punto de vista presupuestal y humano para así lograr que la mayoría de los municipios en México cuenten con sus ordenamientos ecológicos del territorio y en congruencia con ellos sus programas de desarrollo urbano, esto evitará que la ciudadanía se encuentre en estado de vulnerabilidad al asentarse en zonas de riesgo y permitirá impulsar el desarrollo de las actividades económicas estableciéndolas en los lugares más aptos para su operación, considerando sus requerimientos en términos de servicios y comunicaciones.

Una correcta planeación territorial, nos permitirá tener un crecimiento ordenado en cada una de nuestras ciudades cuidando que todo ciudadano tenga acceso a los bienes y servicios que requiere para aumentar su calidad de vida, así podremos reducir los índices de afectación a la ciudadanía por desastres como las inundaciones que tantos daños provocan año con año.



El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Impulsar la conservación de los ecosistemas mediante una visualización de las políticas públicas sustentada en las cuencas.

 Implementar la “Evaluación Ambiental Estratégica”, para integrar la variable ambiental a las políticas, planes y programas con una perspectiva estratégica, amplia y de largo plazo, en temas como agricultura, comunicaciones y transportes, desarrollo social, energía, turismo, desarrollo urbano, medio ambiente entre otras.

 Impulsar el desarrollo sustentable de manera transversal en todos los sectores productivos.

 Fortalecer la evaluación de impacto ambiental de las obras o actividades y garantizar la participación ciudadana haciendo obligatoria la consulta pública.

 Modificar la visión de la evaluación de impacto ambiental para hacerla realmente un instrumento preventivo.

 Fortalecer institucionalmente al personal encargado de emitir las autorizaciones de impacto ambiental.

 Requerir seguros y garantías a todo aquel que promueva una autorización de impacto ambiental.

 Exigir el monitoreo constante de las obras y actividades.

 Impulsar las acciones de inspección y vigilancia de las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental.

 Hacer compatibles todos los instrumentos de planeación territorial y determinación a usos y modalidades del territorio, como las declaratorias de áreas naturales protegidas, los ordenamientos ecológicos del territorio, los ordenamientos turísticos, los planes y programas de desarrollo urbano.

 Impulsar en los municipios del país el desarrollo y establecimiento de ordenamientos ecológicos del territorio local, en pleno respeto a la vocación natural del suelo y los ecosistemas.

 Impulsar la reubicación de asentamientos humanos irregulares en las zonas determinadas como de riesgo ante fenómenos naturales.

 Fortalecer la creación del atlas nacional de riegos, impulsando los respectivos en los estados y municipios del país, logrando una integración con otro tipo de instrumentos de planeación territorial.

 Fortalecer desde el punto de vista constitucional el respeto a los usos de suelo de conformidad con los instrumentos que los determinan.

 Impulsar el aumento per cápita de áreas verdes dentro de los planes o programas de desarrollo urbano.

 Crear el marco normativo adecuado para sujetar todos los planes o programas de desarrollo urbano a evaluación de impacto ambiental cuando dentro de ellos se consideren zonas que induzcan obras o actividades sujetas a este instrumento.

 Incorporar al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las figuras de ordenamiento ecológico, suelo urbano, suelo de conservación, desarrollo sustentable asociadas a la vocación del suelo. También es necesaria la incorporación al artículo 115 de la Constitución el concepto de desarrollo urbano sustentable. Así como a la Ley General de Asentamientos Humanos.

 Garantizar la correcta administración del territorio insular mexicano y la jurisdicción de la Federación sobre los territorios insulares.

 Impedir los cambios de usos del suelo forestal para fomentar prácticas agrícolas.

 Exigir que antes de proyectar el desarrollo de ciertas actividades en ecosistemas vulnerables del país o sujetos a algún régimen de protección se deba evaluar su capacidad de carga.

 Impulsar las viviendas sustentables para así favorecer prácticas como la captación de agua de lluvia y así lograr la recarga de los acuíferos o su utilización en actividades domesticas.

 Impulsar y hacer obligatoria la adopción de ecotecnias en el desarrollo de unidades habitacionales.

ACCESO Y ProcuraciOn de Justicia Ambiental

La efectiva aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental constituye uno de los desafíos actuales más importantes para los operadores jurídicos de todos los sectores. En ese camino, establecer y mejorar los instrumentos y mecanismos para acceder a la justicia ambiental es uno de los aspectos claves en el cual nuestros países han acumulado una rica experiencia en años recientes.

El reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente saludable y como interés difuso, hoy es innegable y ha traído aparejado el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de dar la más alta de las protecciones al ambiente con la sanción respectiva en los delitos ambientales.

Actualmente podríamos decir que contamos con legislación ambiental adecuada, nunca terminada y siempre perfectible, sin embargo mantenemos dificultades en su aplicación y cumplimiento. Esta situación que limita el acceso a la justicia ambiental obedece a diversas cuestiones técnicas, pero tiene su punto de partida en la naturaleza particular del bien jurídico protegido por el derecho ambiental. La razón, nuestros sistemas están basados en el defensa a ultranza de los derechos individuales, los mismos no contienen los institutos adecuados para la tutela de bien jurídico, y se hace necesario identificar una Teoría de los Principios de Derecho, del Daño Ambiental, del Amparo y el Proceso Colectivo Ambiental.

Para el PVEM ha sido urgente identificar los ejes a considerar en el abordaje del tema Acceso a la Justicia ambiental las cuestiones de: Acceso a la información y educación ambientales, los mecanismos procesales de legitimación para obrar y la organización institucional en el ámbito administrativo y judicial. El Acceso a la Justicia Efectiva en defensa del medio ambiente, requiere: Legitimación de obrar amplio, Facilitación de la Prueba y sentencia propagatoria en beneficio del grupo o la colectividad afectada. En este contexto, requerimos de Jueces especializados con un rol activo, de compromiso social.

De poco sirve la legislación ambiental sin un efectivo sistema que procure su estricta aplicación. En México la responsabilidad de procurar esta justicia estaba otorgada originalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y más recientemente tras las reformas al Código Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, cualquier persona puede iniciar ante el Ministerio Público una averiguación previa por delitos consignados en la legislación.

Desde el ámbito de la gestión ambiental se resalta que cada país debe administrar justicia a favor del ambiente, velando por tener organismos ambientales responsables de los procesos administrativos que planifiquen, evalúen y fiscalicen la gestión ambiental, utilizando las siguientes herramientas: La tramitación y seguimiento correcto de la Evaluación de Impacto Ambiental (contentivo del correspondiente Estudio de Impacto, el otorgamiento de la Licencia Ambiental y las medidas dictadas a los efectos de minimizar o impedir los daños al ecosistema), previo al desarrollo de cualquier acción que de hecho se presuma pueda afectar considerablemente al Medio Ambiente, así como del establecimiento de un sistema de Inspección Estatal el cual permite la detección in situ de posibles conductas que violan lo establecido en la legislación ambiental vigente, además de crear programas de concientización ambiental, ejercer programas que incentiven la participación ciudadana, ejecutándose ésta ya sea a través de Comités locales de Seguimiento o con la interposición de denuncias.

De la misma manera, es urgente una redacción más clara y adecuada de los tipos penales, así como la necesidad de introducir metodologías aceptadas para la valoración y cuantificación del daño ambiental que permita su efectiva reparación; esto implicaría la necesidad de capacitación de funcionarios tanto del Ministerio Público como de autoridades ambientales en aspectos técnicos.

Hoy en día la falta de conocimiento sobre los ecosistemas y su funcionamiento por parte de las autoridades, además de recursos económicos limitados, no han permitido que las instituciones dedicadas a la procuración de justicia garanticen la integridad del ambiente. Es el caso de la PROFEPA que cuenta sólo con 577 inspectores para todo el país. Además, la PROFEPA como órgano adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales juega un papel de juez y parte, ya que en muchas ocasiones son entidades públicas las agresoras ambientales lo que ha cohibido su acción.

Asimismo la falta de atribuciones de la PROFEPA sobre asuntos relacionados con la inspección y vigilancia en temas de agua limitan sensiblemente su campo de acción, ya que es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la responsable por ley de inspeccionar sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al vital líquido. Problema que se traduce en que la CONAGUA sea órgano operador y de vigilancia lo que evita la aplicación de la ley, pues es la CONAGUA responsable de muchos atentados contra el recurso hídrico. Lo mismo sucede para el caso de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), que otorga permisos de aprovechamiento y vigila su cumplimiento beneficiando en ocasiones, ilegalmente, a determinados sectores o grupos de interés.

Otro factor que resta eficiencia y eficacia al trabajo de la PROFEPA, es la ausencia de una política de procuración de justicia basada en el análisis de información de inteligencia. Difícilmente puede negarse el valor y utilidad de la función de la inteligencia para la aplicación de la ley ambiental. La falta de presupuesto o recursos materiales para las instituciones de procuración de justicia en esta materia, lejos de ser una causa justificante para no desarrollar sus estructuras orgánicas, es una de las razones que apoya el impulso de esta importante herramienta. La inteligencia no sólo permitiría incrementar la eficacia del trabajo institucional, sino que además haría más eficiente el uso de los escasos recursos humanos y materiales, con los que se cuenta para atender la demandas ciudadanas de tutela de su entorno, y para disminuir la incidencia de ilícitos y daños ambientales.

La política de aplicación de la ley debe no sólo debe reflejar una estrategia represiva, sino que fundamentalmente debe sustentarse en el desarrollo de acciones puntuales de prevención. La PROFEPA no cuenta con ni operativa ni estructuralmente con un área dedicada a esta tarea, a la cual debe sumarse el uso de los instrumentos de control administrativos tradicionales, de prevención y acción penal, así como las acciones de defensa del interés colectivo frente a los tribunales federales.

Por otro lado, la evidencia documentada de los últimos 15 años sobre el sistema de gestión mexicano hace posible, necesaria y urgente, la evaluación de la eficiencia y eficacia de sus instrumentos [la evaluación del impacto ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación del cambio de uso de suelo forestal, entre otros.] Así, deberán iniciarse un PROGRAMA INTENSIVO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y JURIDICA DE LA GESTION AMBIENTAL que incluya al sector académico, a los agentes económicos y a las organizaciones ciudadanas, a efecto de valorar sus resultados buscando las reformas y adecuaciones que sean necesarias, tanto en la ley y los reglamentos, como en las estructuras orgánicas y las políticas públicas, para garantizar que los principales instrumentos previstos en la ley garanticen en los hechos la sustentabilidad del desarrollo del país que mandata la Constitución federal, y la certeza jurídica que exigen los ciudadanos y los inversionistas.

La evaluación de la eficacia de ley y los instrumentos de la política ambiental, debe desarrollarse en forma simultánea con el estudio y avance de la aplicación de la ley mediante el SISTEMA DE JUSTICIA AMBIENTAL. Sin aplicación de la ley no será posible avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la ley y la sustentabilidad del desarrollo nacional.

La administración pública ambiental y sus estructuras orgánicas deben actuar en forma congruente, armónica e inteligente en la consecución de los objetivos de sustentabilidad, justicia y cumplimiento de la ley. Por ello, deberá considerarse que las tres grandes áreas de operación de la SEMARNAT interactúen adecuadamente: las áreas de gestión, investigación científica y procuración de justicia ambiental.

En este orden de ideas, el Instituto Nacional de Ecología, que originalmente fue concebido como un área operativa y cumple hoy una función sin vínculos con la operación de la SEMARNAT, deberá restructurarse para servir en el día a día a las áreas de gestión y procuración de justicia. El Instituto deberá transformarse en un Instituto de Nacional de Investigación para Gestión y Procuración de Justicia, que lleve el liderazgo en la evaluación de eficiencia y eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, así como apoyo técnico, científico y pericial tanto para la PROFEPA como para otras instancias judiciales y el apoyo del Ministerio Público.

Finalmente y en concordancia al Principio 15 de la Declaración de Río, celebrada en 1992 el cual establece: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

En este sentido nuestro propósito es incluir en las diversas leyes ambientales la aplicación del principio precautorio como una medida elemental para lograr una mejor conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

La evolución de este Principio evoluciona y se incorpora a diferentes ámbitos, como son el manejo de los recursos naturales, ya sea en el área forestal, actividades pesqueras y en la biotecnología.

La intención y el sentido del principio es manejar de manera adecuada la incertidumbre científica, ya que no todas las causales son conocidas, ni se encuentran bajo control del hombre.

La intención última del Principio es mejorar la relación entre el hombre y la naturaleza de la cual depende para sobrevivir.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Introducir el reconocimiento de los intereses colectivos y difusos en materia ambiental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (esta parte la eliminaría pues ya se logró con las reformas de 2011.)

 Promover la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La iniciativa presentada por el PVEM permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho a un medio ambiente adecuado en un procedimiento judicial garantista que al mismo tiempo que desincentive económicamente a quienes no han optado por el cumplimiento de la normatividad que tutela el ambiente. La necesidad de crear un sistema de responsabilidad ambiental, no solo obedece al reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de crear un sistema de justicia preventivo y conciliatorio, con participación directa en la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo y sin intermediación a los tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de éste en la resolución de los conflictos ambientales.

 Introducir el principio precautorio como un principio rector en la legislación ambiental.

 Crear un tipo penal conforme al cual se sancione a los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorguen en contravención a la normatividad aplicable, permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental.

 Promover la creación de Tribunales especializados en materia ambiental.

 Fortalecer el trabajo institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a través de su descentralización otorgándole autonomía operativa y patrimonio propio, siendo el Procurador Ambiental ratificado por el Senado.

 Crear una unidad de inteligencia en la estructura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de incrementar la eficacia del trabajo institucional, hacer más eficiente el uso de los escasos recursos humanos y materiales, con los que se cuenta para atender la demandas ciudadanas de tutela de su entorno, y para disminuir la incidencia de ilícitos y daños ambientales.

 Crear la Subprocuraduría de Prevención de la misma institución, a efecto de impulsar el trabajo hasta ahora inexistente de anticipación al ilícito y al daño ambiental.

 Logrado lo anterior, crear la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

 Dotar de facultades a la PFP para atender delitos ambientales.

 Dotar de mayores recursos presupuestales a la PROFEPA para la contratación de inspectores suficientes para cubrir las necesidades más fundamentales.

 Involucrar a las autoridades estatales y municipales en la inspección y vigilancia de los recursos naturales en coadyuvancia con la PROFEPA.

 Retirarle a la Comisión Nacional del Agua sus atribuciones como órgano de inspección y vigilancia y dejarlo sólo como órgano operador, otorgando dichas facultades a la PROFEPA.

 Retirarle a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca sus atribuciones de inspección y vigilancia y otorgárselas a PROFEPA.

 Establecer recursos presupuestales “etiquetados” para que el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República lo destinen a la capacitación de jueces y ministerios públicos respectivamente.

 Crear la Subprocuraduría de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República.

 Otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas para coadyuvar con las autoridades civiles en acciones de inspección y vigilancia en materia ambiental.

 Fomentar la construcción de una política criminal ambiental que incluya la justicia administrativa, civil y penal con un alto contenido de esquemas de prevención de daños e ilícitos ambientales, en el contexto de la función de seguridad pública que mandata la Constitución.

 Buscar que se reconozcan los intereses colectivos en la Ley de Amparo por probables daños al medio ambiente.

 Reformar el Código Penal Federal para establecer la concurrencia de autoridades federales y locales en la persecución de los delitos que atentan en contra del ambiente. Así como para prever la responsabilidad penal de las personas morales y de los ejecutivos corporativos que dolosamente cometen delitos contra el ambiente.

 Crear un sistema de Certificación mexicana de sustentabilidad.

 Reformar la LEGEPA a efecto de aplicar efectivamente principio precautorio, esto es, que la autoridad (SEMARNAT) que conozca del recurso de revisión procederá oficiosamente a la suspensión del acto recurrido, cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, ocasionaría daños irreparables o de difícil reparación a los ecosistemas, a los elementos naturales o a sus relaciones de interacción.

 Restructurar el Instituto Nacional de Ecología, para servir en el día a día a las áreas de gestión y procuración de justicia. El Instituto deberá transformarse en un Instituto de Nacional de Investigación para Gestión y Procuración de Justicia, que lleve el liderazgo en la evaluación de eficiencia y eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, así como apoyo técnico, científico y pericial tanto para la PROFEPA como para otras instancias judiciales y el apoyo del Ministerio Público.



CIENCIA Y TECNOLOGIA

México se ha caracterizado por un desarrollo científico y tecnológico incipiente; cuenta con una planta de investigadores muy reducida en relación a su población en comparación con los países de la Unión Europea o Estados Unidos de América.

La falta de vinculación del trabajo científico con la industria es una clara tendencia que nuestro país no ha podido superar a lo largo de los años, pese a la existencia de una destacada planta de científicos y de escasas pero muy buenas instalaciones de investigación en nuestro país.

Una de las principales causas por las que México no cuenta con una base amplia de investigadores es la reducida matrícula de estudiantes que ingresa a esta área, causada principalmente por los bajos salarios y la pobre perspectiva laboral con que se cuenta en nuestro país para estos especialistas. Pese a que en los últimos años la oferta se ha abierto a otros estados fuera de las grandes ciudades, la investigación científica dista mucho de ser lo que nuestro país necesita para su crecimiento.

El PVEM cree firmemente que el conocimiento científico es requisito sine qua non en la búsqueda del desarrollo sustentable al que aspira la humanidad. El conocimiento aplicado y traducido en adelantos tecnológicos coadyuvará al combate del deterioro ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Aumentar el número de becarios y el monto de las becas asignadas para la investigación ambiental para formar más y mejores cuadros nacionales de investigadores jóvenes, esto a través de un incremento en los montos presupuestarios asignados para este rubro específico;

 Impulsar la integración a la Ley General de Salud, de la obligatoriedad de asignar un Consejo de Bioética que contenga al menos dos bioeticistas, al que se deben de sujetar todos los protocolos de investigación propuestos, así como los proyectos en marcha que utilicen animales de experimentación en su diseño.

 Fomentar el establecimiento de un porcentaje mínimo de recursos que se destinen a proyectos científicos y tecnológicos, asociados a la protección, conservación y restauración de la naturaleza y el medio ambiente, en el marco de los fondos sectoriales previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología.

 Prohibir en la Ley de Ciencia y Tecnología el destino de recursos públicos y privados a la investigación con fines bélicos, tanto convencionales, como biológicos, químicos y de destrucción masiva.



Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal