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INDUSTRIA: RESIDUOS PELIGROSOS

El sector industrial de nuestro país es fuente generadora de riqueza y oportunidades de desarrollo y empleos, sin embargo, en muchos casos los aspectos ambientales han sido subordinados al interés de generar benefactores materiales que propicien el crecimiento económico a partir del cual se busca mejorar la calidad de vida de las personas.

El consumo de materias primas, agua y energía para el desarrollo de las actividades industriales genera como resultado no sólo benefactores económicos y sociales, sino también procesos de degradación ambiental que inciden en costos que la mayoría de las veces no se reflejan directamente en las ganancias económicas derivadas de dichas actividades.

Es decir, la internalización de los costos ambientales no es una práctica común de la industria nacional y sólo a raíz del incremento en los estándares ambientales, es como las industrias invierten recursos tecnológicos de prevención de la contaminación ambiental.

Cabe señalar que los problemas ambientales que se generan en el sector industrial tienen su origen principalmente en:

- La extracción de materias primas no renovables,

- La generación de residuos,

- La no internalización de los costos, y

- El incumplimiento de la legislación ambiental.

En nuestro país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha implementado desde hace dos décadas un programa de Auditorías Ambientales para que las industrias de todos los sectores productivos de México se sometan a prácticas voluntarias de inspección, a fin de conocer los impactos que generan al ambiente y las medidas emprendidas para mitigarlos.

Si las empresas cumplen con las normatividades vinculadas así como con los criterios establecidos en dicho programa, entonces serán acreedoras a un Certificado de Cumplimiento Ambiental (conocido antiguamente como Industria Limpia), en el que se resaltará las acciones sostenibles de cada industria o empresa que han coadyuvado a internalizar los costos de sus actividades y a minimizar los daños causados.

Es así, que de las 500 macroempresas latinoamericanas 134 son mexicanas, y de éstas, el 95% están registradas en los programas de Auditorías Ambientales de la PROFEPA, resaltando los siguientes sectores: la industria cervecera, plantas y marcas de cemento, todas las fábricas de automóviles, lo mismo que el 100% de la industria del vidrio plano, y del asbesto en México. Alrededor de 2 mil empresas que operan en el país están certificadas, y más de 6 mil están inscritas al programa.

Sin embargo, es un hecho que los procesos productivos de las demás empresas no certificadas, actualmente están basados en un consumo irresponsable de recursos naturales no renovables como materias primas, el agua y la energía, sin siquiera someterlos a reciclaje o reutilización, o en el peor de los casos a procesos de eliminación ambientalmente adecuados.

En consecuencia se generan importantes cantidades anuales de aguas residuales (11 mil 100 millones de metros cúbicos de las que se trata eficientemente el 17%), de residuos sólidos (41 millones de toneladas) y de residuos peligrosos (8 millones de toneladas) por cerca de 35 mil empresas, aunado a la importación anual de 360 mil toneladas de residuos peligrosos.

Este problema de los residuos es cada vez más grave en el país. A medida que avanza el tiempo, la generación de desechos peligrosos aumenta y se le apareja su manejo inadecuado. De acuerdo a la OCDE, México procesa al año únicamente el 7% de los residuos industriales que genera, ya que nuestro país no cuenta con la tecnología adecuada para tratar o eliminar adecuadamente los desechos generados por la industria, por consiguiente, el grueso de los residuos se dispone de manera anómala en el ambiente contaminando ríos, cañadas, desiertos, etcétera.

La problemática asociada a los residuos peligrosos (RP) tiene dos grandes líneas: por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación, y por el otro, aquella orientada a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación.

Las fuentes generadoras más importantes de RP en el país son los sectores manufacturero y minero. En 1996, la industria manufacturera generó 77% de los RP, mientras que el sector minero y petrolero fue responsable de la generación del 11%.

Los tipos de residuos generados son muy diversos, estimándose que la mayor parte corresponde a sólidos generados a partir de las industrias textil, peletera, del asbesto, autopartes y otras. A estos le siguen los líquidos residuales de proceso, aceites gastados, escorias y disolventes.

En el país hasta el año 2004, se tenían identificados 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 se habían caracterizado de acuerdo al grado de riesgo que representan para la salud y el ambiente, y 12 se consideraban como rehabilitados o en proceso de rehabilitación.

Los estados que concentran el mayor número de sitios con RP son: San Luis Potosí con 46 sitios que equivalen a poco más del 15% del total; el Estado de México alberga 30 sitios (10%); Aguascalientes reporta 28 sitios (9.4%); Coahuila 21 sitios (7.1%), y Veracruz 20 sitios (6.7%).

El número de sitios con RP en los demás estados varía entre uno y diecinueve, a excepción de los cinco estados que no reportan ningún sitio con RP: Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco).

Actualmente sólo se cuenta con un confinamiento de residuos peligrosos que se ubica en Mina, Nuevo León, aunque hay un indefinido número de tiraderos clandestinos.

La otra tecnología muy utilizada en nuestro país es la incineración de los desechos, sin embargo también es una tecnología poco adecuada. El sometimiento de residuos a procesos de combustión genera compuestos más peligrosos que los que se pretenden eliminar, incluso algunos de ellos son persistentes en el ambiente y cancerígenos.

En México existen incineradores 53 incineradores en todo el país, de los cuales el 85% son destinados para la eliminación de residuos biológico-infecciosos, y el 15% restante para residuos sólidos de origen industrial, con una capacidad instalada para incineración y reuso de residuos peligrosos de 134,500 toneladas/año.

Cabe recalcar que el problema no se centra en la eliminación o tratamiento de los residuos, sino en los procesos productivos que los generan.

Entre las industrias de mayor impacto ambiental destacan la química, la petrolera, la papelera, la siderúrgica, la azucarera, la textil y la manufacturera. Dichas industrias demandan, además de enormes volúmenes de materias primas, agua y energía, generando con ello importantes cantidades de aguas residuales y residuos sólidos y peligrosos.

Las grandes industrias han optado por incorporar a sus procesos sistemas de certificación de calidad, que mejoran en gran medida su desempeño ambiental, aunque la motivación esencial es la rentabilidad económica de sus procesos. Sin embargo, estos procesos voluntarios de certificación deben generalizarse y en los casos más contaminantes volverse obligatorios.

El control sobre la gran industria resulta más sencillo para las autoridades en virtud de su fácil ubicación física en la mayoría de los casos. No obstante, existe un número importante no definido de medianas y pequeñas industrias cuyos procesos productivos están al margen de las disposiciones ambientales en la materia y para las cuales no se dan abasto los inspectores de la PROFEPA.

Aunado a esto, tenemos que otro elemento de la problemática ambiental en el sector industrial es el incumplimiento de la legislación ambiental por parte de los sujetos jurídicos, consistente en violación de obligaciones legales; a estándares ambientales y a límites máximos permisibles de liberación de contaminantes al ambiente; lo que genera impactos significativos sobre el medio ambiente, los ecosistemas y la salud humana.

A nivel nacional, en el año 2003, 27% de los establecimientos visitados que generaron RP cumplió con la normalidad respectiva, 70% presentó irregularidades leves y 3% cayó en irregularidades graves que podían significar un riesgo, por lo que se estableció su clausura.

Entre las entidades federativas que presentaron más irregularidades graves destacan: Sonora con 51% de clausuras (41 clausuras) respecto al total de visitas de inspección y Coahuila con 21% (22 clausuras). En el caso de Quintana Roo que reportó 16% de clausuras, cabe mencionar que el total de visitas fue mucho menor al de Sonora y Coahuila. Los estados que tuvieron un mayor porcentaje de visitas sin irregularidades fueron Nuevo León (67%), Sinaloa (63%) y Morelos (60%).

En este sentido resulta inaceptable que las principales industrias del país, propiedad del Estado Mexicano, como es el caso de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, sean las principales responsables de innumerables atentados contra el medio ambiente; y no resarzan el daño ambiental. El Estado está obligado Constitucionalmente a garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y en consecuencia no puede permitir que estas industrias actúen al margen de las normas ambientales.

Por eso es necesaria una reconversión de uno de los motores del país: la industria. La industria mexicana requiere, no nada más convertirse en competitiva a nivel internacional en cuanto a estándares de calidad ambiental, sino también requiere ser un sector integral al perseguir sus objetivos comerciales y económicos protegiendo la salud y el ambiente de los ciudadanos mexicanos.

Es necesario que los procesos productivos nacionales se basen en un consumo responsable de recursos naturales que se reciclen y reutilicen, de manera que la generación de residuos peligrosos se reduzca o elimine. En este orden de ideas la industria obtendría beneficios de competitividad y calidad, así como de reducción de gastos en el manejo de desechos y en resarcimiento de daños ambientales y de salud, entre otros.

Finalmente pero no menos importante es la industria nuclear cuyo principal exponente es la Central Nuclear de Laguna Verde. Reiteramos nuestro firme rechazo a esta fuente energética por ser altamente riesgosa y no justificar su utilización ni social, ni ambiental ni económicamente.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Fomentar la creación de un inventario de los residuos peligrosos a nivel nacional, regional, estatal y municipal.

 Impulsar la instrumentación de un padrón nacional de industrias grandes, medianas y pequeñas que permita a las autoridades conocer su ubicación, procesos y generación de residuos.

 Modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para hacer obligatorias las auditorías ambientales de procesos productivos altamente riesgosos; y de las medianas y pequeñas empresas.

 Fomentar la reingeniería de procesos productivos contaminantes o “sucios”; a través de la reconversión de tecnologías, métodos de tratamiento y eliminación de residuos, mediante el establecimiento de incentivos económicos e Ley.

 Promover incentivos fiscales y financieros para apoyar a las industrias medianas y pequeñas a fin de que adopten tecnologías limpias en sus procesos productivos.

 Dotar de mayores recursos presupuestales a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que cuente con personal suficiente y capacitado en materia de verificación industrial.

 Reformar la legislación hacendaria para que las industrias internalicen los costos ambientales en sus procesos y paguen al Estado por concepto de impactos negativos al ambiente a través de la Ley Federal de Derechos.

 Impulsar una auditoría independiente ordenada por el Congreso de la Unión, a fin de evaluar la conveniencia de cerrar la planta de Laguna Verde, en materia de industria nuclear.

TURISMO

México, gracias a su ubicación geográfica tiene un alto potencial turístico que lo ubica en la 10ª posición de los destinos más atractivos del mundo, generando el 9% del PIB nacional, representando la tercera fuente de divisas más importante del país, generando más de 7.5 millones de empleos, con la participación de 43,000 unidades económicas de las cuales el 80% son pequeñas y medianas empresas. Así mismo nuestro país se ha constituido como uno de los destinos más atractivos para la Inversión extranjera directa, quedando en la 6ª posición a nivel mundial.

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), para el año 2010 arribaron a México alrededor de 22.6 millones de turistas –lo que representa un crecimiento del 5% con respecto al 2009-, y nuestro país tuvo un turismo doméstico de 161 millones de personas, con una inversión pública del orden de 6,649 millones de pesos para el 2010.

Aunado a ello, de enero a junio de 2011, se estima que el turismo doméstico ascendió a 79.7 millones de personas, cifra histórica alcanzada en un primer semestre de la actual administración, lo cual representa el 82% del flujo de personas y el 86% del gasto realizado por el turismo total del país. El indicador de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel reportó 30.3 millones de turistas.

Así mismo de enero de 2007 a junio de 2011, el turismo de internación, principal variable del turismo internacional por ser el segmento que genera mayor derrama económica, aumentó 17.8% respecto al periodo de enero de 2001 a junio de 2005, con un gasto medio de 744.4 dólares, 15.7% superior entre ambos periodos de comparación.

Estos resultados permitieron un aumento del 26.2% en el ingreso de divisas por visitantes internacionales entre ambos lapsos.

Cabe resaltar que, de todos los proyectos turísticos que están planeados y/o que se están desarrollando en el país (alrededor de 596 registrados ante las autoridades), el 41% se ubica en playas y zonas costeras, mientras que el 37% radica en las zonas céntricas y coloniales, y el 21% restante en la Riviera Maya y regiones del norte del país.

Sin embargo, las actividades mal planeadas de la expansión turísticas en México, así como la mínima regulación que se tiene para evitar que los turistas y los centros donde se impulsa el turismo en el país, han ocasionado severos impactos sobre los ecosistemas naturales y la cultura tradicional a lo largo y ancho del país.

Para nuestro país, el Turismo se constituye como una de las principales actividades económicas, aunque la derrama generada no logra reducir los pasivos ambientales generados por este sector que impulsa megaproyectos principalmente en los litorales de México. Tales son los casos de lugares como Cancún, Huatulco, Loreto, los Cabos, entre otros, donde los desarrollos turísticos no han tomado en cuenta la protección del medio ambiente y los derechos sociales.

Más aún, la saturación en la prestación de servicios turísticos en estos desarrollos está en algunos casos ocasionando la quiebra y cierre de hoteles, restaurantes, plazas comerciales, etcétera.

De acuerdo a las autorizaciones en materia de impacto ambiental a nivel federal de los últimos cinco años, el 87% de los desarrollos turísticos se han ubicado en ecosistemas costeros y el 13% en bosques y selvas, provocando afectaciones en más de 60 mil hectáreas.

Analizando lo anterior, nuestro Partido expone que los instrumentos regulatorios y de política ambiental se orienten a que los desarrolladores turísticos asuman los costos ambientales que generan los impactos significativos a los ecosistemas, lo cual no se subsana únicamente con una compensación monetaria, sino que se requiere además de un enfoque preventivo y de mitigación de impactos, considerando criterios ambientales y no únicamente económicos para la selección de un sitio y gestión de un complejo turístico.

Así mismo, dado que para el PVEM el turismo representa la oportunidad de desarrollo económico sustentable más importante del país, proponemos reorientar su crecimiento hacia formas de turismo social y ambientalmente responsable que le permitan al sector ser sostenible y sustentable. Para lograr este objetivo, resulta fundamental la participación corresponsable de la sociedad para el desarrollo del sector turístico, partiendo de una estrecha relación entre los diferentes actores sociales.

En el camino hacia el turismo sustentable, el Partido Verde Ecologista de México busca reorientar las políticas turísticas hacia un fomento y promoción del llamado turismo alternativo el cual definimos como “toda aquella actividad recreativa, educativa y cultural que se desarrolla dentro de los límites del territorio nacional bajo la premisa del respeto a la cultura y el entorno natural, por personas ajenas a las comunidades locales y que genera una derrama económica directa para los habitantes de las comunidades donde se desarrolla".

El turismo alternativo tiene las siguientes vertientes: El turismo rural, el turismo de aventura, el ecoturismo y el turismo cultural.

Así tenemos que el turismo rural se caracteriza por llevarse a cabo dentro de las distintas y diversas comunidades existentes a lo largo y ancho del territorio nacional, siguiendo rutas prestablecidas que le permiten al turista conocer y participar de la vida cotidiana tradicional de las comunidades autóctonas mexicanas. Este turismo fomenta el conocimiento y la promoción de los usos y costumbres nativas de cada región fortaleciendo en sus habitantes su fomento y conservación para beneficio de todos los mexicanos.

Además, el turismo rural busca generar una nueva alternativa económica en aquellas regiones donde la diversificación productiva no se ha desarrollado, para lo cual el PVEM prevé la creación de distintos centros regionales de capacitación en materia de administración turística rural, así como dotar de la infraestructura mínima necesaria para desarrollar dicha actividad, que en la mayoría de los casos no es mayor a la ya existente y que sólo requiere de una buena restauración y adecuación a las nuevas necesidades del visitante.

En cuanto al turismo de aventura, este tiene por finalidad ofrecerle a turista una gama diversificada de eventos que en su mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales y que requieren de un entrenamiento o conocimiento previo para su realización. Dentro de esta gama de actividades encontramos al rafting o descenso en río, el ciclismo de montaña, el kayakismo, el montañismo, la caminata por montaña, el buceo, la espeleología, el campismo, el surf, la cabalgata, entre otras.

Por lo anterior, los prestadores de servicios turísticos de aventura deben de tener un certificado que les permita realizar dichas actividades riesgosas, mismo que a propuesta del PVEM se expediría por la Secretaria de Turismo a aquellos quienes acrediten la suficiente capacitación, equipo necesario y medidas de seguridad para dar un servicio de calidad a los usuarios.

Este tipo de actividades en su mayoría se realizan en espacios naturales y en comunidades alejadas de los centros de población lo que ofrece a dichas regiones nuevos focos de desarrollo y posibilidades de diversificación productiva.

El ecoturismo es para el PVEM, aquella “actividad de fomento que tiene como finalidad educar, concienciar y valorar, los elementos naturales con los que cuenta nuestro país, respetando las capacidades de carga de los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales que la actividad turística genera”.

En este orden de ideas, las actividades que se desarrollen dentro de las Areas Naturales Protegidas y que sigan los lineamientos de los planes de manejo de las mismas, así como los principios de respeto a las capacidades de carga de los ecosistemas, el ahorro y la eficiencia en el consumo de energía y recursos naturales, el correcto tratamiento y disposición de residuos, la educación ambiental y la conservación de los ecosistemas serán considerados turismo ecológico.

Esta actividad por su naturaleza es la que requiere de menor infraestructura y gasto de recursos para su desarrollo, a su vez necesita de un gasto sólo en su capacitación lo que la hace un potencial detonante del desarrollo en las regiones más aisladas del país.

De igual manera proponemos sanciones para aquellas personas morales o físicas que presten servicios turísticos llamándose eco-turístico cuando no reúnan las características antes mencionadas.

Es menester señalar que en México únicamente contamos con un 5% de actividades turísticas enfocadas al Ecoturismo o turismo alternativo, lo que denota el gran rezago en que se encuentra dicho sector por la falta de inversiones públicas y privadas que permitan su expansión sostenible.

Es necesario y prioritario por lo tanto, propiciar la consolidación de esta sana modalidad del turismo considerando sustancialmente los beneficios que puede aportar a la economía de la nación en general, y con especial énfasis a determinadas regiones marginadas.

Como beneficios reales hacia éstas se puede señalar que tiene la capacidad para generar empleos en remotas comunidades, muchas de las veces poblaciones indígenas; promueve el nivel de vida de estas comunidades, que se traduce en la dotación de servicios elementales de agua potable, electrificación, educación, vivienda y salud. Y algo muy importante de considerar es que la conservación de los recursos naturales como gran parte de los atractivos turísticos, puede ser respaldada y financiada por el propio ecoturismo.

En los años futuros México en materia turística enfrentará una competencia creciente en el mercado global y en el regional; competencia que tenderá a intensificarse en diversos mercados, entre los que encontramos los destinos de sol y playa; razón que lo obliga a cambiar el modelo tradicional nacional hacia el desarrollo de proyectos que tiendan hacia la sustentabilidad.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México propone que se tome al turismo sustentable como la planificación ambiental de la actividad turística y como un instrumento para la conservación y el manejo sustentable de las zonas forestales, con la participación de las comunidades directamente afectadas y vinculadas con el aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos naturales propios de la región como factor principal de atractivo para prestar servicios turísticos, sin que los recursos sufran deterioro mayor al natural por la realización de dicha actividad; siendo ésta actividad de baja densidad.

Más aún, su incorporación dentro del sector tiene la ventaja de que el reconocimiento de las implicaciones sociales, medioambientales y económicas del turismo, puede suponer tanto beneficios para la industria como para las comunidades locales y sobre todo para la conservación de los recursos naturales.

Estimamos fundamental el cambio de modelos turísticos actuales, hacia otros que tengan como finalidad el fomento de turismo sustentable; para lo cual, el turismo tradicional deberá asumir sus responsabilidades sociales y ambientales a través de un esquema en el que se involucre directamente a las comunidades en el desarrollo y planeación de los complejos turísticos. Igualmente se debe de privilegiar el fomento del turismo de baja densidad, que es más rentable y menos agresivo con el ambiente; además de alentar alternativas turísticas como el turismo de aventura, el turismo rural, el turismo cultural y el ecoturismo.

Si se planifica sustentablemente la actividad turística, ésta puede representar una valiosa oportunidad económica para las poblaciones locales e indígenas y sus culturas, así como para la conservación y utilización sostenible de la naturaleza con un compromiso intergeneracional.

Es por ello, que a efecto de que México continúe como una de las principales potencias turísticas del orbe, se desarrollen las medidas legales que le permitan ubicarse como un país con una oferta atractiva en materia de ecoturismo y de turismo sustentable, partiendo de la creación de la industria necesaria para tal efecto.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

 Implementar Esquemas de Certificación de Sustentabilidad Turística basados en normas de cumplimiento voluntario e instrumentos de auditoría ambiental, que permitan: a) obtener resultados concretos en la protección y conservación ambiental del sector; b) trasladar al sector una parte de los costos de aplicación y supervisión de las medidas de protección ambiental; c) desarrollar mecanismos de información sobre el desempeño sustentable de las empresas turísticas.

 Modificar la Ley Federal de Turismo, a fin de que la normatividad contemple los siguientes criterios: a) sustentabilidad medioambiental frente a explotaciones netamente turísticas y recreativas que permitan resistir a la promoción comercial; b) sustentabilidad económica en relación con la inversión y presencia comercial extranjera; c) sustentabilidad social de modo que se proteja la integridad de las comunidades donde se realicen proyectos turísticos.

 Reformar la integración y los objetivos de FONATUR para que se convierta en un organismo que promueva los desarrollos de bajo impacto ambiental, de economía distributiva y justa, desestimando los modelos de alto impacto ambiental y alta concentración de riqueza, convirtiéndolo en un Fondo Nacional de Turismo Sustentable, que implemente sistemas de manejo ambiental en el sector turístico

 Contribuir a la reducción de la pobreza en México a través de la ejecución de proyectos turísticos sustentables que fomenten la generación de empleos, en alianza con el sector público, privado y la sociedad civil.

 Diseñar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica en la que se fomente al ecoturismo como alternativa prioritaria de desarrollo sostenible de la biodiversidad mexicana, creando las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) que velen por la aplicación de los criterios de sustentabilidad y de las normatividades vinculadas a la protección del ambiente, frente a las propuestas de desarrollos turísticos en cada región, con el fin de que éstos sean basados en turismo alternativo y que eviten la generación de pasivos ambientales.

 Modificar la Ley Federal de Turismo, a fin de que los hoteles y demás prestadores de servicios turísticos establezcan programas de manejo ambiental para eficientar el uso de agua y energía, la correcta disposición de aguas residuales y residuos sólidos, protección de flora y fauna silvestres, entre otros; A su vez, para que se regulen los conceptos de turismo alternativo y ecoturismo y se establezca un sistema de certificación de turismo sustentable.

 Establecer la obligación para que al menos la mitad de los cargos directivos de hoteles y consorcios turísticos sean ocupados por mexicanos.

 Impulsar, en materia fiscal, que la recaudación derivada del turismo se utilice para la promoción de nuevas formas de turismo como el turismo alternativo, histórico, rural, de aventura, etc.

 Impulsar la reorientación del gasto público en turismo hacia el desarrollo de capacitación y mejoramiento de la infraestructura necesaria para dichas actividades, y se antepondrán aquellos proyectos turísticos alternativos que requieren menor inversión en infraestructura, sobre los tradicionales megaproyectos turísticos.

 Incorporar un apartado específico que proteja nuestro patrimonio cultural, con base en los acuerdos suscritos por México en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Carta de Bruselas o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, entre otros aplicables. Además de considerar los posibles efectos sobre la cultura viva de las comunidades que reciben grandes cantidades de turistas. Es necesario que en este punto exista corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.

 Incluir la participación del INAH y de reconocidos especialistas en protección del patrimonio arqueológico y antropológico, como integrantes del Comité Técnico y en los Consejos Consultivos que plantea la iniciativa de Ley, con derecho no sólo a voz sino a voto, para la confección de las políticas públicas y los ordenamientos turísticos del territorio, así como para la aprobación de proyectos turísticos en todos los casos relacionados con monumentos y zonas arqueológicos.

 Incorporar un artículo que expresamente estipule que “en todo lo referente a monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos se estará a lo dispuesto a la Ley en la materia”.

 Garantizar el derecho de las comunidades para decidir en torno a cualquier tipo de proyecto de desarrollo turístico que les afecte o que tengan consecuencias sobre sus recursos, territorios, formas de vida y costumbres.

 Establecer la obligatoriedad de que las instancias de gobierno realicen los estudios de impacto ambiental, económico, social y cultural de todos los desarrollos turísticos a realizarse en el país, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, como las costas, o social, como las zonas indígenas.

 Modificar el artículo 28 de la iniciativa de Ley a efecto de que los ordenamientos turísticos locales sean expedidos por los propios municipios y no por los Estados, de lo contrario es inconstitucional pues se contrapone al artículo 115 fracción V de la Carta Magna.

 Establecer mecanismos que garanticen un turismo sustentable y analizar la viabilidad técnica jurídica, económica y social de la iniciativa de Ley.

 Considerar la responsabilidad del Sector Turismo frente a los efectos del cambio climático, a fin de que adopten las medidas necesarias para coadyuvar a su mitigación, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el establecimiento de medidas de adaptación del Sector a las consecuencias de este fenómeno.




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