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SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2009, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, el abogado David Bittan Obadía, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 36.740, en su carácter de apoderado judicial (según se evidencia del poder original consignado en autos) de la ciudadana MIROSLAVA ANTONIA SUÁREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Núm. 9.998.249; interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 26 de febrero de 2009, por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, mediante la cual, en el marco del proceso penal seguido contra el ciudadano Daniel Jesús Núñez Febres por la presunta comisión de los delitos de violencia física, psicológica y amenaza, previstos en los 4, 5 y 6 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, aplicable ratione temporis, hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia,  declaró: “[…] PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso procesal de apelación interpuesto por las abogadas (…) ANULA la audiencia preliminar celebrada en fecha 14 de enero de 2009,  (…) Y (…) REPONE LA CAUSA (…), al estado de que se celebre una nueva audiencia preliminar ante un juzgado distinto al que celebró la audiencia preliminar anulada”.



El 27 de julio de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

 



El abogado David Bittan Obadía, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Mirioslava Antonia Suárez, fundamentó su acción de amparo constitucional bajo los alegatos que a continuación esta Sala resume:

Luego de referirse a la competencia de la Sala, a la legitimación activa y a la admisibilidad y procedencia del amparo interpuesto, señaló como antecedentes que “[s]e inició la investigación del presunto delito cometido por el ciudadano DANIEL JESÚS NÚÑEZ por denuncia interpuesta por la ciudadana MIROSLAVA ANTONIO (sic) SUÁREZ LUIS (sic), en fecha 17 de enero de 2007, cuyo conocimiento le correspondió a la Fiscal Centésima Trigésima (130°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la comisión de los hechos de violencia física, psicológica y de amenaza previstos en la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia (vigente para el momento) acaecidos en fecha 16 de enero de 2007, en contra de la ciudadana MIROSLAVA ANTONIA SUÁREZ”.

Que “[…] en fecha 14 de enero de 2009, tuvo lugar la celebración de la Audiencia Preliminar la cual estuvo a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se ordenó mediante auto LA APERTURA A JUICIO DEL IMPUTADO DANIEL JESÚS SUÁREZ”.

Que “[c]ontra dicho auto de apertura a juicio dictado en fecha 14 de enero de 2009, las defensoras privadas del Acusado GRACIMAR DEL VALLE FIERRO y ESTHER BIGOTT DE LOAIZA, ejercieron formal recurso de apelación, el cual previa distribución fue recibido en fecha 04 de febrero de 2009, por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal (sic), quien en esa misma fecha le dio entrada y le asignó el Nro. CA- 732-09-VCM, en el libro 4 de entrada y salida de Asuntos llevados por dicha Sala, quedando designada como Ponente la Jueza DOUGELI WAGNER, quien suscribió la decisión contra la cual hoy se recurre en amparo […]”.

En relación con los derechos y garantías constitucionales vulnerados refirió que la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer,  al decretar la nulidad absoluta del auto que ordenó la apertura a juicio contra el acusado Daniel Jesús Núñez infringió “[…] la tutela judicial efectiva de la víctima, previsto en el artículo 30 último aparte, y el debido proceso y como una de sus expresiones, el derecho a la defensa, previsto en el artículo 49 ordinal 1° (sic) eiusdem”.

Luego de citar el artículo 26 constitucional, afirmó que “[e]l derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como ‘el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas. No competente, por tanto, la obtención de una decisión judicial acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una sentencia en derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para ello”.

Tras citar el concepto de tutela judicial efectiva dado por el autor español Francisco Chamorro Bernal, alegó que “[…] la doctrina ha dejado sentado que la tutela judicial efectiva debe ser visto desde un doble punto de vista: el del actor (Víctima, a través del Ministerio Público), quien al pretender pone (sic) en movimiento al órgano jurisdiccional para satisfacer la pretensión punitiva; y el del demandado (Imputado), que es sobre quien recae la acción del actor, con miras a que satisfaga la pretensión punitiva deducida”.

Que “[…] habrá tutela judicial efectiva cuando la pretensión del actor de lugar a la apertura del proceso, se llame al demandado a que participe en éste, se cumplan las formalidades establecidas en la ley y se dicte la o las sentencias –interlocutorias o definitivas- conforme a los elementos que existan en los autos. De igual forma, habrá tutela judicial efectiva respecto del demandado, cuando se mantenga el debido equilibrio entre las partes y cuando las decisiones que se dicten en el curso del mismo, obedezcan a los elementos que cursen en lo (sic) autos y se cumplan los extremos establecidos en la ley en cuanto a su fundamentación”.

Una vez que citó textualmente los artículos 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 23 del Código Orgánico Procesal Penal afirmó que “[…] tanto el Ministerio Público, como los órganos jurisdiccionales –a lo que no escapa la Corte de Apelaciones- están en el deber de salvaguardar dicha protección a la víctima de manera efectiva, teniéndola en consideración como un actor esencial del proceso penal, pues cuando no suceda así, sin duda alguna estaremos pisoteando los derechos de la víctima”.

Que “[l]a condición de víctima en el caso de autos viene dada por la denuncia interpuesta por la propia agredida ciudadana MIROSLAVA SUÁREZ, en fecha 17 de enero de 2007, por ante el Ministerio Público, siendo reconocida desde el punto de vista del ordenamiento jurídico a tenor de lo previsto en el artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que conforme a lo previsto en el artículo118 eiusdem, la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. Esta regulación que hace el Legislador Adjetivo Penal, simplemente constituye la materialización del derecho fundamental a que se contrae el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

De seguida citó el artículo 49 constitucional para aseverar luego que “[d]e la doctrina que surge a partir de distintos fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se desprende que el debido proceso y el derecho a la defensa como expresión de aquélla, constituyen garantías inherentes a la Persona Humana y por ende, aplicables en toda clase de procesos, independientemente de la naturaleza que éstos tengan y ha definido el debido proceso como ‘el trámite que permite oír a las partes el tiempo y los medios adecuados para interponer sus defensa (sic)’, esto es, ‘aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva’. Vemos, pues, la relación que existe entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso la cual, en razón del grado de intimidad, hace que donde se conculque el derecho también se violará la garantía”.

Que “[p]artiendo de las definiciones doctrinales y jurisprudenciales acerca de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, así como también del contenido y alcance de la sentencia dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas (sic), es indiscutible que la sentencia en comento a través de la cual decretó parcialmente con lugar el Recurso de apelación interpuesto por las abogadas defensoras; que Anula la Audiencia Preliminar celebrada en fecha 14 de enero de 2009 y Repone la causa al (sic) de que se celebre una nueva audiencia preliminar ante un juzgado distinto al que celebró la audiencia preliminar anulada, resulta violatorio tanto del derecho a la tutela judicial efectiva, la protección efectiva a la víctima, como de la garantía del debido proceso”.

Que se vulnera el debido proceso “[…] cuando el órgano jurisdiccional incurra en excesos transgrediendo los límites y las exigencias que establece la ley, precisamente, para que haya un debido proceso, tal como ocurrió en el caso de autos, cuando el tribunal oyó una APELACIÓN contra un auto que era IRRECURRIBLE en derecho, incurrió en un exceso, transgredió la ley y violentó el debido proceso”.

Que “[…] no le asiste la razón a la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas (sic), y que su decisión no se encuentra ajustada a derecho puesto que hubo una subversión del orden procesal, 1. Al haber sido oída dicha apelación puesto que la mismo (sic) debió ser declarada INADMISIBLE por el tribunal A quo, 2. El tribunal de Alzada al ver el error cometido por el tribunal de la causa simplemente estaba en la obligación de corregir el entuerto jurídico y haber declarado dicha inadmisibilidad, sin embargo en el caso en comento, el Tribunal lejos de apegarse al procedimiento establecido, y de acatar la jurisprudencia vigente se extralimitó en sus funciones tomo (sic) una decisión contraria a la ley y por demás violatoria de los derechos constitucionales de mi representada en su cualidad de víctima, desaplicando el criterio establecido en fecha 20 de junio de 2005 por esta misma Sala Constitucional en sentencias (sic) Número 1303 en ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, al expediente 04-2599, y que es la que se encuentra vigente con carácter VINCULANTE […]”.

Que “[…] es importante tener claro que la naturaleza del auto de apertura a juicio el cual es un acto propio de la fase intermedia del procedimiento tiene como función principal abrir el debate oral, no es una declaratoria de condena ni tampoco puede causar gravamen irreparable al acusado quien tiene la facultad y la oportunidad de desvirtuar los hechos en el juicio oral y publico (sic) […]”.

Que “[…] no se justifica bajo ninguna circunstancia, la falaz actuación del tribunal de Alzada, la cual violentó el derecho al debido proceso de la victima (sic) impidiendo su acceso efectivo a la justicia al desaplicar una norma vigente y al desconocer y contrariar con su irregular decisión un criterio vigente de interpretación establecido por nuestro máximo tribunal de justicia, por lo que en conclusión la decisión proferida por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer implicó una extralimitación de funciones y una violaciones (sic) directas (sic) a los derechos fundamentales de mi representada. Y ASÍ PIDO SEA DECLARADO”.

Por todo lo expuesto, solicitó que se admita la presente acción de amparo constitucional y que se declare con lugar; en consecuencia de ello que se anule la decisión dictada el 26 de febrero de 2009, por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer.

También pidió que “[…] como consecuencia de la declaratoria de nulidad de dicho fallo, sean pasadas las actuaciones al tribunal de juicio correspondiente a fin de que tenga lugar el juicio oral y publico (sic)”.

Por último, con apoyo en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solicitó que “[…] si se observare que hubo violación a garantías constitucionales no denunciadas asuma, de oficio, la resolución de la misma, todo ello de conformidad con los criterios sentados por dicha Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.

A los fines probatorios pertinentes acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia Certificada del auto de apertura a juicio dictado el 14 de enero de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra La Mujer en función de Control, Audiencias de Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

2.- Copia Certificada del Recurso de Apelación interpuesto en contra del auto de apertura a juicio por las abogadas defensoras el 23 de enero de 2009.

3.- Copia Certificada de la Decisión Impugnada el 26 de enero de 2009, dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, en el expediente Nro. CA-732-09-VCM.

 

II



DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SUPUESTAMENTE LESIVA

 

El 26 de febrero de 2009, la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer decidió lo siguiente:



 

“[…] Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala observa que la representación del Ministerio Público, en su escrito de contestación del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 14 de enero de 2009, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas de este mismo Circuito Judicial Penal, solicita como punto previo, que se declare inadmisible el referido recurso procesal de apelación, por considerar que es inapelable en razón a que se refiere al auto de apertura a juicio, y lo impetra bajó los siguientes términos:

 

‘…PUNTO PREVIO



 

Esta representación fiscal estima que el pase a juicio decretado por el Tribunal Primero de Primera Instancia con competencia en la materia de Violencia contra la Mujer, en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área metropolitana de Caracas, esta no solo ajustado a derecho, sino que llena las expectativas consagradas en los artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando como base los hechos discutidos y controlados durante la Audiencia Preliminar, como despacho saneador y control del proceso y no obstante a ello y ante la evidencia presentada en esta etapa preliminar (…).

 

El planteamiento del recurso resulta confuso e infundado, sin embargo hemos procurado su análisis y hemos constatado que no se plantea en contra de las decisiones especificadas en el Artículo 447 del Código Orgánico Procesal penal; así como que, no son objetivamente impugnables (exart. (sic) 432 Código Orgánico Procesal Penal); adicionalmente, incumple el planteamiento recursivo, lo requerido por el Artículo 435 del comentado Código Adjetivo, todo lo cual hace INADMISIBLE el recurso de apelación, ello conforme a lo previsto en el Artículo 437 ejusdem.



 

(…Omissis…)

 

Visto lo anterior, debe concluirse que la disposición contenida en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece la prohibición expresa de apelar contra el auto de apertura a juicio, esta en perfecta armonía con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que dicho auto no es un acto en el cual se declara la culpabilidad del acusado; al contrario, es un auto que simplemente denota un pronóstico de condena contra dicho acusado, pudiendo ser desvirtuado tal pronostico (sic) en la fase de juicio, o ser convertido en una verdadera declaratoria de responsabilidad penal, dependiendo del caso. Debe recordarse que el auto de apertura a juicio es una actuación propia de la fase intermedia, la cual, tal como se señaló supra, tiene por finalidad, esencialmente, depurar el procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación que se ha interpuesto en su contra, y permitir el control sobre tal acusación.



 

Ahora bien, no obstante lo anterior la defensa plantea entre otras cosas lo siguiente:

 

Primero: De la procedibilidad del recurso:

 

Menciona la defensa el contenido del artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice:



 

Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:

5.- Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este código.

 

Este planteamiento inicial de la defensa resulta por demás contradictorio, pues la normativa señalada expresa de manera categórica que:



 

salvo que sean declaradas inimpugnables por este código’

 

Y ello precisamente es lo que dice el Artículo 331 en su parte in-fine.



 

ESTE AUTO ES INAPELABLE’

 

Observen los honorables Magistrados de la Alzada, que la defensa viene alegando el contenido de la sentencia número 2186 de fecha 16 de septiembre de 2004, con ponencia del Magistrado IVAN RINCON URDANTETA, que permitía ejercer la acción recursiva en contra del auto de Apertura a juicio, consagrado en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal; ignorando con ello que dicha decisión ha sido modificada en fecha 20 de junio de 2005 por la Sala Constitucional del Supremo Tribunal, en sentencias (sic) Número 1303 con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, al expediente 04-2599, y que es la que se encuentra vigente con carácter VINCULANTE donde expuso entre otras cosas:



 

En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio –admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión que no causa gravamen irreparable al acusado, y cuya inimpugnabilidad no implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional. Así se establece.

 

…dado que el auto de apertura a juicio es inapelable, y que tal carácter no atenta contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución, se evidencia que el auto impugnado en este proceso de amparo se encuentra ajustado a derecho, ya que se ha verificado que el mismo no vulneró los derechos constitucionales denunciados por el accionante, razón por la cual esta Sala debe declarar sin lugar la presente solicitud de amparo constitucional. Así se decide.



 

Segundo: De la Impugnación de la Admisión de Pruebas.

 

Puede observar la Alzada que la decisión impugnada por la defensa no es contra la inadmisibilidad (no admisión) de un medio probatorio por ella ofrecido, sino por el contrario contra la admisión de las pruebas aportadas por este despacho Fiscal, decisión esta que de modo alguno causa al acusado un gravamen irreparable, sino por el contrario permite a DANIEL JESUS NUÑEZ FEBRES, hacer uso de su derecho a la defensa durante el juicio oral, en el cual podrá desvirtuar las mismas, por lo que de acuerdo a lo sentado por la doctrina y la jurisprudencia y al no quedar evidenciado de los autos que la admisión de los referidos medios probatorios causaren gravamen irreparable en perjuicio del accionante, dicho pronunciamiento no es de los susceptibles de recurso de apelación.



 

Insiste la defensa en apelar de la decisión de admitir los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, ignorando que tal admisión no representa en el presente caso un “gravamen irreparable”, ya que tales pruebas admitidas pueden ser desvirtuadas por el acusado y su defensa durante el Juicio Oral.

 

La admisión de las pruebas en la audiencia preliminar, como se ha venido sosteniendo, no causa gravamen irreparable, por cuanto las mismas son objeto de control en el juicio oral y en consecuencia se mantiene la igualdad de las partes, no derivándose la extemporaneidad de sus efectos, la imposibilidad de ser oído y ejercer la defensa dentro del debido proceso.



 

En tal orden de ideas, la decisión mediante la cual se apela del Auto de Apertura a juicio al término de la audiencia preliminar celebrada en fecha 14 de enero de 2009, en donde se decidió sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, no es apelable, no encontrándose ésta entre los autos recurribles del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que más bien está dentro de las consideradas como inimpugnables o irrecurribles, conforme al literal c del artículo 437 ejusdem, en relación a lo dispuesto en el último aparte del artículo 331 ibidem, considerando esta Representación Fiscal que el fallo recurrido en ningún momento causa gravamen irreparable, por cuanto lo que se persigue es cumplir la finalidad del proceso y la justicia en la búsqueda de la verdad, limitándose la juez de Instancia, como se ha referido, a declarar su licitud, pertinencia y necesidad para ser evacuadas en la fase de juicio.

 

Al producirse la admisión de los medios probatorios que consideró el juzgador como lícitos, útiles y necesarios a los fines de su evacuación en Juicio, previa admisión de la acusación intentada, los mismos forman parte integrante y esencial del auto de apertura a juicio, por mandato expreso del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que dicho auto es inapelable, por cuanto además, como se ha sostenido, implica el paso del proceso a su fase garantista y allí las posibilidades de alegatos y defensas de las partes se potencian de manera notoria.



 

Tercero: Del Daño Irreparable.

 

Como lo indica la expresión del numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, debemos de estar en presencia de un DAÑO IRREPARABLE, cuyos efectos sean insusceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso de éste, y ya hemos advertido a esta honorable Sala de Apelaciones, que la decisión recurrida para nada establece decisiones ininmutables en el tiempo, y mas por el contrario son garantistas que respetan el derecho y garantía a la presunción de Inocencia, y permiten al acusado, participar activamente en el juicio cuya apertura se ordena, y demostrar su Presumida Inocencia, que dicho sea de paso ni el acusado ni su defensa han negado su participación en los hechos que se le imputan, no argumentaron nada en contra de las imputaciones realizadas, no obstante esta representación Fiscal y el propio tribunal de la recurrida les inquirió y les impuso en todo momento del derecho que tienen de declarar, así como que su declaración es un medio para su defensa. Nunca enervaron ningún argumento para la defensa de la presunción de inocencia que los acompañará hasta el momento de la sentencia, que si bien es cierto se le presume inocente, dicha presunción estaba comprometida desde el inicio de las investigaciones, ya que dicha presunción no es absoluta, y podemos notar honorables magistrados que ni el acusado ni su defensa han realizado acto alguno en defensa de esa presunción de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y más por el contrario desde el inicio del proceso, se han dedicado a rebuscar errores que no existen, violaciones y defectos de procedimiento en que no se ha incurrido, limitando su defensa a la alegación de formalismos que pudieran llevar a la nulidad de actos del proceso, pretendiendo con ello el Sacrificio de la Justicia, colocando las formas por encima del fondo, pretendiendo sea obviada u omitida la norma constitucional contenida en el Artículo 257 constitucional, según el cual:



 

“No se sacrificará la Justicia por la omisión de formalidades no esenciales”

 

Ahora bien de lo precedentemente transcrito, se evidencia que la representante del Ministerio Público, aduce que la decisión recurrida es inapelable por considerar que se refiere al auto de apertura a juicio, donde se decidió sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, el cual no causa gravamen irreparable.



 

En este orden de ideas, es menester señalar que conforme a la hermenéutica jurídica, consagrado en nuestra norma penal adjetiva –Código Orgánico Procesal Penal-, aplicado supletoriamente conforme dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 331 señala que el auto de apertura a juicio es inapelable, como se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal de la República, en la sentencia supra transcrita y alegada en el escrito de contestación del recurso de apelación, por considerarse que dicho auto no ocasiona un gravamen irreparable para la recurrente en el ejercicio que le asiste a su representado, ya que tendría la oportunidad de rebatir dichas pruebas en una oportunidad procesal ulterior, a saber la fase de juicio.

 

No obstante lo anterior, es menester señalar que el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:



 

‘…Artículo 330. Decisión. Finalizada la audiencia el Juez resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:

1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación del Fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible;

2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima;

3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley;

4. Resolver las excepciones opuestas;

5. Decidir acerca de medidas cautelares;

6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos;

7. Aprobar los acuerdos reparatorios;

8. Acordar la suspensión condicional del proceso;

9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral ante las partes.

 

Partiendo del artículo precedentemente transcrito, conlleva a determinar que la recurrente puede apelar de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, si considera que no debió admitirse el escrito acusatorio, así como cuando exista algún derecho que considere vulnerado con la decisión contentiva de dicho pronunciamiento.



 

En este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 2670, expediente N° 03-2133, de fecha 12 de agosto de 2005, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, señalando que:

 

‘... lo señalado por la Sala en sentencia N° 1303 de fecha 20 de junio de 2005. Caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, en el que se estableció:



 

(Omissis)

 

…debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.



 

Conforme a lo anterior, la declaratoria de admisibilidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público no es susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de las partes, de allí que la Sala concluya que, respecto de dicha declaratoria, tampoco es admisible la acción de amparo constitucional, en todo caso como señaló la Sala en la sentencia que antecede, las partes tienen las posibilidad de alegar lo que consideren pertinente para la defensa de sus derechos ante el juez de juicio, quien se encuentra obligado a pronunciarse en relación al mérito del asunto.

 

Por otra parte si la defensa técnica de los accionantes consideraba que no debió admitirse el escrito acusatorio, pudo interponer el recurso de apelación contra esa decisión…’ (Subrayado de la Sala).

 

Adminiculado a lo anterior, se evidencia de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, que el juzgado de la cognición cumplió con las formalidades previstas a los fines de garantizar lo preceptuado en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la facultad y cargas de las partes, pues la Representación Fiscal presentó el escrito de acusación y la defensa su escrito a que tiene derecho el imputado al esgrimir sus argumentos, aunado a que la víctima se adhirió a la acusación fiscal, lo que generó que se celebrará la Audiencia Preliminar finalizando con la decisión a que se contrae el artículo 330 eiusdem, donde efectivamente se debe emitir pronunciamiento, no sólo de la admisión, total o parcial de la acusación del Ministerio Público y ordenar la apertura a juicio, sino además decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral y público, resolver las excepciones opuestas, así como cualquier otra cuestión de derecho esgrimida por las partes en el desarrollo de la audiencia, por tanto, la recurrente apela de cuestiones de derecho que se debatieron en la audiencia preliminar susceptibles de dicho recurso procesal y, por vía de consecuencia, este Tribunal Superior Colegiado, mediante auto de fecha 9 de febrero admitió el recurso procesal de apelación interpuesto por las profesionales del derecho Gracimar del Valle Fierro y Esther Bigott de Loaiza, en su carácter de Defensoras Privadas del ciudadano DANIEL JESÚS FEBRES, conforme a lo establecido en el artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 14 de enero de 2009, por considerar que dicho recurso no se encuentra comprendido dentro de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



 

 



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