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ACCION DE NULIDAD: Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.


También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA

Enseguida de Demandado: La Procuraduría General de la Nación. Agregar:

En los casos de reparación directa, no se requiere el agotamiento de la vía gubernativa.

DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas y restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración o ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.

El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en el intervengan las partes contratantes o causahabientes.

En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil.

CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. 1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 2. La de restablecimiento del derecho caducara al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto según el caso. 3. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente de ocurridas las causales que le dan origen 4. En la acción contractual el término de caducidad es de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La jurisdicción contencioso-administrativa está instituida para juzgar las controversias originadas en actos o hechos y operaciones administrativas de las entidades públicas y de las privadas cuando cumplen funciones públicas. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los jueces administrativos de conformidad con la Constitución Política y la ley que determinan sus competencias por...

FORMULACIÓN DE LA DEMANDA Y REQUISITOS

Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de la violación. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer, y estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. (Esto debe ir dentro de los requisitos de la demanda, y no en los documentos relacionados)

PASO TRAMITES DENTRO DEL PROCESO.1. NOTIFICACIÓN Y FIJACIÓN EN LISTA DE LA DEMANDA. Una vez admitida la demanda, ésta se notifica personalmente al demandado, en este caso al Jefe de la Oficina Jurídica, según delegación otorgada por el señor Procurador General de la Nación, mediante Resolución No. 274 de 12 de septiembre de 2001. Ordena igualmente fijar …

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

(..) Auto de admisión de la demanda en el cual se ordena la notificación personal al demandado.

FIJACIÓN EN LISTA

PLAZO: Se fija por 10 días contados desde el mismo día de la fijación en lista.

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA

PLAZO: Dentro de los 10 días, contados desde el mismo día de la fijación en lista.

5. FALLO DE UNICA O PRIMERA INSTANCIA

Una vez presentados los alegatos el proceso entra al despacho para que el Magistrado ponente elabore el proyecto de fallo que es sometido a consideración de los Magistrados que conforman la sala y se produzca el fallo de única o primera instancia.

6. IMPUGNACIÓN

Producido el fallo de primera instancia las partes dentro del término de ejecutoria, que es de tres (3) días (en lugar de diez)

SERVIDOR PUBLICO O PARTICULAR. 13.2 Presenta demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en la Sección correspondiente según la naturaleza del asunto.
Dependencia: Oficina de Jurídica

Proceso: Conciliación

Procedimiento: Tramite de las Conciliaciones.

Código: TC-OJ-03

Reviso: Jefe de Oficina

Aprobó: Carlos Arturo Gómez Pavajeau

Fecha: 27 Agosto 2001
1. OBJETIVO

Representar a la Entidad en las conciliaciones que se soliciten, previo estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad por parte del Comité de Conciliación.



2. CLIENTES.

Los particulares y los servidores que representan a la Entidad.




  1. ALCANCE.

El procedimiento aplica a los servidores que deban representar a la Entidad en las conciliaciones.

4. RESPONSABILIDADES.

El procedimiento involucra a todas las Dependencias que deban prestar apoyo al apoderado de la Entidad (abogado de la Oficina Jurídica) para adelantar con éxito el trámite de las conciliaciones.


5. REFERENCIAS:

Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Decreto 1818 de 1998 y demás normas relacionadas con la materia.


6. DEFINICIÒN:

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos mediante el cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador (artículo 64 de la ley 446 de 1998).

CLASES: La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso, o extrajudicial si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.
6. FORMATO A UTILIZAR

No aplica.




  1. CONDICIONES GENERALES

ASUNTOS SOBRE LOS: CUALES PUEDE VERSAR LA CONCILIACIÓN. Sobre aquellos que sean susceptibles de transacción o desestimiento: 1.Sobre los que tengan carácter particular, es decir, que afecten los derechos de una persona o grupo de personas. 2. Sobre los de contenido patrimonial, lo cual implica que el hecho, acto, operación o actuación administrativa de que se trate cause un desmedro en el patrimonio de una persona, que pueda ser valorado económicamente. 3. Sobre los conflictos de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones de que tratan los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

CONTENIDO DE LA PETICIÓN DE CONCILIACION. Designación de la autoridad a la que se dirige, nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, con indicación del documento de identidad y de la dirección. El objeto de la petición, las razones en que se apoya, la relación de documentos que se acompañan, la firma del peticionario cuando fuere el caso.

CORRECCION A LA SOLICITUD. Si la solicitud de conciliación no cumple con los requisitos y formalidades señaladas anteriormente, el funcionario debe inadmitirla, no obstante el conciliador, mediante acto administrativo, expondrá los defectos formales de la petición, para que el solicitante corrija dentro de los cinco días siguientes a la notificación, después de los cuales será rechazada. Dicho acto administrativo es susceptible del recurso de reposición.

DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. El Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. También es función del Comité decidir en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o de cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control que se hallaren vigentes. (Artículos 2 del Decreto 1214 de 2000 y 1 de la Resolución 062 de 2001 expedida por el Procurador General de la Nación).

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. El Comité de Conciliación de la Procuraduría General estará integrado por las siguientes servidores públicos, quienes tendrán voz y voto y serán miembros permanentes: 1. El Procurador General de la Nación o su delegado, 2. El ordenador del gasto o quien hago sus veces, 3. El Jefe de la Oficina Jurídica, 4. Dos funcionarios de dirección o de confianza que designe el Procurador General de la Nación. La participación de los integrantes será indelegable, con excepción de la del Procurador General de la Nación, quién podrá delegar.

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, estará a cargo de un abogado de la Oficina Jurídica, quien será elegido por el Comité de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación.

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia.
9. SALIDA:

Acta de conciliación.


10. REGISTRO

No aplica.


11. BASES DE AUTOCONTROL:

El conciliador recibe la solicitud y envía a la Oficina Jurídica donde se realizan los trámites pertinentes dentro de los plazos establecidos.

12. ANEXOS.

Todos los documentos que comprueben la falla del servicio o que apoyen la solicitud.


13. ACTIVIDADES.

CONCILIACIÓN TRAMITADA POR LA OFICINA JURIDICA.

13.1. Las partes presentan la solicitud de conciliación, individual o conjuntamente, ante el agente del Ministerio Público o ante un Centro de Conciliación

13.2. Si la solicitud no cumple con dichos requisitos será inadmitida, sin embargo, el conciliador podrá exponer los defectos para que el solicitante la corrija dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación después de los cuales será rechazada.

13.3. La presentación de la solicitud suspende los términos de caducidad mientras se desarrolla la etapa conciliatoria y hasta por una extensión máxima de sesenta días.

13.4. Si el conciliador encuentra que la petición ha sido presentada en debida forma (o que luego de inadmitida fue corregida), dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud cita a los interesados para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la citación, concurran a la audiencia de conciliación el día y hora que señale. Las partes pueden pedirle que señale una nueva fecha, pero deben tener presente que la duración de la etapa conciliatoria podría extenderse por más de 60 días y que por consiguiente los términos de caducidad continuarían corriendo después de vencido ese lapso.

13.5. La autoridad competente señala fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial o judicial en la cual debe participar la Procuraduría General de la Nación, informa a la Oficina Jurídica de la Entidad para que el apoderado de la misma concurra a la audiencia. Una vez recibida la citación, el jefe de la Oficina Jurídica hace el reparto entre los abogados de la Oficina (apoderado).

13.6. El apoderado al que le correspondió la responsabilidad de representar los intereses de la Entidad, debe radicar ante la Secretaría Técnica del Comité de conciliación un escrito debidamente motivado sobre el asunto materia de conciliación. Tales documentos deben radicarse con los soportes documentales que se estimen pertinentes, con la anticipación no menor de ocho (8) días hábiles a la fecha en que haya de reunirse el Comité.

13.7. El día de sesión, el apoderado debe hacer una presentación verbal de su informe y absolver las dudas e inquietudes que se le formulen. Aún cuando la Procuraduría General de la Nación no tenga ánimo conciliatorio, el apoderado de la Procuraduría General de la Nación debe acudir a la audiencia de conciliación judicial o prejudicial respectiva para exponer los motivos que le asisten para no conciliar.

13.8. Una vez haya surtido la intervención del apoderado, los miembros del Comité deliberan sobre el asunto sometido a su consideración y adoptan las determinaciones que estimen oportunas, las cuales son de obligatorio cumplimiento para los apoderados de la Procuraduría General de la Nación.

13.9. De las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación, se deja constancia en el acta de la sesión respectiva, acompañada de los escritos y soportes.

13.10. Cuando el Comité considere improcedente o inconveniente celebrar el arreglo conciliatorio, se deja constancia expresa en el acta de las razones en que se fundamenta su decisión.

13.11. Cuando en el curso de la audiencia de conciliación se presenten circunstancias nuevas que a juicio del apoderado de la entidad, hagan necesario un replanteamiento o revisión de las determinaciones adoptadas por el Comité de Conciliación, aquél procederá a solicitar al funcionario competente que se decrete la suspensión de la audiencia, con el objeto de presentar a consideración del Comité, un escrito en el cual se dejará consignadas sus apreciaciones y recomendaciones. En dichas circunstancias, el Comité adoptará la decisión que estime más conveniente, luego de analizar los planteamientos del apoderado de la entidad.

13.12. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial debe intentarse en el menor tiempo posible, y en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.

13.13. El conciliador comunica a las partes por el medio que considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las consecuencias jurídicas de la no comparecencia.

13.14. Si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres días siguientes, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones.

13.15. Durante la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo los interesados podrán aportar las pruebas que estimen pertinentes. Con todo el conciliador podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes a su solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación del término de suspensión de la caducidad de la acción previsto en la ley. Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas, la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el acuerdo.

13.16. ACTA DE CONCILIACIÓN. El acta de acuerdo conciliatorio deberá contener lo siguiente:

1.Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación, 2. Identificación del conciliador, 3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia, 4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación, 5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con constancia de que trata de primera copia que presta mérito ejecutivo.

13.17. En caso de que una o ambas partes no asistan a la audiencia se señala fecha para una nueva audiencia y en caso de que el citante o el citado no comparezcan, su conducta podrá ser tenida como indicio grave en contra de sus pretensiones.

13.18. Una vez se encuentre en firme la conciliación prejudicial o judicial de que se trate, el apoderado de la Entidad debe presentar al Comité un informe del resultado obtenido, con el fin de verificar los alcances del acuerdo conciliatorio. De igual manera se procederá cuando el acuerdo conciliatorio no sea homologado por la autoridad competente.

13.19. AUDIENCIA DE CONCILIACION A CELEBRARSE FUERA DE LA CAPITAL. Cuando la Audiencia de Conciliación vaya a realizarse en un lugar diferente a la capital de la República, los informes escritos deberán ser presentados por los apoderados de la entidad y el Procurador Regional. En tales eventos, quienes actúen como apoderados de la Procuraduría General de la Nación en esos lugares, estarán eximidos de la obligación de hacer la sustentación verbal de su informe. La Oficina Jurídica designará a alguno de sus abogados para que exponga el caso ante el Comité de Conciliación.

13.20. CONCILIACIONES PROMOVIDAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Cuando la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación estime conveniente y oportuno promover la celebración de un acuerdo conciliatorio o una transacción con un particular o una entidad pública, deberá someter a consideración del Comité de Conciliación de la Entidad, un proyecto de la solicitud que se pretende enviar al interesado, debidamente acompañada de los anexos y soportes respectivos y de un análisis relacionado con la conveniencia y viabilidad del trámite. El abogado encargado de adelantar el trámite mencionado, efectuará una exposición verbal ante los miembros del Comité, quienes luego de estudiar la situación y de analizar las ventajas o desventajas de adelantar el trámite propuesto, decidirán si es o no precedente.

13.21. DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Una vez la Procuraduría General de la Nación haya efectuado el pago total de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito originado en la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus servidores, el ordenador del gasto deberá remitir al Comité de Conciliación el acto administrativo correspondiente, acompañado de todos sus antecedentes, para que en un término no superior a tres (3) meses, se adopte la decisión motivada de iniciar acción de repetición contra el responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política.




  1. INDICADORES:

Tiempo promedio de atención de conciliaciones.


Dependencia: Oficina de Jurídica

Proceso: Cobro por Jurisdicción Coactiva

Procedimiento: Trámite para el Cobro por Jurisdicción

Coactiva

Código: TCJ-OJ-05

Reviso: Jefe de Oficina

Aprobó: Carlos Arturo Gómez Pavajeau

Fecha: 27 Agosto 2001
1. OBJETIVO
Hacer efectivas las multas impuestas como sanción por la Nación- Procuraduría General de la Nación- a funcionarios y exgfuncionarios de la Entidad.

2. ALCANCE
El procedimiento aplica a los servidores que deban representar la Entidad en el cobro por Jurisdicción coactiva.

  1. CLIENTES.

Nación - Procuraduría General de la Nación.
4. RESPONSABILIDADES:

El procedimiento involucra a todas las dependencias y entidades que deban aportar información para la realización del cobro por jurisdicción coactiva.


5. REFERENCIAS:

Código de Procedimiento Civil, Código Contencioso Administrativo, Ley 6 de 1992, Decreto 2174 del 30 de diciembre de 1992, Artículos 15 del Decreto 262 de 2000, Resolución Interna No. 271 del 10 de septiembre de 2001, y demás normas relacionadas con la materia.

PRINCIPIOS. Las actuaciones del proceso de cobro por jurisdicción coactiva se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.
6. DEFINICION.

COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA: La Procuraduría General de la Nación, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos, fianzas, cauciones, indemnizaciones, multas, sanciones y en general toda acreencia a favor de la Nación- Procuraduría General, cuyo importe deba ingresar al Tesoro Nacional.


7. FORMATOS A UTILIZAR.

No aplica.




  1. CONDICIONES GENERALES.

PUEDE COBRARSE POR JURISDICCIÓN COACTIVA créditos, fianzas, cauciones, indemnizaciones, multas, sanciones y en general toda acreencia a favor de la Nación- Procuraduría General.

COBRO PERSUASIVO. El Grupo de la División de Gestión Humana adelanta como acción previa a la ejecución misma, el cobro persuasivo en procura de la satisfacción total e inmediata de la deuda, es decir de la multa impuesta como sanción en los fallos proferidos por la Oficina de Veeduría en primera instancia o por la Viceprocuraduria en segunda.

Dicha gestión puede culminar con la celebración de acuerdos o compromisos de pago que garanticen la cancelación del crédito.

CANCELACIÓN DEL CREDITO. Si en desarrollo de la etapa de cobro persuasivo, el deudor satisface totalmente el crédito, incluidos los intereses y costas a que hubiere lugar, mediante auto se declarará terminado y se ordenará su desanotación y archivo.

MANDAMIENTO DE PAGO. EL Jefe de la Oficina Jurídica para exigir cobro por Jurisdicción coactiva dicta auto de mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos, si a ello hubiere lugar. El mandamiento ejecutivo pude referirse a más de un título del deudor que provenga de la misma entidad y por obligaciones de igual naturaleza.

PRESCRIPCIÓN. La acción ejecutiva de cobro prescribe en el término de 2 años, si produjo en vigencia de la Ley 200/95 o de 5 años en vigencia del nuevo Código Disciplinario (Ley 734 de 2002). Contados a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación.


9. SALIDA.

Ejecutoria de la Sentencia, y si procede el remate de los bienes embargados.


10. REGISTRO

No aplica

11. BASES DE AUTOCONTROL.

El Jefe de la Oficina Jurídica recibe los documentos enviados por la Dependencia correspondiente y entrega al abogado para continuar el trámite del cobro por jurisdicción coactiva


12. ANEXOS.

Todos los documentos remitidos por la diferentes Dependencias y los recaudados por el abogado de la Oficina Jurídica.



13. ACTIVIDADES

COBRO COACTIVO TRAMITADO POR LA OFICINA JURÍDICA.

13.1 Los abogados de la Oficina Jurídica sustancian los autos y providencias que debe suscribir el Jefe de la Oficina Jurídica y ejercen las funciones secretariales que se les asigne.

13.2. El Grupo de la División de Gestión Humana adelanta como acción previa a la ejecución misma, el cobro persuasivo en procura de la satisfacción total e inmediata de la deuda, dicha gestión puede culminar con la celebración de acuerdos o compromisos de pago que garanticen la cancelación del crédito.

13.3. Si pasados 30 días, a partir de la comunicación realizada al deudor y éste no se pronuncia al respecto, la División de Gestión Humana, envía a la Oficina Jurídica, la Resolución, y los oficios enviados al deudor solicitándole que cancele el valor de la multa, con los cuales se forma el respectivo expediente.

13.4. COBRO COACTIVO: El Jefe de la Oficina Jurídica para exigir el cobro por jurisdicción coactiva, dicta el auto de mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos, si a ello hubiere lugar. El mandamiento ejecutivo puede referirse a más de un título del deudor que provenga de la misma entidad y por obligaciones de igual naturaleza (Ejemplo: dos Multas).

13.5. REQUISITOS PARA LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO. Se librará el correspondiente mandamiento ejecutivo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1-. Que los títulos contengan una obligación expresa, clara exigible. 2-. Que exista plena identificación de ejecutado. 3-. Que el valor de la obligación sea actualmente exigible, expreso y determinado o fácilmente determinable. 4-. Que se allegue constancia del agotamiento de la vía gubernativa.

13.6. NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO. El mandamiento de pago se notifica personalmente al deudor o a su representante o apoderado, mediante citación por medio de comunicación enviada, o por correo certificado, y mediante aviso en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar. Si el citado no se presenta al despacho del funcionario a recibir notificación personal dentro del término de 15 días contados a partir de la publicación del aviso, de la fecha de la certificación postal, o de la entrega del oficio, se le nombra curador ad litem, con quien se seguirá el proceso hasta cuando aquél se presente.

TERMINO PARA EL PAGO. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses, si a ellos hubiere lugar, desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la obligación.

RECURSO. Contra el mandamiento de pago proceden los recursos de reposición dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su notificación.

Tanto el curador como el ejecutado una vez notificado dentro de los cinco días siguientes puede: 1. Dar respuesta al mandamiento de pago, 2. Presentar excepciones de mérito, 3.Proponer excepciones de pago.

Si manifiesta que pagó el valor de la multa, debe presentar copia del recibo de pago para que el abogado de la Oficina Jurídica liquide el crédito; y si ha cancelado todo el valor de la deuda, el Jefe de la Oficina profiere Auto de terminación del proceso por pago.

Si demuestra que pagó, el abogado de la Oficina Jurídica, debe verificar que corresponda el número de la cuenta, el valor de la multa junto con los intereses y luego proyectar el Auto de Terminación del Proceso por pago, para la firma del Jefe de la Oficina. El deudor también puede solicitar acuerdo de pago, y el abogado encargado proyecta el acuerdo para la revisión del Jefe de la Oficina y posterior firma.

EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO EJECUTIVO. Puede proponer las siguientes excepciones: 1-. El pago de la obligación, 2-. La existencia de acuerdo de pago. 3- La prescripción de la acción de cobro. 4.- La falta de ejecutoria del título. 5-. La pérdida de fuerza de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del auto administrativo que lo constituye, hecha por autoridad competente. Como excepciones previas, únicamente las descritas en los numerales 1 a 5 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil.

TRAMITE DE LAS EXCEPCIONES EN LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. Ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la cuantía.

MEDIDAS CAUTELARES. Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el Jefe de la Oficina Jurídica decreta, si fueren precedentes, los embargos y secuestros de los bienes de propiedad del ejecutado.

TRAMITE. Para efectuar el embargo, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

LIMITE DEL EMBARGO. El valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas.

Iniciado el proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el Jefe de la Oficina Jurídica da poder al abogado para actuar dentro del proceso en representación de la Procuraduría.

La Entidad competente (Tribunal o Consejo de Estado) reparte el proceso al Magistrado, admite la demanda, da traslado a las partes, y a la Procuraduría para contestar las excepciones (10 días) decreta pruebas, oficia, y el abogado de la Oficina Jurídica está encargado de reunir las pruebas y hacerlas llegar al Tribunal. El Tribunal da traslado común a las partes para alegatos de conclusión (10 días). Finalmente el Tribunal se pronuncia sobre las excepciones propuestas (no dicta sentencia) simplemente declara probadas o no las excepciones y devuelve el expediente a la oficina jurídica.

Si declara no probadas las excepciones vuelve el expediente a la Oficina Jurídica para hacer efectivo el pago.

INVESTIGACIÓN DE BIENES Y RENTAS. Si el deudor incumple el mandamiento de pago, la Oficina Jurídica debe investigar e identificar los bienes y rentas del deudor, oficiando a las Entidades pertinentes para que remitan la información, entidades como la Oficina de Instrumentos Públicos, DIAN, Secretaría de Tránsito, SIFIN, Bancos, Catastro, Centrales de Riesgo, etc.

Finalmente la oficina Jurídica, declaradas las excepciones, acepta la decisión que tomó el Tribunal, dicta Sentencia, y da por terminado el proceso.

SENTENCIA QUE ORDENA LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN. Si no se propusieren excepciones dentro del término establecido, o el deudor no hubiere pagado, se dicta sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, se practica la liquidación del crédito, se condena al ejecutado en las costas del proceso y se evaluarán y rematarán los bienes embargados, si los hubiere. Esta sentencia se notificará por estado que deberá permanecer en secretaría por el término de 1 día y contra ella no procede recurso de apelación.

REMATE. Todas las actuaciones referentes al remate de bienes se regirán por lo dispuesto en los artículos 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, contra el auto que señala fecha para el remate y las bases de licitaciones, no procede recurso alguno; contra el auto aprobatorio del remate procede el recurso de apelación, en el efecto diferido, el cual se puede interponer dentro de los tres días siguientes a su notificación. (artículo 538 C. de P. C.).

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. Previamente al pago de la obligación y en firme la providencia que condena en costas, se practica una liquidación que incluye además del valor del crédito, las costas y gastos del proceso. Dicha liquidación se notifica al interesado por estado. Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá objetarla dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Interpuesta la objeción, se resolverá de plano. Contra esta decisión no procede recurso alguno.



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