Responsable: VIII consejo distrital del instituto electoral del distrito federal tercero interesado



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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES


EXPEDIENTE:


TEDF-JLDC-117/2015


ACTORA:


AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA


AUTORIDAD

RESPONSABLE:

VIII CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL







TERCERO INTERESADO:


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA


MAGISTRADO PONENTE:

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ



SECRETARIOS:

RAFAEL CRUZ JUÁREZ Y JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ ORTEGA.

México, Distrito Federal, a trece de agosto de dos mil quince.


Este Tribunal Electoral, resuelve el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido por la ciudadana América Alejandra Rangel Lorenzana, en el sentido de modificar los resultados de cómputo distrital y confirmar la declaración de validez de la elección de Diputado de Mayoría Relativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal correspondiente al Distrito Electoral local VIII.
I. Antecedentes
1. Inicio de proceso electoral. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (en adelante Instituto Electoral) declaró el inicio del proceso electoral ordinario 2014-2015.
2. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se verificó la jornada electoral, a fin de elegir Diputados a la Asamblea Legislativa, entre otros cargos.
3. Sesión de cómputo. El ocho de junio siguiente, el VIII Consejo Distrital uninominal en el Distrito Federal (en adelante VIII Consejo Distrital) celebró sesión para llevar a cabo, entre otros, el cómputo de la elección de Diputados, levantándose a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos la respectiva Acta de cómputo distrital.
II. Juicio Electoral
1. Demanda. A las veintidós horas con ocho minutos del doce de junio de dos mil quince, se presentó ente la responsable escrito signado por América Alejandra Rangel Lorenzana, en su calidad de candidata a Diputada de Mayoría Relativa para el VIII Consejo Distrital por el Partido Acción Nacional; mediante el cual, en esencia, impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, de la elección de Diputados en el citado Distrito Electoral, expresamente los resultados del cómputo, el acta de cómputo, las actas de mesas directivas de casilla que indica y el error aritmético de las mismas .
2. Acuerdo de recepción del juicio electoral. El doce de junio de dos mil quince, el Secretario del VIII Consejo Distrital acordó, formar el expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave IEDF-CDIVIIIJE-04/15, para darle el trámite previsto en el artículo 51 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal (en adelante Ley Procesal).
3. Comparecencia de tercero interesado. Dentro del plazo de setenta y dos horas en que se dio publicidad al medio de impugnación en los estrados de la autoridad responsable, se presentó un escrito de tercero interesado signado por la representante del Partido de la Revolución Democrática (en adelante PRD) ante el VIII Consejo Distrital.
4. Recepción del Juicio Electoral. El diecisiete de junio del año en curso, se recibió en este Órgano Jurisdiccional la demanda de juicio electoral, el escrito del tercero interesado, las constancias de su publicación en estrados del Instituto Electoral, el informe circunstanciado de la autoridad responsable y diversa documentación que acompañó al mismo, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley Procesal.
En tal sentido, si bien la fracción I del artículo 81 de la Ley Procesal, le otorga la legitimación procesal para promover el juicio electoral que tenga por objeto controvertir los resultados electorales, exclusivamente a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes con interés jurídico; es criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, (en adelante Sala Superior) que los candidatos a cargos de elección popular están legitimados para promover juicio para la protección de los derechos político-electorales, contra la determinación definitiva de las autoridades electorales respecto de los resultados y validez de la elección en la que participan, así como contra el otorgamiento de las constancias de validez respectivas.
Por tanto, si bien se tramitó como Juicio Electoral, una vez que el mismo llegó a este Tribunal Electoral, el Magistrado Presidente ordenó que se registrara como Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos, por ser ésta la vía idónea.
5. Turno. El veintitrés de junio siguiente, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, Armando Hernández Cruz, emitió Acuerdo mediante el que ordenó integrar el expediente TEDF-JLDC-117/2015 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Electoral Gustavo Anzaldo Hernández, para que lo sustanciara y, en su oportunidad, elaborara el proyecto de resolución correspondiente, a fin de someterlo a consideración del Pleno. Lo cual se cumplimentó mediante oficio TEDF/SG/13291/2015, signado por el Secretario General de este Órgano Jurisdiccional.
6. Radicación. Recibido en la Ponencia del Magistrado Instructor y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Procesal, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil quince, radicó el expediente en la Ponencia a su cargo,
7. Solicitud de Recuento parcial. El cuatro de agosto del año en curso, el Pleno de este Tribunal Electoral, determinó improcedente la solicitud de recuento parcial al no acreditarse los supuestos legales para su procedencia.
8. Admisión y Cierre de Instrucción. El trece de agosto de dos mil quince, el Magistrado Instructor ordenó la elaboración de proyecto de resolución.
En ese tenor, quedaron los autos en estado de emitir sentencia, considerando las siguientes
RAZONES Y FUNDAMENTOS
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el juicio electoral en que se actúa, en razón de ser un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral en el Distrito Federal, dotado de plena jurisdicción y garante de que los actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades de la materia se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad.
Por ende, está facultado para resolver el presente medio de impugnación, por medio del cual la actora controvierte, los resultados consignados en el acta de cómputo Distrital del VIII Consejo Distrital; objetando los resultados de dicha acta, las actas de las mesas de casilla, las casilla que indica, el error aritmético de las mismas y demás violaciones que reclama.
Su competencia encuentra fundamento en las disposiciones siguientes:


  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Política). Artículos 1, 17 y 116 fracción IV, incisos b), c) y l) en relación con el 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), y 133.




  • Tratados Internacionales.




  1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.2 Artículos 8 párrafos primero y segundo, y 25.




  1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.3 Artículos 2 párrafo tercero, incisos a) y b), y 14 párrafos primero y segundo.




  • Legislación del Distrito Federal.




  1. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (en adelante Estatuto de Gobierno). Artículos 128, 129 fracción VII, 130 y 134 párrafo primero.




  1. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (en adelante Código Electoral). Artículos 1, 3, 143, 150, 157 fracción V, 160 fracción II y 163 fracciones III, IV y VI.




  1. Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 2, 4, 5 párrafo primero, 6, 7 párrafo segundo, 11 fracción I, 59, 62, 65, 76, 77 fracción IV y 82.


SEGUNDO. Procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos.

Este Tribunal Electoral se avoca a examinar si el medio de impugnación satisface los presupuestos procesales establecidos en la normatividad electoral, a efecto de determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada.


Lo anterior, por tratarse de una cuestión preferente y de orden público conforme a la Tesis de Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 aprobada por este Tribunal Electoral, de rubro “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”4.
Al rendir su informe la autoridad responsable invocó la improcedencia del juicio electoral, argumentando la actualización de la causal establecida en el artículo 23 fracción V de la Ley Procesal, por considerar que la actora carece de legitimación procesal para promover la demanda. Este mismo argumento es sostenido por el Partido de la Revolución Democrática, en su carácter de tercero interesado.
Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que es infundado el argumento relativo a que la promovente, en su carácter de candidata, carece de legitimación procesal para promover.
Lo anterior, por las razones explicadas al referir el rencauzamiento a juicio ciudadano; ya que como se indica en la resolución de contradicción de criterios emitida por la Sala Superior, identificada con el expediente SUP-CDC-5/2013, tanto ésta como la Sala Regional Monterrey, coinciden en que las personas postuladas para un cargo de elección popular, independientemente del carácter que ostenten, están legitimadas para cuestionar los actos y resoluciones relacionados con resultados electorales. Lo cual permite estimar que tales personas d son las primeras interesadas en vigilar cada etapa de la elección. Esto, sin importar la voluntad o interés de los partidos políticos involucrados, ya que el derecho de aquéllas es autónomo y eficaz.
2. El presente medio de impugnación es procedente conforme a lo siguiente:
a) Forma. La demanda reúne en su haber los requisitos establecidos en los artículos 21 y 79 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, (en adelante Ley Procesal) de acuerdo con lo siguiente.


  • Requisitos generales. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable, se precisó el nombre del promovente, se identificó el acto reclamado, contiene la narración de hechos y se expresan los conceptos de agravio, además de contar con firma autógrafa de la actora.




  • Requisitos específicos. La actora expresa que impugna los resultados consignados en el acta de cómputo Distrital del VIII Consejo Distrital; objetando los resultados de dicha acta, las actas de las mesas de casilla, indica las casillas, error aritmético en las mismas y otras violaciones.


c) Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo que establece la Ley Procesal.

De conformidad con el numeral 16 de la Ley Procesal, los medios de impugnación que prevé y guarden relación con los procesos electorales deben presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución combatido, o se hubiere notificado de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley.


Con relación a ello, su diverso 78 dispone de manera expresa que cuando un juicio electoral se relacione con los resultados de los cómputos, el plazo para su interposición inicia al día siguiente de la conclusión del cómputo distrital de la elección de que se trate.
De autos se desprende que el cómputo distrital en el VIII Distrito Electoral concluyó el ocho de junio de dos mil quince, según consta en el acta de la sesión respectiva5, motivo por el cual el plazo para presentar el juicio en que se actúa corrió del nueve al doce del mismo mes y año.
En la especie, siendo que el escrito inicial se presentó en la última fecha en mención, como se aprecia en el sello de recepción asentado en la primera página del escrito de demanda, resulta evidente su oportunidad.
d) Legitimación. La actora tiene legitimación para iniciar el presente juicio y cuenta con la personalidad respectiva para interponerlo, toda vez que tiene la calidad de candidata a Diputada por el Principio de Mayoría Relativa por el Partido Acción Nacional en el VIII Distrito Electoral.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 fracción II, en relación con el 77 fracción IV de la Ley Procesal, y el criterio sostenido por la Sala Superior en la tesis de rubro CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO6, que refiere, medularmente, que los candidatos están legitimados para promover dicho juicio en contra la determinación definitiva de las autoridades electorales respecto de los resultados y validez de la elección en la que participan y contra el otorgamiento de las constancias de validez respectivas.
e) Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, toda vez que la actora controvierte el resultado del cómputo total en la elección de Diputado de la Asamblea Legislativa por el VIII Consejo Distrital, por considerar que durante su emisión se presentaron irregularidades que ameritan la tutela jurisdiccional.
De tal suerte, su pretensión es que este Tribunal Electoral estudie las irregularidades alegadas y, en su caso, decrete la nulidad de la votación recibida en diversas casillas respecto a la referida elección.
f) Definitividad. Por la naturaleza del acto reclamado, no existe otra instancia administrativa o jurisdiccional que el partido actor estuviera obligado a agotar previo a la interposición del presente juicio.
g) Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de modo irreparable, porque de estimarse fundados los agravios todavía es susceptible su anulación por este Órgano Jurisdiccional. En consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico que se considera transgredido.
Al estar colmados los requisitos referidos resulta procedente entrar al estudio de la controversia planteada.
TERCERO. Tercero interesado. Dentro del plazo en que fueron publicitadas las demandas relativas al presente Juicio, se recibió un oficio signado por la representante propietario del PRD, ante el VIII Consejo Distrital, a efecto de comparecer como tercero interesado en el presente medio de impugnación.
Calidad que se le reconoce en términos del artículo 17 fracción III de la Ley Procesal, al advertirse que su intervención en el presente juicio deriva de un derecho incompatible con el que pretende la actora.
CUARTO. Fijación de la litis. La controversia del presente asunto, consiste en determinar, si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en consecuencia, modificar o confirmar, los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección impugnada.
Este Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución dada por los artículos 63 y 64 de la Ley Procesal, procede a analizar de manera íntegra el escrito de demanda, a efecto de identificar los agravios con independencia de su ubicación, de que para su formulación se emplee una determinada fórmula o se siga un silogismo.
En su caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la inconformidad para desprender el perjuicio que señala el actor y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia.
Resulta aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional, clave J.015/2002, de rubro “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”7.
QUINTO. RESUMEN DE AGRAVIOS. Precisado lo anterior, es de apuntar que en el escrito inicial la actora plantea seis agravios, a través de los cuales solicita la nulidad de la votación recibida en sesenta y siete (67) casillas del VIII Distrito Electoral, de conformidad con lo siguiente:
1. La nulidad de la votación de cinco (5) casillas en términos del artículo 87 fracción I de la Ley Procesal.
Funda su reclamo en que en la referida Mesa de Casilla se instaló sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.
2. Respecto de siete (7) casillas hace valer la causal de nulidad establecida en el artículo 87 fracción II de la Ley Procesal, ya que a su decir la entrega de los paquetes se hizo de manera extemporánea.
En esencia, refiere que en dichas casillas no se encontraba el material electoral y que fue entregado al Consejo Distrital hasta el día siguiente.
3. Respecto de cuarenta y una casillas, solicita la nulidad de la votación en ella recibida, con base en el artículo 87 fracción III de la Ley Procesal.
Refiere que en ellas, la votación se recibió sin que estuviera integrada debidamente la mesa, por ciudadanos habilitados de la fila de electores, mismos que no contaban con la acreditación correspondiente y además de que no pertenecen a la sección electoral correspondiente.
4. En torno de nueve casillas hace valer la causal de nulidad establecida en el artículo 87 fracción IV de la Ley Procesal, ya que a su decir existió dolo o error en el cómputo de los votos.
En lo medular, refiere que hubo ese error ya que, en los distintos rubros como son boletas sobrantes, boletas recibidas y votación emitida, existen diferencias que resultan determinantes por tanto el resultado de dichas cifras es superior a la diferencia existente entre primero y segundo lugar.
5. Respecto de cinco casillas hace valer la causal de nulidad establecida en el artículo 87 fracción VII de la Ley Procesal ya que, en su concepto, se ejerció violencia sobre los funcionarios y/o electores al momento de sufragar y que se permitió votar a quienes no tenían derecho.
En lo medular, refiere diversos incidentes que su opinión alteraron la voluntad de los electores y se ejerció presión sobre los electores.
SEXTO. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional procederá al estudio de los puntos de disenso que cuestionan la validez de la votación recibida en diversos centros de votación y, de ser el caso, proceder a descontar la que sea anulada, procediendo a la recomposición únicamente del cómputo controvertido por la actora.
Esto último ha sido criterio de la Sala Superior, en el sentido de que la sentencia que declare la nulidad de la votación recibida en casilla, dictada en un juicio en el cual se controvierta la elección de diputados de mayoría relativa, sólo debe afectar a la elección impugnada, sin que las consecuencias de dicha resolución trasciendan al cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, si éste no fue objeto de controversia.
Ello, en atención al principio de congruencia de las sentencias y al sistema de nulidades establecido en la vigente legislación electoral federal, tal razonamiento encuentra sustento en la jurisprudencia 34/2009 de rubro: NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. LA SENTENCIA QUE LA DECLARA SÓLO DEBE AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA8.
SÉPTIMO. Conforme a lo anterior, se procede a estudiar las causales de nulidad, para lo cual este Tribunal Electoral considera pertinente precisar lo siguiente:
El sistema de nulidades en el Distrito Federal encuentra fundamento en la Constitución Política y se desarrolla en la legislación local en materia político electoral, de conformidad con los artículos 41 fracción IV, inciso c), 122 Apartado C, Base Primera, fracción V inciso f) y 116 fracción IV, inciso m) de la Constitución Política; 134 párrafos segundo y tercero del Estatuto de Gobierno; y 88 párrafo primero, fracción VIII de la Ley Procesal.
De esos numerales se desprende, en esencia, que el sistema legal en materia electoral del Distrito Federal debe:


  • Fijar las causales de nulidad de las elecciones de diputados locales, entre otros cargos.




  • Establecer los plazos para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral.




  • Contemplar como causa para anular una elección el empleo de recursos públicos en las campañas electorales.

De conformidad con ello, los artículos 82 fracción IV y 85 del Código Electoral facultan en exclusiva a este Tribunal Electoral para declarar la nulidad de una elección y revocar la constancia respectiva cuando se den los supuestos previstos en ese ordenamiento.


En el entendido de que el esquema de nulidades previsto en el Título Tercero, Capítulo II de la Ley Procesal, se integra por diversas causales y principios cuya finalidad, en principio, es reparar las violaciones verificadas en la jornada electoral y, en general, las acaecidas durante el proceso electoral siempre que trasciendan a los resultados del mismo.
Ello, con la finalidad de garantizar que la renovación de los cargos de representación popular en esta entidad federativa sea resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, a través del sufragio libre y directo.
Acorde con lo anterior, el referido sistema sólo considera determinadas conductas y exige de manera expresa o tácita que las mismas sean graves y determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran.
Así, resulta necesario evaluar en cada caso el daño que se haya producido al bien jurídico tutelado. Para lo cual, se debe verificar si los hechos con los que se actualiza la conducta resultan de tal índole que puedan distorsionar la voluntad del electorado y, por consiguiente, sean determinantes para definir las posiciones que cada candidato o fórmula de candidatos alcanzó en el cómputo de la elección respectiva.
Con lo que se descarta que la voluntad del electorado pueda verse afectada por irregularidades o imperfecciones menores en los comicios, lo cual resulta congruente con el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, merced al cual lo útil no debe ser viciado por lo inútil.
Sirven de apoyo a lo anterior los criterios contenidos en las Jurisprudencias 9/98 y 20/2004 de la Sala Superior, con rubros: SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.”9 y PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.10
Con base en lo señalado, es válido concluir que sólo la conjunción de los elementos objetivos que prevé el supuesto de nulidad invocado y su impacto en el resultado de la elección pueden motivar la nulidad de la misma.
Sentado lo anterior, procede analizar los motivos de inconformidad relacionados con nulidades de diversas casillas por alguna de las hipótesis previstas en el artículo 87 de la Ley Procesal.

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