República de colombia



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libres y, en el cumplimiento de su función respecto de la sociedad, gozan de la garantía de no ser sometidos en ningún caso ni por motivo alguno a la censura”.

417 “La administración, según resulta de la Carta Política de 1991, no puede entrar en los contenidos de la programación de televisión o radio, de las publicaciones impresas, o en cualquier modalidad de comunicación o de expresión, para decidir si pueden o no difundirse. // La Corte Constitucional entiende que se aplica la censura siempre que los agentes estatales, so pretexto del ejercicio de sus funciones, verifican el contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar, publicar, transmitir o expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación de ese contenido a su permiso, autorización o previo examen -así no lo prohiban-, o al recorte, adaptación, adición o reforma del material que se piensa difundir. Prohibir, recoger, suspender, interrumpir o suprimir la emisión o publicación del producto elaborado por el medio son modalidades de censura, aunque también lo es, a juicio de la Corte, el sólo hecho de que se exija el previo trámite de una inspección oficial sobre el contenido o el sentido de lo publicable; el visto bueno o la supervisión de lo que se emite o imprime, pues la sujeción al dictamen de la autoridad es, de suyo, lesiva de la libertad de expresión o del derecho a la información, según el caso”

418 “Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución no solamente plasma un derecho fundamental en cabeza de los medios de comunicación. También contempla el correlativo de los sujetos pasivos de la actividad de aquéllos, es decir, el del público. // De ahí que esta Corte se haya referido a dicha norma como paradigma de los llamados derechos "de doble vía", en los que hay interés jurídico de rango constitucional en quien emite o difunde el mensaje y en quien lo recibe”.

419 “Para la Corte ha quedado plenamente establecido que en el caso presente, al sacar del aire un programa de televisión, la Comisión violó no solamente los derechos del canal CARACOL sino los del público televidente, que se vio privado de la información y expresiones que recibía, por decisión unilateral de un organismo público”.

420 Así lo ha reconocido la Corte Europea de Derechos Humanos; en el caso de Radio France y otros v. Francia (Aplicación no. 53984/00, sentencia del 30 de marzo de 2004), se explicó que al considerar los deberes y responsabilidades de un periodista, el impacto potencial del medio en cuestión es un factor importante, y que se reconoce generalmente que los medios audiovisuales tienen a menudo un efecto mucho más inmediato y poderoso que el de los medios impresos.

421 La Corte Constitucional, en la sentencia C-010 de 2000, también señaló que existe un margen de intervención estatal sobre la radiodifusión que se incrementa por su utilización del espectro electromagnético, y depende del número de frecuencias disponibles: “la Corte recuerda que la radio es un medio que utiliza el espectro electromagnético, que es un bien público, sujeto a la gestión y control del Estado (CP art. 75). Este espectro se caracteriza además por tener un número limitado de frecuencias, lo cual explica que exista una mayor intervención reguladora del Estado sobre los medios que lo utilizan, como la radio. Por ello, esta Corte ha admitido, en decisiones precedentes, que debido a este carácter, la ley puede exigir permisos o licencias previas para que una persona pueda operar programas radiales, y que el legislador puede regular con mayor intensidad estos medios (…). En esas condiciones, si la ley puede establecer requisitos para conceder una licencia para ser operador radial, nada en la Carta se opone a que la ley prevea también una licencia especial para quienes operen programas periodísticos. En efecto, no sólo estos programas informativos y periodísticos tienen especificidades frente a otro tipo de emisiones, como pueden ser las recreativas, sino que además son las transmisiones que tal vez pueden poner en mayor riesgo los derechos de terceros. Es pues admisible que la ley ordene una licencia especial para quienes quieran operar esos programas”.

422 En la sentencia T-838 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte señaló que el ámbito de regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones como radio o televisión exige una mayor intervención estatal que respecto de otros medios de comunicación como la prensa escrita, porque su uso implica utilización del espectro electromagnético, que es un bien público que forma parte del territorio del Estado y es de propiedad de la nación (artículos 75, 101 y 102 de la C.P.), el cual tiene como características propias el ser imprescriptible, inenajenable e inembargable, y se encuentra sujeto a la gestión y control del Estado”. Corresponde en este sentido al Estado limitar las frecuencias y el espectro utilizado al necesario para obtener el funcionamiento de los servicios requeridos, por cuanto las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales, limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica a "fin de permitir el acceso equitativo a esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados países"””. Los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, como el radio, tienen un tratamiento jurídico especial, porque requieren permiso para funcionar y además para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético (art. 75, C.P.) –hay cupo de frecuencias y espacios limitado. Sin embargo, se enfatiza que esta potestad se agota en las condiciones técnicas y de igual acceso por una pluralidad de operadores radiales al espectro electromagnético, y no se puede hacer extensiva al contenido de la programación.


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