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3. La Constitución protege el derecho de un estudiante a no ser agredido por sus compañeros mediante la persecución en grupo para desvestirlo y filmarlo.

Tanto el derecho a la dignidad humana como el derecho a la intimidad protegen a un menor de la agresión de otros menores consistente en la persecución en grupo para desvestirlo, ultrajarlo y filmarlo.



3.1. El derecho a la dignidad humana, a la autonomía y a la intimidad de los menores.

Como lo ha reconocido en diversas oportunidades la Corte Constitucional el concepto de dignidad humana70 “(i) es un principio fundante del ordenamiento jurídico y en este sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional, (ii) es un principio constitucional y (iii) tiene el carácter de derecho fundamental autónomo.”71 En el contexto de la dignidad humana como principio y derecho la Corte ha sostenido que la protección de la Carta se refiere a “(i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).”72


Respecto al tercer ámbito de protección, la intangibilidad de la integridad física e integridad moral, la Corte dijo en la sentencia T-220 de 200473:

El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva interpretación, es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral), la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos de la dignidad humana; igualmente tanto las autoridades del Estado como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los mismos.”


Para la Corte, la debida funcionalidad del derecho a la dignidad humana implica que el ámbito de su protección se extiende a la interdicción de conductas que entrañen la afectación de la dimensión individual y social de la persona. La construcción social de la realidad y la valoración social de ciertas conductas, desde sus niveles particulares de significado, son las que en últimas determinan el ámbito de lo prohibido y de lo que resulta objeto de amparo constitucional74.

La Corte también ha precisado que la protección de la dignidad humana de los menores se encuentra reforzada en razón a los artículos 44 y 45 de la Constitución75 y por lo tanto dicha protección se extiende a garantizar la intangibilidad mental, moral y espiritual del menor:

En el caso del derecho fundamental a la dignidad de los menores, los ámbitos de protección extienden sus fronteras de tal forma que lo que en algunos casos puede no considerarse como una afectación del derecho, por ejemplo, en el ámbito de la protección de la integridad moral en caso de personas mayores de edad, si pueda ser considerado como tal en el caso de los menores. En estos eventos, debido al estado de mayor vulnerabilidad en que se encuentra el menor frente a las agresiones morales, el ámbito de la dignidad se extiende con el fin de garantizar la intangibilidad mental, moral y espiritual del menor. En esa medida se justifican mayores prohibiciones al ejercicio de las libertades de los terceros que puedan afectarlos76.

Muchas veces el derecho a la intimidad también se ve comprometido cuando existe una vulneración de la dignidad humana en el anterior contexto. Sobre el derecho a la intimidad la Corte ha dicho:

18. El derecho fundamental a la intimidad está determinado en su dinámica funcional por tres ámbitos de protección, según ciertas coordenadas o circunstancias sociales y normativas: (i) la no divulgación o conocimiento, por parte de terceros, de los hechos, situaciones, comportamientos e informaciones que la persona desea mantener reservadas para sí o para el núcleo familiar77, (ii) la no intromisión en los ámbitos físicos o espaciales donde la persona desenvuelve su existencia (residencia, lugar de trabajo, cuartos de hotel, etc.)78, y (iii) la no intromisión en el cuerpo físico como ámbito propio y exclusivo de existencia79. La cualificación como derecho fundamental parte de su consagración expresa en una disposición constitucional (art. 15 CN) y de su especial relación con el derecho a la dignidad humana en términos funcionales80. Es decir, en la medida en que su ámbito específico de protección (la reserva), constituye un medio idóneo para la protección de la autonomía individual (libertad), para proteger ciertas condiciones materiales de existencia en los espacios privados (bienestar), y para garantizar la posibilidad de incardinación social y de no discriminación (igualdad). Finalmente, su condición de derecho público subjetivo está determinada por la concurrencia de tres elementos definitorios. Un titular universal: la persona natural; un objeto debido: la interdicción de las conductas que interfieran el ámbito de su protección (reserva de información, no intromisión en espacios reservados, no intromisión en el cuerpo); y un destinatario universal de la prestación: toda persona pública o privada.81

Específicamente sobre el derecho a la intimidad de los menores se ha afirmado:

Conductas con una potencialidad relativa de incidencia en el ámbito de protección del derecho están excluidas del amparo constitucional. En esta medida, formas al parecer inocentes de intromisión en las esferas privadas son, tratándose de menores, duramente censuradas por el orden jurídico. Esto implica que, por ejemplo, en el contexto escolar, donde las directivas y los profesores fungen como instancia de poder y de autoridad, las medidas correctivas deban estar guiadas pedagógicamente y de manera especial, evitando que las mismas por la forma en que se tomen resulten afectando esferas íntimas del menor.
Implica igualmente que, en ciertas hipótesis, la información que concierne al menor deba mantenerse en reserva de manera más estricta, teniendo en cuenta que en el caso de los menores las eventuales repercusiones que traería su publicidad, pueden llegar a afectar de manera grave su psiquis y generarle penosos traumatismos, o daños irreversibles. Como se ve, esta situación es especial en consideración al niño o adolescente, y no es predicable, por lo menos como regla general, cuando el caso involucra solamente personas mayores de edad.82


3.2. Aplicación al caso concreto. Relevancia de un proceso restaurativo

En el presente caso la Corte encuentra que un menor ha sido víctima de agresiones físicas y morales por parte de sus compañeros al haber sido perseguido en grupo, desvestido, ultrajado y filmado, lo que compromete seriamente su dignidad, al igual que su derecho a la autonomía y a la intimidad. Dentro del proceso también se encuentra que la comunidad ha tildado a los menores como “violadores” lo que no corresponde con la realidad de los hechos conocidos por la Corte y tiene repercusiones negativas en la víctima, y también en quienes la agredieron puesto que por vía del rumor se les imputan actos y calificativos que los estigmatizan83. De la Constitución y de la anterior jurisprudencia se desprende una protección tanto al derecho a la dignidad humana como a la intimidad y autonomía de los menores. La protección de tales derechos no se circunscribe a la garantía de un proceso disciplinario que sancione a los agresores sino también comprende la provisión de un proceso restaurativo que ofrezca una adecuada reparación a la víctima y restaure los vínculos de las partes con la comunidad. Pero más importante que lo anterior es la situación actual del menor agredido quien bajo ninguna circunstancia debe soportar la ventilación pública de los hechos, la distorsión de lo que aconteció, su estigmatización como “violado” o la burla por parte de la comunidad educativa a la que pertenece, por lo que el Colegio en cualquier evento debe garantizar la cesación de los tratos lesivos a la dignidad del menor cualquiera que sea su manifestación.


El proceso disciplinario puede culminar con una sanción de los alumnos responsables. Sin embargo, dicho proceso puede en algunos casos ser insuficiente para asegurar el goce efectivos de los derechos constitucionales vulnerados por quienes cometieron la falta disciplinaria. Esto sucede cuando las consecuencias de la falta continúan perpetrándose de diversas maneras en el ámbito de la propia comunidad educativa. En tales eventos, la protección no formal sino real y efectiva de los derechos fundamentales lesionados exige medidas adicionales al proceso disciplinario. Corresponde a cada establecimiento educativo definir cuales son las medidas adicionales aconsejables para lograr el objetivo tutelar de los derechos y, al mismo tiempo, para evitar que las secuelas de la lesión de dichos derechos se proyecte por distintas vías y continúe incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa. Varias de esas medidas se pueden enmarcar en lo que se conoce como justicia restaurativa.
Las prácticas de justicia restaurativa se consideran sistemas de justicia alternativa o complementaria de los sistemas de justicia ordinarios y buscan regenerar los vínculos sociales, psicológicos y relacionales de la víctima y el agresor con su comunidad mediante un proceso en el que participan todos los involucrados con miras a obtener un resultado restaurativo. Sin embargo, este tipo de procesos dependen de la voluntad de las partes. De acuerdo al Informe de la reunión del grupo de expertos sobre justicia restaurativa que elaboró los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal presentado por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas por proceso restaurativo se entiende todo proceso en que la víctima, el agresor y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias.84 Si bien tales principios han sido desarrollados en el ámbito penal, su origen y su pertinencia no se circunscriben a dicho ámbito, puesto que dichos procesos se puedan seguir para restaurar la vida en cualquier comunidad cuando se ha presentado una falta imputable a alguno de sus miembros que trasciende, más allá de la víctima, a la comunidad entera. Cada comunidad educativa es libre de definir si adopta o no procesos restaurativos, en qué casos y con qué implicaciones.
Un resultado restaurativo es la culminación de un proceso en donde se haya dado la oportunidad de que las partes se expresen acerca de lo sucedido, se repare el daño causado, se restauren los vínculos de las personas con la comunidad. Por lo tanto, un resultado restaurativo comprende respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el restablecimiento de la dignidad de la víctima, su reparación y la restitución de los lazos existentes al interior de la comunidad, incluidos los lazos existentes entre la comunidad y quienes agredieron a la víctima, en el evento de que sigan perteneciendo a la comunidad.
La importancia de este tipo de procesos radica en que la falta no se concibe solo como una trasgresión de una norma, sino como un acontecimiento que afecta a la víctima, y repercute también en el agresor y en la comunidad. Por lo tanto un proceso de esta naturaleza es importante para el presente caso que ha tenido proyecciones en toda la comunidad, siempre que se den dos condiciones previas.
La primera es que el menor afectado por los hechos así lo desee. Esta decisión deberá ser autónoma e informada, de tal forma que la víctima tenga claro de qué se trata el proceso restaurativo, cuál es su objetivo, cuáles son los pasos del mismo, el rol que la víctima cumple en dicho proceso y cuáles son sus implicaciones. A la víctima deben serle ofrecidas alternativas, de manera flexible, para no exponerla a procesos en que no se siente dignamente tratada. Así mismo, la decisión del menor de llevar a cabo este proceso deberá ser expresa, sin perjuicio de que pueda cambiar de parecer.
La segunda condición es que alguno de los menores disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo parte de la comunidad educativa. Lo anterior responde a la importancia de verificar su voluntad de seguir siendo parte de la comunidad educativa pues sin esa condición el proceso carece de sentido.
No obstante, las dos condiciones son necesarias. Así, una de las dos condiciones no es suficiente para que se lleve a cabo el proceso sino que se requiere la concurrencia de las dos para que éste proceda.
En conclusión, la Corte ordenará al Colegio que en el evento en que los tratos lesivos para la dignidad del menor víctima de los hechos se estén proyectando en su contra, como por ejemplo debido a la ventilación pública de los hechos, su estigmatización o la burla por parte de los miembros de la comunidad, deberá tomar medidas para que éstos cesen. Dentro de estas medidas cabe adoptar algún tipo de proceso restaurativo a condición de que i) el menor afectado así lo acepte de manera autónoma, expresa e informada; y ii) alguno de los menores disciplinados vuelva a ser o haya seguido siendo parte de la comunidad educativa y acepte también participar en un proceso restaurativo.
Pasa ahora la Corte ha determinar si en el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido proceso de los menores en nombre de quienes se interpone la presente acción de tutela. Esto es necesario no solo porque así lo han planteado los accionantes sino porque el hecho de que los menores hayan vulnerado el derecho a la dignidad así como la intimidad de otro menor, no significa que su derecho al debido proceso disciplinario pueda ser, a su turno, desconocido. Para determinar si existió una vulneración se seguirá el esquema planteado comenzando con una breve alusión a la jurisprudencia de la Corte sobre el debido proceso en materia disciplinaria.



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