República de colombia



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3. Expediente T-1323408. El caso del menor José.




3.1. La acción de tutela.

3.1.1. Los – padres del menor José- señores, instauraron acción de tutela contra el Colegio por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la intimidad y a la honra de su hijo, en escrito muy semejante al usado en las acciones de sus demás compañeros. Responsabilizaron de los hechos al menor Santiago y solicitaron además, ordenarle al Colegio aclarar en un medio público la verdadera situación ocurrida “ya que el mismo profesorado, junto con el Rector difundieron la mala información, dando a entender que los menores eran unos delincuentes (...)”


3.1.2. El Juez de Primera Instancia recibió declaración juramentada del Profesor Guillermo, en la cual se le interrogó por “la observación impuesta en el boletín informativo correspondiente al cuarto período y final” del menor, quien indicó que la nota se había generado “en el mal comportamiento de él en la salida hacia San Agustín, más el reiterado mal comportamiento en el salón de clase” (...) “En el segundo semestre la situación de mal comportamiento empeoró tomando una actitud desafiante en clase, la actitud era acostarse en el pupitre, no contestar absolutamente nada cuando se le preguntaba, portar mal el uniforme, a veces mostrando los interiores, con una cuchilla o cualquier otro objeto dañaba el pupitre (...)”
El 24 de enero de 2006, el Rector del plantel educativo allegó al proceso, sus argumentos de defensa en los que fundamenta la negativa del colegio a renovar los contratos de matrícula, en la vigencia de los mismos y en los requisitos que en él se estipulan, los cuales indica que no se cumplieron debido a la falta grave en que incurrió el alumno y el proceso disciplinario que concluyó con la decisión de cancelación de matrícula, y agrega que el día en que se informó la decisión a los padres de familia no se había recibido la respuesta al recurso de apelación.
El 31 de enero del 2006, ante solicitud formulada por el Juez de conocimiento, el mismo Rector presentó escrito ampliando sus explicaciones iniciales. En su documento narró, como el señor Mauricio, hijo de la secretaria del Colegio, quien cumple dicha labor desde hace más de 34 años, solicitó previamente autorización para asistir a la salida pedagógica e hizo alusión al informe por él efectuado en forma espontánea. Luego hizo un recuento del proceso administrativo y una exposición en defensa de la legalidad de la conformación del Consejo Directivo del Colegio con base en el Decreto 1860 de 1994 (Art. 19, 20 y 23) reglamentario de la Ley 115 de 1994, de la autonomía de la institución,51 y del apego a la protección de los derechos fundamentales.

3.2. Primera instancia.

El Juzgado Segundo Civil Municipal, mediante sentencia del 1 de febrero de 2006, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor José.


El juez, luego de transcribir el artículo 17 del manual de convivencia del plantel educativo, estableció la violación “en forma abierta e inmisericorde” el debido proceso, conclusión que sustentó con los planteamientos efectuados por la Secretaría de Educación al resolver el recurso de apelación. Además, manifestó que se había desconocido el derecho de defensa del menor, de quien afirmó, nunca haber sido escuchado ni sus padres o acudientes en lo que llamó un “seudo-proceso disciplinario” y que si bien, en principio era viable no renovar el contrato de estudio, ello no era dable, dado el pronunciamiento de la segunda instancia administrativa.
Concluyó el pronunciamiento con la siguiente cita religiosa “Antes de juzgar al prójimo, pongámosle a él en nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen seguro que será entonces nuestro juicio recto y caritativo”. San Francisco de Sales.

3.3. Impugnación



El Colegio impugnó la decisión mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2006. Consideró la acción de tutela improcedente contra hechos superados, como quiera que ésta buscaba proteger el debido proceso disciplinario que concluyó con la sanción de “cancelación de la matrícula”, la cual nunca fue aplicada, ya que los alumnos involucrados en el proceso terminaron el año lectivo y la decisión administrativa que anuló el proceso fue recibida “de manera tardía” cuando ya había terminado el año escolar, de manera que no es posible aplicarla retroactivamente.
Igualmente, reafirmó su consideración de contar con la discrecionalidad para la admisión de los alumnos, la cual no fue “producto de la imposición de la sanción disciplinaria”, sino de la potestad “de la institución” para renovar el contrato y de la autonomía de las instituciones educativas privadas “que encierra no solo la independencia de estas para determinar su ideario y proyecto educativo, el régimen interno de organización y la administración de sus recursos, gestión financiera y curricular de acuerdo con las normas canónicas”. Dijo que tal determinación fue adoptada e informada a los alumnos con antelación a conocerse el resultado de la Secretaría de Educación y el Núcleo Educativo y atribuyó a la primera el deber garantizar el derecho a la educación de los alumnos.
Finalmente, se refirió al derecho a la defensa de los estudiantes dentro del proceso administrativo argumentando que en los anexos allegados al despacho de instancia da “cuenta de las citaciones y entrevistas con los padres de familia y el estudiante (...) y sea oportuno decir que muchas otras veces los atendí sin que se dejara constancia escrita de esa actuación”, por lo tanto cuestiona la decisión del funcionario al fundamentar la violación del debido proceso en ese supuesto y sin “elaborar de manera razonada las tesis explicativas del por qué las actuaciones del colegio eran violatorias de derechos fundamentales” (...) “El juicio de razonabilidad que resulta del cotejo de la situación de hecho puesta en conocimiento, con la norma constitucional, está totalmente ausente en la decisión respecto de los otros derechos considerados como violados, diversos al debido proceso. No cualquier desconocimiento ni amenaza, puede tomarse como causa determinante y justificativa de la acción de tutela sino de aquella que evidencia un daño esencial del núcleo del derecho (...)”
El 7 de febrero de 2006, el Rector, aportó copia de la resolución de matrícula para el alumno José, en cuyos considerandos dejó constancia de su desacuerdo con la decisión de instancia y de que la orden “provisional” se efectuaba en acatamiento de la misma, para evitar “incurrir en desacato a un fallo judicial.”52

3.4. Segunda Instancia

El Juzgado Segundo Civil del Circuito, confirmó el fallo de instancia. Para la juez, en virtud de la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario del alumno José, decisión de carácter obligatorio para sus destinatarios, el Colegio no contaba con razón alguna para no renovar su contrato de matrícula, y que tal negativa daba lugar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación del menor, se preguntó la funcionaria “¿si al terminar el año lectivo todos los estudiantes quedan a la deriva respecto de su permanencia en el colegio para el año siguiente? (...)cuál es la situación de los educandos? Salen a vacaciones con la incertidumbre de si el año próximo los recibirán, así su conducta y la de sus padres haya sido intachable?”. Adicionalmente, no encontró la falladora “a lo largo del plenario, causa que justifique el trato discriminatorio que se le está dando al menor” al no matricularlo, por lo cual estimó también violado el derecho a la igualdad del estudiante.


Por último, llamó la atención al Rector del Colegio por haber impartido una orden de matrícula provisional, indicando que las “órdenes del Juez de Tutela son de obligatorio e incondicional cumplimiento”, por lo cual dijo, no le era permitido hacer este tipo de condicionamiento.



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