República de colombia



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2. Expediente T- 1322747. El caso de Jorge.




2.1. La acción de tutela.

2.1.1. Los padres del alumno Jorge, instauraron acción de tutela, en contra del Colegio. Sustentaron su petición en argumentos muy similares a los expuestos en la tutela anterior, en los que se consideran violados los derechos fundamentales de su hijo a la educación, debido proceso, igualdad, buen nombre, intimidad y honra.


Hicieron énfasis en el comportamiento del profesor Guillermo, a quien calificaron como “responsable de la salida, y por tanto del comportamiento del grupo de alumnos.40
Los –padres del menor Jorge- manifestaron que de acuerdo a los artículos 16 y 17 del Manual de Convivencia antes de la apertura del proceso disciplinario se debía haber determinado la gravedad de la falta, la existencia de dolo y, aún cuando la falta se hubiera determinado como grave, debieron implementarse las sanciones de manera gradual.
En resumen, con la acción de tutela se pretendía obtener la orden de matrícula en beneficio de su hijo con fundamento en los planteamientos de la Personería y la Secretaría de Educación del Municipio.

2.2. Del trámite y decisión en primera instancia.

2.2.1. El Juzgado Cuarto Civil Municipal conoció en primera instancia de esta acción; en su desarrollo, el 24 de enero del 2006, se recibió ratificación y declaración de los –padres del menor Jorge-, quienes al ser interrogados sobre otros aspectos adicionales expusieron:


A la fecha varios niños de los implicados han querido ingresar a otro colegio y la respuesta ha sido negativa, ya que están estigmatizados como violadores al parecer por referencias dadas por personal del Colegio averiguar sobre estos datos y las secretarias o quienes responden dicen que ellos salieron por violadores. Un Cirujano, El Dr. Rafael Hernández, que atiende a los profesores por cuenta de Colombiana de Salud, recibió información de una profesora del Colegio, que nuestro hijo Jorge era un violador e iba a ser expulsado del colegio por ese motivo. Todo esto ha afectado psicológicamente en grado sumo a nuestro hijo, a nosotros los padres y a toda la familia, de oídas se dice que el Rector hizo que la señora madre del niño Santiago acusador de nuestro hijo y de sus compañeros ampliara informaciones mucho tiempo después de haberse culminado el proceso y una vez que supo que la Secretaría de Educación del Municipio diera fallo favorable a nuestro hijo y a sus compañeros tal como reza la resolución emitida el 9 de diciembre de 2005 por dicha entidad, donde se ratifica que hubo violaciones varias al debido proceso, al buen nombre, a la honra, a la educación y a los derechos fundamentales de los niños como el derecho a la legítima defensa y en general a los que en la presente Tutela invocamos. Además de encontrar que las imputaciones que les hicieron eran falsas.41
2.2.2. Mediante oficio 051 fechado el 24 de enero del 2005, el Secretario del Juzgado Cuarto Civil Municipal, comunicó al Rector del Colegio que:
Mediante el presente y con motivos de NOTIFICACIÓN comedidamente le informo que en el Juzgado 4º Civil Municipal se dictó auto de la fecha, mediante el cual se ordena dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 7º del Decreto 2591 de 1991” [se transcribió la norma]
Por lo expuesto en dicho Artículo se dispone que a fin de proteger los derechos y así evitar la generación de daños se comunique al señor Rector del Colegio que permita al estudiante Jorge ingresar a la institución Educativa con el fin de que cumpla con sus respectivas labores educativas a partir de la fecha dispuesta para la iniciación de la jornada académica el corriente año.”
En el expediente no se encuentra ni original, ni copia del auto en mención; sin embargo, aparece copia de otro oficio con el mismo número librado en la misma fecha en el cual se le informa al mismo funcionario académico (el Rector) que:
(...) se dictó auto de fecha enero 23, mediante el cual se ordena en el numeral Cuarto de la parte resolutiva dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 7º del Decreto 2591 de 1991, el cual a la letra dice: CUARTO: De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2591 de 1991 y con el fin de proteger derechos y así evitar la generación de daños, se dispone comunicar mediante oficio al señor Rector del Colegio o que permita al estudiante Andrés ingresar a la institución Educativa con el fin de que cumpla con sus respectivas labores educativas a partir de la fecha dispuesta para la iniciación de la jornada académica del corriente año”42
El 25 de enero del año 2006, los padres del menor Jorge, se presentaron ante el señor Juez Cuarto Civil Municipal, quien luego de tomarles juramento, les preguntó por el motivo de su presencia al despacho y los interrogados,
CONTESTARON: Hoy a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.) nos hicimos presentes con nuestro hijo uniformado al Colegio portando Fotocopia del Oficio Civil No. 051 de este Juzgado y dirigido al Rector del Colegio (...) para que diera cumplimiento a lo ordenado en dicho oficio lo preceptuado en el Art. 2591 de 1991 Art. 7 (sic) con el fin de dar cumplimiento a medida provisional (...) negándose el Rector A ACEPTAR LO ORDENADO EN DICHO DOCUMENTO EN RAZÓN QUE ESTE NO ESTABA FIRMADO POR NINGÚN Juez, que el no acataba lo ordenado en dicho oficio, además que era un atrevimiento que el niño portara el uniforme del Colegio por que no se hallaba matriculado y que el único vinculo con el Colegio era la matrícula y así simplemente desacatando la orden dada por el Juzgado. Además manifestó que él no le está negando al derecho a la Educación por que en el municipio hay más colegios (...)”43
2.2.3. En el expediente se encuentra, fotocopia de una comunicación fechada el 22 de agosto del año 2005, dirigida al Rector del Colegio, mediante la cual la Personera delegada ante lo administrativo, allega copia del acta de visita al plantel educativo y le manifiesta que “en ningún momento profirió concepto al respecto, como ya se anotó simplemente se dio contestación al derecho de petición”
2.2.4. En esta tutela se practicó diligencia de inspección judicial en el Colegio el 26 de enero de 2005, en la cual participaron los accionantes –padres del menor Jorge y la madre del menor Andrés-; en su desarrollo se le explicó que “si bien la accionante involucra una serie de derechos presumiblemente violados, la mayoría lo son como consecuencia del principal cual es el Debido Proceso (sic), es decir el derecho a la educación, a la igualdad, al Buen Nombre a la Intimidad y a la Honra van de la mano de la violación o no al Debido Proceso...” luego de haberse puesto a disposición del funcionario judicial el AZ relacionado con los procesos disciplinarios sobre el cual se consignó “Dentro de el aparecen una serie de hojas tamaños oficio y carta algunas con membretes que dice Colegio, algotras (sic) no unos elaborados al parecer en computador otros a mano alzada y observándose especialmente que (...) no están debidamente foliados.”
Consideró además el juez de instancia necesario “verificar lo establecido en el reglamento del Consejo Directivo, es decir su establecimiento conformación y nombramiento” al haber sido informado por el Rector del plantel sobre una reestructuración del mismo. Se relacionaron a grandes rasgos los documentos correspondientes a los procesos disciplinarios destacándose el hecho de no haber sido llevados en cuadernos independientes y se interrogó al Rector sobre “esta actuación irregular”. Sin embargo, cuando el Rector relataba el procedimiento empleado fue interrumpido por –la madre del menor Jorge- «para manifestar que los observadores de alumno no existían a la fecha en que sucedieron los hechos se conformaron después. Ante esto el señor Rector MANIFIESTA. Siempre ha existido observador del alumno inicialmente tenía una carpeta para cada curso y a mitad de año se diseño una carpeta para cada estudiante, con el ánimo de corroborar los dos dichos anteriores el señor Juez solicita se muestre al despacho como se estaba llevando esta situación y como se lleva ahora, para tal efecto se traslada junto con la señora coordinadora académica presente a la sala de profesores (...) el señor Juez encontró dos gabinetes metálicos de 4 puestos cada uno grises (...) el señor Juez al azar saca un fólder de los muchos existentes correspondiendo al de (...) se puede ver que existe un formato para este niño en particular, que contiene una encuesta, un registro citaciones, un registro de méritos estímulos y distinciones y un registro de comportamiento de disciplina»44
Dentro de la diligencia se interrogó al Coordinador de Disciplina y al Rector del plantel sobre varios aspectos del proceso; vale la pena mencionar:
(...) Siguiendo con el art. 17 el paso siguiente era el llevar a cabo las pruebas pedidas y las que se creyeran convenientes, esto quiere decir que se ha debido recibir la versión de Jorge y el testimonio de los alumnos que hubiesen estado presentes en el momento de los hechos por lo tanto demuéstrenos como se llevó a cabo la práctica de esas pruebas. MANIFESTO: a los cinco se les entregó la notificación para los descargos y todos optaron por llevar el formato y traerlo diligenciado pero mas adelante no hubo ampliación o declaración alguna de los posibles testigos, me limité a los cinco que mencionaron y aunque habían otros observadores no se mencionó a nadie más después de esta etapa que la podemos llamar recolección de las pruebas (...)
Finalmente, el funcionario judicial se refirió a la medida provisional que ordenó “permitir la asistencia a clase de Jorge” comunicada dos días antes de la diligencia de inspección, respecto de lo cual el Rector, respondió “Ayer radiqué una respuesta a este oficio con el sustento por el cual no puedo recibir niños que no estén matriculados y allí sustento por que no se puede ya que la legislación educativa me lo impide. Igualmente y de acuerdo a lo manifestado por la accionante en el sentido de que en otra institución dicho eso.” Con esa frase se concluyó la diligencia luego de dejar constancia de la colaboración prestada por los participantes para su desarrollo.
2.2.5. El 30 de enero del 2006 el Colegio allegó al juzgado un escrito que contiene los planteamientos de su defensa, los cuales son muy similares a los expuestos dentro del escrito allegado al Juzgado Primero Civil Municipal en el caso del expediente T-131921845.
2.2.6. Mediante sentencia del 2 de febrero del 2006 el Juzgado Cuarto Civil Municipal resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, educación, igualdad, buen nombre, intimidad y honra del estudiante Jorge, ordenando al plantel educativo renovar su matrícula.
El juez consideró que la vulneración al debido proceso se refería a los “vacíos” encontrados en el procedimiento seguido por la institución. Cuestionó no haberse llevado cuadernos separados para cada uno de los implicados y manifestó que de conformidad con el artículo 17 del Manual se debió conocer por parte del Director del curso y del alumno la situación, y mediante un informe detallado hacerlo llegar al Coordinador, quien debería hacer un registro del hecho en forma clara y detallada de la segunda parte del procedimiento. En forma escrita el señor Coordinador ha debido poner en conocimiento, los hechos y las pruebas en forma clara y detallada al Rector.
Cuestionó la conformación del Consejo Directivo y la competencia de éste para imponer la sanción46, dado que lo preceptuado en el Manual de Convivencia debía “acogerse a plenitud”. Esgrimió además que no se dio cumplimiento al artículo 319 del Código del Menor, al no haberse contado con la autorización de la asociación de padres de familia para “la expulsión del alumno”.
No se encuentra a lo largo de la providencia, fuera de la mención que se hace sobre la conceptualización de los demás derechos protegidos, argumento alguno que concrete su vulneración.
El juez de primera instancia decidió “tutelar el derecho fundamental al debido proceso de Jorge, y como consecuencia de esto los derechos fundamentales a la educación, igualdad, buen nombre, intimidad y a la honra invocados por el accionante; dejar sin efecto la sanción de cancelación de la matrícula impuesta al menor Jorge debiendo proceder el Colegio en la forma expuesta en los considerandos anteriores respecto de este aspecto.”47

2.3. Impugnación



El Colegio expidió la resolución No. 003, el 06 de febrero del presente año, en cumplimiento de la orden impartida, mediante la cual resolvió matricular “por orden judicial” provisionalmente como estudiante del grado 10 (...) al menor (...) y presentó al día siguiente el escrito de impugnación. Basó su defensa en la improcedencia de la acción de tutela contra hechos superados y en la discrecionalidad del Colegio para la admisión de alumnos. Dijo adicionalmente que la libertad de enseñanza reconocía que los planteles educativos podían ser de naturaleza pública o privada, lo cual justificaba las diferencias en el carácter, composición y funciones de los organismos.
Adicionalmente, tachó de falaces las consideraciones relacionadas con la falta de autorización para la imposición de la sanción, materia que afirmó fue de “escrupulosa observancia por parte del Colegio” y que está consignada en los documentos que hacen parte del expediente y consta en los considerandos de las resoluciones, pero que el funcionario judicial no requirió en su diligencia.

2.4. Trámite y decisión de segunda instancia

Los –padres del menor Jorge-, presentaron recurso de apelación ante la Juez Primero Civil del Circuito48, a quien correspondió el pronunciamiento de segunda instancia.


Sostuvieron que en el proceso disciplinario se trataron las faltas disciplinarias “como delitos” lo que corresponde a los jueces penales y calificaron de atrevidas las afirmaciones del impugnante al calificar la decisión del juez de “improcedente, errada, inapropiada, atrevida y mentirosa, afirmando que “las carencias o falencias que se presenten en la instrumentalización de un proceso, cualquiera que él sea, por si mismas no representan vulneración de derechos fundamentales como la Honra, el Buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, ni a la intimidad“
Agregaron que al efectuarse la matrícula provisional de su hijo en el Colegio, se mantenía la sanción, ya que el proceso disciplinario había sido anulado además de considerar que se había demostrado con suficiencia que la “conducta por la cual” se le cuestionó había sido “absolutamente inofensiva”.
Estimaron errada la interpretación del Rector al invocar el hecho superado, como causal de improcedencia de la tutela, el cual se habría configurado si el Colegio hubiese accedido a matricular a su hijo antes del pronunciamiento del Juez de instancia.
Afirmaron que la razón dada por el Colegio relativa a su potestad para no renovar la matrícula contradice el alcance de los derechos previamente definidos por la Constitución, máxime cuando no existe justificación alguna que sustente tal decisión y que el hecho de que la institución educativa fuera de carácter privado, no le otorgaba discrecionalidad para permitir el ingreso de un alumno al plantel, puesto que de cualquier forma, hacía parte del Estado Colombiano (situación que predicaron desconocía el Rector del plantel) en virtud del contrato interadministrativo ya mencionado.
Para finalizar tildaron de contradictorio el proceder del Rector al comunicar en el informe final del año lectivo que “por su incumplimiento en sus deberes de estudiante, consignados en el Manual de Convivencia y en el contrato de matrícula, no se le puede renovar su vinculación al colegio en 2006”49 por no esperar la decisión de la segunda instancia administrativa, con lo cual dijeron violaron los derechos de los menores, como la honra, el buen nombre, intimidad y la educación.
La señora Juez de conocimiento, mediante providencia del 17 de febrero de 2006, ordenó vincular a dicha tutela a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Educación Municipal. Este último al igual que en el caso precedente respondió con el siguiente texto: “me permito comunicarle que este Despacho a través de oídas ya estaba enterado de la Acción de Tutela, por lo que considera que en aras de no dilatar el sumario, y por el restablecimiento de los derechos de los niños, se declare saneada la nulidad y se continúe con el curso del proceso.”
Así mismo, la funcionaria dispuso trasladar al expediente las siguientes pruebas: interrogatorio del Rector, declaración del profesor Guillermo, Acta 07 sobre reunión ordinaria del Consejo Directivo del Colegio, acta final de evaluación de disciplinaria y copia del oficio SED-050-084-06; y solicitar al Colegio copia de la hoja de vida del alumno, en la que se encontró una anotación relacionada con un incidente de indisciplina del estudiante en el mes de noviembre, con el respectivo soporte documental.
Mediante providencia emitida el 2 de marzo del 2006 la Juez Primero Civil del Circuito, revocó “la totalidad del fallo de primera instancia” y negó la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buen nombre, intimidad, honra, libre desarrollo de la personalidad y petición; adicionalmente, tuteló el derecho a la educación del menor el cual consideró vulnerado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación del Municipio.
Como fundamentos de su decisión,50 en primer término, se refirió al derecho de petición de respuesta efectuado por los padres del estudiante Jorge el 19 de diciembre de 2005, la cual había sido suministrada con anterioridad a la emisión de la sentencia de primera instancia, motivo por el cual tal vulneración había “cesado”.
En segundo lugar, y con relación al debido proceso administrativo dijo que si bien era cierto se había dado lugar a una investigación, y que la sanción de cancelación de matrícula impuesta había sido objeto de los recursos de reposición y apelación los cuales concluyeron con la anulación del proceso, ello significaba que ésta nunca fue impuesta, y destacó la contradicción de la decisión administrativa al “resolver de fondo el mérito del asunto emitiendo pronunciamiento sobre la calidad de la sanción impuesta, y estableciendo de ante mano que la sanción a imponer en el nuevo proceso no podrá abarcar el próximo año lectivo” cuando previamente había tomado la decisión de anular el proceso. No habiendo proceso disciplinario estimó, “no existe violación del debido proceso”.
Consideró que con base en el art. 201 de la Ley 115 de 1994 y la correspondencia entre las obligaciones derivadas del mismo derecho-deber fundamental a la educación, le estaba permitido al Colegio abstenerse de renovar el contrato de matrícula del estudiante Jorge. Citó las obligaciones a cumplir provenientes del propio contrato, las cuales condicionan su renovación y ratificó que no puede invocarse la protección de un Derecho Fundamental cuando quien solicita dicha protección ha transgredido los lineamientos y condiciones básicas para el desarrollo del mismo”, destacó queSiendo el derecho a la educación un derecho inviolable, inalienable e intransferible su goce y disfrute debe estar dentro de los marcos de libertad, es decir, sin entrar a transgredir a los demás, o su goce se ve limitado frente a la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común.”
Insistió en las consecuencias nocivas para el propio alumno al hacer forzoso el seguimiento del proceso educativo en el mismo plantel, y consideró que el derecho a la educación debía ser garantizado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación.
Respecto de los derechos a la honra y al buen nombre dijo, que para perturbar “la imagen decorosa, respetable, honorable de una persona, se tiene que demostrar que los actos ejercidos por la entidad acusada deben haber sido públicos, por cualquier medio de comunicación y en consecuencia de dicha publicación, ponga en posición de indefensión, degradante de la persona, frente a los demás individuos de la comunidad” y no había dentro del expediente alguna prueba que indicara tal proceder de parte del Rector o los profesores del Colegio, y que ellos “se ganan de acuerdo con las acciones realizadas por el individuo...” y que fue el mismo menor “con su actuar el que dio origen a los hechos acaecidos en el mes de junio del año 2005...”
En cuanto al libre desarrollo de la personalidad e intimidad, manifestó que los mismos comportaban “la autonomía de cada uno para realizarse según sus particulares valores, aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios, trazando a su propia existencia”(...) “en cuanto no choque con los derechos de los demás ni perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al orden jurídico” lo cual implicaba que el menor Jorge no hubiera transgredido los derechos de las demás personas; y que por su parte, el Colegio se ciñó a la competencia de su actividad propia, sin entrometerse en los ámbitos personales o familiares que no le conciernen directamente.



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