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II. LAS ACCIONES DE TUTELA Y LAS SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN.




1. Expediente T-1319218. El caso de Esteban.




1.1. La acción de tutela.

1.1.1 Los padres del menor Esteban, instauraron acción de tutela, por cuanto consideraron vulnerados los derechos fundamentales a la Educación, al Debido Proceso y a la igualdad de su hijo, por el Colegio.


Luego de presentar su versión de los hechos, según la cual se endilga al menor Santiago y sus amigos de haber propiciado el incidente, sustentaron su demanda en argumentos similares a los que sirvieron de soporte para los recursos interpuestos dentro de los procesos disciplinarios, narrados con anterioridad, en los que se indica que el Rector del Colegio inició el proceso, “influenciado por el profesorGuillermo.
Concretaron la violación al derecho de defensa en que “los menores no tuvieron la oportunidad de defenderse o ser defendidos por sus padres, personero del Colegio” (sic), que la decisión de expulsión viola el artículo 143 del Código de la Educación, respecto de la conformación del Consejo Directivo y sin estar autorizados para ello.
La violación del principio de “presunción de inocencia” la fundamentaron en que, en su criterio, los menores fueron prejuzgados “los acusaron sin tener prueba alguna, solamente lo que expresó el profesor, el sobrino, la madre del afectado, cuando en realidad ellos no vieron nada, porque no estaban presentes en el lugar donde sucedieron los hechos (en un pasillo frente a las habitaciones donde se encontraban más de 15 niños jugando o “recochando” según término utilizado por los menores) estas son pruebas de referencia o de oídas, eliminadas del contexto jurídico..”
Sostuvieron la violación al derecho a la igualdad en que «en ningún momento fueron escuchados los menores acusados, “de cómo sucedieron los hechos” para llevar a cabo el ejercicio del derecho a la defensa, pero el consejo Directivo sí escuchó personalmente al acusador profesor Guillermo, al niño Santiago y a la mamá»
Cuestionaron el proceso por no haber realizado valoraciones psicológicas de los implicados, no haberse tenido en cuenta si los estudiantes habían estado incursos en procesos disciplinarios y porque “No les importó infamar el buen nombre de los menores y sus familias...”
Hicieron alusión a la solicitud efectuada al personero municipal y la consiguiente respuesta por él suministrada, junto con la declaración de nulidad del proceso, efectuada por la “Secretaría de Educación”29:
Sin haber recibido de la Secretaría de Educación, la Respuesta al recurso de Apelación, el Rector en el Boletín informativo general del año lectivo 2005, de calificaciones de cada estudiante acusado, se niega a renovar la vinculación al colegio de nuestros hijos en el año 2006, escribiendo “POR SU INCUMPLIMIENTO EN SUS DEBERES DE ESTUDIANTE, CONSIGNADOS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA Y EN EL CONTRATO DE MATRICULA, NO SE LE PUEDE RENOVAR SU VINCULACIÓN AL COLEGIO EN EL 2006”30
Concluyeron, que no obstante haberle solicitado el día 14 de diciembre de 2005 al Rector del Colegio, a través de derecho de petición que se diera cumplimiento a la resolución de la Secretaría de Educación y Núcleo Educativo, hasta ese día no se les había notificado sobre la fecha de matrícula; en tales condiciones solicitaron se ordenara al Colegio matricular a su hijo Esteban y pidieron que su rector no continuara vulnerando sus derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
1.1.2. Los argumentos de defensa de la institución accionada fueron allegados al proceso, el 31 de enero del año 2006, después de emitida y notificada la sentencia.
En su comunicación el Rector, luego de recapitular los hechos y actuaciones adelantadas por el Colegio defendió cada una de las garantías constitucionales cuyo cumplimiento se había cuestionado.31 Sobre el debido proceso el Rector sostuvo:
En el sector educativo siempre hemos considerado que el debido proceso en los establecimientos educativos no puede consistir en un complejo esquema procesal, con un rigorismo de formas, que implicaría la implementación en el establecimiento educativo de una oficina jurídica que tramitara todos los procesos por faltas que suelen cometer los estudiantes. Consideramos que esos procesos no pueden equiparar a procesos judiciales, en cuanto a las formalidades que esos estrados se siguen, (sic) observando desde luego pautas generales como el derecho a la defensa y las precauciones generales señaladas en el Código del Menor. Los educadores consideramos que en estos procesos disciplinarios o se trata de hacer exactamente lo que hacen en los estrados judiciales tenemos nuestros formatos para el registro escolar de las valoraciones académicas, el observador del estudiante la carpeta acumulativa etc., y no somos juristas ni jueces. No existe una ley o decreto del Ministerio de Educación que establezca las formas y procedimientos seguir en procesos disciplinarios a estudiantes y sobre el particular los establecimientos educativos consultamos la Jurisprudencia y Sentencias de la Corte Constitucional. Creemos que los colegios tienen un margen de autonomía para determinar los formatos y protocolos congruentes e idóneos para lograr el objetivo de respetar los principios que rigen los procesos disciplinarios en general (…) En el marco de esta justificación de la no observancia de tantas formalidades es que solicito al Señor Juez tenga en cuenta como válidos nuestros procedimientos, por ejemplo las respuestas verbales que di a los padres de familia acerca de peticiones hechas en sus descargos, explicándoles en mi oficina por qué las consideraba innecesarias, al haberse logrado suficiente ilustración y porque no se veía que esas las acciones que me pedían iban a desvirtuar el hecho (…)
En relación con la legalidad en la conformación del Consejo Directivo del Colegio y por ende su competencia para actuar imponiendo sanciones o absolviendo, debo explicar que en el ámbito del derecho de libertad de enseñanza, los particulares pueden fundar y dirigir establecimientos educativos, garantizando la participación de la comunidad educativa en la dirección, sin que ella se convierta en coadministración por parte de estamentos que no pertenece a la entidad propietaria o gestora del colegio. Es por eso que el Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley general de educación o ley 115 de 1994, cuando se refiere a los organismos del gobierno escolar, en los artículos 19, 20 y 23 distingue lo pertinente a establecimientos educativos oficiales y a establecimientos privados, indicando que la integración y funciones de entes como el Consejo Directivo, en los colegios privados puede hacerse incluyendo los mismos u otros integrantes prescritos para los consejos de colegios oficiales, y tener las mismas u otras funciones, a voluntad de quien sea la autoridad máxima del colegio. Para el caso que nos ocupa, el Colegio es una institución educativa católica de carácter privado, fundada mediante decreto canónico No. 70 del seis de diciembre de 1956, emanado del Obispo, entonces Obispo de la Diócesis. Esa entidad religiosa suscribió con el Municipio, el día 6 de enero de 2003, el contrato administrativo (…) El Municipio asigna personal directivo (…) confiado a la Diócesis para que administre ese personal y convirtiéndose esa asignación en un subsidio para los estudiantes matriculados. Este subsidio no modifica –como es apenas natural desde el punto de vista jurídico – el carácter privado del establecimiento educativo y su régimen interno (…)
El Consejo Directivo no puede crearse a sí mismo sino por una resolución de rectoría, tan solo puede proceder a definir un reglamento de funcionamiento pero no su carácter, composición y funciones, las cuales son determinadas por el propietario del establecimiento educativo con base en las normas legales sobre consejos directivos en establecimientos educativos. El hecho de que el Consejo Directivo no se hubiera reunido antes del proceso disciplinario no modifica la función que el Manual de Convivencia le asigna para estudiar los procesos disciplinarios y decidir si absuelve o impone una sanción. Para las personas, incluso funcionarios de las Secretarías de Educación que no respetan las diferencias entre consejos directivos de colegios oficiales y consejos directivos de colegios privados, o no leen bien las normas que sobre Consejo Directivo de establecimientos privados establece el Decreto 1860 de 1995, el Ministerio de Educación Nacional expidió una Directiva en el año 2003, en la cual explica esas diferencias.
Pido al Señor Juez que fije su atención en la heterogeneidad de nuestro Consejo Directivo, que resulta más participativo y más diverso en su composición de la que se establece para los colegios oficiales. También debe llamar la atención el que habida cuenta de esa diversidad, se haya manifestado en este caso tanta unanimidad, en la tipificación de la falta, en la calificación de la misma y en la escogencia de la sanción (…) Considérese también el procedimiento democrático del Consejo Directivo, pues la sanción no fue impuesta. Yo propuse en mi informe unas posibles sanciones, pero consta en las actas del Consejo que no hubo arbitrariedad, que hubo debate (…) A la señora Maria del Carmen y a su hijo (…) el Consejo Directivo los citó, en el marco del estudio del recurso de reposición, porque quiso ratificar su certeza sobre los hechos acaecidos, siendo esto un acto de responsabilidad de ese organismo; y no se llamó a los estudiantes acusados porque en esa declaración y ratificación de los quejosos no hubo ilustraciones nuevas que nos hicieran cambiar el concepto que nos formamos sobre la verdad de los hechos y el grado de participación de los estudiantes en los mismos».32
Luego de citar la cláusula sexta (antes transcrita) sobre autonomía institucional, consagrada en el contrato interadministrativo celebrado entre la Diócesis y el Municipio indicó que dicha cláusula debía “ser tenida en cuenta cuando” se hablara “de situaciones relacionadas con la libertad de la institución para determinar la admisión de estudiantes y las condiciones de su permanencia y continuidad.” Mencionó que en virtud del artículo octavo del mismo contrato “... EL MUNICIPIO tendrá la responsabilidad de garantizar a los padres de familia de los estudiantes que ingresaron al Colegio, la continuidad en el sistema escolar...”33 correspondía al Municipio garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.
Adicionalmente, se solicitó al Juzgado,
Tener en cuenta la distinción entre derecho a la educación y derecho a la permanencia en un establecimiento educativo. El derecho a permanencia está soportado en el derecho a la educación que el particular debe garantizar por la duración y hasta el término fijado en el contrato de matrícula. El estudiante que pierde el derecho a la permanencia en un establecimiento privado o en uno oficial no pierde el derecho a la educación y a continuar en el sistema educativo cuya oferta de cupos es responsabilidad de la entidad territorial
(...) no encuentro justificación a una violación al derecho a la igualdad, pues nada más injusto que tratar por igual a quienes tienen comportamientos y méritos diferentes, habiéndoles brindado el colegio igualdad de oportunidades de aprendizaje y formación y las mismas reglas de juego establecidas en el contrato de matrícula y en el Manual de Convivencia.
Tampoco encuentro justificación a la acusación de violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, que justamente encuentra su límite en el obligatorio respeto de la dignidad de la persona y de sus derechos. Estos límites los enuncia el Manual de Convivencia de nuestro Colegio y tienen su fundamento en el orden legal y constitucional.
Es absolutamente falso como lo indican las citaciones a los padres que no se recibieron sus descargos o que no tuvieron “oportunidad de defenderse o ser defendidos por sus padres” pues los atendí para la citación en que debían hacer los descargos y todas las veces que solicitaron hablar conmigo o en respuesta a sus peticiones. Consta que cuando el informe estuvo preparado le entregue copia al personero, le recordé sus atribuciones en estos casos y le invité al Consejo Directivo. Igualmente a los padres de familia y estudiantes les recordé cual era la participación del personero escolar en el tema.34
Por otra parte, el Rector consideró que la Secretaría de Educación debió haberse declarado impedida para recibir y estudiar ese recurso, porque:
Las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales no tienen competencia para pronunciarse en tal sentido. Sus competencias están definidas en el artículo 7º de la Ley 715 de 2001 y allí no está contemplada esta función, que corresponde exclusivamente a los jueces de tutela (sic). Por esa razón tampoco el ordenamiento de funciones de la Alcaldía del Municipio le ha asignado a la Secretaría de Educación esas funciones, que van contra la ley y en forma errada el Manual de Convivencia del Colegio le atribuye carácter de segunda instancia. Como lo ha señalado la Honorable Corte constitucional en la sentencia T-314 de 1994, corresponde solamente a los jueces de tutela analizar si en las actuaciones sancionatorias de los establecimientos educativos se ha respetado el debido proceso establecido en su Manual de Convivencia. El señor Juez lo puede también comprobar consultado reiterado conceptos que sobre el particular ha dado el Ministerio de Educación Nacional. Las Secretarías de Educación de las Entidades territoriales no tienen no son instancias en el (sic) procesos disciplinarios de estudiantes y no tiene facultad para intervenir en ellas y por ende no pueden ordenar que se cambien las determinaciones ni pueden ejercer presiones para obligar a los establecimientos educativos tomar decisiones en contra de las tomadas en su autonomía escolar las cuales solamente las puede tomar el mismo establecimiento educativo o los jueces de la República.»
Finalmente, solicitó negar las peticiones del accionante por cuanto “infundadamente acusa al Colegio de violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la honra y buena fama, a la educación, a la defensa y al libre desarrollo de la personalidad al estudiante (...)”
1.1.3. El 31 de enero de 2006 cuarenta integrantes de la planta de personal del Colegio dirigieron a la Juez Primero Civil Municipal, un documento de respaldo al Rector del plantel y al proceder de la institución por los hechos ya conocidos35.

1.2. Primera instancia

Mediante sentencia del 25 de enero de 2006, la Juez Primero Civil Municipal concedió “la tutela respecto al Derecho de Petición” que consideró, les había “sido vulnerado a los accionantes”, ordenando al Rector del Colegio resolver “cada uno de los aspectos” planteados y “explicar los fundamentos tenidos en cuenta para la decisión (...) bien sea en forma favorable o negada”, caso en el cual advirtió a los tutelantes que “dependiendodel resultado “sería viable presentar la tutela” por los demás derechos; y conminó “a la parte accionada para que en lo sucesivo” se abstuviera “de realizar actos como los que dieron origen a la prosperidad de la tutela, en razón a que existe término legal de quince días para resolver los derechos de petición que elevan los usuarios ante sus dependencias”


En la sentencia se dijo que “el actuar de la parte accionada de no resolverse la petición presentada en la Secretaría de aquella institución el día quince de Diciembre del año próximo pasado, como tampoco el habérseles comunicado en legal forma a los petentes conforme lo dispone la ley” conllevaba eludir el deber de “dar respuesta efectiva” a la petición.
Con posterioridad a la notificación de la Sentencia y respecto de la orden allí impartida, el 27 de enero del 2006 el Colegio, dirigió una comunicación a la Juez de instancia, en la cual manifestó que la tardanza de la respuesta se debía al periodo de vacaciones, que suspende el término para responder el derecho de petición36.
Igualmente, se anexó una copia de la respuesta aludida mediante la cual el Colegio informó a los padres de familia del menor sobre la imposibilidad de mantenerlo vinculado al plantel educativo37.

1.3. La impugnación

Los padres de familia del menor Esteban, mediante escrito presentado el 31 de enero del 2006, impugnaron la decisión; invocaron la violación de los mismos derechos antes solicitada por la negativa del Rector del plantel educativo para dar cumplimiento a la orden impartida por la Secretaría de Educación y la Dirección del Núcleo Educativo del municipio. Solicitaron la expedición de la orden de matrícula por parte del Colegio y que provisionalmente se permitiera a su hijo asistir a clases.



1.4. Del trámite y la decisión de segunda instancia

El Juzgado Primero Civil del Circuito del municipio solicitó al Rector del establecimiento educativo copia de la carpeta contentiva del proceso disciplinario seguido al alumno Esteban, y ordenó su testimonio [del rector] y el del profesor Guillermo, los cuales fueron recibidos el día 17 de febrero del 2006. Adicionalmente, pidió a la Secretaría de Educación Municipal y Departamental certificar la naturaleza jurídica del Colegio.


El Director del Núcleo de Desarrollo Educativo, remitió una certificación suscrita por él en cuyo texto luego de mencionarse el “Convenio con el Colegio para la prestación del servicio público educativo”, puede leerse: La Razón Social (Nombre) COLEGIO es de propiedad de la Diócesis del municipio.
Mediante auto del 17 de febrero del 2006, se vinculó a la “Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Educación Municipal, actuación que se surtió sin que ninguno de los interesados alegara la nulidad del proceso.38
Se aportó al proceso un ejemplar del Acta Final de Evaluación de Disciplina, firmada por el Coordinador de Disciplina del Colegio, en la cual se da cuenta de que en reunión celebrada el 7 de diciembre del año 2005, “se reunió la asamblea de profesores de la sección de bachillerato, bajo la presidencia delegada por el Rector, al coordinador de disciplina, con el objeto de realizar la evaluación final del comportamiento y disciplina, en orden a dar aplicación al artículo 10º del Manual de Convivencia.”
También se allegaron al proceso, fotocopias de registros de comportamiento de indisciplina del alumno Esteban, efectuados por diferentes profesores, en los meses de marzo, junio, agosto y septiembre del año 2005.
En dicha reunión se trataron varios casos de indisciplina de alumnos del Colegio, por diferentes motivos, algunos de los cuales concluyeron con la recomendación de no renovación de la matrícula. Igualmente, se consideró el caso materia de este proceso y sobre el particular se consignó en el acta:
El Director de Grupo, propone la discusión el caso de los estudiantes Esteban, Jorge, José, Daniel y Andrés, incursos en un proceso disciplinario que condujo a sanción de cancelación de matrícula, el cual se encuentra actualmente en apelación ante la Secretaría de Educación. La Asamblea acuerda recomendar al Rector NO RENOVAR LA MATRICULA, pues el profesorado mantiene el concepto presentado ante el Consejo Directivo a través de sus voceros.»
Mediante providencia del 28 de febrero del 2006, la Juez Primero Civil del Circuito confirmó la decisión de primera instancia en lo relacionado con la violación al derecho de petición y, negó la Acción de Tutela instaurada por los - padres del menor Esteban-; adicionó la sentencia proferida por la “Juez Primero Civil Municipal, TUTELANDO el DERECHO A LA EDUCACIÓN del menor –Esteban- el cual viene siendo vulnerado por la ALCALDÍA MUNICIPAL y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (...)” y además, ordenó a dichos organismos, procedieran a “REUBICAR al menor –Esteban- en una institución educativa de carácter público ó en la otra institución educativa de carácter privado con la cual tiene convenio el municipio diferente al COLEGIO, para efectos de cursar el año lectivo de 2006 (...)”39
En sus fundamentos consideró cumplida la orden impartida al Colegio en primera instancia, y procedió entonces a analizar los derechos considerados vulnerados por los impugnantes. Argumentó que en el curso del proceso se surtieron los recursos que estaban a disposición del estudiante, describiendo sus resultados y descartó la violación del debido proceso, “por cuanto a la fecha no existe proceso disciplinario en contra del alumno (...) sin que haya lugar para que se utilice esta acción de tutela como una tercera instancia para hacer pronunciamientos en un proceso”, sostuvo que:
Si la Secretaría de Educación encontró falencias en el proceso disciplinario adelantado por el Colegio (...) tal como lo consagra en su decisión de segunda instancia, que lo llevaron a tomar la decisión de ANULAR dicho proceso, ordenando iniciar uno nuevo, con dicha decisión se agota la competencia para resolver la segunda instancia, pues se presenta un contrasentido jurídico y procedimental el hecho de declarar una nulidad de todo lo actuado y sin embargo, entrar a resolver de fondo el mérito del asunto emitiendo pronunciamientos sobre la calidad de la sanción impuesta, y estableciendo de ante mano que la sanción a imponer en el nuevo proceso no podrá abarcar el próximo año lectivo, incurriéndose en esta forma en una incongruencia del fallo y por ende existe la vía contenciosa administrativa para atacar tal resolución.
(...)

Entonces, el problema jurídico que resulta es: si el Colegio, tiene la facultad o no para no renovarle la matrícula para el año 2006 Décimo Grado al menor (...) haciéndose necesario resaltar que el término RENOVAR, significa hacer una cosa de nuevo o substituirla con otra, reiterar, repetir algo, cosa diferente a CANCELACIÓN.»


Tomando en cuenta la naturaleza privada del plantel educativo, los lineamientos que para ello contempla la Ley 115 de 1994 (Ley de Educación) la autonomía que de allí se desprende, la Jurisprudencia de esta Corporación, el incumplimiento de los deberes del estudiante consagrados en el Manual de Convivencia, según los “diversos llamados de atención por parte de los educadores del Colegio”, consideró el juez de segunda instancia que el hecho de firmar el Contrato de Matrícula, no significa que el mismo deba RENOVARSE automáticamente, aunado a la información oportuna de la no renovación futura del mismo, sumados a que la decisión “no fue tomada a capricho del representante del Colegio, como lo quieren hacer ver los tutelantes, toda vez, que como se observa en el Acta Final de Evaluación de Disciplina”, se recomendó la no renovación de la matrícula, y que no puede invocarse la protección de un Derecho Fundamental cuando quien solicita dicha protección ha transgredido los lineamientos y condiciones básicas para el desarrollo del mismo”; consideró, que al no renovársele la matrícula al menor, el Colegio no vulneraba su derecho fundamental a la educación, y que por el contrario, mantener al menor Esteban en el centro educativo era nocivo para su proceso de formación y aprendizaje.
Por otra parte, habiendo vinculado al proceso tanto a la Alcaldía Municipal como a la Secretaría de Educación y basándose en que “es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo y asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio (...) y, que “el Derecho a la Educación es un derecho inherente a la persona y un servicio público”, estimó que el Municipio debería garantizar la continuidad del menor en el sistema escolar.



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