Renato Rabbi-Baldi Cabanillas



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Renato Rabbi-Baldi Cabanillas

Teorías de la Interpretación Jurídica

(pro manuscrito)

Introducción


El camino hacia la determinación de las decisiones judiciales ha suscitado el interés preferente por parte de los teóricos y, especialmente, de los metodólogos del derecho a partir del quiebre del paradigma interpretativo iuspositivista asentado sobre los cánones de la claridad de las normas; de la completitud del sistema; del papel neutral del intérprete y, por ende, de la aplicación (jamás interpretación) de las normas en relación con los casos judiciales.

El objeto de este trabajo es efectuar, en primer término (cap. I), un somero repaso de las tesis fundamentales del paradigma recién mencionado, lo cual entraña examinar sus raíces filosóficas; sus manifestaciones históricas, y sus resultados prácticos. En este horizonte, si se alude a la idea de “quiebre” de un paradigma, ello es debido a que los postulados sobre los que se estructuró no pudieron contrastarse en la praxis jurídica, la cual no tuvo dificultad en revelar que ni el sistema jurídico es completo; ni sus normas son claras; ni, en consecuencia, es posible una “aplicación” lógico-deductiva de aquéllas frente a los supuestos objeto de decisión.

Esta aporía interna a la propia propuesta positivista fue advertida de entrada por parte de sus cultores nucleados en torno de lo que se conoce como la “Dogmática jurídica”, motivo por el cual ya desde Savigny se fueron discerniendo un conjunto de cánones argumentativos con el objeto de desentrañar el significado de las normas que los prácticos del derecho debían, inevitablemente, “interpretar”. De este aspecto se ocupa el cap. II de esta investigación.

Ahora bien: aún cuando las directrices recién mencionadas constituyeron un notable avance en lo relativo a precisar el sentido de las normas, ellas, empero, resultaron insuficientes a la hora de determinar el sentido del derecho de cada situación concreta, toda vez que tales cánones ignoraron o, cuanto menos, relativizaron la importancia de la realidad, es decir, de la situación vital a la que dichas normas debían aplicarse. Por el contrario, este aspecto fue considerado fundamental en la tradición filosófico-jurídica greco-romana la cual, justamente, concibió al derecho como un “ars”, esto es, como un arte en el que el aparato conceptual de la ciencia jurídica no es aplicado a la realidad de modo automático, sino que, por el contrario, es prudencialmente “puesto en correspondencia” con la situación de cada caso. En este horizonte, aquél aparato obtiene su valor y significado específico desde cada situación vital, de modo que su alcance y, en definitiva, el concepto mismo de derecho, varía según la diversa peculiaridad de aquellas. El cap. III se ocupa de esta perspectiva filosófico-jurídica que supone considerar al derecho como una ciencia eminentemente práctica, en tanto que el siguiente analiza las directrices argumentativas propias de esta tradición científica.

La referencia a la “prudente” puesta en correspondencia de normas y hechos supone aludir a la presencia activa del intérprete en tal tarea. Ignorado por la Dogmática jurídica y “rehabilitado” por el pensamiento de la razón práctica, el sujeto-intérprete adquiere nuevas luces desde la óptica de la Hermenéutica filosófica. Ésta, en efecto, ha puesto de relieve con particular énfasis la inevitabilidad del fenómeno interpretativo y, con ello, el papel central del sujeto-intérprete, de modo que una teoría de la decisión judicial que se pretenda completa no puede ignorar el carácter personal y, en definitiva, necesariamente plural de la interpretación, en la medida en que las cosmovisiones que acompañan la tarea de desentrañar el sentido propio de las cosas (en nuestro caso, de la realidad del derecho), suponen puntos de partidas que, aún dentro de una misma tradición, ostentan diferencias que inciden en la selección de las premisas normativas; de los hechos; del proceso argumentativo y, ciertamente, en el propio resultado final de la tarea interpretativa. Al examen de este aspecto se dedican los tres capítulos finales del trabajo. En el IV se efectúa una presentación de la Hermenéutica filosófica; en el V, se pone de relieve su incidencia en el ámbito jurídico, en el que debe destacarse el acento puesto en el papel de las “precomprensiones” desde las que todo intérprete parte en su examen de la realidad del derecho y, finalmente, en el VII, se proporcionan elementos relativos a la compatibilidad (si fuera posible) entre la dimensión subjetiva-objetiva de la interpretación y la necesidad de hallar una solución judicial justa.

Como puede apreciarse, el camino que se procura recorrer llega exactamente al punto contrario del que se había partido en tanto obliga a escoger una vía por completo diversa en orden a la determinación de las decisiones judiciales. Ésta última, con todo, ha de ser acompañada de una teoría de la argumentación jurídica como elemento insustituible para toda decisión que se precie de estar dotada de racionalidad y justicia. Si bien la Hermenéutica filosófica proporciona algunos elementos al respecto, son otras perspectivas las que se han ocupado de modo preferente de este punto. Empero, el examen de este asunto será objeto de una ulterior investigación.


Capítulo Primero

La teoría y la práctica de la interpretación

en el Positivismo Jurídico: la “Dogmática” Jurídica




Sumario: A. La teoría de la interpretación en el Positivismo jurídico. 1. La noción positivista de ciencia jurídica. 2. Presupuestos básicos del positivismo jurídico en materia de interpretación: su concreción en la “Dogmática” Jurídica. B. Las aporías internas de la “Dogmática” Jurídica en el ámbito interpretativo. 1. La inevitabilidad del recurso a la interpretación. 2. Características de la interpretación “admitida” por la “Dogmática” Jurídica.

A. La teoría de la interpretación en el positivismo jurídico


1. La noción positivista de ciencia jurídica
La teoría positivista tradicional de la interpretación del derecho responde a un modelo científico preciso: se trata de aquel que, sobre la base de los postulados racionalistas en su inicial faceta “iusnaturalista” que, más tarde, cristalizan especialmente en el denominado “legalismo jurídico”, considera al derecho como una ciencia teórica. En este horizonte, el derecho se estructura a partir de ciertas premisas “claras y distintas”; racionalmente cognocibles y, por tanto, racionalizables a través de un orden en el que las contingencias fácticas carecen de toda relevancia, pues éstas, en definitiva, se “someten”, si cabe la expresión, a ese orden racionalmente predeterminado.

A este respecto, siguiendo a Colinwood, para quien cada campo de conocimiento —cada ciencia— se estructura como un conjunto de preguntas y respuestas, Viehweg ha efectuado una didáctica caracterización del asunto a tratar en este apartado. A su juicio, “cuando el énfasis reside en las preguntas, hasta los puntos de vista rectores que son adoptados como respuestas son siempre cuestionados. Son sugerencias vulnerables, ya que sólo son intencionadas tentativamente. Permanecen siendo preliminares e inciertas. Su formulación tiene que facilitar la discusión, el desafío y hasta la refutación. No son pensadas como definitivas y su tarea real es caracterizar el horizonte de cuestiones en el campo elegido”. Por el contrario, “cuando el énfasis recae en las respuestas, algunos puntos de vista adoptados como respuestas quedan explícitamente excluidos de toda discusión. No son cuestionados. Son pensados como atemporales, como absolutos. Consecuentemente, ellos dominan todas las respuestas ulteriores. Estas últimas tienen que demostrar que, de alguna manera aceptable, son compatibles con las intangibles respuestas básicas”. Y concluye el autor: “el primer modelo es un asunto de investigación: se construye un campo de investigación en el que las opiniones (proposiciones) son puestas en duda y examinadas una y otra vez. Como la palabra griega para designar esto es zetein, este tipo de empresa intelectual puede ser llamada ‘cetética’. El segundo modelo es una cuestión de fijar ciertas opiniones: se construye un firme campo de opinión, cuya validez es intangible y con el cual se prueba la validez de nuevas opiniones. Como ‘formar una opinión’ se dice en griego dokein y ‘opinión’ es dogma, hablamos aquí de ‘dogmática’”1.

Pues bien: si se trasladan estos conceptos al ámbito jurídico, se obtiene, tal y como he sintetizado en otro lugar, que un pensamiento dogmático se estructura a partir de ciertos axiomas que no se excluyen recíprocamente (principio de compatibilidad sistémica); ni se deducen unos de otros entre sí (principio de independencia). De este modo, las restantes proposiciones se reconducen a esos primeros axiomas (principio de integridad), a través de un proceso metódico de derivación lógico-deductivo2.

El desarrollo más relevante de estos postulados filosóficos en el ámbito del derecho corrieron por cuenta, en Francia, de la “Escuela de la Exégesis” y en Alemania, de la “Jurisprudencia de Conceptos”, movimientos éstos que durante la primera parte del siglo XIX, dan origen a lo que desde entonces se conoce como “dogmática jurídica”3.

Ésta, en efecto, supone la racionalización extrema del derecho, el que se estructura en torno de un conjunto de postulados que se resumen como sigue:

a) ordenación y clasificación de los conceptos jurídicos en códigos necesariamente completos;

b) reconocimiento de que, en dichos códigos y de modo exclusivamente normativo, se alberga la totalidad de la realidad jurídica. De ahí que, como explicara el “primer” Ihering a propósito del desarrollo (normativo) del ordenamiento jurídico, los conceptos “se aparean” entre sí, dando lugar a otros y éstos, a su vez, vuelven a “copular” en un camino sin fin hacia el logro de la deseada completitud de todo el sistema4;

c) afirmación de que la exégesis de la ley se halla dominada por el principio “in claris non fit interpretatio”, toda vez que se presupone que la claridad de la norma torna innecesaria su interpretación. De ahí que, en rigor, en lugar de “interpretar” las leyes, esta postura considera que sólo cabe la aplicación silogística de la ley, la cual, como apunta Prieto Sanchís, se erige en “uno de los mitos más persistentes de la ciencia jurídica de los últimos dos siglos”5. Para el positivismo jurídico, entonces, existe un órgano “productor” de las normas (es el Poder Legislativo) y otro meramente “reproductor” de aquéllas (es el Poder Judicial). En tales condiciones, si la voz interpretar alude a “mediar”; “traducir” e, incluso, “adivinar”, resulta de rigor concluir que la tesis bajo estudio en modo alguno contemplaba la posibilidad de una interpretación para el ámbito del derecho. El juez, pues, sólo aplica la ley; él es “la bouche que prononce les paroles de la loi”, según la célebre expresión de Montesquieu6.

d) afirmación, consecuencia de lo recién expuesto, de la tesis de la objetividad de la interpretación y, por tanto, como expresa Calvo García, de la posibilidad de fundar de modo absoluto su “comunicación o aceptabilidad universal”7 y

e) de la concepción del derecho como ley y del juez como aplicador de ésta se obtienen otros dos principios claves del sistema dogmático: la seguridad jurídica y la división de poderes.

Ahora bien: como lo ha venido a poner de relieve la Hermenéutica Filosófica –aspecto sobre el que se volverá el próximo capítulo, en detalle-, ninguno de estos postulados es, para decirlo en la terminología de Kelsen, “puro”8, es decir, ninguno de ellos es neutral. Por el contrario, si bien el grueso del bagaje conceptual de la dogmática jurídica procede de la tradición jurídica de Occidente, aquél (lo sepan o lo ignoren quienes lo aplican) se pone al servicio de las necesidades y requerimientos del Estado de Derecho entonces triunfante y que, como es sabido, es de claro corte liberal (tanto en lo político como en lo económico)9.

2. Presupuestos básicos del positivismo jurídico en materia de interpretación: su concreción en la “Dogmática” Jurídica


De modo general y como lo ha puesto de resalto Francesco D’ Agostino, el positivismo consideró al fenómeno interpretativo como una actividad no solo “anexa” o “eventual”, esto es, de necesaria excepcionalidad o, si se prefiere, enteramente residual, sino, además, como una tarea “peligrosa” y hasta “ilícita”10.

¿Cuáles son las razones que concurren en apoyo de esta postura? En primer término, y como ya fuera anticipado, esta posición parte del supuesto de que las normas (única dimensión de la realidad del derecho) son claras, es decir, coherentes o no redundantes; independientes, esto es, no contradictorias, y precisas o carentes de vaguedad o de ambiguedad. A su vez, se asume que el sistema jurídico es completo, por lo que da cuenta de la totalidad de los supuestos de la vida susceptibles de ser examinados desde la óptica del derecho11.

En segundo lugar, como expresa D’ Agostino, esta postura reposa sobre la voluntad de que no se desea otra interpretación fuera de la oficial. Como es sabido, ejemplo paradigmático de este punto de vista es la célebre frase atribuida a Napoleón, “mon code est perdu”, que el emperador habría pronunciado al tomar conocimiento del primer comentario a “su” Código Civil, sancionado en 180412.

En tercer término, para el autor citado esta doctrina parte del dogma de la preconstitución de la norma jurídica por parte del legislador. El art. 4° del Code Napoleon que, como es sabido, Vélez Sarsfield tomó a la letra en nuestro art. 15 del Código Civil ilustra acabadamente este punto de vista en la medida en que previene que “los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”. Obsérvese, pues, que a juicio del legislador las deficiencias recién mencionadas son el producto de un “pretexto” de los magistrados, es decir, son el resultado de una actitud eminentemente voluntarista de éstos que, por lo mismo, no encuentra respaldo en la realidad de las cosas. Dicha realidad, por el contrario, se ocuparía de mostrar que el sistema, de hecho, es completo (no se advierte un “silencio” normativo), y que sus disposiciones son claras (nunca “oscuras”) y precisas (jamás “insuficientes”). Se trata, pues, de una presunción iuris et de iure frente a la cual la pretensión del juzgador de que el ordenamiento carece de las propiedades apuntadas es un mero y, por cierto descalificable, “pretexto”.


B. Las aporías internas de la “Dogmática” Jurídica en el ámbito interpretativo.




  1. La inevitabilidad del recurso a la interpretación

El planteamiento que acaba de enunciarse, a pesar de su éxito inicial y de su enorme influencia posterior en un amplio sector del pensamiento occidental, no ha liberado al positivismo jurídico de la tarea de interpretar las normas. Se trata, como es claro, del quiebre de uno de sus postulados fundamentales, y esta aporía puede ser examinada tanto desde una perspectiva “interna”, esto es, desde los propios presupuestos del positivismo jurídico (punto al que me referiré de seguido), como “externa”, es decir, desde fuera de las premisas que fundamentan a aquél.

La aporía que se origina al interior del planteamiento positivista se debe a que la realidad de la vida desmiente, a cada paso, la existencia de textos jurídicos coherentes; independientes y precisos, tal y como fue la pretensión de todo legislador presumido de “racional”. En efecto, en oposición a esas notas, bastantes normas del ordenamiento jurídico lucen contradictorias o antinómicas; redundantes, esto es, poseen una doble o múltiple regulación, o bien se presentan cargadas de ambigüedad. Y a ello cabe añadir que el ordenamiento, en tanto que tal, no es completo, sino que posee numerosas lagunas, es decir, existen aspectos de la vida social que el legislador no ha podido contemplar en forma normativa13.

Ahora bien: la imposibilidad o, mejor, la irrealidad del esquema delineado originariamente por la dogmática jurídica fue advertido no sólo por autores ajenos a esta tradición, sino por algunos de sus principales representantes. En lo que hace a estos últimos, además del ya mencionado Nino, H. L. A. Hart ha señalado que el lenguaje legal contiene términos deliberadamente generales o vagos con el fin de abarcar un número más amplio de casos particulares. Se trata, según su conocida formulación, de la “textura abierta” (open texture) de las normas14. De igual modo, este autor reconoce que la incompletitud es un “rasgo inevitable” del sistema, por lo que el juez “...debe algunas veces salir fuera del derecho y ejercer un poder de creación para llegar a una decisión en los ‘casos difíciles’, es decir, casos en los que el derecho existente resulta ser indeterminado”15.

Por su parte, en lo que concierne a los autores que toman distancia (con mayor o menor énfasis) de las tesis positivistas, resulta de interés destacar la opinión de Jerzy Wróblewski, para quien el lenguaje legal no puede evitar la vaguedad o la contextualidad en razón de pertenecer al género del lenguaje natural16.


  1. Los límites de la interpretación “admitida” por la “Dogmática” jurídica

Como resulta claro, frente a la situación recién descrita, no queda otro camino que acudir a la interpretación a fin de desentrañar el sentido genuino de aquellos textos que luzcan contradictorios; redundantes; ambiguos o que, ante la ausencia de una norma, permitan recurrir, por medio de la analogía, a otras disposiciones que puedan adecuarse al problema bajo estudio.

Sin embargo, la concesión por parte de la dogmática de una de sus banderas fundamentales no fue irrestricta, sino que se ciñó, como expresa D´Agostino, a las siguientes características17:

a) el intérprete (fundamentalmente, el juez) sólo interpreta en los casos (excepcionales y despreciables) de silencio normativo u oscuridad o insuficiencia de la ley, y

b) la interpretación así admitida únicamente es gnoseológica, esto es, no política, toda vez que únicamente está llamada a conocer la interpretación auténtica del texto, es decir, el espíritu del legislador. El intérprete, en efecto, sólo está autorizado a desentrañar el sentido denominado “auténtico” de la norma, por lo que su exégesis se produce “al interior” de la norma misma. Por el contrario, una interpretación “exterior” a aquélla, por ejemplo, que tenga en cuenta las “consecuencias” de la aplicación legal a una situación determinada, sería, en la terminología –acaso un tanto ambigua de D´Agostino- una interpretación “política”.

En función de los presupuestos recién mencionados, el pensamiento positivista originó una dogmática interpretativa según la cual, a través de ciertos cánones exegéticos, se puede, por una parte, alcanzar ese sentido auténtico del texto y, por otra, facilitar la tarea tanto del juez como de la doctrina y, en última instancia, también del propio legislador.

¿Cuáles fueron esos cánones exegéticos? A este respecto, es conocida la clasificación que ya muy tempranamente efectuara Savigny en torno de cuatro géneros de interpretación: a) interpretación gramatical (que atiende a las palabras de la ley); b) interpretación lógica (que procura desentrañar la intención tenida en cuenta por el legislador al dictar la norma); c) interpretación histórica (por la que se busca discernir cómo se configuró el instituto o la norma objeto de análisis) y e) interpretación sistemática (que tiene en cuenta la totalidad del sistema, obviamente concebido de modo coherente, es decir, racional y completo)18.

La influencia histórica de la clasificación savignyana es bien conocida, toda vez que a partir de ella los dogmáticos desarrollaron un importante elenco de cánones o pautas de interpretación que todavía hoy conservan una notable vigencia y que, en rigor, y como procuraré ponerlo de relieve no solo en el próximo, sino, además, en el capítulo tercero, no parece que pueda (o que incluso deba) declinar nunca. De ahí que convenga señalar que la impugnación efectuada al pensamiento positivista no se dirige a las pautas interpretativas creadas por éste sino, por el contrario, a los presupuestos filosófico-jurídicos que pretendieron evitarlas y que, en lo sustancial, resultan desmentidos o, sin duda, sumamente relativizados por el advenimiento de tales argumentos.



Capítulo Segundo

La práctica interpretativa

de la “Dogmática” Jurídica



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