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PRIMERO.- Con fecha 27 de mayo de 2016, el Pleno Insular aprobó el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife 2016-2025 (en adelante MEDI) que dispone en el Programa 1.4 “Tenerife Deportes” que despliega cuatro líneas de actuación como son el Programa de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Insulares; el Programa Tenerife Verde Plus, el Programa Insular de Piscinas y el Programa Tenerife Más Azul.

SEGUNDO.- La Sra. Consejera Delegada de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife manifestó la necesidad de la puesta en marcha de un Programa Insular de Instalaciones Deportivas Insulares al aire libre, que tendrá por finalidad principal, atender a la mayoría de los practicantes de actividad física y deporte en la Isla de Tenerife.

A este respecto, el Plan Estratégico de Deportes del Cabildo Insular tiene como uno de sus ejes principales atender a la mayoría de practicantes que no son federados, sino que quieren realizar su actividad física al aire libre y demandan la existencia y acondicionamientos de estos espacios deportivos, cuestiones puestas de manifiesto por la reciente encuesta de hábitos deportivos publicada en la web de Deportes de Tenerife.



TERCERO.- El 14 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno Insular acordó la aprobación inicial del citado Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-2021.y el 16 de mayo de 2017 el Consejo de Gobierno Insular acordó la inclusión de este Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre en la línea del MEDI 1.4.5.

CUARTO.- Las actuaciones definidas dentro de este Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre tienen como finalidad preferente el completar y optimizar la Red Básica de Instalaciones Deportivas de la Isla, y como tal cumplen con los siguientes requisitos generales:

a) Tener perfil polivalente y multideportivo: diversidad de formas de práctica deportiva.

b) No presentar ninguna discriminación de acceso para ningún colectivo de población: edad, condición física, sexo, nivel económico, etc.

c) Ofrecer una alta rentabilidad social, permitiendo la atención a un gran número de personas usuarias sin poner en riesgo la sostenibilidad de los espacios naturales y urbanos.

d) Tener carácter permanente, dando servicio continuado a las personas usuarias.

e) Inspirarse en los principios de red deportiva suficiente y equilibrada territorialmente.”



QUINTO.- Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno Insular el cronograma orientativo de las acciones del PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021, con el contenido previsto en el Anexo que acompaña al mismo, y una vez se dio traslado a los municipios interesados, el referido Programa es aprobado mediante resolución de la Sra. Consejera delegada de Deportes de fecha , en virtud de la delegación efectuada por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de febrero de 2017.

SEXTO.-Los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno y administración de la isla, tienen atribuido en general, “el fomento y administración de los intereses peculiares de la isla” y en particular en la materia deportiva “el fomento y coordinación de la práctica del deporte”, debiendo realizar todas aquellas actividades que tiendan a proteger, promover, financiar e impulsar el fenómeno deportivo.

En el artículo 6, apartado 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares dispone que:

“En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, se atribuirán a los Cabildos Insulares competencias en las materias siguientes:

(…)


o) Cultura, deportes, ocio y esparcimiento.(…)”.

El Cabildo insular de Tenerife, en virtud del artículo 2.B) del Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, ostenta las siguientes competencias:

“1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar. (...)

4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión de la cultura física y deportiva. (...)

7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción, modernización y ampliación e instalaciones deportivas, atendiéndose a las directrices del Plan Canario de Infraestructuras Deportivas.”.

El artículo 2.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte (en adelante LCD) establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la actividad físico-deportiva, entre otras, mediante las siguientes líneas de actuación:

a) La promoción del deporte en todas sus expresiones.

g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de actuación.

El artículo 4 de la LCD reconoce, entre los principios generales que deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas, los de cooperación, coordinación, eficiencia en el ejercicio de sus respectivas competencias y participación y colaboración de las entidades deportivas.

SÉPTIMO.- Además de lo anterior, y respecto a la selección de actuaciones, el artículo 103 de la Constitución dispone que:

“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”

Por otro lado , la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 2 de diciembre de 2001, respecto a la potestad discrecional establece los límites del artículo 103 de la Constitución:

“[...] ante la limitación de medios económicos destinados a estos fines, la Administración tendrá que valorar las diferentes propuestas presentadas, dando preferencia a aquellas que de una forma más clara cumplan los objetivos previstos... y rechazando aquellas otras que (...) imposible cubrir tales objetivos. (...)”.



OCTAVO.- El presente convenio de colaboración se ajusta además a las previsiones contenidas en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

NOVENO.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo y el Ayuntamiento en la ejecución de dichas actuaciones, se instrumenta la colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO Y PRESUPUESTO.

El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. CIT y el Ayuntamiento de para las actuaciones, en general, mejora y acondicionamiento de instalaciones deportivas municipales previstas en el Programa Tenerife + Activa.

Las actuaciones a acometer, de acuerdo al presente Convenio, son las siguientes:



El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme al presente convenio se cifra en la cantidad de euros cuya financiación se distribuye entre ambas Administraciones, según el siguiente detalle:

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

  1. Ejecutar las actuaciones objeto del presente convenio, bajo su exclusiva responsabilidad, bien con sus propios medios, bien mediante su contratación externa con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, respetando en todo caso los principios de publicidad y concurrencia. En caso de ejecución de obras necesarias para realizar las actuaciones la dirección facultativa así como la coordinación de Seguridad y salud serán asimismo responsabilidad del Ayuntamiento.

  2. Destinar la financiación del ECIT, exclusivamente, al objeto de este convenio y justificar ante el mismo la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma.

Se deberá justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la realización de la misma, y siempre antes de que finalice el plazo de vigencia del presente convenio, salvo que se acuerde su prórroga por acuerdo unánime de las partes, conforme a lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La referida justificación podrá efectuarse por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia, preferentemente mediante certificación del Secretario/Interventor municipal.

Asimismo y a tales efectos, el Ayuntamiento deberá someterse, en cualquier momento, a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la actuación, permitiendo el acceso al personal del Cabildo para efectuar las comprobaciones oportunas

  1. Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales para la realización de las actuaciones, en caso necesario.

  2. Designar al personal técnico necesario para la supervisión de la ejecución de las actuaciones, incluidos ensayos, seguridad y salud y cuantas otras prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes.

  3. Se deberá remitir a este Cabildo Insular la siguiente documentación:

  • Certificado de titularidad de la Instalación y Calificación Urbanística.

  • Certificación del acuerdo del órgano competente, de la aprobación del convenio y compromiso de financiación.

  • Documentación técnica previa y necesaria para la ejecución de la actuación, como en el caso de ejecución de obras, en que se deberá remitir el proyecto de ejecución, con el acuerdo de aprobación del mismo por el órgano correspondiente así como el informe técnico de supervisión municipal.

  • La documentación administrativa que se considere pertinente para acreditar el cumplimiento de la actuación así como restantes obligaciones municipales, (como acuerdo de adjudicación en caso de contratación externa y/o certificaciones de obra, acuerdo de liquidación o acta de recepción…etc).

  1. En el lugar de ejecución de la actuación deberá figurar un cartel durante el periodo de ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el Programa Insular, la denominación de la actuación, el presupuesto total, la aportación del CIT y el plazo de ejecución, y todo ello conforme al modelo o diseño que se facilite por la Corporación Insular.

  2. Además del anterior, así como del cartel de obra que corresponda (en caso de que se trate de una obra de ejecución, se deberá colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la instalación deportiva – o en el lugar de la actuación - un cartel con la imagen y anagrama del Cabildo Insular, en su versión de sello de calidad o como agente impulsor de la actuación, conforme sea facilitado por el Área de Deportes.

  3. Cesión de uso gratuito y preferente del ECIT sobre estas instalaciones deportivas, por razones de interés general, de acuerdo con los calendarios previamente establecidos y coordinados con el programa municipal de actividades deportivas.

  4. Una vez recibidas las obras y/o equipamiento, o cualquier otra actuación, será titularidad del Ayuntamiento, por lo que el mismo deberá encargarse de su mantenimiento y dinamización, dotando a la instalación del correspondiente personal especifico, tanto de mantenimiento/ control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el mayor rendimiento deportivo y social de la infraestructura deportiva creada (o la actuación de que se trate), sin perjuicio de que el la Corporación municipal disponga la forma de gestión que estime conveniente.

  5. Las bajas correspondientes a la aportación económica del CIT que se produzcan como consecuencia de la adjudicación de los contratos, podrán ser utilizados, en último caso, para financiar otras actuaciones, a solicitud del Ayuntamiento y previa autorización del CIT. En ese caso, esas otras actuaciones quedarán asimismo incorporadas al presente “Programa de Deporte al Aire Libre”.

  6. Las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir serán atendidas, en su caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de precios, modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.), salvo que su cuantía no exceda del valor estimado de la actuación inicialmente previsto en el convenio y por tanto pueda ser atendido con las bajas correspondientes a las aportaciones económicas de ambas administraciones.- requiriendo previamente la autorización del ECIT-.

  7. Reintegrar las cantidades, así como los intereses correspondientes, financiadas por el CIT no aplicadas al objeto previsto en este Convenio, ni contempladas en el apartado anterior, o las que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo, ascenderá al % del coste de ejecución de cada una de las actuaciones contempladas individualmente.

  8. En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en el mismo.

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE.

El CIT, por su parte, asume las siguientes obligaciones:

  1. Aportar al Ayuntamiento de la cantidad máxima de , para la ejecución de las obras y/o suministros descritas en la estipulación primera de este convenio y que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 17.0741.3428.76240. La transferencia se realizará una vez suscrito el Convenio.

  2. Prestar asistencia y colaboración técnica y jurídica a la Corporación municipal.

  3. En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en el mismo.

CUARTA.- VIGENCIA.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia durante dos años, o hasta la extinción del mismo por el cumplimiento de las obligaciones de las partes si es anterior.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años más, o su extinción, en los términos de la letra h) del artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (40/2015, de 1 de octubre).

QUINTA.- INTERPRETACIÓN. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.

Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión paritaria integrada por un representante de cada una de las partes intervinientes, que ejercitará las funciones legalmente establecidas.

SEXTA.- EXTINCIÓN ANTICIPADA.

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, el presente convenio se extinguirá por concurrir alguna causa de resolución, a saber:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes en los términos ´de la letra c) del artículo 51.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La resolución del presente convenio, por cualquiera de sus causas, desplegará los efectos establecidos en el artículo 52 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan derivarse del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados."

A la vista de lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria Permanente de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad, el PLENO QUEDA ENTERADO de la aprobación por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2017, DE LA APROBACIÓN DEL TEXTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LOS AYUNTAMIENTOS INTERVINIENTES DENTRO DEL "PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE" 2017-2021, ASÍ COMO DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, :






AYUNTAMIENTO

FECHA FORMALIZACIÓN

64

EL ROSARIO

28/12/2017

26

TACORONTE

21/12/2017

1

LA OROTAVA

28/12/2017

ÁREA DE PRESIDENCIA.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO LEGAL AL PLENO Y A LAS COMISIONES PLENARIAS, DE REGISTRO Y FE PÚBLICA DE DICHOS ÓRGANOS.

16.- Propuesta de aprobación inicial de la modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Corporación.

En relación con el expediente de propuesta de modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Corporación, y teniendo en cuenta que:



PRIMERO: La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2018, en su Disposición Final Séptima introduce una modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, añadiéndole una disposición adicional tercera, en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera.- Cargos públicos de los Cabildos Insulares.

1. Tienen la condición de cargos públicos de la Administración de los cabildos insulares:

a) El presidente o presidenta.

b) Los consejeros o consejeras insulares titulares de áreas o departamentos insulares.

c) Los consejeros o consejeras insulares que ejerzan competencias por delegación del presidente o de un consejero titular de área.

d) Los miembros del Consejo de Gobierno Insular.

e) Las personas titulares de las coordinaciones técnicas y de las direcciones insulares.

2. A los cargos públicos de los cabildos insulares les será de aplicación el régimen jurídico de los cargos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo las disposiciones de carácter organizativo y los órganos competentes, que se regirán por lo establecido en la legislación básica de régimen local, en esta ley y en los reglamentos orgánicos que se aprueben por los cabildos insulares.

3. Los cargos públicos que se enumeran en esta disposición tienen la consideración de altos cargos a los efectos previstos en las normas de buen gobierno establecidas en la legislación básica estatal».

SEGUNDO: Esta disposición adicional viene a clarificar enormemente la naturaleza jurídica de la figura de los directores insulares y los coordinadores técnicos configurados hasta ahora en la ley como órganos directivos pero no como altos cargos, salvo en lo referente a su régimen de incompatibilidades (artículo 79 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares) .

Esta configuración (que ya aparecía en el Reglamento Orgánico en su artículo 5.4), unida a la circunstancia de que, como también se recoge en el apartado 3 del mismo artículo 5 del ROCIT , dichos cargos públicos computan dentro del límite de cargos que pueden prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, según lo dispuesto en el artículo 75.ter. apartado tercero de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, unida también a la naturaleza de las funciones que el propio Reglamento atribuye a dichos órganos, todo ello coadyuva a la configuración de los mismos como órganos de naturaleza esencial y eminentemente política, al margen de su perfil técnico, y, en consecuencia, distintos de aquellos órganos directivos que, por su naturaleza exclusivamente profesional o técnica, deban ser considerados como “directivos profesionales”, cuya selección y nombramiento debe regirse por los requisitos previstos en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.



TERCERO: En consecuencia con lo anterior, parece que procede clarificar dicha distinción en el propio texto del Reglamento Orgánico, estableciendo una clara separación entre los órganos directivos, que lo son, pero con una naturaleza eminentemente política, y por tanto, reúnen la condición de alto cargo, de aquéllos otros, para los que por su naturaleza esencialmente técnica y profesional, deba reservarse la condición de directivo público profesional.

CUARTO: Para ello se propone, por parte de la Presidencia, la modificación del artículo 5 del ROCIT, en concreto, los apartados 1 y 2 del mismo, distinguiendo con claridad a los órganos superiores, a los órganos directivos de carácter político, a los órganos directivos de existencia legalmente preceptiva y a los órganos directivos que tienen la naturaleza de directivos públicos profesionales. Así se propone la supresión del apartado 2 de la referencia al Jefe del Gabinete de la Presidencia, por no tener la consideración de directivo público profesional, compartiendo la naturaleza jurídica de las Direcciones Insulares. Igualmente se propone la modificación de la letra k) del apartado 5 del artículo 29 para añadir entre las atribuciones del Consejo de Gobierno Insular no sólo la de nombrar y cesar a los órganos directivos de la Administración Insular, sino también la del nombramiento y cese de los directivos públicos profesiones previstos en el nuevo apartado 2 del artículo 5.

QUINTO: Por otra parte, la Junta de Portavoces de la Corporación, en sesión celebrada el 19 de julio de 2017, y en relación a la regulación del “Debate sobre la actuación política insular” previsto en el artículo 93 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, acordó instar de la Secretaría General del Pleno la iniciación del procedimiento de modificación del Reglamento Orgánico vigente, para la regulación del debate sobre la orientación general de la política insular, al objeto de su aplicación en los años 2018 y sucesivos, conforme al régimen contenido en la Propuesta de la Presidencia, que se elevó a dicha Junta y quedó transcrita en el acta de la mencionada sesión.

En consecuencia, se propone la inclusión de un apartado nuevo, un apartado 7 en el artículo 43, con el fin de prever en dicho precepto la necesidad de que se incorpore el mencionado debate en el pleno ordinario de abril o de febrero, si se tratase de año electoral, así como un apartado nuevo, que sería igualmente el 7, en el artículo 47 para detallar el régimen del debate.




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