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1.- Instar al Gobierno del Estado a seguir trabajando en la actualización, normalización y unificación de datos sobre la brecha en las retribuciones de mujeres y hombres en el conjunto del Estado español de forma que la disponibilidad de esta información sirva como un instrumento para combatirla y favorecer un mercado laboral más justo e igualitario.

2.- Instar a todos los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso a trabajar conjuntamente para llegar a un consenso sobre la proposición de ley de igualdad retributiva, cuya tramitación ha sido apoyada en el Congreso sin ningún voto en contra el pasado 22 de febrero, que está orientada a mejorar la posición de las mujeres en el mercado laboral y combatir la brecha retributiva.

3.- Instar al Gobierno Canario a la elaboración de un estudio sobre la situación laboral y retributiva de todas las mujeres trabajadoras residentes en Canarias, en el que se recojan además las medidas a adoptar para alcanzar la igualdad laboral y retributiva entre mujeres y hombres, tanto en materia de condiciones laborales de las mujeres (temporalidad, parcialidad, etc.) como en aspectos tales como la mejora de la negociación colectiva, mecanismos de intervención institucional para alcanzarla (refuerzo de las inspecciones de trabajo u otros), actuaciones en el seno de las empresas (elaboración de planes de igualdad), etc.

29.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista, sobre las cotizaciones a la Seguridad Social de la Prestación Económica para Cuidados al Entorno Familiar.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista sobre las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados al entorno familiar, del siguiente contenido literal:

Exposición de motivos

La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia distingue la existencia de dos clases de prestaciones: las que conforman, por un lado, el denominado por el artículo 15 de la citada ley el catálogo de servicios, y, por otro, las prestaciones económicas, que son subsidiarias de aquellas. Prestaciones económicas en donde se enmarca la protección a personas dependientes atendidas por cuidadores no profesionales.

Con respecto a los servicios, que tienen carácter prioritario, se enumeran en el artículo 15.1 de la Ley y consisten en prestaciones de tipo técnico o en especie, que consisten en el cuidado y atención de personas dependientes a cargo de profesionales especializados o de asistencia en centros, cuya función varía según el grado y tipo de dependencia que sufra el beneficiario. Estas prestaciones tienen la naturaleza de servicios y van destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otro, atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Los indicados servicios se prestan a través de la oferta pública de la red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.

Son por tanto prestaciones en donde prima la atención personalizada, que se materializa en forma de servicios y que tienen aplicación prioritaria, en el sentido de que si mediante estas acciones es posible la atención de la persona dependiente ya no cabría la prestación económica para cuidados al entorno familiar.

Por tanto, con carácter subsidiario y excepcional se establece una serie de prestaciones económicas, cuyas funciones difieren según el destino, así, por ejemplo, de no ser posible la atención mediante alguno de los servicios, se incorporará la denominada prestación económica vinculada al servicios, que se destina a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.

Las prestaciones económicas se equiparan a actuaciones de dar cantidades dinerarias para que sea el propio beneficiario o su familia quienes se encarguen de facilitar o proporcionar los servicios necesarios para su atención.

Las prestaciones económicas más significativas que explícitamente figuran en la ley son las siguientes:

1.- La prestación económica vinculada al servicio.

2.- La prestación económica de asistencia personal.

3.- La prestación económica para cuidados al entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Esta prestación se proyecta en una doble acción, por un lado, la prestación económica a la persona dependiente y por otra el apoyo al familiar que atiende a aquella y que en un inicio de la ley incluía la incorporación de este familiar al Sistema de la Seguridad Social.

Por cuidados no profesionales la ley entendía que era “la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada”. Se trata de la ayuda que con carácter permanente realiza una persona cercana y de la máxima confianza a la persona dependiente. La ayuda económica va siempre a la persona dependiente pero el cuidador, en el inicio de la ley tenía derecho a cotizar a la Seguridad Social.

La incorporación de los cuidadores no profesionales en el Sistema de la Seguridad Social fue una consecuencia inmediata del cambio de criterio por parte del legislador acerca del tratamiento de tales actividades en el plano de la protección social, que a su vez respondía a nuevas reivindicaciones de la sociedad, sin duda acuciada por nuevas necesidades que afectaban a la mayor parte de la población. Así la ley 39/2006, en su artículo 18.3 anunciaba que “el cuidador debía ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinaran reglamentariamente”. Y en su disposición adicional cuarta se concretaba que el gobierno determinaría reglamentariamente la incorporación de los cuidadores no profesionales en el Régimen que les corresponda y también los requisitos y forma de afiliación, alta y cotización. Por tanto, la ley 39/2006 nació con la clara intención de incluir a los cuidadores no profesionales en el Sistema de la Seguridad Social con las obligaciones y derechos propios de cualquier otro sujeto protegido por el Sistema. El desarrollo de la Seguridad Social aplicable a los cuidadores no profesionales no tardó en llegar y lo hizo a través de la publicación del RD 615/2007, cuya característica principal fue la aplicación del mismo tratamiento en todo el territorio nacional, al tratarse de legislación básica de Seguridad Social. El mecanismo que se previó fue el de la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social mediante el cual se incorpora obligatoriamente al cuidador no profesional en el Régimen General de la Seguridad Social, en situación de asimilada al alta. Esta situación de asimilada al alta se consideraba a efectos de las prestaciones de jubilación, así como de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente sea o no de trabajo y de enfermedad común o profesional. Respecto a la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales fue asumida directamente por la Administración General del Estado por convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta situación de protección a los cuidadores no profesionales se mantuvo hasta noviembre de 2012, en donde se produjo un antes y un después para la ley de Dependencia. Los cuidadores no profesionales de dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasaron de 171.713 a 25.350 y ello como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que supusieron una derogación encubierta de la ley de dependencia.

Ese texto legal recogía medidas especialmente sangrantes para los dependientes y sus familias, entre las que se encontraba la de la desaparición de la cotización en el régimen especial de cuidadores no profesionales por parte del Estado, convirtiéndolo en voluntario el hecho de permanecer en dicho régimen, teniendo que ser el propio cuidador el que abonase la totalidad de dicha cotización si quería mantenerla. Ello supuso que en el 2016 quedaban solamente 9.816 cuidadores no profesionales cotizando en la Seguridad Social.

Esta medida, por tanto, expulsó de la Seguridad Social a los cuidadores al dejar de costear el gobierno las cotizaciones, suponiendo la pérdida de un derecho subjetivo que afecta fundamentalmente a las mujeres, al ser mayoritariamente las mujeres las que ejercen como cuidadoras de personas dependientes.

Dado que en este momento según informa el propio gobierno de España se está saliendo de la crisis, produciéndose una buena dinámica de crecimiento.

Por todo ello, se propone al Pleno el siguiente ACUERDO:


  • Instar al Gobierno central para que vuelva a incorporar a todos los las cuidadoras no profesionales al sistema de la Seguridad Social, asumiendo el propio Estado las cotizaciones correspondientes a través de un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, recuperando de esta forma un derecho subjetivo que hay que reconocer a todas las mujeres que están realizando una labor tan necesaria en esta sociedad.”

Habiéndose obtenido el consenso de todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

1.- Instar al Gobierno central para que vuelva a incorporar a todas las personas cuidadoras no profesionales al sistema de la Seguridad Social, mediante su incorporación en los Presupuestos Generales del Estado, asumiendo el propio Estado las cotizaciones correspondientes a través de un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, recuperando de esta forma un derecho subjetivo que hay que reconocer a todas las mujeres que están realizando una labor tan necesaria en esta sociedad.

2.- Estudiar la posibilidad de que todas las personas cuidadoras no profesionales que perdieron ese derecho de cotización se les vuelva a reconocer con efectos retroactivos, ya que en su momento sufrieron doblemente la “crisis”, teniendo que perder involuntariamente ese tiempo de cotización y debiendo continuar con los cuidados de las personas dependientes.

30.- Moción del Grupo Popular, para la ampliación del número de Pediatras en los centros de salud y la reposición del servicio de urgencias en el Hospital del Norte.

Vista moción presentada por el Grupo Popular para la ampliación del número de Pediatras en los Centros de Salud y la reposición del servicio de urgencias en el Hospital del Norte, del siguiente contenido literal:

Exposición de motivos

Como ya venía advirtiendo la Sociedad Canaria de Pediatría desde el año 2016, la escasez de pediatras para atender a los menores en los centros de salud y en los hospitales de la Isla se ha convertido en un serio problema en la atención sanitaria infantil, ya que más del 30% de las plazas en Atención Primaria de Canarias están cubiertas por médicos de otras especialidades, y en algunos casos el ratio es de 80 facultativos con más de mil pacientes.

Desde el ámbito de la medicina se afirma sin lugar a dudas que el mejor médico para un niño es el pediatra y, de hecho, para el caso de algunas enfermedades graves como el cáncer, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo para que las unidades de oncología pediátrica atiendan a niños hasta los 18 años, lo que podría ser ya una realidad este año.

Sin embargo, se da la paradoja de que en Atención Primaria las plazas de Pediatría que quedan vacantes por jubilación se están cubriendo por facultativos del área de la Medicina Familiar, según datos de la Sociedad Canaria de Pediatría. En concreto, y según cifras de 2016, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 141 plazas de Pediatría, pero de éstas sólo 96 están ocupadas por pediatras, lo que representa el 68 por ciento. Además, la carga laboral de esta especialidad motivada por la escasez de especialistas provoca que el número de pacientes que tienen que atender los que están en activo es muy alto, lo que hace que la especialidad no sea atractiva para los médicos que han acabado el MIR.

El pasado viernes, día 23 de febrero, el pleno de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó por unanimidad instar al Servicio Canario de Salud (SCS) a reforzar los servicios de pediatría de los centros de salud del municipio. En concreto, el Consistorio solicitó la ampliación de los horarios de atención pediátrica, así como el incremento del personal pediátrico.

La escasez de pediatras es igualmente significativa en el área hospitalaria, y en fechas recientes el servicio de atención de urgencias pediátricas en el llamado hospital del Norte de Tenerife, en Icod de los Vinos, se ha suspendido.

Este servicio se puso en marcha el pasado 15 de julio después de años de ser un derecho reclamado por los habitantes y autoridades del Norte, pero lo hizo no como un servicio de guardia de 24 horas, sino con un horario de atención muy limitado. Apenas tres meses después, en el mes octubre, ya ha dejado de funcionar porque la pediatra contratada causó baja y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), del que depende el servicio, no ha logrado sustituirla, según informaron los medios de comunicación.

Diversos alcaldes del Norte de la Isla han público su malestar por esta situación, motivada por la falta de pediatras en la Isla, malestar que se une a la ausencia de un radiólogo de urgencias y, en definitiva, de un servicio completo de urgencias.

A la situación descrita respecto a la atención pediátrica, se dan unas deficiencias en la atención sanitaria que presta el Servicio Canario de Salud (SCS) en las islas que han hecho al Grupo Popular en el Parlamento de Canarias anunciar la reprobación del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, por su manifiesta incapacidad para la planificación, que se concreta en el colapso repetido de los servicios de urgencia, pese a contar con más recursos (274 millones más que el año pasado), y en unas cifras en las listas de espera que son la más altas de toda España, lo que ha motivado la reciente aprobación por parte del Parlamento de Canarias a petición del Grupo Popular de una auditoría externa para fiscalizarlas.

Ante todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Cabildo de Tenerife el siguiente ACUERDO:

1.- Instar al Gobierno de Canarias a resolver los colapsos en los servicios de urgencia y a reducir las listas de espera.

2.- Instar al Gobierno de Canarias a reponer de forma inmediata el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital del Norte, con un servicio de 24 horas.

3.- Instar al Gobierno de Canarias a incrementar el horario de atención pediátrica y el incremento del personal pediátrico en los centros de salud de la Isla.”

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:



  1. Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a poner en marcha de forma inmediata el Plan de Urgencias Canario.

  2. Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de la Salud a la dotación adecuada de las urgencias pediátricas en los Hospitales Norte y Sur de la isla de Tenerife, tanto en lo que a especialistas en pediatría se refiere, como a los medios diagnósticos necesarios para evitar derivaciones innecesarias a los hospitales de referencias.

  3. Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a revisar la convocatoria de plazas de MIR en Pediatría, de forma que se relacione la oferta formativa a la demanda de los mismos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

31.- Moción del Grupo Popular, sobre inversiones en carreteras en la isla de Tenerife durante el período del prorrogado Convenio de Carreteras.

En relación con la moción presentada por el Grupo Popular sobre inversiones en carreteras en la isla de Tenerife, durante el período del prorrogado Convenio de Carreteras, la misma se retira por el Grupo proponente.



32.- Moción del Grupo Podemos, para adoptar criterios medioambientales y reducir la insostenibilidad en las fiestas y eventos masivos celebrados en la isla de Tenerife.

Vista moción presentada por el Grupo Podemos para adoptar criterios medioambientales y reducir la insostenibilidad en las fiestas y eventos masivos celebrados en Tenerife, del siguiente contenido literal:

Justificación de motivos

Diariamente se celebran en nuestra isla fiestas populares, festivales de toda índole y tamaño, congresos y otros eventos de carácter más o menos masivo, que generan un alto impacto ambiental negativo. Se hace necesario, pues, desarrollar estrategias para cambiar la planificación de los eventos y la adopción de buenas prácticas que reduzcan el impacto ambiental sobre el medio de estas celebraciones.

En las recientes fiestas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se hizo visible, gracias a la implicación de la ciudadanía concienciada, una situación lamentable que daña gravemente la imagen no solo de la Ciudad sino de la Isla en su conjunto. Se han difundido escenas impresionantes de suciedad, compuesto sobre todo por bolsas, vasos y botellas de plástico, que cubrían como un penoso tapete hediondo las calles del centro de la capital. En realidad, esta situación lleva años siendo denunciada por personas y colectivos sensibilizados con esta problemática, que han venido mostrando su malestar al observar cómo en muchas fiestas y celebraciones públicas o privadas se genera una cantidad, que se puede calificar de obscena, de residuos (sobre todos plásticos de diverso tipo) impropia de una sociedad que pretende ser avanzada y con una absoluta pasividad de las administraciones públicas implicadas.

Pero el problema no se circunscribe a los Carnavales de la capital tinerfeña. De forma general, en las fiestas populares la cantidad de residuos vertidos directamente a la calle aumenta de manera considerable; constituyendo un problema singular, entre otros, la cantidad de vasos de plástico desechables (y utilizados una sola vez) que se acumulan en la vía pública, lo que no pocas veces ocurre en los centros históricos de nuestros pueblos y ciudades, de alto valor patrimonial. El impacto ambiental de esta nefasta práctica se acrecienta ya que, aunque se tratara de envases reciclables (cosa que no sucede con los generalizados vasos de plástico) tales residuos no se pueden ya reciclar al estar sucios y, sobre todo, mezclados con todo tipo de desechos de otra naturaleza: sólo queda la opción de barrerlos (aumentando con mucho la carga de trabajo del personal encargado de esta tarea), cargarlos... y conducirlos para su enterramiento al vertedero de Arico. Suponen una molestia para el vecindario y viandantes, y obligan a las entidades locales a afrontar un coste económico extra por la limpieza de las calles. Esta nefasta gestión de los residuos no solo daña al medio y al paisaje urbano, sino que cuesta mucho dinero adicional al conjunto de la ciudadanía. Nuestras fiestas deben optar por convertirse en 'Zonas de Plástico Cero'. Se debe recordar la máxima de que no es mejor quien más limpia sino quien menos ensucia.



Justo tras la finalización de los Carnavales de Santa Cruz, y al calor del clamor popular indignado ante los reportajes fotográficos (sobre todo en redes sociales) que mostraban parte de esos miles de kilos de residuos de plástico que amanecían todos los días en los suelos de la ciudad, los responsables de la corporación, por boca de su concejal de Servicios Públicos, anunció para 'apagar el fuego' una serie de buenas intenciones ideadas para la celebración de las siguientes fiestas de don Carnal. La principal medida anunciada, que celebramos y esperemos se materialice lo antes posibles y se extienda más allá de esas fiestas, consistiría en restringir los vasos de plástico de un solo uso, obligando a consumidores y empresarios a distribuir y comprar vasos reutilizables.



En la misma información periodística, el referido concejal suministraba unos datos que deben llamar a la reflexión. “En esta edición del Carnaval hemos batido un record en residuos: 528 toneladas de basuras retiradas de las calles; 3,9 millones de litros de agua para limpiar las calles; 4.725 litros de productos químicos de limpieza; 8.000 horas de trabajo extra de los operarios de limpieza; y 120 viajes de camiones de basura a las instalaciones del PIRS”. Estos datos supondrían un triste récord solo superado hace diez años, es decir, antes de la crisis.

Debemos tener presente que en todas las sociedades avanzadas, a pesar del crecimiento económico y poblacional, se ha conseguido disminuir la generación de residuos, vía implementación de políticas públicas que han logrado aumentos de la concienciación ciudadana. Cabe preguntarse al respecto: ¿Qué ha pasado en nuestra isla para que estemos más cerca del año 2008 que de los objetivos de reducción de residuos correspondientes a 2025?

Por otra parte, estaría bien que alguien recordara que unas fiestas sostenibles no se consiguen solo sustituyendo los vasos de plástico. Hay que analizar de manera integral el impacto ambiental de cada fiesta o evento, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones:



  • Reducir al máximo (hasta lograr el objetivo de erradicarlos) los envases de un solo uso. Reducir, reutilizar y reciclar.

  • Ahorrar al máximo agua y electricidad.

  • Utilizar decoración de materiales reutilizables.

  • Realizar recogida selectiva de residuos.

  • Gestionar el vaso reutilizable.

  • Distribuir alimentos sanos y responsables con el medio ambiente y la salud.

  • Garantizar el transporte público. Favorecer la movilidad sostenible.

  • Proteger el hábitat de animales y plantas.

  • Aprovechar también la fiesta como oportunidad para la educación ambiental.

  • Comunicar a la sociedad en general el valor y repercusión positiva de un evento sostenible.

  • Garantizar medidas correctoras post-fiesta, compensando la emisión de gases de CO2, y el consumo de petróleo.

Según el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostenible “es aquel evento diseñado, organizado y desarrollado de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales, y que deja un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y para todas las personas involucradas.” Sigue explicando el Programa que todos los eventos celebrados generan un alto impacto negativo sobre el medioambiente, que se puede resumir en:

  • Incremento de residuos.

  • Elevado consumo de energía y agua.

  • Generación de contaminación atmosférica.

  • Degradación del entorno.

  • Aumento del riesgo de accidentes.

Por el contrario, un evento planteado en términos de sostenibilidad (o, cuando menos, de reducción de la creciente insostenibilidad) presenta las siguientes ventajas comparativas:

  • Reduce, de forma real, su impacto social y ambiental negativo. Incorpora un bien común.

  • Confiere un valor añadido, humano y medioambiental, al evento. Atrae.

  • Ahorra dinero, tanto a la organización como a los participantes. Economiza.

  • Apoya a la economía y al empleo local. Compromete.

  • Cambia nuestra relación con el Planeta, tanto de las personas participantes, como de las entidades proveedoras y patrocinadoras. Sensibiliza y educa.

  • Posiciona y aporta buena imagen al evento. Diferencia.

  • Refuerza la relación con clientela, patrocinadores y participantes. Fideliza.

  • Crea vínculos emocionales evento – medio ambiente – organización. Promueve orgullo positivo.

  • Inspira la innovación y la creatividad tecnológica y de gestión. Promueve eco-soluciones.

  • Demuestra que otra forma de “hacer” es posible. Expande responsabilidad.

Siendo este asunto responsabilidad de todos y todas, se deben implicar por igual en su abordaje administraciones, empresas y entidades promotoras, patrocinadoras, y proveedoras, y personas participantes. Especial atención hay que prestar a las empresas importadoras y distribuidoras de estos productos plásticos de un solo uso, y orientar y favorecer su evolución urgente hacia otros productos duraderos, reutilizables y reciclables, ya que no solo está en juego su mala imagen como empresas no respetuosas con el medio ambiente, sino lo que es peor, está en juego el empleo que generan.

Como administración pública, el Cabildo Insular de Tenerife debe colaborar con otras corporaciones locales para prohibir, con fecha de efecto del 1 de enero de 2020, el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico. Tenemos la obligación de contribuir a la disminución del impacto ambiental de los eventos y fiestas, ya sean aquellos promovidos de forma directa por esta corporación, como por otras administraciones municipales, y tanto en recintos cerrados como abiertos, haciéndolos compatibles con una mayor sostenibilidad, sin renunciar por ello a los objetivos lúdicos o culturales de la celebración. Sostenibilizar un evento puede resultar más sencillo de lo que parece, solo requiere un poco de planificación y mucho compromiso, valorando y adoptando las medidas adecuadas que reduzcan su actual impacto negativo ambiental y social.

Además, las celebraciones populares reúnen en un mismo lugar a personas con perfiles muy diferentes en cuanto a edad, profesión, intereses, etc. Constituye, por tanto, una ocasión ideal para transmitir a la población menos sensibilizada con el medio ambiente información y buenas prácticas relacionadas con el objetivo de la sostenibilidad. Un evento sostenible es una experiencia ejemplarizante, tanto para la ciudadanía, como para todas las entidades relacionadas con la organización de eventos. Un evento que es sostenible adquiere mayor valor añadido.

Las buenas prácticas ambientales incitan a la reflexión y animan al cambio de hábitos. Los resultados de una celebración sostenible: reducción de basura, limpieza del espacio, menores molestias, y un largo etcétera, se hacen visibles, y la sensación de bienestar trasciende a las personas que participan, lo que conlleva un aprendizaje indirecto acerca de cómo cuidar el medio que nos rodea.



Por todas las razones expuestas, se propone al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife que adopte los siguientes acuerdos:

  1. El Área de Sostenibilidad y Medioambiente del Cabildo Insular desarrollará el Proyecto de 'Fiestas + Sostenibles' (al igual que existe o ha existido el de 'Hogares + Sostenibles' y 'Personas + Sostenibles', entre otros), con el objetivo de elaborar materiales y programas destinados a apoyar a los Ayuntamientos de Tenerife para mejorar el impacto ambiental de sus fiestas, así como para empresas que organizan eventos y para la ciudadanía en general.

  2. El Cabildo se compromete a implementar medidas inmediatas, a aplicar a partir de mayo de 2018, de reducción de residuos plásticos en todos los eventos (conciertos, ferias, congresos, reuniones, etc.), que se desarrollen en las instalaciones de la corporación insular (incluyendo Auditorio, Recinto Ferial, Estadio Heliodoro Rodríguez López, Pabellón Santiago Martín, etc.). Las empresas concesionarias que desarrollen actividades en los mismos deberán adaptar planes ambientales a sus eventos.

  3. El Cabildo, en colaboración con los Ayuntamientos, estimará las emisiones de CO2 emitidas por los eventos festivos y otros, y establecerá medidas compensatorias tales como la plantación de árboles y especies vegetales autóctonas en alguna zona de interés del municipio (áreas degradadas, entornos urbanos abandonados, zonas incendiadas, etc.), como parte integrante del propio evento.

  4. El Cabildo desarrollará un distintivo insular de Calidad Ambiental, que será de obligado cumplimiento para cualquier celebración o fiesta que conlleve la financiación o colaboración de la corporación insular.

  5. El Cabildo dirigirá los esfuerzos a lograr unas fiestas sostenibles en toda la isla de Tenerife, apostando hacia el objetivo de lograr fiestas y eventos declarados 'de Plástico Cero'.

  6. El Cabildo impulsará ante los Gobiernos de Canarias y del Estado las iniciativas dirigidas a las modificaciones legislativas necesarias para prohibir, con fecha de efecto del 1 de enero de 2020, el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables; es decir, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico, estableciendo que, a partir de dicha fecha tales productos deberán ser fabricados al menos en un 50 por ciento con sustancias biodegradables procedentes de materias orgánicas, como el almidón o la fécula de papa y, a partir de 2025, al menos en un 60 por ciento.”

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos presentes en esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

  1. El área de Medioambiente, Sostenibilidad y Seguridad del Cabildo Insular desarrollará dentro del programa Tenerife + Sostenible una línea que bajo la denominación de “Eventos + Sostenibles” se marca como objetivo elaborar materiales y programas destinados a apoyar a Administraciones y Particulares para mejorar el impacto ambiental de sus eventos.

  2. Una acción de la línea de “Eventos + Sostenibles” será el fomento y asesoramiento a las distintas áreas y entidades asociadas del Cabildo Insular para que mejore los niveles de sostenibilidad de las actividades que desarrollen, así como de las instalaciones que gestionen. El objetivo de dicho asesoramiento en materia de eventos será buscar el objetivo de plásticos desechables cero.

  3. El Cabildo Insular, dado que en el 2025 todos los países europeos deben alcanzar un nivel de reciclaje no inferior al 55%, instará a los Gobiernos del Estado y de Canarias a que adopten iniciativas legislativas tendentes a garantizar dicho objetivo, como la prohibición de uso, comercialización, importación, exportación, etc., de utensilios desechables como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos, pajitas, etc., siempre y cuando estén diseñados para un solo uso y que se fabriquen en cualquier variedad de plástico. De igual forma fomentará su sustitución por elementos fabricados con materiales biodegradables procedentes de materias orgánicas. Este tipo de medidas irían en consonancias con las que ya se están adoptando en otros países del entorno Europeo como única vía de poder alcanzar los objetivos marcados por la UE. Dichas iniciativas deberán estar aprobadas y en vigor como fecha tope el 1 de enero del 2022 si queremos alcanzar los objetivos marcados por la UE para el 2025.


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