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25.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista para solicitar al Estado la adopción inmediata de una serie de medidas en materia de Haciendas Locales y Función Pública.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista para la inmediata actuación en materia de Haciendas Locales y Función Pública, del siguiente contenido literal:

Exposición de motivos.

A falta de la liquidación definitiva, las Entidades Locales cerrarán 2017 cumpliendo, desde el punto de vista macroeconómico, con los objetivos marcados en materia de estabilidad presupuestaria por el Estado, tal y como ha ocurrido en los últimos cinco ejercicios presupuestarios.

Nuestro papel como gestores, en este ejercicio que se ha cerrado, fue nuevamente relevante, pues ha sido fundamental el esperado superávit de las Corporaciones Locales en 2017 para el cumplimiento del sector público en su conjunto. Este superávit se situará de nuevo en un 0,6% del PIB (tal y como ha manifestado el propio Ministerio), en torno a 7.000 millones de euros.

De igual manera, todo apunta a que lo volveremos a ser en 2018 para que España salga del control especial presupuestario de Bruselas, vinculado al procedimiento de déficit excesivo.

Ya en 2016, último ejercicio liquidado, se cumplió por la Administración Local con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que fueron elaborados en su día por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, el conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó el objetivo del 4,6% del PIB, al situarse en un 4,32%, y para el ejercicio 2017 se estima que acabará en el 3,1% previsto y el 2,3% para 2018.

El subsector de Entidades Locales fue, un ejercicio económico más, determinante en la consecución de los objetivos anteriormente referidos. Obtuvo un superávit de 7.083 millones de euros, lo que representó el 0,6% del PIB, frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente. En lo referente al objetivo del gasto, el conjunto de las Corporaciones Locales registró una disminución del 0,6% en el gasto computable, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto. De igual manera las Entidades Locales alcanzaron, una vez más, el objetivo de deuda pública, fijado en el 3%, al situarse en el 2,9% del PIB.

Por tanto, nadie pone hoy en duda que los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares han sido claves y han cumplido con los tres pilares de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), como son el control del déficit, de la deuda y del gasto público, lo que nos hace merecedores del reconocimiento ante los ciudadanos del papel que desde la responsabilidad estamos desempeñando y donde lejos de ser el problema de la administración pública española, estamos siendo protagonistas de la solución.

El Cabildo Insular de Tenerife, en el último informe emitido por la Intervención General de evaluación del cumplimiento de los preceptos contenidos en la LOEPSF relativos a la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales del ejercicio 2016, referidos tanto a la Corporación Insular como Organismos Autónomos y Entes Públicos dependientes que consolidan en términos de Contabilidad Nacional, ha cumplido con todas las reglas fiscales, es decir, la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el período medio de pagos y la deuda pública. Respecto a este último parámetro, reseñar que el volumen total de capital vivo consolidado de las operaciones de crédito a corto y largo plazo vigentes supuso en 2016 el 43,50% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, este dato, extrapolado a diciembre de 2017 se situará en torno al 31% (el incumplimiento de la sostenibilidad financiera se produce al superar el 110%). Y si analizamos la evolución del endeudamiento real y previsible de esta Corporación a nivel consolidado en el período 2010 y 2018, se verifica una significativa disminución del mismo, ya que de 491,6 millones de euros en 2010 se pasará a 183,5 millones al cierre del ejercicio 2018, lo que supone una reducción del 63% de su endeudamiento. Este esfuerzo ha sido superior al realizado por el conjunto de la Administración local, toda vez que la participación, en términos relativos, del Cabildo Insular de Tenerife en el endeudamiento total de las Corporaciones Locales, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pasa del 1,20% en 2008 sobre un total de 32 mil millones de euros al 0,74 en 2016 de un total de 32,1 mil millones de euros. Es por ello evidente la contribución de esta Corporación a los objetivos que fueron fijados en su día por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como una entidad más, en el conjunto de la Administración local.

Como es sabido, la LOEPSF ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada la política económica y social de las administraciones públicas, dando “prioridad absoluta” al pago de la deuda, por encima de cualquier otro gasto público.

Es un clamor de todas las fuerzas políticas, sin distinción de color, en los ámbitos de Gobierno, tanto municipal, provincial como en el insular, revisar y adecuar la regla de gasto, el superávit presupuestario, la tasa de reposición de efectivos y la financiación local, sin más dilación, en este ejercicio 2018.

La regulación, de la “regla de gasto”, está restringiendo, en este momento de inflexión en la coyuntura económica, de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten importantes superávits presupuestarios, más de 30.000 millones en el período 2012-2017 y un exceso de liquidez, más de 23.500 millones en bancos, según la FEMP, con acuciantes necesidades sociales y de inversión, y unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ha expresado que la concepción de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es distinta de la interpretación que se hace de ella en Europa. En lugar de aplicarse a cada una de las Administraciones Públicas por separado, se aplica al conjunto de las mismas. De igual manera, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. La regla es un indicador del objetivo de estabilidad a medio plazo.

Nuestra normativa, en cambio, impone, una regla, injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, en particular para las CCLL, en un contexto en el que es inminente que España salga del control especial presupuestario de Bruselas, en relación con la Administración Central.

El diseño actual de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo de estabilidad.

Por todo ello, no es de extrañar, tal y como se ha expuesto, que haya sido el esfuerzo de consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público en nuestro país, a pesar de que los niveles de gasto y deuda son sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total y 2,91% de deuda local (32,2 miles de millones) sobre el total de deuda pública en 2016 (1.107,2 miles de millones).

Es tal el esfuerzo de consolidación realizado que se ha generado un profundo diferencial en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con las de la Unión Europea (0,6% del PIB de superávit en el caso español frente al 0,1% en la media europea).

A tal efecto recordar que, en julio de 2017, se conformó un grupo de trabajo en la Comisión Nacional de Administración Local, con representación del Estado y de la FEMP para analizar la regla de gasto y flexibilizarla. A día de hoy, no se ha adoptado ninguna medida operativa. El Gobierno se comprometió a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones.

Unido a todo lo anterior, otra brecha, no menos importante, que se ha producido es la disminución de empleados públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen encomendados.

El pasado 6 de Octubre de 2017, en el marco de la tercera Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, se alcanzó un acuerdo unánime, incorporado a la denominada “Declaración de Segovia”, en el que se plasmaba la solicitud al Estado de flexibilización de los parámetros fiscales ante el hecho evidente de la positiva contribución de la Administración Local a la reducción de los niveles de deuda y déficit públicos, proponiendo que las medidas a adoptar, entre otras, estuvieran relacionadas con facilitar el uso del remanente de tesorería positivo y la eliminación del cumplimiento de la regla de gasto a entidades que hayan liquidado con superávit.

De igual manera el 13 de febrero de 2018 en el seno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada en Pontevedra, y presidida por el titular de la FEMP, se abordó, entre otras cuestiones, el difícil momento, casi dramático, que viven las Corporaciones Locales, ante la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, las limitaciones en la tasa de reposición de los efectivos de los Gobiernos Locales y el inicio de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica sin que, a su vez, se contemple el de la Administración Local.

Se trató la imposibilidad del uso el superávit presupuestario de 2017 (0,6% del PIB), en beneficio de los ciudadanos, existiendo la sospecha de que pueda ser utilizado por el Ejecutivo en beneficio tanto del propio Estado como de las Comunidades Autónomas.

Se solicitó, en ese sentido, reclamar la inclusión, antes de que finalice el mes de marzo, del uso del remanente de tesorería positivo del ejercicio 2017 en un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de carácter presupuestario, toda vez que cualquier retraso para después del verano (en un escenario optimista de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado), haría inviables, por falta de tiempo y posibilidades las licitaciones.

Además, se propuso eliminar las restricciones a la inversión del superávit e ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que, a juicio de la FEMP, impiden a las Corporaciones actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concretan fundamentalmente en políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas.

Se insistió en la petición de realizar el cálculo de la regla de gasto sobre el presupuesto inicialmente aprobado y no como el actual sistema en el que se calcula sobre presupuesto liquidado, penalizando a aquellas Entidades Locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto. De igual manera se propuso que para el referido cálculo no se tomen en consideración gastos como las cofinanciaciones, ni aquellos que ocurren solo una vez, como las sentencias.

De igual manera, se insta al Estado a que cuanto antes se adopten las decisiones respecto a la racionalización del techo de gasto y se tomen en función de la eficiencia, toda vez que pueden arbitrarse de forma rápida, en la medida en que no exigen cambios legislativos, al tratarse de directrices de la Intervención General del Estado que se podrían aplicar, una vez acordadas políticamente, de forma inmediata.

Por todo ello, se presenta para su consideración y aceptación por el Pleno el siguiente ACUERDO:



Instar al Gobierno de España a:

  1. Incluir, antes de que finalice el mes de marzo, en un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de carácter presupuestario, en el marco de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la eliminación de las restricciones a la inversión del superávit del ejercicio 2017 de los Gobiernos Locales, e ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que impiden a las Corporaciones actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concretan fundamentalmente en políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas.

  2. Establecer, igualmente, antes de la finalización del mes de marzo, un nuevo sistema en el cálculo de la regla de gasto, estructurando el mismo sobre la base del presupuesto inicialmente aprobado y no como el actual modelo que lo hace sobre el presupuesto liquidado, penalizando a aquellas Entidades Locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.

  1. Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios el 100%.

  2. Abordar la reforma de la financiación local de manera paralela a la reforma del sistema de financiación autonómico.”

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos presentes en esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

  1. Incluir, antes de que finalice el mes de marzo, en un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de carácter presupuestario, en el marco de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la eliminación de las restricciones a la inversión del superávit del ejercicio 2017 de los Gobiernos Locales, e ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que impiden a las Corporaciones actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concretan fundamentalmente en políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas.

  2. Establecer, igualmente, antes de la finalización del mes de marzo, un nuevo sistema en el cálculo de la regla de gasto, estructurando el mismo sobre la base del presupuesto inicialmente aprobado y no como el actual modelo que lo hace sobre el presupuesto liquidado, penalizando a aquellas Entidades Locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.

  3. Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios el 100%, todo ello vinculado a las necesidades reales y capacidad financiera de cada corporación.

  4. Abordar la reforma de la financiación local de manera paralela a la reforma del sistema de financiación autonómico.

26.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista para el desarrollo de la Geotermia de Alta Entalpía en Canarias.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista para el desarrollo de la Geotermia de Alta Entalpía en Canarias, del siguiente contenido literal:

Exposición de motivos.

El concepto de energías renovables aparece en el mundo occidental con la primera crisis del petróleo desencadenada el 23 de agosto de 1973. Este contexto de crisis es aprovechado por España para reordenar su sector energético, a través de una herramienta que fue conocida como el Plan Energético Nacional (PEN), cuya primera versión tuvo lugar en 1975 y se prolongó en redacciones sucesivas hasta la década de los 90, cuando culminó con la liberalización del sector energético.

Ya en el primer PEN de 1975, se indicaba que una de sus prioridades era rebajar la participación del petróleo en el casi ausente mix energético nacional (petróleo y carbón), mediante su reemplazamiento por otras fuentes. Ese fue el inicio de las renovables en España y en los presupuestos de 1976 ya se dispuso de una partida en el Ministerio de Industria para su desarrollo.

En este orden de cosas, las inversiones para el desarrollo de la geotermia en España se canalizaron a través del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la desaparecida Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras (ENADIMSA), dependiente del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI).

Adelantándose incluso a este presupuesto, el IGME elaboró durante el período 1974-76 el Inventario Nacional de Manifestaciones Geotérmicas, en el que se identificaron y analizaron bajo el punto de vista geoquímico, todos los puntos termales del territorio nacional tanto peninsular como insular. A raíz de este estudio se concluyó que Canarias era la única zona del territorio nacional con recursos geotérmicos de alta entalpía en el subsuelo capaces de generar electricidad.

Ante estos resultados, en 1977 se lleva a cabo de manera inmediata la Evaluación del potencial geotérmico de la isla de Lanzarote y selección de anomalías en las Islas Canarias, que es el inicio de la planificación y ejecución de numerosos trabajos de investigación del potencial geotérmico de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En 1986, con la entrada de España en la Unión Europea, cambian los planteamientos y se accede a financiación de la Comisión Europea. Los prometedores resultados obtenidos durante los diez años anteriores respecto a la investigación geotérmica en Canarias, se presentan ante la D.G. XII (Investigación y Desarrollo) de Bruselas, obteniéndose financiación para varios proyectos de investigación.

La escasa contribución del Gobierno de Canarias en estos proyectos reflejaba el desinterés institucional canario ante la geotermia de alta temperatura para generar una electricidad que contribuyera al autoabastecimiento insular. Desgraciadamente, esta falta de implicación no fue solo hacia la geotermia, sino hacia todas las renovables y la mejor prueba de esta desidia de los sucesivos Gobiernos Autonómicos es que la contribución actual de las renovables en Canarias es del 8%, mientras que en la península está en el 17%, cuando el objetivo europeo para 2020 es de alcanzar el 20%.

El actual Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su discurso de investidura del 7 de julio de 2015, reconoció la situación y se comprometió a recuperar el tiempo perdido convirtiendo este 6% en un 60% en 20 años y alcanzar el 100% en 2050. Parece, por tanto, evidente la necesidad de un cambio hacia un modelo energético sostenible capaz de contribuir a la lucha contra el cambio climático que ya estamos sufriendo. Y el papel de la contribución de la geotermia de alta entalpía, única energía continua y gestionable entre las renovables y, por tanto, capaz de contribuir a cubrir la demanda de energía de base, va a ser fundamental. A título de ejemplo cabe decir que en la isla de São Miguel de las Azores, en 2017, la geotermia ha llegado ya a cubrir el 50% del diagrama de carga de la isla y, con ella, toda la demanda base.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, publicó en 2011 su Evaluación del Potencial de Energía Geotérmica. Estudio Técnico PER 2011-2020, donde se indica nuevamente que la única zona española con posibilidad de recursos geotérmicos de alta temperatura, capaces de generar electricidad, son las Islas Canarias.

Durante el periodo 2007-2014 se activó el interés por la exploración geotérmica de alta entalpía en las Islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma gracias a la iniciativa conjunta de una empresa privada, que solicitó permisos de investigación en las islas, y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). Dicho proyecto fracasó ante la falta de los apoyos tanto institucionales como privados necesarios para su desarrollo.

El Plan Energético de Canarias (PECAN) 2005-2015 ni tan siquiera nombraba la geotermia y, consecuentemente, no disponía de ningún modelo económico para retribuir el posible kW geotérmico potencialmente generado por la iniciativa pública o privada. Tampoco la redacción de la actual Estrategia Canaria de Energía (EECan25) contempla este aspecto imprescindible para el desarrollo de la geotermia de alta entalpía en Canarias.

A pesar de este panorama desalentador, el INVOLCAN continúa trabajando por el desarrollo de la geotermia de alta entalpía en Canarias logrando en el periodo 2017-2018 la implicación, el compromiso y apoyo de los Cabildos Insulares de Tenerife (1,1 M€), Gran Canaria (0,43 M€) y La Palma (0,30 M€).

Durante este periodo, la única actuación conocida del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria y Energía, es la redacción de dos manuales de geotermia, uno de alta entalpía y otro de muy baja, que deberían estar finalizados a fin del presente año y que, en principio, tienen una finalidad didáctica e informativa sobre esta energía ante los agentes económicos insulares. Nada que ver con un posicionamiento claro y resolutivo para facilitar la introducción de la energía geotérmica para generar electricidad en Canarias.

Es, pues, el momento de apelar a la responsabilidad del Gobierno Autonómico, que es quien tiene competencias sobre el desarrollo energético de Canarias en su conjunto, para crear el marco legal y retributivo adecuado que permita abrir y desarrollar la generación eléctrica mediante geotermia a los actores interesados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife el siguiente acuerdo:


  1. Apoyar y facilitar la investigación para el desarrollo de la energía geotérmica de alta entalpía en Canarias con los presupuestos necesarios y suficientes para conocer con un buen grado de certidumbre si los recursos geotérmicos de alta entalpía existentes en el subsuelo de Canarias son técnica y económicamente explotables. No se pueden esperar otro periodo de 40 años sin responder a esta crucial pregunta y tampoco tiene sentido que unas islas con actividad volcánica manifiesta, sol y viento, solo se apoyen en las dos energías discontinuas (solar y eólica) dado que estas no son capaces de cubrir la demanda energética basal de las islas y que ésta deba satisfacerse con hidrocarburos líquidos o gaseosos.

  2. Definir la modalidad de gestión a implementar para promocionar y desarrollar el recurso geotérmico de alta entalpía: público, privado o mixto.

  3. Definir la modalidad de los apoyos públicos necesarios para la mitigación del riesgo inversor que supone la fase de exploración y perforación inicial, así como la política de retribución del kW geotermoeléctrico generado, en el caso de optar por la participación de la iniciativa privada desde las primeras fases de un desarrollo geotérmico de alta entalpía, como hacen todos los países del mundo que explotan sus recursos geotérmicos.

  4. Planificar, dotar económicamente y comenzar a implementar las políticas de formación de técnicos en el campo de la geotermia de alta entalpía (exploración, perforación profunda, cementación de pozos, diagrafías, pruebas de producción, evaluación e ingeniería de yacimientos, etc), si fuera necesario con convenios de colaboración con países productores con experiencia. La importante potencialidad de creación de puestos de trabajo ha de estar dirigida tanto a técnicos superiores como a operarios.

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición, por un lado, a los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital así como de Economía y Competitividad y, por otro, a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.”

Habiéndose alcanzado el consenso entre todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:



  1. El Cabildo toma cuenta que para la implantación de la geotermia en Canarias se deben diferenciar dos etapas: la primera, que consiste en terminar de evaluar el potencial geotérmico de alta entalpía que hay en las Islas; y la segunda que, en el supuesto de que los resultados de la primera fuesen positivos, consistiría en abordar la explotación del recurso, y el modo de hacerlo. Será entonces cuando, desde la perspectiva del interés general, corresponda evaluar y decidir acerca del modelo de explotación (público, privado o mixto), así como analizar la conveniencia de implicar en la inversión y la gestión a diferentes sectores (públicos y privados), que puedan aportar tanto capital como experiencia y conocimiento.

  2. El Cabildo se compromete a seguir apoyando, dotando y buscando el compromiso de las demás administraciones para investigar el desarrollo de la energía geotérmica de alta entalpía en Canarias, con los presupuestos necesarios y suficientes para conocer con un buen grado de certidumbre si los recursos geotérmicos de alta entalpía existentes en el subsuelo del Archipiélago son técnica y económicamente explotables. No se puede esperar otro periodo de cuarenta años sin responder a esta crucial pregunta, ni tiene sentido que unas islas con actividad volcánica manifiesta, sol y viento, solo se apoyen en las dos energías discontinuas (solar y eólica) que no son capaces de cubrir la demanda energética basal de las islas, provocando que ésta deba satisfacerse con hidrocarburos líquidos o gaseosos.

  3. De manera particular, el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), liderará la elaboración urgente de un proyecto para terminar de evaluar el potencial geotérmico de Tenerife con la cuantificación correspondiente de su coste. Este documento constituirá la base de partida necesaria para solicitar ayuda a las administraciones autonómica, estatal y europea.

  4. El Cabildo, con el concurso de las demás administraciones implicadas, planificará, dotará económicamente y comenzará a implementar las políticas de formación de técnicos en el campo de la geotermia de alta entalpía (exploración, perforación profunda, cementación de pozos, diagrafías, pruebas de producción, evaluación e ingeniería de yacimientos, etc.), si fuera necesario mediante convenios de colaboración con entidades y países productores con experiencia. Este importante potencial de creación de puestos de trabajo debe estar dirigido tanto a personal técnico superior como a personal operario.

  5. El Cabildo de Tenerife, a través del INVOLCAN, y en colaboración con la administración autonómica y del Estado, organizará la celebración de unas Jornadas sobre Geotermia con el objetivo de visibilizar el papel de esta tecnología en la transición hacia un nuevo modelo energético de Tenerife; invitando, de forma particular, a ponencias de Azores y otras regiones insulares que tienen incorporada esta fuente de energía a su sistema eléctrico.

  6. El Cabildo acuerda instar al Gobierno de Canarias a que incluya la geotermia de alta entalpía en la planificación energética de Canarias (dado que no existe ninguna referencia en el documento preliminar EECan25 – Estrategia Energética de Canarias 2015-2025); en el entendimiento de que la geotérmica, a diferencia de otras fuentes renovables, constituye una energía limpia, estable y gestionable, que podría garantizar la energía de fondo que requiere el sistema eléctrico insular; y pudiendo constituir, en tal sentido, una de las tecnologías prioritarias del mix insular de Tenerife, pues reduce dependencia, confiere estabilidad al sistema y mitiga el cambio climático.

  7. Para su conocimiento e implicación, se acuerda finalmente, trasladar esta petición a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias; a los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, y al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España; y a las instituciones responsables en materia de Energía de la Comisión Europea.


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