Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00491-01

Actor: JAIME PULIDO QUINTERO y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA y EMPRESAS PÚBLICAS DE NEVIA





PRESCRIPCIÓN DEL REAJUSTE PENSIONAL
Entonces, lo que es imprescriptible es el reconocimiento del derecho pensional, el cual puede exigirse en cualquier tiempo si se considera que se cumplió con el pleno de requisitos exigidos por la ley.

(…)


Por el contrario, si lo exigido es la reliquidación de la pensión de jubilación, estaremos frente a una carga presupuestal (créditos pensiónales) adquirida desde el momento en que se reconoció la pensión; para el caso en concreto, fue desde la expedición de la resolución No. 2834 del 11 de julio de 2005, de donde surgió la obligación para el ente demandado de reliquidar la pensión, para lo cual contaba con tres (3) años para dicho fin.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-001-2010-00246-01

Actor: RICARDO OLMOS MATURANA

Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES







HIJOS BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DEPENDENCIA ECONÓMICA / DERECHO A ACRECER POR PARTE DE LA CÓNYUGE CUANDO SE EXTINGUE EL DERECHO DE LOS HIJOS DEPENDIENTES / EXONERACIÓN DE CONDENA EN COSTAS / INTERESES MORATORIOS
No son acogidas las consideraciones de la a-quo que refieren a que el beneficiario de la pensión de sobrevivientes, siendo menor, debe extender sin solución de continuidad sus estudios al cumplir la mayoría de edad, so pena de frustrar su calidad de beneficiario, o que perdió tal derecho uno que dependía económicamente del causante, y se decidió a estudiar luego de llegar a tal mayoridad, pues es el ingreso al estudio después de los 18 y antes de los 25 años, lo que le permite beneficiarse del porcentaje o de la totalidad de la prestación.
La posición de la a-quo desconoce así, por ejemplo, que bien puede un estudiante beneficiario de la pensión haber sido reclutado para cumplir con el deber de servicio militar, y no pueda continuar sus estudios, y al regresar a la academia una vez se hizo mayor -aunque menor de 25 años, haya perdido el beneficio de la prestación por la ausencia de continuidad.

(…)


Aplicada la anterior premisa al presente evento, se tiene que la apelante, como una de los tres hijos beneficiarios y dependientes del fallecido, tenía derecho a percibir la proporción respectiva del 50% de la prestación, junto a sus otros dos hermanos, y por supuesto a acrecentar su porcentaje dentro del grupo de los hijos auxiliados, hasta llegar a cumplir 25 años, siempre que cumpliera con la condición de estarse educando. Como fue sólo ella quien demostró que dentro del grupo de hijos beneficiarios, antes de cumplir 25 años, tenía derecho a disfrutar de la pensión de sobreviviente dejada por su padre, por ese lapso alcanzó ella el porcentaje del 50% por derecho de acrecer derivado de sus hermanos, quienes no demostraron cumplimiento de requisitos para sostenerse en su derecho.

(…)


Le asiste razón también a esta parte recurrente, por cuanto no fue debido a su resistencia que se dio el desarrollo del presente asunto, máxime si se tiene en cuenta que el derecho de uno de los hijos del causante sobre la prestación se extinguió durante el curso del proceso.

(…)


Desde ahora se señala que el pedido presentado no puede ser acogido, dado que el derecho de la actora a acrecentar el porcentaje de la prestación, sólo se produjo para ella al momento en que se extinguió el derecho para los hijos beneficiarios del causante, y ésta fecha se estableció en el día y año en que la más joven de las hijas del fallecido cumplió 25 años –María Andrea- el 4 de julio de 2008, conforme a los argumentos que anteceden.
Es por lo anterior, que no se accederá al reconocimiento de intereses, dado el pedido anticipado de ellos que hiciera la demandante, quien no dejó vencer la condición resolutoria, y el derecho al grupo de beneficiarios hijos para disfrutar del beneficio
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-003-2007-00196-01

Actor: AURA ELENA MANRIQUE TORRES

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E y OTROS







PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / INEXISTENCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
Claro es para la Sala, que la manifestación anterior, coincide con lo expuesto en las declaraciones extraproceso atrás mencionadas, y se colige que cuando la actora realizó la reclamación de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo ante la aseguradora, lo hizo en compañía de su esposo, ambos como beneficiarios, y que luego, cuando la reclamación emprendió los rutas del proceso ordinario laboral, se entró a defender la postura de que solamente la madre del occiso dependía económicamente de este, que remata con la exposición de Luis Gerardo Burbano ante la funcionaria de la primera instancia –fol. 249- “No, no le presté ningún auxilio económico, ella dependía del auxilio del hijo mayor ROBINSON.”, y deja en entredicho la veracidad en la postura inicial de la actora, y da un nuevo indicio de no ser verídica la situación de ser beneficiaria integral planteada en la demanda.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00424-01

Actor: MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ

Demandado: SANTANDER S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.







CULPA PATRONAL / FALTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL ACCIDENTE / EL ASEGURAMENITO EN RIESGOS PROFESIONALES NO EXONERA LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES / PERJUICIOS MATERIALES / CUANTUM DEL PERJUICIO / VALORACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN
Así las cosas, ante la falta de medidas de prevención para evitar el accidente; la ausencia de acciones para disminuir los riesgos; y la exposición de los operarios por haberse organizado las actividades en el sitio creando factores de riesgo, no evita que la culpa sea imputada al empleador, como bien lo dedujo el a-quo, en tanto igualmente lo señala el art. 1604 del C. C. norma aplicable a este evento, que la prueba de la diligencia incumbe al que ha debido emplearla, y aquí, antes que acreditarla a quien correspondía, agotó los elementos de convicción para sugerir que por no corresponderle prevenir, no utilizó ninguno de los medios para controlar los inseguridades.

(…)


Claro surge entonces que no es causa que exonere de la responsabilidad a la parte empleadora, la circunstancia de la afiliación al trabajador al sistema de seguridad social, pues, ante la evidencia de su culpa en el menoscabo sufrido por el operario a su servicio, tiene obligación de indemnizar.

(…)


Se señala que la cláusula establecida como amparo al riesgo de indemnizar, al dejar generalizada y sin especificar el origen de tal perjuicios a cubrir, involucra dado lo general del mismo, todas las indemnizaciones que contempla la ley laboral, a favor del trabajador, incluidas las posibles eventualidades de la culpa patronal en el cumplimiento de los deberes propios de los empleadores y que ocasionen perjuicios a sus empleados.
También aparece señalado en la póliza, cuales eran las exclusiones a los auxilios que la misma contemplaba, y en los numerales que señalaban cuales no operaban en caso de producirse el riesgo, no se excluyó el que ocupó la atención de éste trámite, razón demás para señalar que este riesgo estaba cubierto.
No está entonces excluida de hacer el pago la llamada en garantía como resultado de la sentencia que condena a su afianzada.

(…)


No cabe duda, de que las constantes atenciones de carácter hospitalario y el sometimiento a varias intervenciones quirúrgicas por parte del afectado, como los tratamientos a los cuales se vio sometido en su recuperación, que resulto a la postre inevitable por establecerse discapacidad permanente, que de por si generan una angustia dada nuestra situación permanente de una deprimente atención a los usuarios de dichos servicios, generaron congoja al propio lesionado y alteraron su entorno familiar, quien debía no solo soportar los dolores físicos sino los psicológicos por verse postrado, por lo tanto se considera que al tazar los perjuicios de manera integral en un monto de 80 salarios mínimos legales vigentes, resulta una suma considerable para la indemnización del daño moral, ante las irreparables consecuencias psicológicas derivadas del suceso.
7º.- Por lo expuesto, se revocará el numeral tercero (3º), y se reformaran los numerales, segundo (2º) y noveno (9º), que en consecuencia reconocerán como perjuicios: $70.466.000., por lucro cesante consolidado, $30.000.000., por daño a la vida de relación o fisiológicos y 80 salarios mínimos legales vigentes por daño moral; en cuanto a las reforma de los numerales segundo y noveno, se excluirán como beneficiarios a la esposa e hijos del lesionado.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-001-2007-00157-01

Actor: SERGIO ANDRÉS TAIPERO RODRÍGUEZ y OTROS

Demandado: CARLOS ALBERTO ARIAS MARÍN y OTROS







AUSENCIA DE PRUEBA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO / VALORACIÓN DE LA SANCIÓN POR INASISTENCIA DE LA PARTE DEMANDADA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
5º.- En el sub lite los demandados en ningún momento admitieron existencia de relación laboral con la demandante ni las fechas de ingreso y retiro que señaló la actora en el escrito de demanda inaugural, y no se cuenta con confesión en este sentido, pues manifestaron no constarles y que se atenían a lo que se demostrara; de otro lado, es claro que la sanción procesal impuesta a la parte demandada en la audiencia de conciliación, por inasistencia a ella, no está conforme a los supuestos establecidos para su imposición, como lo son, que se señale cuales son los hechos respecto de los cuales se les declaraba confesos; y por consiguiente la carga de la prueba en el específico punto de los extremos temporales se mantuvo en cabeza del trabajador demandante, la cual no se desplazó a la parte accionada.

(…)


7°.- Analizado el medio probatorio reseñado y confrontados ellos en su conjunto con las demás probanzas –documentos y exposiciones, es preciso señalar que las declaraciones recaudadas no reflejan con acreditación fehaciente la existencia de la subordinación al demandado persona natural por parte de la demandante; tampoco aparecen confirmados los extremos temporales de la relación; aunque si es evidente la acreditación del cargo desempeñado, sin precisar condiciones. Se observa que en las declaraciones no se esclarecen fechas, y aunque refieren vivencias directas por observación, no informan datos necesarios para determinar modo y duración de posible relación convencional entre las partes como lo determinó la a-quo, y antes, por el contrario, ellas aparecen distantes de la exposición hecha en la demanda, pues algunos testigos conocieron a las partes en fechas posteriores a la posible iniciación de las labores subordinadas, ahondando más en la imprecisión de la fecha de su ingreso.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00529-01

Actor: TERESA CHARRY GARZÓN

Demandado: PRODUCTORA PROCESADORA COMERCIALIZADORA DE CARNES GUAYOCO LTDA y OTRO

Ω

IMPROCEDENCIA DE NULIDAD DE SENTENCIA / RECURSO DE REVISIÓN ES MECANISMO IDONEO


En las anteriores condiciones, si los demandantes consideran que no debe mantenerse el imperio de la referida providencia, por las razones que aducen, consistentes en posible maniobras fraudulentas de parte del entonces demandante, señor JOSÉ LIBARDO VARGAS VÁSQUEZ, la única vía legalmente posible para derruir la inmutabilidad que le imprime a la sentencia la institución de la cosa juzgada, es el recurso extraordinario de revisión, el cual procede, según lo previsto en el artículo 379 del C.P.C., “contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores”, que más que un recurso, “ es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquélla verdadera que demanda el Preámbulo y los artículos 1°, 228 y 230 del estatuto superior” como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-739 del 11 de junio de 2001, en la que memora que en tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “ que la revisión es un proceso sobre la sentencia ante nuevas circunstancias fácticas que, de haberse conocido, habrían conducido a otro resultado”.
Admitir la posibilidad de atacar las sentencias debidamente ejecutoriadas a través de un mecanismo judicial diferente al antes mencionado, implicaría desconocer la voluntad del legislador que, en aras de salvaguardar los efectos de cosa juzgada llamada a preservar la seguridad de las relaciones jurídicas y la firmeza de las decisiones judiciales, consagró el recurso de revisión como un único y extraordinario instrumento jurídico para hacer prevalecer la certeza y la justicia frente a fallos en firme que no la realizan.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: MARÍA AMANDA NOGUERA DE VITERI

Neiva, nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41298-03-001-2010-00187-01

Actor: Isabel Vásquez de Vargas y otras

Demandado: José Libardo Vargas Vásquez







CONTRATO REALIDAD / CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN PROBATORIA
4. Le asiste razón al apelante en cuanto cuestiona la valoración probatoria que realizó el señor Juez a quo, para concluir que en este caso no hace presencia el elemento subordinación y, por ende, que no se probó el contrato de trabajo aducido, puesto que como el propio juez lo reconoce, una vez demostrada la prestación personal de servicios del demandante en favor del demandado, se activa la presunción de que trata el mentado artículo 24 del C.S.T., carga probatoria que la parte actora satisfizo a cabalidad, mientras que el demandado no cumplió con la suya de desvirtuar la presunción, en tanto que ninguno de los testigos menciona que el actor realizara labores por su cuenta y riesgo, con un grado tal de independencia que permitiese deducir que se trataba de un contratista independiente.

(…)

La valoración de conjunto de las pruebas reseñadas permite concluir, con certeza, que el actor prestó servicios personales al demandado como conductor de la volqueta de propiedad de éste, y que lo hizo, a partir del 31 de diciembre de 2006, mas de las mismas no es factible deducir durante cuánto tiempo lo hizo, ni siquiera es posible obtener un número de días durante los cuales hubiese realizado acarreos de material a la mentada empresa. Se observa que en las declaraciones no se precisan fechas, y aunque refieren vivencias directas por observación, no informan datos necesarios para determinar la duración de la relación de trabajo entre las partes.


SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: MARÍA AMANDA NOGUERA DE VITERI

Neiva, treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00409-01

Actor: Hernando Andrade Dussan

Demandado: Hernando Carvajal







HIJOS BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / CONDICIÓN DE ESTUDIANTE / CARGA DE LA PRUEBA
Así las cosas, le incumbía demostrar a la parte actora que adelantó sus estudios en el periodo al que se contrae la reclamación, pues no se puede olvidar que para el acceso al disfrute de este beneficio prestacional, es requisito consustancial que los hijos mayores de 18 años y menores de 25, expongan la incapacidad para trabajar por razón de estudios, circunstancia que brilla por su ausencia dentro del plenario de la referencia, ya que si bien existe un memorial donde la actora anuncia la presentación de las certificaciones, éstas no obran en el proceso
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: MARÍA AMANDA NOGUERA DE VITERI

Neiva, catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2010-00222-01

Actor: Johana Leonela Perdomo Vega

Demandado: Instituto de Seguros Sociales






PROCESO DE PERTENENCIA / SECUESTRE / AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR
En éste asunto, la señora ELVIA DORY ENDO SOLANO, secuestre designada en el proceso ejecutivo que se adelanta en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, presenta excepción previa de “ausencia de causa para pedir”, actuación para la que no está habilitada, en tanto no ha sido reconocida en éste asunto ni ostenta condición alguna que lo permita, pues no es parte, y su actividad, derivada del cargo de auxiliar de la justicia como secuestre, está circunscrita al proceso dentro del cual fue designada y enfocada a la administración del bien y a la rendición de cuentas propias de su labor; de allí que su proceder fuera de las funciones ya reseñadas, está sometido a dicha administración y en general, a los parámetros señalados en la ley, en los cuales no está previsto el desarrollo de actuaciones propias de la parte en un proceso judicial.
SALA CIVIL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Auto: Neiva, veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez (2010)

Radicación número: 41001-31-03-001-2008-00163-01

Actor: VICTOR FELIX ESPINOSA ALARCÓN

Demandado: GUILLERMO AGUIRRE MEJIA Y OTROS





NULIDAD PROCESAL / AUSENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CIVIL / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / SANEAMIENTO
5.3.- Revisado el expediente, el 15 de julio de 2009, se verifica la realización de la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a la cual acudieron todas las partes, razón por la que resulta sin objeto que se retrotraiga la actuación hasta el principio, siendo que todo lo actuado ha estado revestido de las garantías suficientes para que las partes ejerciten sus derechos.
En suma, la nulidad por falta de competencia como la que aquí se aduce, es una nulidad que la Sala califica de nominal o formal, la cual armonizada con el principio de economía procesal que determina la conservación de la actuación cumplida hasta el momento de declararse la incompetencia a fin de evitar dilaciones innecesarias, no tiene la entidad para invalidar la actuación surtida hasta entonces, eventualidad que impide atender la solicitud del recurrente
SALA CIVIL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Auto: Neiva, doce (12) de julio de dos mil diez (2010)

Radicación número: 41001-31-03-002-2009-00301-01

Actor: JENNY LEON ARTUNDUAGA

Demandado: CLINICA MEDILASER S.A







NULIDAD PROCESAL / DESISTIMIENTO TÁCITO
Como quiera que las nulidades están gobernadas, entre otros, por el principio de la especificidad o taxatividad, la censura no cuenta con el presupuesto que la norma reclama, esto es, el revivir un proceso ya terminado, puesto que la situación aquí planteada en manera alguna ha sido ultimada legalmente como lo exige la norma, es decir, no obra en el plenario la culminación previa y declarada del proceso para que se pueda dar la nulidad en los términos pedidos, porque la terminación se estructura como la causa para entender un proceso revivido y por ende viciado de nulidad.
Adicionalmente, la aplicación del desistimiento tácito no se puede sustraer de la regla de la preclusión o eventualidad que rige las actuaciones procesales, cuyo alcance radica en que una vez surtida la actuación echada de menos a cargo del demandante, no es permitido endilgarle cargas procesales que no se reclamaron en oportunidad y atacar la legalidad de un acto posterior, en este caso el decreto de pruebas, a la conducta que presumiblemente estructura la nulidad alegada.
SALA CIVIL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Auto: Neiva, veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010)

Radicación número: 41001-31-03-004-2008-00045-01

Actor: HUMBERTO ARIAS OLAYA

Demandado: EMGESA S.A. E.S.P.







SOCIEDAD DE HECHO
4.3.- Para constituirse una sociedad del carácter implorado, comercial de hecho, puede ser por voluntad expresa de los socios o tácitamente, para lo cual deben concurrir los elementos del contrato en general y además los requisitos específicos del contrato de sociedad, esto es, aporte de asociados, affectio societatis y la voluntad de repartirse las ganancias o pérdidas resultantes de la actividad social.
De los anteriores, quizá uno de los esenciales sea la affectio societatis o ánimo de asociarse, siendo además el señalado por la apelante como no demostrado para que se diera tal declaración de existencia, requisito este que puede ser expresa o tácita su manifestación y es el que permite diferenciarlo de otras figuras como la comunidad o la relación laboral, para lo cual esta Sala entra a analizar si este elemento está acreditado, ya que pese a ser de carácter interno, se traduce hacia el exterior en actos continuos, objetivos, materiales, es decir, en la realización de hechos que persigan el objeto social, cual es, compra y venta de carbón, leña; el que propende por la obtención de utilidades para repartirlas o asumir las pérdidas.

(…)


De lo anterior se puede concluir que la conducta externa, material, positiva de los señores ANTONIO JOSÉ OBANDO y OLGA RUBY VALENCIA era la de trabajar en igualdad de condiciones, participando activamente los socios en las labores, quedando por tanto demostrado la affectio societatis, con la prueba testimonial recaudada.

(…)


Al efectuar un análisis de los elementos esenciales para la conformación de la sociedad de hecho, a que se refieren los artículos 98 y 898 del C. de Co., a saber, animus societatis, pluralidad de asociados, los aportes y al ánimo de lucro, todos ellos se reducen a la intención de desarrollar una Empresa Social que genere utilidades sociales, los que se evidencian al analizar la prueba testimonial recepcionada en el trámite del proceso, estableciéndose que es indiscutible que OLGA RUBY VALENCIA y ANTONIO JOSE OBANDO MONTOYA, sostuvieron durante varios años relaciones amorosas y comerciales, esto es, desarrollaron labores en común para propender por un objeto, contribuyendo mutuamente en las labores de aquellas.

Dadas así las cosas, se tiene por parte de los socios una manifestación tácita de asociarse, aunado a ello los relatos anteriormente expuestos permiten inferir ese ánimo asociativo entre los últimamente mencionados; seguidamente los aportes, esto es, a lo que cada socio se compromete de acuerdo con su capacidad económica, o a la suma o bienes que de su patrimonio desee entregar; es decir que quien desea participar en una sociedad puede efectuar aportes consistentes en dinero, cosas muebles o inmuebles, títulos valores, inclusive el trabajo, trátese de industria o personal.



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