Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00073-01

Actor: JOSE ZULETA VALBUENA

Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES





INDUSTRIA LICORERA DEL HUILA / PENSION DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL / PRUEBA SOLEMNE
Pretende la hoy recurrente que se disponga que tiene derecho a la pensión de jubilación convencional, dado el cumplimiento del único requisito que se le exigía por el pacto colectivo para acceder a la misma, esto es, haber cumplido 20 años continuos de servicio a la entidad. Por sabido se tiene que cuando se invocan derechos o se exigen beneficios que tienen su fuente en cláusulas de una convención colectiva, se hace indispensable acreditar el convenio en que aparezca que las partes acordaron el reconocimiento del derecho a que se aspira. Esta prueba es solemne y exige específicos requisitos que los establece el artículo 469 del C.S.T., y que desde ya se anuncia, cumplió la actora como carga probatoria.
De conformidad con la regla sexta de la Convención Colectiva 1997 – 1998, la exigencias de cumplir edad y tiempo para la empleada mujer -50 y 20 años de edad y servicio- para poder acceder a la pensión de jubilación, sólo se imponía a la fecha de la aplicación de la Convención -1º de enero 1997-, a quienes tuvieran entre 1 y 10 años de servicios continuos a la Licorera, y la trabajadora demandante ya se dijo tenía más de 15.
No era entonces aplicable la disposición que acogió la a-quo, por lo tanto se atenderá la argumentación de la apelante en este aspecto para desestimar las apreciaciones del fallo que negó las pretensiones, y se entrará ahora a definir si hay lugar a sustituir la decisión proferida en primera instancia.
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA OTORGAR PENSIÓN CUANDO EL REINTEGRO POR ORDEN JUDICIAL SE TORNA IMPOSIBLE
Ya se dijo que la demandante fue despedida y que por orden judicial se reintegró a su cargo, sin solución de continuidad, esto hizo que se predicara que era trabajadora activa, y el tiempo que corrió entre la desvinculación fallida y la determinación de fulminar el acuerdo, que finalmente se determinó el 27 de agosto de 2004, contaba para efectos prestacionales, pues sólo en esta fecha se desvincula como servidora.
Se señala entonces que al cumplir 20 años ininterrumpidos de vigencia del contrato laboral, y cobijarla la disposición que requería sólo ese número de años para el reconocimiento de la pensión voluntaria, se debe acceder a su pedido de jubilación, por cuanto es justificado, no obstante que fue indemnizada la trabajadora demandante por la imposibilidad de continuar la relación laboral, pues la indemnización no hace infundado el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional si se acredita el requisito único exigido para ello –tiempo de servicios-, se repite, y aquí se demostró.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, ocho (8) de septiembre de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-05-002-2007-393-01

Actor: HILMA RIVAS BRAND

Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA





ACCIÓN DE REINTEGRO / COSA JUZGADA / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
4°.- En cuanto al pedido de cumplimiento de la orden de reintegro dada judicialmente, y a la cual tangencialmente nos referimos en el acápite anterior, esta debía formularse a manera de cumplimiento, y dentro del mismo trámite que se ocupó de resolver favorablemente el reintegro, luego se obró mal al formular nuevamente los pedidos separadamente, pues se cae en una reproducción de la acción, que a todas luces parecería extemporánea, y dado el resultado antecedente, superflua.
5°.- No era desconocido para las demandantes que su empleadora Industria Licorera del Huila, para la fecha de iniciar este tramite se había extinguido por virtud de liquidación, y que como ya no existía para tal época, fluía elemental el razonamiento de que los empleos reclamados por ellas tampoco estaban adscritos a planta de personal alguna. Téngase en cuenta que de conformidad con la Constitución, no puede haber empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o en reglamento, además de estar contemplado en la respectiva planta de personal, y existir presupuesto para el desembolso de emolumentos.
Ahora no podría entonces refrendarse por la jurisdicción el reintegro de un trabajador oficial a una plantilla inexistente, que por lo mismo no comprende el respectivo cargo, cuando la orden judicial se dio estando en liquidación la entidad empleadora, y al momento de ejecución de esa orden, por virtud de la misma liquidación, la misma entidad se encontraba extinguida. Es que en estos términos sería ilegítimo hacer cumplir la orden, pues es imposible de ser consumada. No aparece prueba alguna dentro del expediente, donde se señale que los cargos de Auxiliar Administrativa –ocupación de Hilma Rivas Brand, y el de Diseñadora Gráfica -de Liliana Gutiérrez García, estuvieran aún vigentes dentro de la planta de personal de la Industria Licorera del Huila, sencillamente por cuanto este ente –se repite- dejó de existir, y así entonces, la función de las actoras y la reinstalación al lugar donde prestaban sus servicios se afectó con esa liquidación, lo que hace imposible su reintegro de facto, o por vía jurídica.
VALORACIÓN DE PERJUICIOS
De entrada se nota que el sustento para reclamar la indemnización por parte de las actoras, surgió del incumplimiento a las resoluciones judiciales que ordenaban el reintegro, siendo entonces la fuente de dicha prestación, la omisión de reinstalar a las demandantes en sus correspondientes cargos, y no, la resistencia a cumplir una orden judicial. Mal podría entonces, escindirse una resolución judicial para reclamar dos veces el resarcimiento de perjuicios por un solo motivo.
Se advierte también, que la valoración de los perjuicios, debe tener como causa de la responsabilidad el incumplimiento de una resolución judicial, que se hizo imposible cumplir, como se ha advertido en los acápites anteriores, de ninguna manera puede generar responsabilidad para el ente oficial demandado, por ser ajena a su voluntad la motivación que produce la imposibilidad de hacer el reintegro.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-003-2006-00151-01

Actor: HILMA RIVAS BRAND y OTRA

Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA





ACCIÓN EJECUTIVA / COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL EN ASUNTOS REFERENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL / COBRO DEL VALOR DE LA RECLAMACIÓN DERIVADA DE LA ATENCIÓN DE AFILIADOS COBIJADOS POR LA LEY 100 DE 1993
Así entonces en el presente caso, por tratarse de un conflicto relacionado con el Régimen de Seguridad Social, que involucra a dos entes creados en virtud del mismo, en cuanto a salud se refiere, y que además se busca recaudar el valor de la reclamación derivada de la atención de afiliados cobijados por la ley 100 de 1993, entonces la competencia para dirimir el asunto corresponde al Juez Laboral.
No se considera ajustada a la legislación la interpretación que hizo el apelante al señalar que sería competente para conocer del presente trámite, conforme a la regla del numeral 4 del artículo 2° del C.P.T., cuando se presente enfrentamiento entre un grupo conformado por afiliados, beneficiarios, usuarios, empleadores, y otra tropa conformada por las entidades prestadoras y administradoras de servicios en el Sistema de Seguridad Social Integral, pues así no quiso el legislador que se atribuyera esta competencia, y para esclarecer lo señalado, basta simplemente ojear la disposición, para que de allí surja sin esfuerzo la inexistencia de mención alguna a grupos, o exigencia de enfrentamiento entre los aglutinados como administradores o prestadores del servicio y los otros mencionados; o que sólo se atiendan los conflictos que surjan entre afiliados al sistema de seguridad social, usuarios o beneficiarios, y empleadores, frente a las entidades prestadoras o administradoras del sistema.
TÍTULO EJECUTIVO IDÓNEO PARA EL COBRO
De otro lado, de acuerdo con disposiciones legales, la instituciones prestadoras del servicio de salud, o como en este caso, las empresas sociales del Estado que se encuentren habilitadas para prestar el servicio, y que brinden atención a pacientes afiliados a otras empresas prestadoras del servicio de salud, ya sea por evento de urgencia, por envío de pacientes, o por caso, están habilitadas para exigir el reembolso de los gastos o montos de los procesos, procedimientos, actividades, insumos, medicamentos ligados al evento de atención en salud, a la responsable del pago de aquellos que no es otra que la entidad afiliadora.
Al acudir a las pruebas documentales que obran en el expediente, se observa “facturas cambiarias de compraventa” emitidas por ESE DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO en las que alude como contratante del servicio a +UAE SALADOBLANCO, y se puede dilucidar que el emisor del título prestó los servicios de salud al afectado, la fecha en que se practicó la atención, nombre y dirección del paciente beneficiario del servicio, número de historia clínica, fecha de ingreso y de egreso del paciente, la descripción de las intervenciones y procedimientos que se realizaron, valor unitario y total de los mismos.
Se deduce además del cuerpo de los documentos traídos como título de ejecución, que la entidad ESE DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO, cumplió con el envío de las facturas a la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE SALADOBLANCO, quien radicó las facturas, y no aparece que luego de revisadas no las aceptara, o glosara como dice la normativa, dentro del tiempo otorgado para ello, adquiriendo dichos documentos el valor de prueba de la obligación que se cobraba, y al no ser objetada, la obligación se tornó exigible.
Debe tenerse en cuenta que ésta disposición es especial, y anticipadamente regulaba como materia aplicable en el Sistema de Seguridad Social las nuevas reglas relativas a la factura de venta, que ya no hacen necesarios algunos de los requisitos mencionados en el Código de Comercio para que se tengan como títulos válidos de cobro -Ley 1231 de 2008.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, ocho (8) de mayo de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41551-31-05-001-2008-00089-01

Actor: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO (H)

Demandado: ESE HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE SALADOBLANCO (H)





ACCION EJECUTIVA / TRANSACCIÓN
De lo anotado se desprende que, existen una serie de requisitos sustanciales que le permiten a la transacción la producción de efectos procesales, estos son:


  1. Debe presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado.

  2. El escrito debe ir dirigido al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a éste, según fuere el caso.

  3. Es necesario que se precise sus alcances o se acompañe el documento que los contenga.

  4. Puede presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción autenticado; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes, por tres días.

  5. Puede recaer sobre todo o parte del litigio.

Ahora, el sistema jurídico Colombiano regula la transacción desde dos puntos de vista: el sustancial y el procesal; al efecto destina los art. 2469 a 2487 del C.C., para el primero y los Arts. 340 y 341 del C.P.C., para el segundo.

(…)

Advierte la Sala que el documento presentado no puede ser tenido como una transacción en las condiciones expresadas por el Art. 340 del C.P.C., pues no precisa los alcances de dicho acuerdo, simplemente se limita a señalar como argumento para la terminación del proceso que “acuerdan transigir las pretensiones de cada lado, sin que haya condena en costas para ninguna de las partes intervinientes.”, esto es, no se cumple con la esencia de la transacción que consiste en que cada parte ceda, renuncie a algo de sus derechos, determinando el aspecto central del acuerdo, como se anota nuevamente, señalando cual es “su alcance”, en que consistió, cómo se cumplió o se va a cumplir.


No puede entenderse el contenido del Art. 340 del C.P.C., como un simple capricho del legislador el señalar que se hace indispensable precisar los alcances de la transacción, pues al ser un equivalente procesal de la sentencia, y medio anormal de terminación del proceso, y depender de la voluntad de las partes, es importante que dicho documento se ajuste a las prescripciones sustanciales, siendo la obligación del juez aprobarla si consuma dichas circunstancias, pues es de esa forma se cumple con el principio Constitucional consistente en garantizar un verdadero acceso a la administración de justicia, de tal manera, que se entre a avalar dicha terminación con la certeza y convicción de que no se volverá a reiniciar un pleito sobre los mismos hechos, con el argumento de no haberse precisado los alcances de dicha transacción.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41551-31-05-001-2009-00033-01

Actor: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

Demandado: EPS COMFAMILIAR DEL HUILA





ACCIÓN EJECUTIVA / MEDIDAS CAUTELARES / BIENES INEMBARGABLES / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
3º.- En reciente pronunciamiento de la Sala Segunda de Decisión Civil Familia Laboral de esta Corporación, se confirmó el proveído que ordenaba el levantamiento de las medidas cautelares al considerar que los recursos destinados al régimen subsidiado, girado mediante la modalidad de participaciones, son inembargables.

(…)


Del anterior relato jurisprudencial, concluimos sin duda alguna que el precepto de inembargabilidad de los recursos públicos no puede ser considerado como absoluto, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla, consistentes en a) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, b) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, y c) Los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

(…)


Entonces, claro es que las reglas de excepción al principio de inembargabilidad del Presupuesto, son plenamente aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente, alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dicho recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico), en otras palabras, la inembargabilidad de los recursos del SGP no puede ser considerada como absoluta.

(…)


7º.- Así las cosas, y según lo expuesto, se hace necesario verificar dos aspectos de vital trascendencia, que dan origen a la teoría de la -RELACION Y PAGO- con el objeto de determinar si es procedente la medida preventiva en esta clase de eventos.
Entonces, es necesario que la obligación reclamada tenga como fuente una actividad relacionada con los recursos del SGP y lo más importante, que dichos recursos sean utilizados rutinariamente para el pago de esa actividad.
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SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, siete (7) de abril de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41298-31-05-001-2009-00171-01

Actor: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON

Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA





PRUEBA INCONDUCENTE O SUPERFLUA / TESTIMONIO
Se considera impertinente un medio probatorio, cuando a través de Él se busca probar un hecho que nada tiene que ver con lo discutido dentro del proceso; y la conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio.
De la simple lectura del pedido fluye que el medio que pretende utilizar la persona jurídica apelante –testimonio-, aunque regido por el principio de la libertad probatoria, no cumple con el supuesto de ser útil para la formación del convencimiento del funcionario, pues al solicitarlo mencionó como objeto de esta prueba que lo será la demanda, contestación, excepciones, esto es, que no se delata un interés en acreditar hechos que sean tema de prueba dentro de este trámite, o que se haya de referir a circunstancias relacionadas con el proceso. De otro lado, se señaló que la testigo será informadora de los aspectos relativos a “trámites” de pensiones, pues es persona conocedora de las gestiones que ante la entidad demandada se adelantan por usuarios, incluida la actividad que de la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes han hecho los demandantes, esto es, se pretende acreditar asuntos que no son materia de debate.
Así entonces, aunque se afirme por el recurrente que la declaración vinculará los hechos que se controvierten a menudo en las dependencias de la entidad interesada, y sobre los trámites que dan origen a la negativa del reconocimiento; obro bien la funcionaria de primer grado al advertir su inconducencia y redundancia, pues el debate gira sobre si se reúnen o no las exigencias para alcanzar la prestación de sobrevivientes y las pruebas deben dirigirse a alcanzar o rebatir el supuesto de hecho de la norma jurídica en que se funda la acción, y no sobre la experiencia o la actividad de la dependencia denominada Departamento de Beneficios y Pensiones de Protección S.A.
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SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2009-00729-01

Actor: JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CUELLAR y OTROS

Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y OTRO.





CONTRATO REALIDAD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / TRABAJADOR OFICIAL / EMPEADO PÚBLICO
Lo anterior nos lleva a concluir que en las empresas sociales del estado, la regla general es que las personas que se vinculan a ellos son empleados públicos, y solo excepcionalmente pueden ser trabajadores oficiales, y como el demandante señala que se ocupó en servicio social obligatorio, en el cargo de médico, no se enmarca su actividad en ninguno de los dos casos de excepción para que se tenga como trabajador oficial de la Empresa Social del Estado demandada, por cuanto las actividades desarrolladas no se asimilan a las de mantenimiento de la planta física, hospitalaria o de servicios generales de la Institución.
En este sentido, el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 dispone que “Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”, luego no queda ninguna duda acerca de que el demandante no puede ser trabajador oficial al servicio de una empresa social del estado, lo que impide al juez laboral el análisis del fondo del asunto para determinar si en realidad se verificó o no una relación laboral.
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SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-001-2008-00521-01

Actor: CARLOS ANDRÉS VARGAS GONZÁLEZ

Demandado: E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE –HUILA-.





CESANTÍAS Y SANCIÓN MORATORIA / REGÍMENES APLICABLES A EMPEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES
Entre las prestaciones sociales aludidas se tienen el auxilio de cesantías y los intereses a ellas, que se traducen en que a todos los trabajadores se les reconoce como derecho, un mes de salario por cada año de servicio, o proporcionalmente por las fracciones laboradas, así como un porcentaje sobre ese monto anual acumulado -intereses. Estas cesantías, a cargo del empleador, para los trabajadores públicos regularmente estaba previsto su régimen de administración, en la existencia de Fondo o Caja adscrita ella a la correspondiente entidad pública.

(…)


Es menester reiterar que el tema que nos convoca es el atinente a la procedencia o no de la sanción moratoria ante el no pago oportuno del monto acumulado de las cesantías de los trabajadores oficiales demandantes, que solicitaron el traslado de las mismas de una administradora pública, a una administradora o fondo privado, esto es, escogieron el sistema de liquidación anual y depósito del saldo en fondo privado, y la primera de las administradoras retrasó el desembolso –más de 90 días, Ley 797 de 1949, lo que generaría la aplicación de la sanción establecida en la Ley –artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

(…)


Vemos entonces que el Decreto 797 del 28 de marzo de 1949, es aplicado a los trabajadores oficiales siempre y cuando se haya terminado la relación laboral, en donde habrá sanción moratoria, siendo improcedente estimar lo contrario.

(…)


De lo expuesto se deduce entonces que la Ley 244/95, es aplicable solamente a los empleados públicos y no a los trabajadores oficiales, quienes seguirán gobernados frente al tema de la mora por falta de pago por el Decreto 797 del 28 de marzo de 1949, que modificó el Art. 52 del Decreto No 2127 de 1945. A pesar de lo anterior y frente al tema en estudio, el 31 de julio del año 2006, es promulgada la Ley 1071 que nuevamente hace referencia en su Art. 5º a la mora en el pago, y al término acto administrativo excluyendo a los trabajadores oficiales por sustracción de materia como se anotó.

(…)


Revisado el recuadro expuesto, observamos que la situación se ubica en el segundo (2º) caso, cuya norma a aplicar el Art. 3 del Decreto 1582 de 1998, el cual no contempla sanción moratoria o condición alguna para dicho traslado de cesantías, y ello se debe a que la liquidación de las mismas se produjo bajo el régimen de la retroactividad, por tal motivo el pedido debe ser despacho desfavorable, conforme a estos argumentos y no a los expuestos por el a-quo.
Ahora bien, cosa distinta hubiese ocurrido si la relación laboral estuviera extinta, pues en dicho evento tendríamos que seguir los lineamientos del Decreto 797 de 1949, el cual contempla la sanción moratoria para los trabajadores oficiales.
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SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010)




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