Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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DEBER OBJETIVO DE CUIDADO
Al efecto se revisaron las declaraciones de los terceros recaudadas en el curso del proceso, y en ellas no aparece demostrado con suficiencia que el automotor de servicio público estuviera involucrado dentro de una informal competencia por la ruta, o que se condujera con exceso de velocidad, pues aunque testigos dijeron haber visto en tal actitud a unos conductores momentos antes, nunca individualizaron que era la camioneta que conducía el demandado ROJAS GALLARDO la que asumía ese reto; y en cuanto a que el lugar del impacto debió serlo uno diferente al que se estableció derecha y no izquierda, tal situación queda despejada con la versión de RAMIRO FAJARDO GUTIERREZ, quien señaló haber observado como el ciclista RAMOS YAGUE al dejarse sobrepasar por un vehículo que iba delante del conducido por ROJAS, intempestivamente giró a su izquierda sin observar que detrás de aquel automotor venía circulando el de este último, que lo impactó no obstante que se encontraba a una distancia aproximada de 100 metros, y que ante su presencia inopinada frenó pero no logró evitar la colisión.
REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / UNIDAD DE LA PRUEBA
Encuentra la Sala que se trajo al proceso civil copia auténtica de las actuaciones judiciales adelantadas por la justicia penal con ocasión de la investigación por homicidio seguida en contra de DIAZ GALLARDO por el accidente de tránsito en don de resultó muerto DAVID RAMOS YAGUE. Sin duda, en tales actuaciones judiciales se recaudaron testimonios relativos al hecho, y la funcionaria de primer grado aludió al dicho de algunos de ellos en su fallo, más no obstante haberse hecho mención de la actuación penal, la decisión de primera instancia se adoptó con fundamento en las pruebas recaudadas dentro del proceso civil las cuales constituyeron materia suficiente para dar cabida al éxito de la excepción planteada por la parte demandada, pues al confrontar el caudal probatorio, las únicas probanzas delataron con suficiencia la culpa de la víctima y no del imputado victimario, y ello fue confirmado a través de la declaración de tercero -RAMIRO FAJARDO GUTIERREZ-, (folios 12 a 16 cuaderno 5) quien ratificó el dicho planteado en la Fiscalía que acogió a su vez la absolución.
Se echa entonces de menos la acreditación por la parte demandante de la culpa de la demandada, y de poco vale al impugnante demostrar la omisión o el quebrantamiento de la disposición sobre legalidad de la prueba trasladada, sino hay prueba que permita deducir la culpa de los demandados. (…)

Era atribución de la parte demandante hacer la refrendación de lo que ella deduce, y como se incumplió tal carga, la presunción aludida como materia de unidad de prueba no es de recibo.


Sobre la responsabilidad derivada de la frenada, considera la Sala que su manejo y reconocimiento deben ajustarse a un criterio mesurado dentro del cual pueda definirse si la conducta de la víctima colaboró para que tal vestigio quedara, o si fue parcial esa participación. Para la Sala, el comportamiento de la víctima demostrado a través de las pruebas en este proceso hizo viable la determinación.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, diez (10) de junio de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-03-001-2003-00037-01

Actor: MARIA EDITH VARGAS QUESADA

Demandado: en contra de COOTRANSLABOYANA LTDA.







PROCESO ORDINARIO / EXCEPCIÓN PREVIA DE COSA JUZGADA
Como las consecuencias de la definición de un litigio judicial cobija a quienes fueron partes o intervinientes dentro de un proceso, se ha sostenido que la cosa juzgada tiene efectos inter partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una providencia obliga en general a la comunidad.

(…)


No pueden entonces los hermanos del occiso, hoy actores, entrar a reclamar en acción civil, perjuicios morales por la muerte del hermano que desempeñaba una actividad laboral al servicio de una de las aquí demandadas, teniendo como argumento la culpa de la empresa cuando ésta ya fue objeto de pronunciamiento, situación que se refleja en el pago de los perjuicios, de los cuales fueron excluidos por no tener el derecho o mejor por no estar legitimados.
Por los efectos de la cosa juzgada, no se podría entonces entrar a estudiar nuevamente la culpa de la empresa, si sobre dicho aspecto existe pronunciamiento judicial en firme. Es sabido que cuando un funcionario judicial se percata de la operancía de cosa juzgada debe rechazar la demanda, o decretar probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en este último caso se procederá de conformidad.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-03-002-2009-00276-01

Actor: MARTHA CECILIA HOLGUÍN, LUZ STELLA, CARLOS ANTONIO y HÉCTOR JULIO HOLGUÍN RAVÉ

Demandado: TERPEL SUR S.A., hoy ORGANIZACIÓN TERPERL S.A.






PETICIÓN DE HERENCIA / DERECHO IMPRESCRIPTIBLE / EXISTE Y SE PERPETÚA MIENTRAS SUBSISTA EL OBJETO SOBRE EL CUAL RECAE / PRESCRIPCIÓN DEL OBJETO MATERIAL DE HERENCIA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
Partiendo de la base que el derecho de herencia es imprescriptible, y resaltando que este tema ha tenido un desarrollo jurisprudencial, podemos establecer que dicho término de 20 años –Ley 50 de 1936, normatividad aplicable- empieza a contar al heredero desde cuando se le reconoce su vocación hereditaria y no como erradamente se dice en la impugnación, esto es, desde el momento de la defunción, cuya interrupción se origina al lograrse la notificación del auto admisorio de la demanda. (…)
Lo anterior permite concluir que la interrupción de la prescripción se evidencia con la presentación de la demanda debidamente notificada dentro del año siguiente, y no al momento de realizarse la notificación del auto admisorio. Así el termino de los 20 años se cumplía el 30 de octubre del año 2006, pero la demanda comenzó su trámite en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Familia de Garzón el 9 de agosto del mismo año y fue presentada según sello de la oficina judicial el 31 de julio del año 2006, por tal motivo este cargo está llamado a fracasar
DECLARATORIA DE PERTENENCIA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Se equivoca él a quo, al exigir a la demandada que acredite la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria mediante pronunciamiento judicial, pues desconoce que dicha figura jurídica pude ser presentada como pretensión o excepción, siendo esto último lo acaecido en el caso que hoy nos convoca. Así las cosas, se hace indispensable verificar si se cumplió con el tiempo requerido y además, se logró demostrar los actos positivos de señor y dueño por dicho lapso. (…)


De lo expuesto podemos concluir que la demandada cumpliría los veinte (20) años de posesión, el día 19 de octubre del año 2007, pero este tiempo se interrumpió debido a que la presente actuación como ya se anotó, comenzó su trámite en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Familia de Garzón el 9 de agosto del año 2006 y fue presentada según sello de la oficina judicial el 31 de julio del mismo año, más aún, existiendo una constancia de no conciliación de fecha 26 de mayo de 2004 –fol. 6-, por tal motivo, no se cumplió con el requisito temporal que se exige para adquirir por prescripción extraordinaria el dominio de las cosas, lo que conlleva a que el cargo no prospere.
INEFICACIA DEL ACTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES / CESIÓN DE DERECHOS
De lo relatado se deduce que no existe prueba de la cesión realizada por la señora BELÉN a su hija LUZ MARINA, u otra clase de negociación, es más, no existe prueba del documento privado al que hace ella alusión, por tal motivo es claro que la demandada en calidad de nieta no tenía la legitimación en la causa para haber iniciado el proceso de sucesión de su señora abuela ANA JOAQUINA, por el hecho de que su señora madre se encontraba viva y tenía un mejor derecho; a pesar de lo anterior, la señora LUZ MARINA tenía conocimiento de que dos de sus tías vivían –una en el mismo pueblo y otra en el exterior-, aún más, conocía a ciencia cierta el domicilio de una de ellas pues era cercana a la casa y a pesar de ello, se presentó al juicio de sucesión no en representación de su madre BELÉN sino como heredera única, faltando de esa forma a la verdad, siendo evidente la mala fe y la omisión de los trámites exigidos por la ley
VOCACIÓN HEREDITARIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL
Así las cosas, resalta la Sala que bajo el principio de la ECONOMÍA PROCESAL, las personas interesadas en las resultas de un proceso de petición de herencia, no necesitan emprender por aparte un proceso ordinario con las mismas pretensiones, como lo sostuvo el a quo, sino, que por el contrario, deben hacerse parte dentro del mismo con el objeto de que hagan valer su interés legítimo según las pruebas aportadas, pues lo contrario, sería aceptar la tesis de que los emplazamientos realizados dentro de dicha actuación no tendrían fin alguno.
SALA FAMILIA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, quince (15) de abril de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41298-31-84-001-2006-01979-02

Actor: OLIVA TAMAYO DE QUINTERO Y LIGIA TAMAYO PARRA

Demandado: LUZ MARINA GONZÁLEZ TAMAYO y HEREDEROS INDETERMINADOS DE LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ CALDERÓN Y PEDRO JOSE MARTÍNEZ TAMAYO







NULIDAD DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / FILIACIÓN
De lo anterior, se colige con gran facilidad, que el único camino que tiene la persona que ha reconocido a otra como hijo suyo, para controvertir ese acto sobre la base de no ser su progenitor, es el de impugnar el reconocimiento, en los términos y condiciones a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, pues, en últimas, por más que se pretenda calificar esa circunstancia como falta de causa, causa irreal u objeto ilícito, lo que se habrá cuestionado por el demandante es la filiación paterna, asunto que tiene reservada una acción especial para esos fines, que no puede ser desconocida o soslayada, socapa de acudir al régimen general de las nulidades sustanciales.
Ilustradas de este modo las cosas, conclúyese que el a quo quebrantó la ley sustancial, al afirmar que la discusión planteada en la demanda, cuyo punto de partida consiste en que los demandados no tienen por padre al demandante, puede ser sustituida por la pretensión de nulidad del acto propiamente dicho. Pues como claramente lo definió la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando se debaten temas que atañen a la filiación extramatrimonial y, por ende, al estado civil, no hay espacio para que las personas obren a conveniencia de sus individuales intereses, dadas las razones de orden público que inspiran las normas que regulan la materia, las cuales, se reitera, tienen diseñados mecanismos especiales para impugnar o reclamar un determinado estado civil.
SALA FAMILIA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-10-002-2004-00462-01

Actor: ISRAEL GRANADOS PÉREZ

Demandado: ELVIRA HERRERA BERNATE y OTROS







UNIÓN MARITAL DE HECHO / LAPSO NO MENOR DE DOS AÑOS DE CONVIVENCIA ESTABLE, ÍNTIMA, SOLIDARIA Y SINGULAR
Lo anterior conduce a evidenciar por parte de ésta Sala, que la fijación de la fecha inicial de la unión marital con su compañero, por parte de la demandante, no obtuvo respaldo en otras pruebas, por lo que asiste la razón en este aspecto a la apelante, dado que fluye que no logró la parte interesada demostrar los hechos de la demanda en cuanto al tiempo de convivencia.
Se repite, de lo que se ha logrado percatar ésta Sala de Decisión con los testimonios recaudados y con las demás pruebas recopiladas, y contrario a lo expuesto por la apelante, es de la existencia de una relación marital en la cual se procreó una hija, y del aporte del causante a los gastos de manutención de esta y su compañera, pero de manera alguna se ha demostrado inequívocamente la existencia de la convivencia por más de dos años, que satisfaga además, los restantes requisitos para la atribución de efectos patrimoniales a la unión marital de hecho, en lo que si asiste razón a la recurrente.
SALA FAMILIA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41298-31-84-002-2006-00149-01

Actor: Lina Marcela López Cuellar

Demandado: Dany Yulieth Fierro López, July Maritza Fierro Rojas y Herederos Indeterminados de Julio Andrés Fierro Rojas







UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
Por sabido se tiene que dicha preceptiva denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, comportan una comunidad de vida con convivencia estable, íntima, solidaria, singular, y que para el efecto se denominan compañero y compañera permanente.

(…)


Ahora bien, en punto de los derechos patrimoniales que otorga la ley 54 de 1990, con las modificaciones de la ley 979 de 2005 y extendidos a las uniones maritales de hecho conformadas por parejas homosexuales, mediante la sentencia C- 075 de 2007, es necesario analizar el tratamiento que se le debe dar a la presunción que trae la normativa frente a este aspecto, pues como ya se señaló, se presume sociedad patrimonial cuando la unión marital supera los dos años y la de la pareja NOGUERA FERLA subsistió un año en vigencia de la sentencia que ampliara sus derechos.
APLICACIÓN DE LA SENTENCIA C-075 DE 2007 / LAPSO DE CONVIVENCIA / COMPUTO ANTERIOR A LA SENTENCIA C-075 DE 2007
En consecuencia, no puede aplicarse la sentencia mencionada de modo que solo se tenga en cuenta el tiempo a partir de ella para abrir paso a la presunción consignada en la ley que es objeto del control constitucional, de manera que se aplacen sus efectos reales por un bienio, es decir que solo dos años después de su despunte se corrija una situación calificada como desigual.
Hay que precisar que el cómputo del plazo de convivencia anterior a la sentencia no traduce una aplicación retroactiva, puesto que las uniones maritales de hecho entre parejas homosexuales no gozaban de protección legislativa especial, por lo que no podría hablarse de conflicto de leyes en el tiempo, circunstancia que descarta el tema de la retroactividad, pues cuando el legislador se ocupa por primera vez de una situación jurídica, resulta inoficioso abordar el fenómeno dada la ausencia de derechos adquiridos en virtud de otra normativa.

(…)


Al efecto y en atención a los extremos temporales que se desprenden de las pruebas testimoniales, se observa que las declaraciones de MARIA BLAIR HERRERA PERDOMO, LUCIOLA JOVEN RENDÓN y LUZ STELLA MEJIA CARDONA coinciden en señalar que la pareja convivió hasta febrero o marzo de 2008, aspecto que de manera incontrastable deriva en que la sentencia 075 de 2007, cuyo contenido extendió el régimen de protección establecido en la ley 54 de 1990 a las parejas homosexuales, sea aplicable a la relación que sostuvieron HERLINDA FERLA y ELVIRA NOGUERA, pues la misma subsistió a la vigencia del aludido pronunciamiento.
En consecuencia, se torna forzoso prohijar la unión marital que aquí se demanda pues se preservó con posterioridad a la sentencia c-075 de 2007, el cual en virtud de la retrospectividad ya señalada, la cobija de manera que debe recibir de inmediato el reconocimiento que la normativa contenida en la ley 54 de 1990 le confiere, mediante la ampliación de efectos que hiciera dicho pronunciamiento constitucional, específicamente en lo tocante con la conformación de la sociedad patrimonial entre quienes vienen siendo compañeros permanentes.
SALA FAMILIA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintitrés (23) de octubre de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-10-003-2008-00222-01

Actor: ELVIRA NOGUERA

Demandado: HERLINDA FERLA







CORRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / VALORACIÓN PROBATORIA
En armonía con las disposiciones transcritas, para esta Sala es claro que, una vez realizada una inscripción del estado civil, las personas a las cuales se refiere la inscripción, directamente o por medio de sus representantes legales o sus herederos, pueden presentar a las autoridades encargadas de la actuación peticiones respetuosas relacionadas con la corrección o rectificación de la inscripción y que las autoridades están obligadas a proceder en consecuencia, siempre que las solicitudes no comporten alterar el registro civil, porque las cuestiones relacionadas con la ocurrencia del hecho o del acto constitutivo del estado civil requieren una decisión judicial en firme.
El cambio de fecha comporta una alteración del registro civil de nacimiento, razón que sustenta el inicio del procedimiento adelantado por el señor OLEGARIO RAMÍREZ CUELLAR, para obtener de la jurisdicción una decisión judicial en firme.

(…)


Analizados conjuntamente los elementos probatorios descritos, se presume que la fecha de nacimiento del señor OLEGARIO RAMÍREZ CUELLAR, es el día 22 de junio de 1949, y no la consignada inicialmente en el acta civil de nacimiento -2 de julio de 1949-, ello se deduce, primero, de la fecha sentada en la partida de bautismo, que aunque fue un acto posterior, fue efectuado con la comparecencia de ambos padres, quienes tienen pleno conocimiento de la fecha exacta de tal acontecimiento; igualmente se tiene en cuenta las declaraciones extrajuicio, ratificadas mediante declaración procesal, de los señores MARÍA DELIA POLANCO DE CHILITO y el señor RÓMULO CHILITO PLAZA, que al unísono manifestaron saber la fecha de nacimiento del señor OLEGARIO RAMÍREZ CUELLAR, al ser vecinos de la vereda donde este último nació, es decir, la vereda “la Bernarda” ubicada en el municipio de Guadalupe (H), afirmación que merece credibilidad –art. 83 de C.P-, pues del registro civil de nacimiento del actor, se deduce como lugar de nacimiento la vereda antes mencionada.
SALA FAMILIA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, tres (3) de junio de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41298-31-84-002-2009-00186-01

Actor: Proceso de Jurisdicción Voluntaria –Corrección de Registro Civil de Nacimiento- impulsado por OLEGARIO RAMÍREZ CUELLAR







PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD POR HABER ABANDONADO AL HIJO / AUSENCIA DE PRUEBA
Sin embargo, nótese, que de los elementos probatorios aludidos, no se deriva el total desentendimiento de la parte pasiva para con la menor CATALINA CASTRO, ni el abandono de éste con relación a su sucesora, para que tuviese prosperidad la pretensión principal de la demanda, pues como bien lo sostuvo el aquo, de ello simplemente se colige, por un lado las desavenencias de las partes al punto de verse en entredicho la integridad personal de la madre , y por otro lado, se reitera, el incumplimiento parcial de las obligaciones alimentarias por parte del padre de la menor; pero estas deducciones, contrario a los argumentos de la parte apelante, no tienen la entidad suficiente para despojar al padre demandado de la potestad que le otorga la ley
SALA FAMILIA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-10-004-2008-00636-01

Actor: ERIKA TATIANA RIVERA BARRIOS

Demandado: JAROL ESTEINER CASTRO CASTRO





PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / DERIVADA DE INVALIDEZ / LEGITIMACIÓN EN CABEZA DE LA COMPAÑERA PERMANENTE / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO
Consiste en la transmisión a favor de los beneficiarios, por ministerio de la ley, del derecho a percibir la pensión. La finalidad y razón de ser de la pensión de sobrevivientes es la de ser un mecanismo de protección de los familiares del trabajador pensionado ante el posible desamparo en que pueden quedar por razón de su muerte, la cual constituye un derecho de naturaleza fundamental.

(…)


4°.- Por sabido se tiene que para efectos de la antes llamada sustitución pensional, la normativa aplicable para establecer el derecho demandado será la vigente en la fecha del fallecimiento, y así, en este caso, para el evento de la sustitución de la pensión de invalidez, la Ley 33 de 1973 señala que “... la viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.”, pues la ley 12 de 1975 si bien reconocía a la compañera permanente el derecho a la sustitución, sólo lo permitía respecto de la pensión de jubilación en los precisos términos detallados en la norma.
Como bien lo señaló el a-quo, al expedirse la Ley 12 de 1975 la intención del legislador fue extender a la compañera permanente el derecho reconocido a favor del cónyuge supérstite por la Ley 33 de 1973, y ampliar el derecho a la sustitución pensional –de jubilación, a los casos en los que el trabajador falleciera antes de cumplir la edad cronológica para adquirir el derecho, pero después de completar el tiempo de servicio requerido, y así resulta que la compañera permanente tiene derecho a la sustitución pensional cuando la pensión de jubilación, no de vejez, es una expectativa y no lo tiene cuando el derecho se ha configurado.
SALA LABORAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, seis (6) de abril de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-05-001-2007-00285-01

Actor: MARIA ELSA SALAZAR RAMÍREZ

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E.







INCREMENTO DE LA MESADA PENSIONAL / ACUERDO 049 DE 1990 / PRESCRIPCIÓN / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 / PRUEBA DE LA CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA
Es precisamente contra esta decisión que enfiló su impugnación el actor, quien sostiene la imprescriptibilidad de tal pedimento, y el argumento es acogido por esta Sala, dado que como efectivamente se tiene conocido, el derecho a la pensión no admite prescripción extintiva, y tampoco lo tendrán los incrementos pensionales que haya consagrado la ley a favor de los pensionistas, pues el mismo no constituye de por sí un factor salarial que bien pueda extinguirse, sino que es un valor amparado por la normativa Constitucional dentro de nuestro territorio para garantizar la protección y la asistencia especial para las personas. Es por ello, que aunque el derecho en si no se extinga, el efecto extintivo se aplica ante la falta de reclamo oportuno, respecto de los posibles incrementos que se hayan producido, o a los que tenga derecho un pensionado y que guarden una lapso de inactividad en su pedido de más de tres años, esto es, que disten tres años de haber podido ser exigidos conforme a la reglamentación sustancial –art. 151- y la procesal laboral – art. 488 -, y no se haya hecho tal pedimento.

(…)


Entonces, concluye el Despacho que el Decreto a que se ha hecho alusión, no precisó el término de prescripción a aplicarse tratándose del reconocimiento de los incrementos pretendidos por la parte activa, por lo que a falta de norma especial, se acudirá a la general regulada por la Ley laboral que señala un lapso trienal como plazo extintivo.

(…)


Claro se nota, en lo atinente a la aseveración efectuada por la parta pasiva que dichos incrementos sí son viables y que se aplica sobre el salario mínimo vigente para la anualidad correspondiente, ya que la normativa que los consagra no se encuentra derogada, por lo mismo, y en acogimiento a la anterior jurisprudencia, no prospera la excepción de inexistencia del derecho reclamado planteada por la demandada.

(…)


Brilla por su ausencia la evidencia de la convivencia aludida por el actor con relación a Oliva -su cónyuge-, y de la dependencia económica de esta y de Adriana -hija- respecto del demandante, aspectos ineludibles para que opere el reconocimiento de incremento. Revisado el material probatorio que obra en el expediente, se nota que si bien se acreditó el vínculo matrimonial del demandante y la calificación de la invalidez de su hija, no así aparece la dependencia económica de éstas para con aquél o la demostración de que con sus propios medios atiende a su subsistencia, por lo que no podemos hallar cumplidos los requisitos señalados por la regulación pertinente para acceder a las pretensiones de la demanda de reconocimiento de incremento adicional a su pensión.


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