Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-03-004-2000-00158-03

Actor: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ACTIVO MEGABANCO – FIDUCIARIA DE CRÉDITO S.A.

Demandado: PROMOTORA COMERCIAL LOS COMUNEROS LTDA EN LIQUIDACIÓN Y OTROS







SIMULACIÓN / PRUEBA DEL NEGOCIO SIMULADO / ANALISIS PROBATORIO / PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / INDICIOS
A folio 13 del cuaderno principal obra el acta de bautismo de GERARDO ANDRADE MURCIA, y en ella aparece que sus padres son DARIO ANDRADE y ROSA MARIA MURCIA. Está entonces acreditado el parentesco del comprador con prueba idónea para el caso, se puede predicar que los contratantes en la prealudida venta ostentan la calidad de madre e hijo. El parentesco hallado genera INDICIO DE AFFECTIO por la consanguinidad, situación que es de relevancia para el efecto de la calificación de simulación en dicha negociación (…)
Se evidencia que no se pago precio alguno por el inmueble y por tal motivo el comprador no recuerda el valor pues éste nunca existió, lo que genera INDICIO DE FALTA DE PAGO DEL PRETIUM, por el contrario se habla de una escritura de confianza en donde se presta el nombre para realizar actos jurídicos posteriores como el acaecido (hipoteca abierta), de la cual el beneficiario no fue directamente el comprador sino su hermana Ángela.
Así mismo en su relato menciona a Edelmira hermana del comprador, quien era la que disponía del inmueble con la venia de su señora madre ROSA MARIA, lo que da origen a otro indicio denominado SUBFORTUNA O INDICIO DE INCAPACIDAD ECONOMICA DEL COMPRADOR. (…)
Esta versión evidencia el importante papel desarrollado por la señora Edelmira frente a la propiedad de su madre ROSA MARIA y lo oculto del negocio realizado con GERARDO, algo corroborado con la versión del señor JAIME ANDRADE MURCIA, lo que genera el INDICIO DE SILENTIO (ocultación del negocio). (…)
De igual forma no es cierto que la escritura pública se haya realizado en la residencia del barrio los Cambulos, pues en la misma no se dejo anotación alguna de desplazamiento del titular a un lugar fuera de su sede, y por el contrario se observa que se realizó en las instalaciones de la Notaría 4ª del Circulo de Neiva, y que asistió el señor DARIO ANDRADE MURCIA y firmó a ruego. Lo anterior da origen al INDICIO LOCUS (lugar sospechoso del negocio).
Respecto del precio podemos señalar que es costumbre que la las negociaciones se realicen por el avalúo catastral del inmueble, pretendiendo las partes economía al momento de cancelar los impuestos o tributos, pero de igual forma el real precio cancelado es el comercial, sobre el cual no se dice nada por los testigos y por las partes del contrato, pues nunca fue necesario establecerlo.
Existe a folio 4 del cuaderno 3, informe pericial sobre el avalúo comercial del inmueble La Floresta para el año 1995, fecha en la cual se realizó la compraventa del mismo por la suma de $135.171.000, cuando su valor real era de $240.000.000, informe este no objetado por las partes. La regla de la REGLA DE LA EXPERIENCIA entendida en palabras del Maestro Jairo Parra Quijano “como la aplicación en concreto de la experiencia que todo hombre posee,” nos permite concluir que ninguna persona que desea vender un predio rural, desconoce el valor comercial que este pueda tener, más aún, cuando la ganancia a recoger depende de dicho valor. Entonces, el vender el predio La Floresta por la suma de $135.171.000, cuando en realidad costaba $240.000.000.oo., lo que da origen al INDICIO PRETIUM VILIS (precio bajo). (…)
Respecto al negocio contenido en la escritura pública No 1224 del 10 de mayo de 1999 de la Notaría 3ª del Círculo de Neiva, dada la celebración de ella a entre los señalados hermanos, genera el INDICIO DE AFFECTIO por la consanguinidad. (…)
En conclusión no recibió GERARDO dinero alguno por dicha venta, lo que da origen al INDICIO DE FALTA DE PAGO DEL PRETIUM. (…)
A pesar del relato realizado por el comprador DARIO ANDRADE MURCIA, no existe la más mínima prueba documental que corrobore su dicho, y que demuestre que realizo los enunciados pagos a nombre del vendedor, o mejor que demuestre que entregó $80.000.000, resaltando que existe palpable contradicción con lo manifestado por el comprador de la tercera parte del inmueble, JAIME, más aún, cuando en la escritura pública se señala otro evento totalmente diferente al manifestado, como lo es que la totalidad del dinero se recibió a satisfacción.
El anterior análisis nos permite concluir que estamos en presencia de un INDICIO DE MENTIRA O MALA JUSTIFICACIÓN, pues los argumentos esbozados carecen de prueba y están en contra de lo anotado en el acto público (escritura pública). (…)
Respecto del precio podemos señalar que la argumentación dada con anterioridad es aplicable en este momento, para terminar señalando que a folio 7 del cuaderno 3, se encuentra el informe pericial sobre el avalúo comercial del inmueble La Floresta para el año 1999, fecha en la cual se realizó la compraventa del mismo por la suma de $230.000.000, cuando su valor real era de $530.823.710, lo que nos permite concluir que estamos en presencia del INDICIO PRETIUM VILIS (precio bajo).
De igual forma existen documentos y certificaciones que demuestran las negociaciones efectuadas de los demandados con entes bancarios y establecimientos de comercio dedicados a la venta de productos agrícolas, lo cual no genera prueba alguna que demuestre que se realizó movimiento bancario destinado a cancelar el valor de la compra realizada al señor GERARDO ANDRADE, lo que permite concluir que el pago nunca se dio, aflorando el INDICIO DE MOVIMIENTO BANCARIO (ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias), aunado a la declaración del vendedor que señala que no recibió pago alguno, razones que conducen a esta Sala a señalar que también este negocio fue simulado. (…)
Se tiene a folio 20 del cuaderno principal, el registro civil de nacimiento del señor JAIME ANDRADE MURCIA en donde se lee que sus padres son los señores DARIO ANDRADE y ROSA MARIA MURCIA, lo que permite concluir que es hermano con los vendedores DARIO y JOSE ANCIZAR ANDRADE MURCIA, hecho este no reprochado por las partes en el desarrollo del proceso.
A su vez, a folio 29 se observa la escritura pública No 1232 del 10 de mayo de 1999 de la Notaría 3ª del Círculo de Neiva, celebrada entre los señalados hermanos, acto que genera el INDICIO DE AFFECTIO por la consanguinidad (…)
En conclusión, tanto comprador como vendedor se contradicen en sus versiones, pues mientras uno dice que recibió los 78 millones de pesos en su casa, el otro lo desmiente señalando que no los pago completamente. En conclusión dicho dinero jamás se canceló ni se recibió, aflorando de esa forma el INDICIO DE MENTIRA O MALA JUSTIFICACIÓN.
De igual forma no existe prueba que JAIME ANDRADE venda una finca de su propiedad y destine ese dinero al negocio en estudio, o que haya realizado movimiento bancario específico que permita deducir que evidentemente realizó el pago. (…)
6º.- No hay duda de la existencia del acuerdo fraudulento entre los demandados, cuyo fin fue simular los contratos de compraventa estudiados pretendiendo el provecho privado y afectando a los demás herederos, los cuales no supieron de dichas negociaciones hasta el momento en que reclamaron sus partes por la muerte de su señora madre, como lo señala LUIS ARTURO ANDRADE OLARTE (Cuad 2, fol. 5): “en realidad yo no sé en qué fecha se hizo esa transacción porque yo supe a raíz de mi tío Gerardo, que ellos había hecho una escritura de confianza porque ahorita que mi abuela murió nosotros pedimos que repartieran la finca y mis tíos Darío, Ancizar, y Jaime dijeron que ellos eran los dueños de la finca y tenían escritura de la finca, nosotros como herederos nunca nos notificaron de una repartición, nosotros supimos por mi tío Gerardo de la escritura de confianza.” El anterior razonamiento permite señalar que estamos en presencia del INDICIO DE NOTITIA (conocimiento de la simulación por el cómplice).
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE FRUTOS CIVILES Y NATURALES
La Sala considera que a pesar de que la experticia no fue objetada, sirve como margen de referencia para ser analizado en conjunto con las demás pruebas recaudadas, pretendiendo de esa manera establecer fidedignamente los frutos naturales o civiles producidos. (…)
Claro es para la Sala, que mientras los demandados DARIO ANDRADE MURCIA y JOSE ANCIZAR ANDRADE MURCIA tenían la finca LA FLORESTA, procedieron a beneficiarse de los frutos que ella produjo como lo fue el arriendo que realizaron al señor JAIME ANDRADE en dos oportunidades por la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo.), suma esta sobre la cual radicará la condena por los conceptos señalados, resaltando que no existe prueba que permita determinar de manera exacta el momento en que se realizó el contrato de arrendamiento, pues solamente se tiene la fecha de adquisición del predio por los demandados (10 de mayo de 1999), por tal motivo no se podrá ordenar la indexación de dicha suma de dinero.
De igual forma, no existe prueba que determine de forma clara que existió explotación ganadera en la proporción de cincuenta (50) cabezas de ganado en 102 hectáreas como lo señala el perito; pues a pesar que el predio está aprestado para dicha actividad, los actores no lograron demostrar la cantidad de animales utilizados por los demandados en esa explotación, o si la misma efectivamente se cumplió, pues revisados los interrogatorios de parte no existe pregunta o respuesta al alguna sobre el tema que permita dilucidar el evento.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 4101-31-03-004-2001-00153-02

Actor: RAMIRO ANDRADE MURCIA y LUIS ARTURO ANDRADE OLARTE

Demandado: GERARDO, JAIME, JOSÉ ANCIZAR Y DARÍO ANDRADE MURCIA







RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL HECHO DE OTRO / SENTENCIA CONDENATORIA DE MENOR INFRACTOR / PAGO DE PERJUICIOS / COSA JUZGADA PENAL
Igualmente, es pertinente destacar que, bajo el capítulo de responsabilidad civil extracontractual del Código Civil, se establecen especies de responsabilidad, por ello, existe la responsabilidad por el hecho propio; responsabilidad por el hecho de otro -hijo, alumno, empleado-, y por el hecho de las cosas animadas o inanimadas. (…)
El Art. 46 de la ley 600 de 2000 enseña: Quiénes deben indemnizar. Están solidariamente obligados a reparar el daño y a resarcir los perjuicios causados por la conducta punible las personas que resulten responsables penalmente y quienes, de acuerdo con la ley sustancial, deban reparar el daño.” Así entonces, no hay duda de la obligación de indemnizar radicada en cabeza de los padres, del menor que ha sido catalogado como infractor de la ley penal. (…)
Claro es entonces que al existir un pronunciamiento judicial emanado del órgano competente respecto de un comportamiento infractor, se torna superfluo volver a estudiar dicho proceder en otra jurisdicción, en tal sentido, al ser declarado infractor el causante del daño, resta solamente el pago de los perjuicios que estén plenamente demostrados acorde a las pruebas aportadas al proceso, y como lo señala el Art. 59 de la aludida disposición -al no existir norma al respecto en el Código del Menor-: “Efectos de la declaratoria de responsabilidad. Cuando no se hubiere constituido parte civil y se condene al procesado, la responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo limitarse éste a la clase y monto de los perjuicios”. (La Sala resalta).
Acorde con lo expuesto, no se equivoca el a quo al catalogar la pretensión de la demanda solamente bajo el aspecto indemnizatorio y no declarativo de responsabilidad, pues ésta ya existe con anterioridad, siendo un acertamiento redundante el pretendido por la parte actora al solicitar dicha declaración en su libelo, pues la misma ya se dio bajo los parámetros y garantías de la Justicia Penal de Menores y se ratificó en la actuación.
DAÑO INMATERIAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL
5.- Ahora, ante los argumentos de la parte actora para que se modificara la sentencia, en cuanto al monto asignado bajo el concepto de daño moral, debemos señalar que se está en presencia de criterios de índole discrecional aplicados por el Juez de instancia, pero al ser los apelantes las partes convocadas en el proceso, le permite al superior resolver sin limitaciones (Art. 357 C.P.C.).
Como se fijó la cuantía de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes como perjuicio moral, observa ésta Sala la necesidad de aumentar dicho monto a pesar de que cualquier cirugía plástica que se realice a la menor lesionada no conducirá al reparo deseado, lo que hace más amarga su existencia y por tal motivo se prolonga en el tiempo la afectación a su estado anímico, familiar y social. Acorde a lo expuesto y con el ánimo de intentar sobrellevar dicho evento, se dispone aumentar la suma fijada como indemnización en 32 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a $15.036.800.
DAÑO INMATERIAL / PERJUICIO FISIOLOGICO / DEBE SOLICITARSE EN LA DEMANDA
7.- Respecto del reconocimiento del perjuicio fisiológico o de la vida en relación es necesario anotar lo siguiente: dicha solicitud no está contenida en las pretensiones de la demanda, esto es, en dicho acápite se pidió solamente el reconocimiento de los correspondientes al daño emergente y daño moral -fol. 20-, y en ningún momento se hizo alusión alguna al perjuicio fisiológico-, en tal sentido, mal se obraría por parte de esta Sala en reconocer un monto económico no pedido en la demanda, violando de esa forma el Debido Proceso que tiene la parte demandada dentro del proceso, de controvertir con los medios probatorios que desee las pretensiones de la demanda, y no puede ser condenada una persona por un monto del cual nunca tuvo conocimiento ni la posibilidad de controvertir su existencia.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-03-004-2007-00086-01

Actor: HEDIN BARRERA RAMIREZ, en representación de NAZLY MARITZA BARRERA YAIMA

Demandado: ROSSEL FRANGESSE NARVAEZ PARRA, JOLMERTH NARVAEZ CLAROS y MARIA EVETH PARRA ROA







RESPONSABILIDAD MÉDICA / VALORACIÓN PROBATORIA / PRUEBA DEL DAÑO
Si como bien lo dijo el apelante, las pruebas, deben ser valoradas y cotejadas con el resto del material probatorio, para corroborar la veracidad de las mismas, se tiene que a folios 8 y 9 del cuaderno 2, aparece copia de la ecografía de mama realizada a la menor, en donde se lee que en el cuerpo de la menor “Se encuentran ambas glándulas mamarias de morfología y ecoestructura normal.”
El anterior señalamiento técnico-científico, desvirtúa por completo lo sostenido en los hechos de la demanda, la pretensión, y en la versión de la testigo ELENA REYES, quienes pregonaban una extracción total de dicho órgano, porque científicamente se desfiguran, y como de aquí fluye que existe evidente contradicción entre el dicho hipotético de la parte actora y los evidencias competentes arrojadas luego de la ecografía de mama, deben aquellas ceder en credibilidad ante la contundencia indiscutible. (…)
Forzoso es entonces concluir, que la parte actora no logró demostrar por ningún medio probatorio y/o científico, que la anomalía que presentaba la menor era resultado del procedimiento desatinado practicado por MARCO FERNANDO PASTRANA BORRERO, y de allí la improsperidad de las pretensiones.
6º.- Contrario entonces a lo afirmado por la apelante, los elementos para que se predique responsabilidad en los demandados no fueron acreditados; se confirmará entonces el fallo materia del recurso de apelación; y se condenará en costas a la parte recurrente.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-03-005-2005-00148-01

Actor: OLIVA TORRES AVILES

Demandado: MARCO FERNANDO PASTRANA y LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL HUILA







RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / ACCIDENTE DE TRANSITO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / COSA JUZGADA LABORAL

Considera la Sala que es necesario precisar las diferencias existentes entre la responsabilidad civil extracontractual y contractual con el objeto de determinar el régimen probatorio aplicable en cada evento y el legitimado para accionar; así las cosas, claro es que las disposiciones sustanciales que regulan la responsabilidad civil, tienen por objeto permitirle a quien ha sufrido un daño, alcanzar resarcimiento por parte de quien lo ha causado. En consecuencia, la responsabilidad civil implica la presencia de un sujeto que causa un daño y está obligado a repararlo, mas la presencia de un sujeto que lo sufre. Cabe destacar que, para determinar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual, la misma está regulada por el título XXXIV del Código Civil y tanto la jurisprudencia como lo doctrina identifican tres elementos propios de esta clase de responsabilidad, así: -Una acción u omisión dolosa (intención de dañar) o culposa (negligencia, impericia o imprudencia). -Un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial (el perjuicio debe ser cierto y aparecer probado, se trata de reparar el perjuicio causado y no de enriquecer a la víctima). -Un nexo de causalidad entre las dos primeras (el acreedor tiene la carga de probar la existencia de los tres elementos para que prospere su pretensión indemnizatoria, excepto en los casos en los que se presume la culpa).


Igualmente, es pertinente destacar que bajo el capítulo de responsabilidad civil extracontractual del Código Civil, se establecen especies de responsabilidad, por ello, existe la responsabilidad por el hecho propio; responsabilidad por el hecho de otro -hijo, alumno, empleado-, y por el hecho de las cosas animadas o inanimadas.
Complementando lo señalado, existe en el Ordenamiento Jurídico la Responsabilidad Civil Contractual que depende única y exclusivamente de una relación jurídica existente, bajo la premisa de que “el contrato es ley para las partes”; las cuales deben demostrar que las obligaciones contenidas en el contrato se incumplieron, y que este hecho generó perjuicios que deben ser resarcidos de forma integral. (…)

La acción de Responsabilidad Civil Extracontractual está forjada en beneficio de las víctimas de un hecho generador de perjuicios, en donde no existe ninguna relación jurídica “contrato” con el causante del mismo. Mal puede entonces la Sociedad LEONIDAS MORA Y CIA. S. EN C., apropiarse de la calidad de víctima utilizando la figura de la Responsabilidad Civil Extracontractual, cuando es evidente que con su demandado tenían una relación jurídica de empleador y trabajador, y el hecho acaeció en cumplimiento de la misma. Esto es, de existir alguna especie de responsabilidad en cabeza del conductor, se debería estar hablando de una Responsabilidad Civil Contractual y no como mal la ubica el actor de “extracontractual”. Conclúyase entonces que no se equivoca el a quo con dicho razonamiento y en ningún momento desconoce que la actividad desarrollada por el señor REINALDO PEREZ RAMOS estaba determinada como peligrosa, más estas razones de la impugnación no prosperan como efectivas para debilitar el fallo. (…)


Una de las pretensiones del proceso civil es que se declare que el accidente tantas veces mencionado ocurrió por culpa del trabajador fallecido (conductor).
Así las cosas, tanto de un extremo como del otro se intenta atribuir responsabilidad por el ocurrido accidente, cuando evidentemente existió un pronunciamiento por parte del Juez laboral, confirmado en segunda instancia que lo catalogó como accidente de trabajo.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009)



Radicación número: 41001-31-03-005-2006-00152-01

Actor: LEONIDAS MORA Y CIA. S. EN C.

Demandado: HELENA PATRICIA LOZANO, y los menores MIGUEL ANGEL y NATALIA MARGARITA PEREZ LOZANO, y HEREDEROS INDETERMINADOS DE REINALDO PEREZ RAMOS







RENDICIÓN DE CUENTAS / HECHO MODIFICATIVO O EXTINTIVO DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL CUAL VERSA EL LITIGIO / INEFICACIA DEL ACTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES
Así las cosas, podemos recordar que la sentencia del a-quo se profirió el 12 de enero de 2010, y la del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garzón que terminó declarando ineficaz el acto de partición y adjudicación de los bienes que se hubieran decretado en el proceso de sucesión intestada de LUIS IGNACIO SALGADO PEÑA, lo fue del 31 de marzo de 2009, siendo confirmada por la Sala Cuarta del Honorable Tribunal Superior de Neiva -Sala Civil Familia Laboral el 18 de agosto de 2009. No existe inferencia del Juzgado Civil del Circuito de Garzón Huila, dado el hecho de que no se le pusieron de presente dichos pronunciamientos judiciales. Fue en segunda instancia, donde la parte interesada –demandada- hace alusión a estas y presenta copia autentica de las mismas, lo que obligó a esta Corporación a decretar una prueba oficiosa con el objeto de corroborar si estábamos en presencia o no de un hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, y antes de dictarse sentencia de segunda instancia.
Acorde a lo expuesto, y al haberse declarado ineficaz el acto de partición y adjudicación de los bienes, que se hubieran decretado en el proceso de sucesión intestada de LUIS IGNACIO SALGADO PEÑA, para que se incluya a LIBIA SIRIA MAYOR DE SALGADO, deberá modificarse la sentencia de fecha 12 de enero de 2010, para que las demandadas procedan a rendir cuentas a la masa sucesoral de todos los bienes que la integran y de no hacerlo, procedan pagar a la misma, el valor estipulado en la demanda por la parte actora.
SALA CIVIL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, diecinueve (19) de mayo de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41298-31-03-001-2007-00132-01

Actor: MARÍA AMANDA SALGADO DE MANJARRES

Demandado: LIBIA SIRIA MAYOR DE SALGADO y EDITH SALGADO MAYOR







RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / ACCIDENTE DE TRANSITO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA / ACTIVIDAD PELIGROSA / PRESUNCIÓN DE CULPA / CONCURRENCIA EN LA GENERACIÓN DEL RIESGO
Por sabido se tiene que corresponde al actor la carga probatoria de los elementos atrás reseñados (culpa – daño - nexo causal) para configurar la responsabilidad de la persona a quien se imputó la autoría del hecho, y que queda a salvo de demostración del elemento culposo, cuando tal daño ha sido causado en ejercicio de actividad peligrosa, por cuanto aquí se presume que quien la realiza obró con culpa. La conducción de vehículos es actividad calificada de peligrosa.
Ahora bien, en el presente trámite se tiene probado, y no sólo por prueba testimonial o de confesión, que tanto el imputado autor como la víctima, circulaban por la misma vía en vehículos que creaban riesgo, lo que hace que conductor del autobús y ciclista respectivamente, se les endilgue que desempeñaban actividades riesgosas, y por ello, no puede aplicarse la presunción a que alude el apelante sólo al conductor de la camioneta.

Correspondía entonces a la parte actora, acreditar los elementos, acto culposo; daño sufrido; y relación de causalidad entre acto y daño, sin que le pueda ser atribuida presunción en su favor que le exonere de demostrar la culpa, por concurrencia de actividad peligrosa entre los involucrados.



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