Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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SALA FAMILIA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO FALLA ALVIRA

Neiva, diecinueve (19) de octubre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 2005-00157-01

ACTOR: YASMIN VARGAS GUZMAN

DEMANDADO: CAMILO FRANCISCO SALAS CONTRERAS







FILIACIÓN DE PATERNIDAD / NULIDAD PROCESAL / OPORTUNIDAD DE CONTROVERTIR PRUEBA DE ADN APORTADA CON LA DEMANDA
Analizadas las piezas procesales que reposan en el expediente a la luz de la normatividad citada, encuentra el Despacho que la invocada causal de nulidad no ha tenido ocasión en el asunto, toda vez que se pudo observar que admitida la demanda y notificado personalmente el demandado, la señora Jueza a quo corrió traslado a las partes del resultado del examen de ADN que fue aportado por la parte demandante, cuyo término venció en silencio al no haber sido objetado, ni requerido en aclaración o modificación.

La norma, como se explicó, impone al Juzgador el deber de ordenar la práctica de la prueba genética desde el mismo auto admisorio, sin embargo al haberse aportado el resultado con la demanda, por economía procesal la a quo dispuso su traslado.


SALA FAMILIA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO FALLA ALVIRA

Auto: Neiva, tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010)

RADICACIÓN NÚMERO: 2009-00361-01

ACTOR: MARIA DOLORES CALLEJAS VERA

DEMANDADO: RAMIRO SANCHEZ CABRERA

Ω

ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / PAGARÉ / FACULTAD DE REPRESENTACIÓN Y PODER PARA SUSCRIBIR EL TITULO VALOR


Conforme lo anterior, no se puede endilgar falta de poder o facultades del representante legal para la suscripción de los pagarés a nombre de FUNDAMAR ONG y de cada una de las asociaciones demandadas, cuando se colige del acervo probatorio que éstos se encontraban facultados para contratar y suscribir créditos a nombre de sus representadas. Por ende, cada uno de los pagarés objeto de recaudo nació conforme los requisitos previstos en el Código de Comercio para su existencia y exigibilidad, lo que conlleva a las entidades demandadas a ser las obligadas de cada uno de los títulos valores suscritos. En consecuencia, encuentra la sala, que de conformidad con lo señalado, no le asiste razón para revocar el a quo.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-002-2003-00172-01

ACTOR: Banco Agrario de Colombia

DEMANDADO: Fundación de Maracuyeros del Huila-FUNDAMAR ONG y otros







ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA / AUSENCIA DE REQUISITOS ESENCIALES Y ESPECIALES / TITULO VALOR APORTADO EN COPIA AUTENTICADA
En efecto, para el caso sub examine, encuentra esta Sala que los presupuestos esenciales para la creación del título valor no se dieron y tampoco los especiales en materia de facturas cambiarias, por cuanto el accionante no era el tenedor de las mismas, para con base en ello de manera legítima iniciar la acción cambiaria.
Tan así es, que el mismo demandante arguye, en el libelo contestatario de las excepciones, que como no le debía las mercancías al vendedor por lo mismo no había aceptado los referenciados títulos. Como consecuencia, y conforme a los preceptos que regulan las facturas cambiarias, luego de aceptado el título, de haberse debido el valor de las mercancías, quien debía iniciar la acción era el vendedor pues es éste quien debe ostentar la tenencia luego de la aceptación, el comprador solo lo hace cuando el vendedor se las remite para ello; y como las mercancías se pagaron de forma inmediata, en este caso, el accionante nunca las tuvo en su poder, por lo mismo no inició la acción con los títulos originales sino con fotocopias autenticada.

(…)


Las fotocopias no cumplen con los imperativos categóricos impuestos por la ley, menos tratándose de títulos valores, pues al traer copias de los mismos como válido instrumento de recaudo hace ineficaz la acción, por ende, resulta impropio hablar de juicio ejecutivo, sin un título que reúna la calidad de tal que ofrezca de inmediato al operador judicial la certeza para que pueda librarse mandamiento de pago, ya que la característica esencial y especial del juicio ejecutivo, que lo diferencia abiertamente de los demás, es la de iniciar una orden perentoria de pago , lo que en el sub lite no se da, pues estamos frente a documentos que no reúnen los requisitos ordenados por la ley, y que eran indispensables presentarlos con la demanda, los cuales aunado a las reflexiones anteriores, era imposible pues no estaban en tenencia del accionante.

SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-003-2004-00026-01

ACTOR: Jairo Bravo Hernández

DEMANDADO: Caesca S.A







DECLARACIÓN DE PERTENENCIA DE NATURALEZA AGRARIA / PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINO / IDENTIFICACIÓN EXACTA DE LOS INMUEBLES A USUCAPIR
Ahora bien, para el estudio de la alzada, debe tenerse en cuenta que el actor presentó demanda ordinaria de declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria de domino, la cual en su primer examen de admisibilidad reunía los requisitos de los artículos 75 y 77 del C de P Civil, y demás normas concordantes, sin embargo con la presentación de la misma debía cumplir con otras exigencias propias de esta clase de juicios, desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina a fin de que no haya lugar a dudas dentro del proceso, estas son: nombre del predio, localización, colindantes, clase de explotación económica y tiempo durante el cual ha mantenido dicha explotación.…" La localización del predio ha de incluir sus alinderamientos generales, así como el lugar concreto donde está ubicado, indicando la circunscripción municipal a que pertenece, el corregimiento, la vereda, paraje, etc., lo más concisamente posible con el fin de evitar dudas o confusiones”. (…)

(…)


Consecuentes con lo discurrido, si bien el demandante por más de 20 años, como lo aduce en el libelo demandatorio y tal como obra en las pruebas, ha poseído con ánimo de señor o dueño, de manera pacífica, ininterrumpida y pública los lotes objeto de las presentes diligencias, no lo es que sean los únicos requisitos para la prosperidad de las pretensiones como se ha reiterado, era pues indispensable la identificación exacta del los lotes a usucapir así como la designación e individualización de los predios en los cuales estaban ubicados los mismos a efectos de demandar a quienes aparecían en los certificados de libertad y tradición como propietarios.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, veintiséis (26) de agosto de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41298-31-03-002-2004-00045-01

ACTOR: Miguel Antonio Castrillón Ortiz

DEMANDADO: Herederos desconocidos e indeterminados de Pedro Pava Iriarte y otros.







DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINO / SUMA DE POSESIONES / PRUEBA INDISPENSABLE / PROMESA DE COMRPAVENTA
En el caso del que se ocupa la Sala, se observa que el a quo decidió no acceder a la declaración de la prescripción extraordinaria de dominio, con suma de posesiones, debido a que en el sub lite no se logró probar la cadena de traspasos, ya que no se aportaron los títulos idóneos, escrituras públicas, por medio de las cueles se adquirió el inmueble pretendido ahora por usucapión. Así como tampoco se logró inferir que la demandante haya tenido en posesión material el terreno por más de 20 años.
No obstante, esta Colegiatura luego de examinar las pruebas obrantes en el proceso, observa que el a quo no tuvo en cuenta, honrando los lineamientos sentados por la jurisprudencia, que en el caso sub examine sí existía la prueba indispensable para “sumar posesiones”, en prescripciones irregulares, como son los contratos de promesa de compraventa aportados, que aunque, cabe resaltar, no tiene la solemnidad de la escritura pública en tratándose de inmuebles, y como quiera que en estos momentos la mencionada agregación se puede comprobar mediante cualquier medio de convicción, siempre claro está que se pueda unir la una a la otra.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41298-31-03-001-2007-00196-01

ACTOR: Ana Mile Martínez Gómez

DEMANDADO: Diego María Méndez Urriago y demás personas desconocidas e indeterminadas- Erga Omnes-.






DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / VIVIENDA D EINTERÉS SOCIAL / PRUEBA INDISPENSABLE / IDENTIFICACIÓN EXACTA DE LOS INMUEBLES A USUCAPIR
Ahora bien, consecuentes con las anteriores premisas, encuentra esta Sala que si bien el accionante, estaba legitimado en la causa para actuar dentro del proceso, no probó al interior del mismo que era quien conforme a la ley sustancial podía perseguir judicialmente el derecho, pues bien, pretendía adquirir mediante proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio, de conformidad con las reglas de vivienda de interés social, un inmueble sobre el que según los hechos y pruebas obrantes en el sub lite no posee, aunado lo anterior a que tanto demandante como demandado, cada uno se reputa dueño de un inmueble de especificaciones absolutamente diferentes.

(…)


Acierta el sentenciador de la instancia cuando censura el hecho de que el demandante nunca estuvo en posesión del inmueble cuyos linderos, nomenclatura y folio de matrícula inmobiliaria corresponden al contradictor, es decir, el accionado además de tener la posesión y titularidad de una vivienda opuesta a la pretendida, en ningún momento ha sido titular ni del derecho de propiedad ni de dominio del predio controvertido.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-004-2008-00085-01

ACTOR: Víctor Rivadeneira Tafur

DEMANDADO: Oscar Rodríguez Leyton







ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / FACTURAS CAMBIARIAS DE COMPRAVENTA / PRINCIPIOS RECTORES DE LA RELACIÓN CAMBIARIA / TENENCIA MATERIAL TRANSFERENCIA CIRCULACION Y EXIGIBILIDAD
En el caso sub examine, de conformidad con las anteriores premisas y revisados uno a uno los títulos valores aportados para su recaudo, encuentra esta Sala que la accionante carecía de la tenencia material de los mismos, es decir, los títulos allegados con la demanda no comportaban la transferencia, circulación y exigibilidad del derecho de crédito.
Lo anterior se asevera como consecuencia de que el demandado, con el libelo exceptivo aportó las facturas cambiarias Nos. 1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108 y 1109 correspondientes a los títulos originales, y con ellas los comprobantes de egreso determinantes para la contabilidad de la sociedad endosante Alfonso Casas & Cía. S en C.; en cada una de ellas se advierte los pagos realizados a todas las obligaciones, los cuales constan en los mentados y se acompañan de las expresiones “pagado” y “contabilizado”, por lo que aunado a lo anterior, se prueba el pago total de la obligación, por la aquí demandada.
A esa conclusión se llega si se tiene de presente que los títulos valores carecieron de algunos principios rectores de los títulos valores y de las exigencias propias para las facturas cambiarias.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-004-2009-00016-01

ACTOR: Gloria Rocío Barrera Robins

DEMANDADO: Constructora Vargas Ltda.







ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN
En el caso sub examine, de entrada esta Sala advierte que, no es aplicable la compensación a las deudas que refiere la apoderada de la sociedad aquí ejecutada, por lo que se confirmará el fallo de primera instancia, en el entendido que para ser alegada como excepción la reiterada figura, además de los requisitos propios de la misma, previstos en la legislación civil y de los cuales en la precedencia se señalaron y desarrollaron; de conformidad con el numeral 2 del artículo 509 del C de P. Civil que consagra las excepciones que pueden proponerse en procesos de ejecución en los que el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, solo puede alegarse entre otras la compensación, siempre que se base en hechos posteriores a la respectiva providencia.
Es claro que en el sub lite, se observa que la obligación que se pretende compensar nació con anterioridad a la condena en costas que aquí se ejecuta, pues su cobro inicial fue el que derivó en la sentencia que actualmente es materia de ejecución, es decir, producto del primer proceso ejecutivo, incoado con base en la obligación en la que la parte demandante resultó vencida y fue condenada en costas, así como se fijaron las agencias en derecho que se demandan y de las cueles se pretende por la sociedad ejecutada, se compensen con la obligación derivada del pagaré inserto en el papel de seguridad CA- 5930298 y CA-5930299 que adeudan los ejecutantes, no es posible su realización, ni opera de pleno derecho, pues como atrás se dijo, esta obligación nació con anterioridad a la que aquí se reclama.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-001-2005-00001-03

ACTOR: Syngenta S.A.

DEMANDADO: Mercedes Perdomo Fajardo y Otros.







ACCIÓN REIVINDICATORIA DE BIEN FISCAL / POSESIÓN / LEGITIMACIÓN
De conformidad con lo anterior, debe quedar claro que el predio respecto del cual se ha planteado el presente litigio no es uno de los denominados bienes del Estado de uso público, por lo tanto sí es susceptible de recaer sobre él la acción reivindicatoria por ser uno de los llamados fiscales de propiedad de una "entidad de derecho público", como ciertamente lo es el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

(...)


Por consiguiente al apreciar todas y cada una de las pruebas recaudadas dentro del proceso, esta Colegiatura encuentra que no se halla configurado el presupuesto fundamental de la posesión, el "animus", pues acorde con lo estatuido por el artículo 787 del Código Civil, los demandados no se han apoderado del bien con el ánimo de hacerlo suyo, sino que reconocen plenamente la propiedad y el dominio en cabeza del demandante; es decir, estos ostentan la mera tenencia, y por no ser poseedores, no son legítimos contradictores en el proceso.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-002-2008-00064-01

ACTOR: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

DEMANDADO: Alfonso Tovar Romero y otro







RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / ACCIDENTE DE TRANSITO / ACTIVIDAD PELIGROSA / VIOLACIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO / DAÑO MATERIAL / DAÑO INMATERIAL
La anterior regla de la experiencia nos indica, contrario censu, que si el tractocamión hubiese realizado el pare, la motocicleta a la velocidad constante, ya indicada con la que posiblemente transitaba, no daba lugar a la ocurrencia del siniestro, por lo que la culpa determinante es la del demandado, quien omitió el deber legal de las normas y señales de tránsito, sumado ello a la falta de diligencia y cuidado que ocasionó por demás la violación al principio de confianza legítima, pues la víctima esperaba que el demandado cumpliera con su obligación de hacer el pare, porque eran ellos quienes tenían la prelación de la vía.
Considera la Sala que desacierta el a quo, al manifestar que el hecho de que la motocicleta hubiera chocado con la parte final de la carrocería se deba a una velocidad inapropiada para maniobrar con prudencia, por cuanto si el tractocamión cumple con la carga de la realización del pare, además por la prelación de los vehículos que transitan por la carrera, la colisión no se consuma.

(…)


Por los anteriores consideraciones, la revocación de la presente providencia estriba en el evento de encontrar probados los elementos necesarios para determinar la responsabilidad civil extracontractual, con los instrumentos probatorios adunados al proceso, para lo cual se parte de la regla de la experiencia desarrollada en la antecedencia, en la deber de hacer el pare por parte del conductor del tractocamión, debido a que el motociclista transitaba por una vía de prelación y por la omisión legal del demandado de cumplir las normas de tránsito que lo obligan a cumplir con las señales de tránsito conforme el artículo 109 de la Ley 769 de 2002.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-002-2006-00007-01

ACTOR: Roberto Tovar Rodríguez y otra

DEMANDADO: César Augusto Crespo Caballero y otra







RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA / PERMUTA / RESTITUCIONES MUTUAS / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO
Consecuentes con lo discurrido, vale afirmar que en el caso que ocupa la atención de esta Sala, se encuentran consolidadas las condiciones esenciales para que pueda darse la acción resolutoria contractual, por haber quedado acreditado tanto la validez del contrato celebrado como el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las dos partes, es decir, incumplimientos mutuos, circunstancia que a la luz de la jurisprudencia citada son de mayor envergadura, ya que es de la esencia del contrato de permuta dar mutuamente las partes una especie o cuerpo cierto, para el sub lite, el cambio de bienes raíces que solo se perfecciona con las respectivas escrituras públicas, hecho que no acaeció en el demandante, y por su parte en el demandado el incumplimiento en el pago de la totalidad el crédito hipotecario que se había obligado a cancelar, razones que llevan a que la providencia en alzada sea revocada.
SALA CIVIL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, cinco (5) de noviembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-03-005-2005-00040-02

ACTOR: Amín Cerquera Díaz

DEMANDADO: Hernando Gutiérrez







CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO / CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO / DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / INDEMNIZACIÓN
Si bien es cierto, al señor Carlos Alberto Lesama Suárez durante los aproximadamente 24 años que laboró en la sociedad Molinos Roa S.A., lo hizo inicialmente, durante nueve años mediante contratos de trabajo, cada uno obrantes en el proceso, y finalmente se celebró un solo contrato a término fijo que se le prorrogó en varias oportunidades, también lo es, que esta circunstancia no lo convierte en un contrato a término indefinido como lo pregona la parte demandante, pues como ya se mencionó una de las características del primer contrato es la de poderse renovar de manera indefinida sin perder su naturaleza.

(…)


Continuando con el tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha avalado la unidad de contrato, cuando dentro de una relación laboral se suscriban contratos de trabajo de manera sucesiva y sin intervalos, dejando en claro que una relación laboral puede estar regulada por diferentes modalidades de duración del contrato de trabajo, pues tal hecho no va en contravía de la estabilidad laboral, so pena de que dichas contrataciones sean para desconocer derechos de los trabajadores, como lo son las vacaciones y el pago de las indemnizaciones, situaciones que no se presentan en el caso objeto de estudio, ya que obra en el plenario prueba (fl. 99- 100 cuad. 1) de que al finalizar cada contratación se le cancelaba al actor lo correspondiente a las vacaciones, adicionalmente éste solicitaba su disfrute (fl. 292 y 303 cuad. 1), las cuales eran concedidas para que durante este lapso el demandante recuperara la fuerza de trabajo.
SALA LABORAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALBERTO MEDINA TOVAR

Neiva, ocho (8) de noviembre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-002-2007-00395-01

ACTOR: Carlos Albero Lesama Suárez

DEMANDADO: Molinos Roa S.A.

Ω

RESPONSABILIDAD CIVIL / ACTIVIDAD PELIGROSA / POSICIÓN DE GARANTE / PISCINAS

Acorde con lo anotado, asumió el empresario del establecimiento Los Manguitos un compromiso frente a dicha fuente de riesgo, esto es, si se obligaron los responsables del establecimiento a prestar el servicio de piscina, debían haber tomado las precauciones de rigor en dicho escenario, como era, entre otros, el contar con el personal calificado para que atendiera cualquier eventualidad. Esta obligación es de tipo GARANTISTA, pues se generaba en los bañistas tranquilidad durante el disfrute del servicio respecto de cualquier evento que se presentara, y podía deducirse que así sería atendido por una persona que tendría en sus manos los elementos indispensables que permitirían disminuir el riesgo, y el conocimiento para alterar las consecuencias de un imprevisto accidente.
Dicha obligación garantista se enmarca de forma clara en el hecho de la utilización de la piscina, y no depende de la clase o calidad del bañista. No puede ligarse la aplicación o exclusión de las medidas de prevención y seguridad a la asistencia o no de menores de edad en la piscina, esto es, la garantía del salvavidas debe prestarse de forma obligatoria durante el tiempo que la piscina esté abierta al público, sin importar que el beneficiario sea un mayor o menor de edad.
DAÑO INMATERIAL / PERJUICIOS MORALES / PRUEBA
Sobre la solicitud de extender el pago de los perjuicios morales a los hermanos del menor fallecido e hijos de los actores, en 50 salarios mínimos legales vigentes, la Sala estima improcedente dicha petición según el material probatorio existente, de un lado por no existir la facultad para demandar en nombre y representación de dichas personas, pues los señores SANTIAGO DELGADO y SAIRA SILVA PERDOMO, no actuaron en representación de sus otros hijos, sino en causa propia como se evidencia en el poder otorgado a su representante judicial, así como en el encabezado de la demanda; existió un evidente error al momento de exponer las pretensiones de ésta, pues se vincularon personas sobre las cuales no se tenía facultad y menos se había planteado debate alguno en los hechos; lo contrario arrojaría como resultado la violación al Debido Proceso de la parte demandada, al ser sorprendida con una condena, cuyos hechos no expuestos en la demanda, tampoco habían sido materia de discusión dentro del plenario.



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