Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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Demandado: AFP PORVENIR, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y OTROS







VIA DE HECHO / PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / PAGO DE CÁNONES ADEUDADOS COMO REQUISITO PARA SER OIDO EN JUICIO / DUDA RAZONABLE RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Al examinar el expediente correspondiente al proceso de restitución del inmueble arrendado se observa que la señora Jasbleydy en dicho proceso alega el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, situación de la que emerge claramente la existencia del contrato de arrendamiento.
En contra de lo señalado por la accionante en el escrito de demanda, en el caso concreto la Sala no observa violación alguna de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia. A partir del análisis de los medios probatorios compilados durante el trámite de tutela se concluye que la exigencia del cumplimiento del requisito descrito en el estatuto procesal obedeció a una razonable aplicación de dicha normatividad pues la existencia del contrato de arrendamiento no fue puesta en duda de manera atendible. Así las cosas se confirmará la decisión de instancia, aunque de acuerdo a las razones anotadas precedentemente.
SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, dos (2) de marzo de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-03-004-2009-00300-01

Actor: JASBLEYDY CONSTANZA ORTIZ URIBE

Demandado: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (H)







NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN / DERECHO A LA EDUCACIÓN / TRANSPORTE ESCOLAR
Esta Sala encuentra que la actitud emprendida por la Administración Municipal de Timaná en cabeza del señor Alcalde debe ser objeto de reproche. Si bien es claro que la ley de garantías prohibía expresamente la renovación del contrato, el Municipio no puede desconocer el mandato de progresividad y de inmediatez que contiene el derecho a la educación –más aún tratándose de sujetos de protección especial- y que bien fue descrito en el acápite anterior.
Se debe advertir que la Administración Municipal y no la Gobernación del Huila o la Secretaría Departamental, está obligada a prever este tipo de contingencias pues súbitamente, alegando prohibiciones legales que conocía con plena anticipación, no puede suspender un servicio sin el cual se están vulnerando derechos fundamentales a los enunciados estudiantes. Ésta, dentro de sus planes de cobertura, el advertir estas situaciones y diseñar un servicio que garantice la continuidad y la progresividad de la prestación; en otras palabras, el representante local debía ser diligente en la consecución de alternativas que le permitieran prestar el servicio de transporte escolar sin tropiezo alguno, pues tuvo tiempo suficiente para ello.
La inoperancia administrativa, no puede ser causal de justificación frente a la violación de derechos fundamentales de especial protección, por tal motivo, frente al tema concerniente a la educación, las actuaciones de los gobernantes deben tender siempre al respeto y salvaguarda de los intereses inherentes a los estudiantes, más, cuando pertenecen a los estratos uno y dos, pues ellos son los beneficiarios directos de dicho servicio público. Entonces, si los estudiantes para el año 2008 y 2009 gozaban del servicio de transporte escolar, era plenamente previsible la situación que hoy nos convoca y en tal sentido se debieron haber tomado las medias respectivas.
SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, treinta (30) de julio de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41551-31-84-002-2010-00125-01

Actor: PERSONERÍA MUNICIPAL DE TIMANÁ (H)

Demandado: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ALCALDÍA DE TIMANÁ Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL HUILA







NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN / DERECHO A LA EDUCACIÓN / REUBICACIÓN TEMPORAL DE LOS ESTUDIANTES
En consecuencia, no es posible concluir cosa diferente a que indiscutiblemente corresponde al Municipio de La Plata –Huila, velar por la eficiente prestación del servicio público de la educación dentro de su jurisdicción, por expreso mandato de la ley, y para ello debe tomar las medidas pertinentes a fin de cumplir cabalmente con el cometido que el legislador les ha impuesto a estas entidades territoriales.

 

En el caso presente, es claro que por la debilidad manifiesta en que se encuentran quienes laboran y estudian en la sede el Bosque de la institución Educativa Segovianas del municipio de La Plata Huila, debe la Administración Local en cabeza de su señor Alcalde concurrir a la reubicación temporal de los estudiantes y demás personas de dicha institución, ya sea con la construcción de un albergue momentáneo con elementos removibles que permita continuar con la prestación del servicio de educación en condiciones mínimas de seguridad, mientras se ejecuta el proyecto aportado mediante oficio de fecha 14 de julio de 2010.


Ahora, es de resaltar que la reparación y mantenimiento de las instalaciones del plantel, según concepto del arquitecto FAIVER EMILIO HERRERA resultaría más oneroso, por lo que corresponde a la Administración Municipal, mirar su procedencia o no.
SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41396-31-89-002-2010-00056-01

Actor: HAMILTON MEDINA PISO

Demandado: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA







DERECHOS FUNDAMNETALES DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD / ACCIÓN DE TUTELA EN ASUNTOS LABORALES / DERECHO AL MÍNIMO VITAL Y MÓVIL DE PENSIONADO
Entrando a la resolución de la litis, la Sala al verificar en el caso objeto de estudio los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional, encuentra que se cumple con el primer requisito pues la señora MARÍA RELFA SALAZAR tiene 85 años de edad, ya superó la expectativa de vida de los colombianos y es sujeto de especial protección al ser parte de la tercera edad. De este modo tal como lo sostuvo el apoderado judicial de la parte accionante, existe una alta probabilidad de que la señora María Relfa fallezca antes de que venza el término que dispone el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, para iniciar el proceso ejecutivo teniente a obtener el pago de los emolumentos reconocidos en sentencia judicial.

(…)


En virtud de lo anterior, resulta procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo, pues se encuentra acreditada la afectación del mínimo vital, el derecho a la vida en condiciones dignas, y además, se trata de un derecho cierto, como quiera que le fue reconocido mediante sentencia judicial en firme.
Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de esta ciudad no concreta el monto de la pensión que mediante la misma le concede a la ahora accionante, por lo tanto, ésta tendrá que ser objeto de liquidación antes de proceder a su pago.
SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrada ponente: MARÍA AMANDA NOGUERA DE VITERI

Neiva, seis (6) de diciembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-10-005-2010-00613-01

Actor: María Relfa Salazar de Lerma

Demandado: Secretaría de Educación de Neiva y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio




Ω

DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD / DERECHO A LA IGUALDAD / TRANSPLANTE DE ORGANO DE EXTRANJERO NO RESIDENCIADO EN COLOMBIA


Por lo tanto, si lo fundamental a efectos de asignación de turno para el trasplante de órganos o tejidos, es el momento de la inscripción en el listado y la urgencia del procedimiento; acertado resultó el amparo concedido a los derechos fundamentales aquí convocados, al igual que la orden de permitir la inclusión del señor MEIR AFGAN en la lista de espera para trasplante renal, máxime cuando no hay duda que el tutelante padece de IRC terminal —f. 50—, y ya le fueron practicados los estudios paraclínicos de psicología —f. 46—, nutrición —f.47— y anestesiología —f. 34—; a través de los cuales se determinó su aptitud para el referido procedimiento.
La anterior conclusión, impone la integra confirmación del fallo de tutela impugnado, pues el mismo se fundamentó en el precedente jurisprudencial vigente sobre la materia en cuestión.
Sin embargo, se resalta que una vez incluido en la lista de espera, jamás podrá ser atendido con prioridad respecto de un nacional o un extranjero residenciado que se encuentre con mayor urgencia de trasplante.
SALA DE TUTELA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: JAVIER IVAN CHAVARRO ROJAS

Neiva, trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41 001 31 04 004 - 2010 00135 01

Actor: Meir Afgan

Demandado: Instituto Nacional de Salud







LITISCONSORCIO ENCESARIO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Como de la actuación reseñada se evidencia que i) el fallo se fundamento en respuesta de una entidad no vinculada Cajanal Eice en liquidación, concediéndosele impugnación ii) no se integró el contradictorio iii) existe falta de legitimación por pasiva de la entidad Patrimonio Autónomo Buen Futuro, quien no tiene capacidad para comparecer al proceso, no queda otra alternativa distinta a declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, para que así se subsanen la irregularidades anotadas.
SALA DE TUTELA

SALA PRIEMRA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Auto: Neiva, trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 41001-31-07-002 2010 00083 00

Actor: MERCEDES VARGAS LUNA

Demandado: Patrimonio Autónomo PAP BUENFUTURO






DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA / PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA / PERJUICIO IRREMEDIABLE / PERSONA DE LA TERCERA EDAD
Por tanto, el acto administrativo debidamente notificado y mediante el cual se resuelve en adversidad a los intereses de CHIQUINQUIRÁ BOCANEGRA DE ROJAS, goza en principio de presunción de acierto y legalidad; pero ello no obsta para ser debatido ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que la Sala esté facultada para entrar a revisarlo y menos aún revocarlo como lo pretende el accionante, por cuanto ello implicaría desbordar la competencia del juez constitucional para invadir la órbita del juez natural, desconociendo además la naturaleza subsidiaria y residual de la acción excepcional que se impetra.
Todo lo anterior para significar sobre la improcedencia de la acción que se decide, máxime cuando no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que module su carácter excepcional.

(...)


Así las cosas, en el presente caso la accionante no sólo es una persona de la tercera edad, sino que ostenta la calidad de jefe de hogar de su núcleo familiar el cual está compuesto por un menor de edad, situación que fue expuesta por la entidad accionada al momento de contestar la acción de tutela, lo que permite el reconocimiento en sede de tutela del aludido beneficio, según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional y sin que tenga relevancia la existencia de petición de reconocimiento o el turno que alude la entidad le fue asignado.
SALA DE TUTELA

SALA PRIEMRA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-22-04-000-2010-00246 00

Actor: CHIQUINQUIRÁ BOCANEGRA DE ROJAS

Demandado: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACCION SOCIAL y FONVIVIENDA




DERECHO A LA IGUALDAD / TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL
Ahora, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la señora DEYANIRA MATTA PAEZ reúne a cabalidad con el (i) y el (ii) de los requisitos. Veamos:
" Según la certificación del hospital Tulia Durán de Borrero de Baraya-Huila, la peticionaria trabajó como Promotora rural del Centro de Salud de Colombia, del 24 de abril de 1976 hasta el 30 de enero de 1981, tiempo durante el cual hizo aportes para pensiones a la Caja Nacional de Previsión Social. Igualmente se advierte que según constancia de la División de Recursos Humanos del Hospital Universitario "Hernando Moncaleano de Neiva" prestó sus servicios como personal de planta en el cargo de promotora desde el 21 de mayo de 1982 al 31 de diciembre de 1996 y del 1 de enero al 31 de julio de 1997 a la Secretaría de Salud Municipal, realizando aportes a Cajanal. Lo que quiere decir que efectivamente al 1 de abril de 1994 había cotizado a CAJANAL 16 años 7 meses 16 días, superando el término de 15 años de servicio que contempla la jurisprudencia.
" La actora nunca se ha opuesto al traslado del ahorro que hizo en el régimen de ahorro individual al régimen de prima media.
En relación a la (iii) de las exigencias, no cuenta la Sala con la información necesaria para determinar si el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual por la peticionaria es o no inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubiera permanecido en el régimen de prima media. En razón de lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales y el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir deberán, de forma coordinada, verificará la satisfacción del mencionado requisito; en caso de que el mismo sea cumplido por la actora la administradora de pensiones de la cual se quiere retirar el afiliado debe autorizar el traslado y, en caso contrario, le debe ofrecer la posibilidad de aportar, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia según lo expresado con anterioridad.
SALA DE TUTELA

SALA PRIEMRA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-87-002-2010-00089-01

Actor: DEYANIRA MATTA PAEZ

Demandado: Instituto de los Seguros Sociales y Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir







DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA / VIVIENDA DIGNA / DERECHOS DEL MENOR
Si bien, la Sala encuentra que FONVIVIENDA realizó un esfuerzo por motivar su decisión conforme a la legislación, observa que este fundamento se hizo de manera general para todos los casos de rechazo, sin que en ningún momento se considerara la prueba arrimada por el accionante, pues para el caso de su compañera LILIANA MARCELA GONZALEZ, el Instituto Geográfico AGUSTIN CODAZZI, certificó que la señora no registra inmueble alguno a su nombre, igual situación acontece con el accionante.
Por tanto, al advertir que la decisión de FONVIVIENDA respecto del accionante, es vulneradora de sus derechos fundamentales y, por tanto, se impone su revocatoria, en este caso particular encuentra la Sala dos situaciones: la primera de ellas, que el único motivo expresado por la entidad para negar el subsidio de vivienda al accionante, tanto en la Resolución 602 de 2008 como en la respuesta a la demanda de tutela, es que "el hogar tiene una o más propiedades a nivel nacional", sin embargo, no se advierte que tenga más motivos relevantes para rechazar la postulación de la accionante.
SALA DE TUTELA

SALA PRIEMRA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-22-04-000-2010-00258 00

Actor: VICTOR JULIO FLOREZ

Demandado: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y FONVIVIENDA







ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / IMPROCEDENCIA
En esas condiciones, esta Sala reitera que la acción de tutela no es -ni puede ser- un mecanismo que reemplace a los medios judiciales existentes para debatir si procede o no la nulidad de un acto administrativo consistente en disciplinar a un servidor público, que es lo que se pretende en el presente caso del juez de tutela.

(...)


También, la Sala advierte que el Juez constitucional no es el competente para desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan dichos actos administrativos, ni para lograr la nulidad o modificación de los mismos, razón por la cual son de obligatorio cumplimento hasta tanto no sean suspendidos o anulados por la autoridad judicial competente, en este caso, la jurisdicción contencioso administrativa -Juez administrativo- mecanismo de defensa judicial preeminente, que indudablemente aún no ha sido ejercido por la señora MARBELL ROCIO HERRERA GAITAN, quien se considera afectada con tales decisiones administrativas, desatención que no puede ser suplida con el acudimiento a este medio excepcional, la cual por su naturaleza no fue concebida como una instancia judicial adicional en la que el juzgador puede anticiparse a las definiciones propias de otras autoridades del orden jurisdiccional.

(...)


En efecto, el apoderado de la accionante se limita a indicar que la destitución y la mora en el proceso contencioso altera su vida digna, sin embargo, no se allega prueba alguna adicional, que demuestre que la tutelante se encuentra en una condición de vulnerabilidad especial pues no sólo cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo del ente disciplinario, sino que, además dentro del proceso contencioso podrá solicitar la suspensión provisional del acto aunado a que como lo estableció la Corte en la Sentencia T-467 de 2006 , en los casos de desvinculación laboral, la pérdida del trabajo por sí mismo no puede considerarse como un perjuicio irremediable, sino que debe probarse que en el afectado recaén circunstancias especiales que posibilitan la interposición de la acción de amparo, como su situación de padre cabeza de familia, hecho que no fue probado en la presente actuaciòn.
SALA DE TUTELA

SALA PRIEMRA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-09-001-2010-00108-01

Actor: Marbell Rocío Herrera Gaitán

Demandado: Instituto Penitenciario y Carcelario –INPEC-






DERECHOS DEL MENOR / PRELACIÓN DE CRÉDITOS / EMBARGOS POR OBLIGACIONES ALIMENTARIAS / IMPROCEDENCIA
Así las cosas, observa la sala dentro del proceso de alimentos que adelanta la accionante contra el señor José Francisco Díaz Perdomo, su apoderado una vez tuvo noticias de la no inscripción de la medida, procedió entonces a solicitar al Juez de Familia el embargo del remanente de los bienes y/o dineros que se llegaren a desembargar, dentro del proceso ejecutivo de acción mixta que adelanta Bancolombia contra el señor Díaz Perdomo, solicitando se le hiciera la advertencia al juez civil de la prelación del crédito conforme al artículo 134 del Código de Infancia y Adolescencia en concordancia con el artículo 2495 C. C y 542 del C. P. P. , petición a la que se accedió mediante oficio 1216 del 27 de julio pasado dirigido al Juzgado Quinto Civil Municipal , de la cual tomó atenta nota el citado despacho por auto del 20 de agosto de 2010 , actuaciones que demuestran sin lugar a equívocos que tanto los despachos Judiciales como el defensor de la accionante han estado atentos a proteger los derechos del menor, procediendo de conformidad a lo establecido en la normatividad procesal civil, por lo que no advierte la Sala vulneración alguna que permita la intervención del juez de tutela.
SALA DE TUTELA

SALA PRIEMRA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001 31 09 003 2010 00114 01

Actor: MERLY BUSTOS ROJAS

Demandado: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y otros





TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA

ALVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO

Presidente
HERNANDO QUINTERO DELGADO

Vicepresidente
ALVARO ARCE TOVAR

Presidente Sala Penal
JAVIER IVAN CHAVARRO ROJAS

Vicepresidente Sala Penal
MARIA AMANDA NOGUERA DE VITERI

Presidenta Sala Civil Familia Laboral
ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Vicepresidenta Sala Civil Familia Laboral
LUZ DARY ORTEGA ORTIZ

Magistrada Sala Civil Familia Laboral
ALBERTO MEDINA TOVAR

Magistrado Sala Civil Familia Laboral
EDGAR ROBLES RAMIREZ

Magistrado Sala Civil Familia Laboral
NELCY MENDES RAMIREZ

Secretaria General
TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA

Relator




NOTA DE ADVERTENCIA
La indexación de la información a través de descriptores y extracto, no exoneran al usuario de la información del deber de corroborar su contenido con los textos de las providencias y, atendiendo posibles inconsistencias que se presenten, se sugiere sean puestas en conocimiento de la Relatoría.




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