Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Auto: Neiva, trece (13) de octubre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 41001-31-04-005-2007-00102-01

Contra: JOSÉ YESID GARCÍA BERMÚDEZ

Delito: Estafa en concurso con Uso de documento falso

Sistema: Inquisitivo (Ley 600 de 2000)







HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO CON LESIONES PERSONALES CULPOSAS / FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
Conforme a lo anterior, no hay duda que la conducta del acusado es reprochable a título de culpa, pues la conducción del vehículo de servicio público en estado de ebriedad, constituye por si sola una violación al deber objetivo de cuidado, en cuanto que envuelve un actuar imprudente y violatorio de las normas de tránsito terrestre, actitud que además le impidió al piloto advertir la presencia de un objeto sobre el piso del vehículo, que en sano juicio habría observado; evitando el resultado dañoso finalmente producido. Adicionalmente distinguen que tal omisión impidió disminuir la excesiva velocidad bajo la cual conducía, lo cual igualmente contribuyó al desenlace fatal de marras.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41396 31 89 001 2009 00044 01

Contra: Eiber Álvarez Trujillo

Delito: Homicidio culposo en concurso con lesiones personales culposas

Sistema: Inquisitivo (Ley 600 de 2000)

Salvamento de voto: Dr. ALVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO







FABRICACIÓN, TRÁFICO DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
Obsérvese, que las pruebas testimoniales construidas en el juicio oral a instancia de la defensa confirman dos situaciones fácticas que consolidan los cargos; por un lado que: i) la captura del procesado no fue obra insular del agente Jhon Alexander Leal Rodríguez; como lo afirmó la defensa, sino el resultado del apoyo de un número indeterminado de agentes de Policía que rodearon el lugar donde se movía el incriminado, situación que lo persuadió a rendirse y, ii) que efectivamente, existió un alzamiento de algunos vecinos del lugar o conato de asonada en contra de los uniformados para evitar la aprehensión del incriminado.
Ahora bien, establecida la captura en estado de flagrancia dado que el procesado tenía el arma incautada en la parte trasera de la pretina, inane resulta discutir sobre la ausencia de prueba dactiloscópica que determinase quien o quienes habrían manipulado el arma con antelación; tampoco, para efectos de estructuración del delito que se le carga era necesario demostrar que el arma había sido disparada con antelación.

(...)


Por último, la agresión que sufrió la Policía, fue el motivo para no leerle en el acto los derechos del capturado, sino dos cuadras más adelante, que a su vez, propició la retención momentánea de dos personas más, que momentos después se dejaron en libertad en otro espacio.
SALA PENAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO

Neiva, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001 -60-00 – 716 -2.010 – 00007 - 01

Contra: Joselito Zabala Zabala

Delito: Fabricación, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







ACTO SEXUAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO / VALORACIÓN PROBATORIA DE TESTIMONIO / CONTROVERSIA Y DICTAMEN
Debe decirse que el valor del testimonio y su credibilidad, enseña Gorphe, obedece a tres factores principalmente: a) las aptitudes del sujeto (moralidad, capacidad intelectual y física); b) las propiedades del objeto o materia declarada, y c) la relación sujeto de acuerdo con las condiciones de percepción, memoria, evocación y reproducción.

Así, la capacidad de evocación del sujeto cognoscente, es racional en la medida que el hecho descrito haya transitado por el campo de lo infrecuente o impresionante, situación que le genera la capacidad suficiente de recordar con precisión situaciones y acontecimientos que de haber resultado corrientes o usuales no podría perpetuar en la memoria.


Siguiendo los lineamientos anotados, la Sala considera que el testigo reconstruye contextos físicos y personales presentes en el momento del hecho a recordar, evento que observó, precisó y evocó por lo inusual o infrecuente, dada la atención que le suscitó al deponente, los que relata en forma clara y precisa, que se acogen en el fallo de condena.

(…)


De ésta forma se encuentra en la declaración claridad (viveza en vez de vaguedad), información perceptual (información sensorial tal como detalles visuales, luminosos, sonoros), información espacial (lugares, ubicaciones), información temporal (ubicación del evento en el tiempo, descripción de secuencias de eventos), afecto (expresión de emociones y sentimientos sentidos durante el evento), reconstrucción de la historia (plausibilidad de reconstrucción del evento tras la información dada), realismo (plausibilidad, realismo y sentido de la historia) y operaciones cognitivas (descripciones de inferencias hechas por otros durante el evento).

SALA PENAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: HERNANDO QUINTERO DELGADO

Neiva, siete (7) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41001-60-00-716-2009-00113-01

Contra: Libardo Ortiz Losada

Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







CONTRATO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES / FRACCIONAMIENTO CONTRACTUAL / PROVECHO ILÍCITO / DOLO
Así, examinados los contratos suscritos por el burgomaestre, su objeto, destinación, cuantía, fecha y demás circunstancias que circundaron su tramitación y suscripción, inexorablemente debe deducirse, sin que se conozcan y acrediten debidamente otras consideraciones, que fueron fragmentados con el único propósito de evadir la invitación pública, quebrantándose de esta manera los principios que rigen la contratación administrativa, -igualdad, transparencia y selección objetiva-, pues las obras contratadas constituyen una unidad natural.

(…)


Aquel tipo de comportamiento se ajusta al fenómeno del fraccionamiento contractual, que se configura cuando pudiéndose condensar el todo en un sólo acto, se fragmenta en diversos, con el fin evidente de obviar presupuestos legales. En otros términos, se presenta cuando la entidad estatal en forma socarrona da al traste la unidad natural del objeto contractual, con el propósito de contratar directamente lo que debió ser invitado públicamente o licitado.

(…)


Por último, en lo que atañe al ingrediente subjetivo de la conducta, esto es el provecho ilícito, problema jurídico que igualmente respondió el instructor en el calificatorio, provecho que no puede confundirse ineludiblemente con un beneficio económico. Sobre el punto, desde antaño la Corte Suprema tiene dicho que este elemento, resulta del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal que rigen la contratación administrativa, pues el objeto de protección del tipo penal es el principio de legalidad en la contratación; de ahí que, cuando se transgrede el principio de legalidad, eludiendo el procedimiento preestablecido sin que existan justificantes reales, el beneficio del contratista surge de la adjudicación del contrato tramitado irregular e ilícitamente, configurándose el tipo subjetivo que la norma exige.
SALA PENAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: HERNANDO QUINTERO DELGADO

Neiva, veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 411001-31-04-005-2007-00019-01

Contra: Jorge Luis García Lara

Delito: Contrato sin el Cumplimiento de los Requisitos Legales

Sistema: Inquisitivo (Ley 600 de 2000)







ESTAFA / ACCIONES DE AUTOPROTECCIÓN
La maniobra engañosa llevada a cabo por la sentenciada no se circunscribió a una única mentira o ausencia de información dentro de la realización del negocio jurídico, sino que se trató de un acto complejo, elaborado y falaz que le representó un provecho ilícito, pues su patrimonio se vio incrementado bajo la errónea creencia, por parte del prestamista de que le entregaba dinero a la sociedad y que quien llenaba la letra con su puño y letra obligando a la empresa, aceptaba la obligación y colocaba el sello de la firma estaba autorizada para ello, hecho que se realizó en el local donde funcionaba el establecimiento comercial, con la jefe de su hijo –novia de su descendiente—, que fungía ante todos como la administradora, era la representante legal de “Mosquera Navarrete y Tovar Ltda.”, que no era cierto, lo que condujo a que, en razón de ello, le fuera imposible ejecutar por la vía civil a la mencionada sociedad. En ese contexto global de la situación no le era exigible un comportamiento de mayor prudencia pues, cómo pedirle que desconfiara de su nueva?. Indudablemente, la naturaleza eminentemente subjetiva del estado de engaño imponen que idoneidad, seriedad y entidad no puedan valorarse con prescindencia de todos los aspectos del sujeto que lo padeció, sujeta a la relación social donde se presenta y elabora como estímulo del provecho que se obtiene y que incluye, necesariamente, el análisis de las características de la víctima.

(…)


Del contexto probatorio narrado, se desprende que los elementos estructurales de la conducta punible de estafa se cumplen en el orden lógico establecido por la ley, toda vez que al inicio de la negociación se evidencia ardid o engaño con el cual se indujo en error al ofendido, que debido a esta falsa representación de la realidad la sentenciada obtuvo provecho económico ilícito para sí, desplazamiento patrimonial que causó perjuicio correlativo en su ex suegro, por lo que se habrá de confirmar la decisión de instancia.
SALA PENAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: HERNANDO QUINTERO DELGADO

Neiva, quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41001-60-00-586-2007-03919-01

Contra: Sandra Paola Mosquera Joven

Delito: Estafa

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







FRAUDE PROCESAL / VALORACIÓN PROBATORIA / DOSIFICACIÓN PUNITIVA
Hechas las anteriores acotaciones, discrepa la Sala de la posición adoptada por el a quo, al referir que la conducta efectuada por el procesado lesionó varios bienes jurídicos o infringió efectivamente varias disposiciones punitivas. Pues, aunque se constató que el documento -orden de prestación de servicios- no fue manuscrito por ÁLVARO ALONSO HOLGUÍN RAVÉ -medio falaz -, fue éste la filfa o el medio utilizado para inducir en error al servidor judicial, con lo que concurre identidad de referencia antijurídica; pero, además, el delito contenido en el artículo 453 del Código Penal, agota el contenido de injusto de falsedad en documento privado utilizado como medio fraudulento para obtener una decisión contraria a la ley.
Es por esa razón que resulta desacertada la posibilidad del concurso real y material - en aplicación de los principios de la consunción y non bis in idem - de las conductas investigadas; pues, nótese que los verbos rectores en la falsedad en documento privado "falsificar y usar" comprende en si mismo hipótesis de engaño o utilización de la acción con un fin fraudulento, adulteración que fue utilizada para la obtención de una decisión errada y contraria a la Ley, por el servidor público. Luego entonces, resulta claro que la maniobra fraudulenta de confeccionar un documento y apostar una firma que no corresponde a la del obitado, con el fin de acreditar la existencia de un contrato de prestación de servicios, era con lo que se pretendía producir el yerro del funcionario - Juzgado Primero Laboral del Circuito -, dentro del proceso laboral emprendido por los sucesores de HOLGUÍN RAVÉ.
En otras palabras, el desvalor en la acción de "falsificar y/o usar" el documentó de orden de trabajo de prestación de servicios, condujo indefectiblemente al desvalor en el resultado, configurándose el fraude procesal -sentencia del Juzgado Primer Laboral del Circuito-; pues, en el momento que el manuscrito espurio es presentado y usado dentro del proceso laboral como prueba es que se concurre en la conducta punible imputada de fraude procesal. Ello, conlleva a la imposibilidad concursal de las conductas investigadas.

(...)


En consecuencia, el lenguaje técnico y jurídico que pudo haber utilizado la declarante en su denuncia, no le restan verosimilitud y credibilidad a sus dichos, toda vez que sus respuestas siguieron un curso verosímil de los hechos, como en efecto se demostró.

(...)


Es decir, no es dable predicar que el solo parentesco per se admita descartar de plano sus testimonios, por el contrario, los mismos deben valorarse como el de cualquier otra persona, aunque con mayor rigorismo, y apreciarse en conjunto con las demás pruebas que reposen el proceso, para establecer la veracidad de sus dichos.

(...)


No queda duda entonces de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad del enjuiciado en la misma, ya que utilizó un documento que en su contenido era falso y que además no había sido suscrito por quien firmaba, manuscrito que anexó como prueba dentro del proceso laboral incoado en su contra, a fin de reforzar las excepciones planteadas por su representante legal, con el que pretendía provocar error en el funcionario judicial - juez que conoció de la actuación -, que le significaría ventajas judiciales y pecuniarias.

(...)


Como consecuencia de la absorción del delito de Falsedad en Documento Privado en el Fraude Procesal, se procederá a reajustar la tasación de la pena impuesta, restándole lo que por el primero se incrementó.
SALA PENAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: HERNANDO QUINTERO DELGADO

Neiva, trece (13) de agosto de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41001-6000-586-2007-05395

Contra: CARLOS ARIEL SERNA DUQUE

Delito: Fraude procesal

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)

Salvamento de voto: Dr. ALVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO





SALA DE TUTELA
AÑO 2010
REINTEGRO AL CARGO DE FISCAL DELEGADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN / PERJUICIO IRREMEDIABLE
En este contexto, la Sala encuentra que el reintegro solicitado no procede por esta vía, en tanto el demandante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que sea estudiada tal pretensión, pudiendo inclusive pedir la suspensión provisional del acto administrativo, razón por la cual el juez de tutela no puede usurpar, invadir o vaciar las competencias propias de la autoridad judicial competente, a menos que esté claramente demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que permita acceder al amparo constitucional como mecanismo transitorio. En la presente oportunidad se echa de menos el perjuicio irremediable, pues el actor lo justifica en la enfermedad siquiátrica que padece desde años atrás, situación que considera esta Sala no fue producto de la decisión de desvinculación adoptada por la Fiscalía General de la Nación recientemente, sino que por el contrario, es una patología que se remota 10 años atrás, por lo que el estudio y las causas de origen de la misma deben ser definidas por la jurisdicción correspondiente.


SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veinte (20) de abril de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-22-14-000-2010-00087-00

Actor: RAFAEL ARTURO TORRES CASTRILLÓN

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN







PROVISIÓN DE CARGOS DE CARRERA EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONCURSO DE MERITOS / NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTE DE LISTA DE ELEGIBLES
Ahora bien, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue instituida para la protección de los derechos fundamentales de las personas que han sido vulnerados por acción u omisión las autoridades, no es aceptable que el Juez Constitucional erija reglas sobre sí el Fiscal General de la Nación debe proveer con la actual lista de elegibles todos los cargos de carrera de la entidad y que son desempeñados provisionalmente o exclusivamente los convocados a concurso, pues es potestad exclusiva de la administración o del juez natural.
Además la decisión proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha 4 de febrero de 2010, y que refiere el actor en la acción de tutela, no resulta ilustrativa para resolver el asunto objeto de estudio, pues como claramente lo determinó dicha Colegiatura en su parte resolutiva la provisión de cargos debe realizarse conforme a los cargos a que se refieren las convocatorias 001-2007, 002-2007, 003-2007, 004-2007, 005-2007 y 006-2007.
Igualmente tal como lo dio a conocer el ente fiscal tutelado, en su escrito de contestación, el 4 de febrero de 2010, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se pronunció acerca del carácter vinculante de las convocatorias Nos. 001, 002, 003, 004, 005 y 006 de 2007, al atender la consulta que en dicho sentido formuló el Fiscal General de la Nación, e indicó que “la convocatoria es regla del concurso y, por lo mismo, vinculante para la entidad convocante y los aspirantes. Con el registro definitivo de elegibles...sólo podrán proveerse los...cargos convocados”.

(…)


Igualmente la petición de amparo no procede ni siquiera de manera transitoria, por cuanto no satisface el requisito de inmediatez, en razón a que el demandante acudió al juez constitucional luego de transcurridos más de dos años de publicada la convocatoria No. 001 de 2007 con la cual ahora se muestra en desacuerdo, circunstancia que desnaturaliza la acción de tutela, cual es, la protección inmediata de los derechos fundamentales. –Art. 1 Decreto 2591 de 1991.-


SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-22-14-000-2010-00122-00

Actor: JAIRO ELBERT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y OTRA







DESMOVILIZADO / BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS / IMPROCEDENCIA
De manera que es imprescindible que el actor acuda a la Alta Consejería para la Reinserción Social y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esa entidad, los cuales fueron ilustrados líneas anteriores.
El accionante no demostró haber cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a los referidos proyectos, que hubiesen presentado el proyecto ni tampoco que las autoridades le haya negado esa opción.
Por ello es preciso, subrayar que el juez constitucional no es la autoridad que, en principio, debe conocer y decidir asuntos que son de competencia de las autoridades gubernamentales, frente a las cuales debe cumplir con los requerimientos que la ley exige, dado que los beneficios a que aspira deben estar enmarcados dentro de las previsiones contempladas, para quienes se encuentren en la condición de desmovilizados de los grupos al margen de la ley.
SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-22-14-000-2010-00229-00

Actor: JOSÉ EDUARDO ÁVILA ZAMORA

Demandado: ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS







TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL / PROCEDENCIA / IDONEIDAD DE LOS MECANISMOS ORDINARIOS / MONTO DEL AHORRO INDIVIDUAL
En primer lugar, debe esta Sala de Decisión indicar que, conforme a la jurisprudencia señalada, la acción de tutela resulta procedente para estos casos por cuanto el mecanismo ordinario no resulta idóneo para resolver el problema jurídico, ya que probablemente cuando el juez laboral decida el asunto bajo estudio – esto es, lo referente al traslado de regímenes – el régimen de transición no estará vigente. Esto se debe a que el Acto Legislativo 01 de 2005, que reformó el artículo 48 de la Constitución, consagró que “El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen a dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010 (…)”

(…)


En segundo lugar, la Sala evidencia que el demandante pertenece al régimen de transición. En su caso, cumple con uno de los requisitos exigidos para tal fin: tenía más de 15 años cotizados a 1º de abril de 1994 (Cuad. 1, folios 1). No sobra recordar que los requisitos fijados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no son concomitantes, esto implica que basta con que se configure uno de ellos en cabeza de una persona para que ésta se encuentre en el régimen de transición.
Así las cosas, constatando que el señor Carlos Enrique Guevara Cabrera pertenece al régimen de transición y tiene el derecho de retornar al de prima media con prestación definida en cualquier momento, la Sala revocará la decisión de instancia y en su lugar amparará el derecho a la seguridad social del demandante.
Con respecto a la (iii) de las exigencias determinada recientemente en la SU 062-2010, no cuenta la Sala con la información necesaria para determinar si el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual por el peticionario es o no inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubiera permanecido en el régimen de prima media. En razón de lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales y Protección AFP deberán, de forma coordinada, verificar la satisfacción del mencionado requisito; en caso de que el mismo sea cumplido por el actor la administradora de pensiones de la cual se quiere retirar el afiliado debe autorizar el traslado y, en caso contrario, le debe ofrecer la posibilidad de aportar, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia según lo expresado en dicha sentencia.
SALA DE TUTELA

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado ponente: DARIO FERNANDO MEJIA GONZALEZ

Neiva, ocho (8) de junio de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-03-002-2010-00026-01

Actor: CARLOS ENRIQUE GUEVARA CABRERA


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