Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, seis (6) de octubre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-003-2009-00187-01

ACTOR: PEDRO JULIO BALLESTEROS

DEMANDADO: HÉCTOR FABIO OSORIO TORRES

SALA PENAL
AÑO 2010

RUPTURA DE LA CADENA DE CUSTODIA NO DEVIENE EN ILEGALIDAD
Lo anterior no obsta para que, si la parte interesada demuestra que se rompió la cadena de custodia o que no se acreditó la procedencia o que una evidencia, objeto o medio probatorio es definitivamente inauténtico, en el momento oportuno pueda oponerse a su admisión o decreto como prueba. Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de custodia, acreditación o autenticidad y, pese a ello, la prueba se practica, dicha prueba no deviene ilegal y no será viable su exclusión, como lo señaló el juez de instancia; sino que, debe ser cuestionada en su mérito o fuerza de convicción por la parte contra la cual se aduce.
Obviamente, el Juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilícitos o ilegales, en atención a lo dispuesto por los artículos 23 y 360 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente. Es decir, la regla de exclusión aplica contra los medios probatorios ilícitos o ilegales; y no sobre medios probatorios respecto de los cuales se discuta la cadena de custodia, la acreditación o la autenticidad, razones más que suficientes para compartir los argumentos de la Fiscalía y revocar la decisión de instancia, que accedió al pedido de exclusión planteado por la defensa en el desarrollo del juicio, para en su lugar ordenar la introducción del video clip como prueba.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Auto: Neiva, trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010).

Radicación número: 41006 61 05 095 2009 80044-01

Contra: ISRAEL JOVEN MARTINEZ

Delito: Homicidio culposo

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







LESIONES PERSONALES CULPOSAS / VIOLACIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO
Empero, esa ausencia o deficiente "práctica, habilidad en una ciencia o arte" que se le atribuye como factor preponderante en la producción del siniestro, la Sala advierte que no está demostrada con los elementos probatorios aportados en la audiencia del juicio, por el contrario, con lo expresado bajo juramento por CASANOVA DÍAZ en esa fase del proceso -9:05 de la audiencia realizada en la tarde del 15 de septiembre de 2009-, se infiere todo lo contrario, puesto que dice haber ejercido la labor de conducción por más de 30 años, siendo la primera vez que le ocurre ese tipo de percances, tiempo suficiente para adquirir la habilidad requerida para su ejercicio.
Tampoco se estableció el mantenimiento y estado mecánico del automotor conducido en ese entonces por el acusado, pues en la inspección realizada al carro por el miembro de la Sijin, Jhon Eisenober Moncada Garzón -1:58:51 de la audiencia realizada en la mañana del 15 de septiembre-, no se observaron los lineamientos técnico mecánicos para llevarla a cabo al no tener la preparación adecuada, pudiendo tan sólo determinar el desperfecto observado en el Terminal izquierdo de la dirección del campero, quizás producto del golpe recibido con el sardinel de la vía.
Más lo que sí se extrae de lo vertido por el acusado es la violación al principio de deber de confianza, pues expuso en su testimonio haber percibido en el sector de la vía y a un lado del carreteable donde existe una caseta, la presencia de un grupo de personas y que de manera intempestiva se atravesó un niño de unos cuatro años de edad, siendo perseguido por una señora que salió a auxiliarlo, procurando de inmediato pasar entre el menor y la motocicleta en que se transportaba Juan Felipe Santos y su padre, por cuanto previó que seguir en la misma dirección no alcanzaba a frenar, impactando el velomotor para finalmente detener la marcha contra el sardinel, lo que produjo el desperfecto mecánico en ese sector del vehículo.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41615-60-00-598-2008-80047-01

Contra: LIBARDO CASANOVA DÍAZ

Delito: Lesiones personales culposas

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







CONCIERTO PARA DELINQUIR / TERRORISMO / EXTORSIÓN / PRUEBA
Por afectar el delito de extorsión dos bienes jurídicos, de un lado la libre autodeterminación de la víctima y por el otro, su patrimonio económico, resulta indispensable constatar en el plenario su plena identificación de cara al específico comportamiento delictivo, puesto que un particular puede ser objeto de esa clase de conductas, bien accediendo al querer del extorsionista -caso en el cual la conducta se entiende consumada- o frustrando su propósito por denuncia a las autoridades - teniendo un accionar tentado-, o también el acto constrictor ni siquiera inquietar al que lo recibe dadas sus especiales condiciones sociales o de quien provenga el acto extorsivo, por lo que un proceder de tal naturaleza devendría inocuo.
Por ello son válidas las argumentaciones de la defensa al exigir en este tipo de conductas la determinación del sujeto pasivo, además de ser necesario precisar la clase o monto del requerimiento, toda vez que ello permite considerar en cada caso particular las circunstancias para hacer más gravoso el comportamiento, o por el contrario para atenuarlo.
Más cuando sostiene en la sustentación del recurso, que en el presente evento no se logra determinar sobre qué personas recayeron los actos extorsivos, así mismo el monto o naturaleza de los requerimientos, lo cual, a la postre impediría tomar una decisión como la recurrida.
Ciertamente, los medios probatorios traídos al proceso en forma legal y oportuna, en momento alguno especifican sobre los aspectos destacados en precedencia (...).

Ahora, no es posible atribuir a la aquí procesada la ilicitud en estudio, por el atentado ocurrido con "carro bomba donde murió un capitán de la Policía", ante la ausencia de elementos probatorios indicativos de las circunstancias temporo espaciales como sucedió el atentado, a efecto de determinar si constituye un ataque a la población civil, pues es incierta la concreta ubicación del territorio donde se produjo la explosión, con capacidad suficiente de al menos inquietar a la comunidad, que es lo que el legislador protege con la consagración punitiva de ese tipo de atentados.


Como se dijo en apartes anteriores de la motivación, los actos extorsivos y de terrorismo no están demostrados en el plenario respecto de la acusada, por tanto, no es factible atribuirle un concierto para la comisión de esos comportamientos desviados.
Resta tan solo la autoría de trasgresiones a la vida que igualmente le atribuyen a efecto de imputarle el atentado a la Seguridad Pública, cargo que ante la incertidumbre surgida sobre su comisión, pues se peca por impreciso en señalar el compromiso de QUESADA GARATEJO en la autoría de actos criminales de esa naturaleza, impide inferir los acuerdos de voluntades a que llegara con los demás miembros de la subversión para infringir la ley de esa manera.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, siete (7) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41001-3107-003-2008-00099-01

Contra: NORMA CECILIA QUESADA GARATEJO

Delito: Terrorismo, concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y rebelión, en concurso heterogéneo

Sistema: Inquisitivo (Ley 600 de 2000)







DIFERENCIAS ENTRE ILEGALIDAD E ILICITUD DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA INSPECCIÓN Y DEL REGISTRO / CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE / EL CONSENTIMIENTO DE LOS INDICIADOS / EL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE
Examinado el caso particular encontramos que entratándose del atentado a la recta impartición de justicia, en la modalidad de fraude procesal, el escenario que el mismo se desarrolla es en el decurso de una proceso de naturaleza civil, al procurar establecer a través del mismo el mérito ejecutivo contenido en unas facturas comerciales, por lo tanto, la actuación judicial constituye el escenario de ocurrencia de los actos desviados.
Siendo así, razón le asiste a la defensa y el a quo cuando señalan que la finalidad de la misión encomendada desbordó los fines de una Inspección, pues el procedimiento adelantado por la funcionaria de Policía Judicial constituyó un verdadero registro al lugar de trabajo del acusado CASAS OLAYA, y de paso a la documentación contable de la sociedad que representa, siendo así, conforme al artículo 14 del C. de Procedimiento Penal, el registro sin autorización escrita del Fiscal vulnera el derecho a la intimidad.
Es de relievar que la información obtenida en la Sociedad Alfonso Casas, era de tipo privada y se requería de orden judicial para efectos de tener acceso, dado que la Corte Constitucional, al delimitar el carácter de la información contable y el deber que le asiste a los funcionarios de contar con orden judicial para obtenerla, sostuvo que: " la información privada es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, sólo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones. Entre dicha información se encuentran los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón a la inspección de domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva, entre otros".

(...)


Ahora, en cuanto al consentimiento de los indiciados al permitir el ingreso a las instalaciones de la sociedad por la funcionaria de Policía Judicial, lo que refuerza con el envió de documentación contable al día siguiente de la diligencia, acto realizado por el empleado Jorge Ricardo Junca, acompañado de oficio, en principio se predicaría que de esa manera se adecuó a los parámetros establecidos en el artículo 230 del Estatuto Procesal, donde señala como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, para proceder a un registro que medie consentimiento del propietario o tenedor, sin embargo, la Sala precisa que si bien es cierto la normatividad contempla esta excepción también lo es que el consentimiento debe ser "expreso", de lo cual carece la actuación.
Ahora, no se puede asumir la presencia del consentimiento con la aceptación conferida por uno de los empleados de la Sociedad, por cuanto quien tenía la facultad de consentir el registro era el acusado BERNARDO ALFONSO CASAS OLAYA, amén de la inobservancia en el proceder la funcionaria, de la mediación del consentimiento expreso que exige la norma, tal y como lo señalaron los defensores en oportunidad, por lo que la tesis presentada por la Fiscalía no está llamada a prosperar.

(...)


Aplicado lo antes expresado al caso en estudio, se tiene que habiéndose determinado no solo la ilicitud sino la ilegalidad del material obtenido mediante Inspección al lugar, específicamente, para el caso de BERNARDO ALFONSO CASAS OLAYA, dicho procedimiento vulneró garantías fundamentales del indiciado, al ser obtenidos al margen del derecho a la intimidad que pregona no solo la Constitución sino el Régimen Procesal Penal, obviando los procedimientos establecidos, es decir, contar con autorización del Juez de control de garantías dado el carácter de los documentos que se obtuvieron sin consentimiento expreso del referido acusado, razones más que suficientes para compartir los argumentos del a quo y por tanto respaldar la decisión de instancia, que dispuso la exclusión de dicho elemento de prueba.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41001-60-00-586-2009-00572-02

Contra: BERNARDO ALFONSO CASAS OLAYA y GLORIA ROCIO BARRERA ROBINS

Delito: Fraude Procesal

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







IMPOSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE LA PENA DE MULTA
Como quiera que reclama el sentenciado se le exima del pago de multa, sea lo primero referir que por tratarse la aludida sanción pecuniaria de una pena de categoría principal, acompañante de la detención física prevista para el delito por el que fue condenado, fijada en la sentencia condenatoria de instancia que a la fecha se encuentra ejecutoriada, resulta imposible de modificarla y menos aún eliminarla por parte del Juez de Ejecución de Penas, como lo solicita el interno PERDOMO ARDILA, debido al principio de seguridad jurídica como garantía de los derechos del condenado

(...)


De lo anterior se concluye sobre la imposibilidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 371 de la ley 600 de 2000, conforme lo pretende el sentenciado HERNEY PERDOMO ARDILA, cuando amparado en el principio de favorabilidad señala que es viable extinguirse la obligación de pagar la multa por carecer de recursos económicos, circunstancia que a la luz de la jurisprudencia y la normatividad vigente para la época de comisión de los hechos resulta improcedente. Lo que si es factible, es no hacer depender el goce del subrogado de la libertad condicional del cumplimiento del pago de la multa, debiendo demostrar suficientemente estar imposibilitado económicamente para satisfacer esa obligación.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Auto: Neiva, cuatro (4) de octubre de dos mil diez (2010).

Radicación número: 41132 60000002008 00001 01

Contra: HERNEY PERDOMO ARDILA

Delito: Rebelión, Falsedad Material en documento Público

Sistema: Inquisitivo (Ley 600 de 2000)







NULIDAD PROCESAL / DIFERENCIAS ENTRE ILEGALIDAD E ILICITUD DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DEL TESTIMONIO DE UN MENOR DE EDAD / CONCURSO
Así que de conformidad con el artículo 193 del Código de Infancia y Adolescencia, la exigencia de la presencia de una autoridad especializada o un psicólogo es alternativa, por lo que el despacho optó por el psicólogo para acompañar al menor, habiendo tenido la defensa la oportunidad de esgrimir iguales argumentos ante el juez de instancia quien resolvió su inquietud cuando desató el recurso de reposición ante el recaudo de esa declaración, realizando el a quo las diligencias necesarias, entre ellas la suspensión del juicio oral, para rodear el aludido testimonio de las formalidades necesarias, por lo que se despachará desfavorable los argumentos de la defensa.

(...)


De la actuación se colige, que el juzgado de instancia no solo atendió las peticiones de la Fiscalía sino que acogió las solicitudes de la defensa, en cuanto a rodear al menor de mejores garantías para el recaudo de su testimonio, aplazar el juicio hasta tanto comparecieran los testigos José Vicente Hoyos Durán y Felipe Garzón Durán los que consideró importantes para el esclarecimiento de los hechos, reiterando su petición ante la no presencia a la nueva citación, aunado a los aplazamientos que por diversos motivos presentó la defensa y justificó, sin que en oportunidad se predicara nada al respecto por parte del recurrente.
También es necesario resaltar que si lo pretendido es el reconocimiento de la libertad por vencimiento de términos, dicha petición estaba llamada a presentarse ante el Juez de Control de Garantías y no en esta instancia judicial, circunstancias por las cuales tampoco es de recibo los argumentos esgrimidos para considerar la presencia de una nulidad que afecte la actuación por violación al principio de concentración.

(...)


En suma, la prueba testimonial analizada, la falta de veracidad del acusado, los motivos fundados, sus celos, las versiones que acusaban a WILSON ACOSTA de realizar actividades ilícitas de las que tenía conocimiento Damaris, su negativa a continuar con la relación, la prueba técnica que demostró el lugar donde se encontraba el procesado y el recorrido que hizo, apuntan a demostrar la ajenidad por él programada.
Si a lo anterior se une la hora de deceso de la dama, producida aproximadamente a las 19:30 horas, como da cuenta el dictamen de Medicina Legal y la explicación clara y concisa del investigador Gerardo Tello, cuando señala que a las 19:24 horas se registra unas llamadas de 24 y 19 segundos, entre el celular del implicado y la víctima, determinándose por un programa que los celulares estaban en la misma celda y a una distancia mínima, dan por confirmar que ACOSTA RODRÍGUEZ estuvo en los momentos previos al deceso, hecho que negó a lo largo del juicio.

(...)


Para la Sala, no aflora en el conjunto probatorio la duda, al contrario, se derrumbó la presunción de inocencia que le asiste WILSON ACOSTA, pues no solo se establecieron los motivos, sino los móviles del insuceso, cuando la prueba testimonial y técnica dejó al descubierto su coartada, lográndose probar la compañía de la víctima momentos antes de su cruento fallecimiento, las amenazas que ejercía, los inconvenientes que se habían presentado en esa relación tormentosa, su querer desesperado de borrar las evidencias, entre ellas el celular de Damaris que se ubicó posteriormente en su poder, su interés es desviar la investigación ejerciendo presión sobre el investigador, la versión del menor que no pudo ser más clara y certera, la coherencia entre los testimonios de Xiomara, Yarlinson, Francisco y Wilber; su conversación con el hermano de la víctima negando su presencia en Neiva y el permiso que se demostró le habían concedido en la Escuela de la Policía donde realizaba el curso, para estar los días del deceso de Damaris en esta capital, elementos suficientes para respaldar íntegramente la decisión tomada en la instancia, con la sola modificación de la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, atendiendo al principio de legalidad de la pena, que se reduce a veinte (20) años, término máximo establecido en el inciso 1° del art. 51 del C. Penal.
SALA PENAL

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ALVARO ARCE TOVAR

Neiva, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010).



Radicación número: 41001-60-00-586-2007-03106-03

Contra: WILSON ACOSTA RODRIGUEZ

Delito: Homicidio agravado en concurso con Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones

Sistema: Acusatorio (Ley 906 de 2004)







CONDUCTA DELICTIVA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA / CONDUCTA RESIDUAL O CONSUNTIVA / PRISIÓN DOMICILIARIA / REDOSIFICACIÓN DE LA PENA AL PASAR DE CONCURSO APARENTE A CONCURSO HETEROGÉNEO / DAÑO EMERGENTE / DAÑO MORAL / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / RETROSPECTIVIDAD
Debe decirse que si bien es cierto el procesado GARCÍA BERMUDEZ no se opuso a los hechos aducidos dentro de la demanda de parte civil, obran pruebas que especifican un valor diferente al señalado para el reconocimiento de los perjuicios materiales, tales como lo adujo el encartado en la indagatoria, quien aseveró haber recibido de la perjudicada la suma de $1.100.000, y lo declarado por la señora Pinzón Muñoz que adujo haberle entregado $5.000.000. Ante esas serias inconsistencias no se puede determinar el valor del daño emergente, debido a que frente a la pretensión de la víctima de ser indemnizada no existe claridad en la cuantificación de los daños ocasionados con la conducta punible desplegada por el agente.
Por lo tanto, la Sala advierte que la presunción de veracidad que le asiste a lo manifestado bajo juramento por la perjudicada con el ilícito, se desvirtúa al carecer de sustento probatorio que otorgue certeza para determinar el monto de los daños ocasionados, sin que sea factible acceder a la pretensión del apoderado de la víctima, tendiente a que le sea ordenado al condenado el pago de perjuicios civiles sufridos con el delito.

En cuanto a los perjuicios morales aducidos dentro del escrito de apelación, es de señalar que los mismos son referidos al dolor o la aflicción que siente la persona al ser víctima de un delito, resultando damnificado por el hecho dañoso; si bien la señora Luz Mary Pinzón Muñoz fue víctima del actuar doloso del enjuiciado, no probó que tal hecho le causara angustia o consternación, más cuando por la naturaleza misma del acto dañoso, no es factible presumir su ocurrencia.

(...)

En punto al concurso aparente de conductas punibles, en oposición a la teoría expuesta por el a quo, las acciones realizadas por el procesado GARCÍA BERMÚDEZ torna inadmisible su aplicación, pues de un lado, los delitos cometidos por el encartado se estructuraron de manera independiente, autónoma y en tiempos diferentes, dado que primero se falsificó el documento y luego lo utilizó para defraudar el patrimonio económico de un tercero. Y, de otra parte, al instante de presentar el documento espurio a la entidad bancaria lo usó, con un propósito definido como era estafar a la entidad bancaria.


De lo anterior, se concluye que el actuar delictivo del sentenciado afectó dos bienes diferentes y que jurídicamente son tutelados por las disposiciones penales, constitutivo uno de violación a la fe pública por cuanto se menoscabó la confianza y credibilidad depositada por la sociedad en los documentos públicos y el segundo, perturbó el patrimonio económico particular, a través de la estafa, al percibir un beneficio sobre el cual no tenía derecho el beneficiado.
No se puede concluir que las conductas ilícitas desplegadas para obtener el fin pretendido carezcan de relevancia jurídica, las acciones desplegadas por JOSÉ YESID GARCÍA BERMÚDEZ al usar el documento público falso y al realizar la estafa se consideran típicas, jurídicas y culpables, sin que sea de recibo, se reitera, aplicar la teoría del concurso aparente como lo hiciera el fallador de instancia.

(...)


Al hilo de lo peticionado por el sujeto procesal recurrente, es de advertir sobre la imposibilidad de aplicar el agravante establecido por la ley 1142 de 2007, en atención al principio de retrospectividad que señala dicha parte, habida cuenta que las leyes, salvo que sean favorables al procesado, rigen hacia el futuro a partir del momento de su vigencia, sin ser posible que sean aplicadas a hechos ocurridos con anterioridad.

(...)


En el caso bajo estudio advierte la Sala que, al realizarse la modificación de la sentencia con respecto a la pena establecida a GARCÍA BERMÚDEZ, no se satisface plenamente el requisito objetivo al que alude a la preceptiva en cita, toda vez que la sanción impuesta -48 meses de prisión-, rebasa el tope de los 3 años, por lo que torna inviable suspenderla.

(...)


Examinadas las exigencias indicadas en el aludido precepto, se concluye que en el caso bajo estudio se cumple con el factor objetivo, es decir, que la pena prevista sea inferior a cinco años de prisión. Y, teniendo en cuenta que el procesado no registra antecedentes penales indicativos de un actuar delictivo, sumado al hecho de no advertirse en el proceso, mácula alguna sobre su desempeño social, laboral y familiar que demuestren la necesidad de un tratamiento penitenciario, se concederá el subrogado de la prisión domiciliaria en su lugar de residencia, bajo el control del Juez de Instancia o el encargado de la vigilancia de la ejecución de la sentencia con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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