Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



Descargar 1.14 Mb.
Página15/18
Fecha de conversión27.05.2018
Tamaño1.14 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-001-2009-00176-01

ACTOR: OLGA BAHAMON

DEMANDADO: CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA







CONTRATO DE TRABAJO / BUENA FE / SANCIÓN MORATORIA / ACCIDENTE DE TRABAJADOR NO AFILIADO A ARP / INDEMNIZACIÓN
En el caso bajo examen, la Sala observa que dentro del objeto social de las EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZON, está la recolección de residuos sólidos; sin embargo, no puede proferirse sentencia de condena frente a esta entidad pública, por cuanto no fue demandada en solidaridad, puesto que de haberlo hecho de esta manera el demandante, otra suerte habrían corrido las pretensiones contra la entidad pública. Claramente lo que solicita el demandante en la pretensión primera es que se declare que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZON y SERVINANA EMPRESA UNIPERSONAL, y ALONSO GOMEZ DUERO existió un contrato laboral a término indefinido.

Visto lo anterior, y comoquiera no concurren los elementos propios del contrato de trabajo señalados en el artículo 23 del C.S.T., modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, respecto de las EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZON S.A., en este aspecto se confirmará la decisión del a quo en la sentencia apelada.

(…)

En este proceso la demandada ASEO SERVINANA, no solo ha incumplido la carga de probar la buena fe, sino que además de la contestación de la demanda, se establecen hechos que son considerados por la doctrina como indicativos de mala fe del empleador, como son los siguientes: (i) Cuando la deuda alegada no es obra de razones serias y poderosas. (ii) Alegar que no se ha pagado por ser mínima la cuantía de la deuda.



(…)

Como consecuencia de lo anterior y en consideración a que han trascurrido más de 24 meses desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo, se deberá pagar a este los intereses moratorios sobre la liquidación de la indemnización moratoria a la tasa máxima de créditos de libre asignación, no procediendo en este caso la indexación pedida por la parte actora.

(…)

Dicho lo anterior, y en observancia del Decreto 2644 de 1994 por medio del cual se expide la tabla única para las indemnizaciones por perdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica correspondiente, habrá de aplicarse ésta en relación a la perdida sufrida por el acá demandante, la cual asciende a 12.5%, conforme lo indicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y que tiene un monto de 5.5 del ingreso base de liquidación.


SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, cuatro (4) de agosto de dos mil nueve (2009)



RADICACIÓN NÚMERO: 41298-31-05-001-2007-00028-01

ACTOR: ALONSO GOMEZ DUERO

DEMANDADO: ASEO SERVINANA EMPRESA UNIPERSONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN - EMPUGAR







CONTRATO DE TRABAJO / PRUEBA / COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO / SUBORDINACIÓN / TACHA DE SOSPECHA / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO / SANCIÓN MORATORIA / BUENA FE / PREJUDICIALIDAD
Así las cosas, obsérvese como en el presente caso corresponde al demandado, desvirtuar la existencia de la relación laboral, para lo cual deberá probar que no se han configurado los elementos del contrato de trabajo, y no al demandante el cual solo le bastará con acreditar su existencia. Por lo anterior, deberá la Sala en principio, revocar la decisión adoptada por el a quo, comoquiera que este indicó que fue el demandante quien no probó los elementos del contrato de trabajo, para lo cual deberá la sala efectuar un análisis del fondo, dadas las circunstancias indicadas por la Jurisprudencia, pues como se dijo, se invirtió para el caso como el que nos ocupa, la carga de la prueba.

(…)


De lo anterior, la Sala advierte que en el supuesto convenio celebrado entre las partes prevalecen las disposiciones de carácter laboral, bajo las cuales se desempeñó la accionante, sobre aquellas de índole de cooperado. Por ello, de conformidad con el principio constitucional previsto en el artículo 53 de la Carta Política, según el cual prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, la Sala concluye que en el caso en estudio, se configura una relación laboral dependiente y por consiguiente regida por un contrato de trabajo, luego, las relaciones jurídicas entre la actora y la cooperativa accionada no se rigen por las normas de la legislación cooperativa sino por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

(…)


De la señalada jurisprudencia se extrae la regla que cuando la terminación del contrato, aún cuando proviniendo de una decisión unilateral del trabajador, sea provocada por la conducta del patrono por hostigamiento sistemático del mismo, tendiente a quebrantar la voluntad del trabajador que lo determina en últimas a presentar renuncia, se configura un despido indirecto. Revisado el expediente a folio No. 46 se encuentra la renuncia presentada de manera voluntaria por la demandante ante el gerente general de la cooperativa demandada, calendada el 11 de agosto de 2006; no encontrando esta Sala ninguna prueba que demuestre que la renuncia presentada no fue producto de la voluntad libre de presiones o que haya sido causada por la conducta asumida por el patrono, razones suficientes para no condenar a la demandada a la indemnización por despido injusto.

(…)


Visto lo anterior, se observa que efectivamente la entidad demandada, pese a que estaba en vilo la reclamación efectuada por el actor en el presente caso, en cuanto al reconocimiento de la relación laboral, este no pagó a la demandante la suma correspondiente a la liquidación de las prestaciones sociales, comoquiera que cursaba en la jurisdicción penal, proceso en su contra, para lo cual pidió la prejudicialidad penal del presente proceso.
Como primera medida se ha sostenido la inoperancia de la prejudicialidad penal en este sentido, pues es la misma Ley laboral la que faculta a los jueces para resolver sobre el tema, pues lo que a ellos interesa no es la responsabilidad penal, sino la responsabilidad objetiva del comportamiento legalmente contemplado como motivo justificativo del no reconocimiento de la relación laboral. En consecuencia, no es dable al fallador esperar la resolución del juicio penal, ni supeditar su decisión a que el mismo si exista o no, aunque no es óbice que en el estudio de la existencia o no de la relación laboral, y consultando lo principios de la sana crítica, valore el material probatorio penal arrimado al juicio del trabajo y determine los efectos que en éste último tienen las decisiones proferidas en los procesos penales.
Dicho lo anterior, corresponde analizar si las actuaciones del demandado estuvieron revestidas de buena fe, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia antedicha, si se comprueba que el empleador retuvo justificadamente las prestaciones del trabajador al momento de la terminación de la relación laboral, esto es demostrando buena fe, se exonera del pago de la sanción moratoria.
Observa esta Sala que la Cooperativa demandada retardó el pago de las prestaciones sociales de la demandante, amparado en la presunción de que esta estaba actuado de buena fe, comoquiera que justificó su actuar aduciendo que se encontraba en tramite una acción de tipo penal en contra de la demandada, por lo que puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia, el valor de dichas prestaciones sociales.
Por lo anterior, observa la Sala que las actuaciones que efectuó el demandado para el retardo en el pago a la demandante de sus prestaciones sociales, fueron hechos indicativos de buena fe. Esta justificación de buena fe, se puede observar en la puesta a disposición de manera voluntario del dinero que la Cooperativa destinó para la liquidación de la actora, así como que el demandado justificó su retardo en la espera de la resolución del proceso penal que cursa en contra de la hoy demandante, lo cual si bien no es razón para su retención, este hecho se desvirtuó cuando este consignó a la cuenta del Juzgado Laboral el dinero correspondiente a la liquidación de las prestaciones sociales.
SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, veintiuno (21) de septiembre de dos mil nueve (2009)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-001-2007-00286-01

ACTOR: LAURA PATRICIA RESTREPO MORALES

DEMANDADO: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AZ SERVICIOS







SUSTITUCIÓN PATRONAL / SOLIDARIDAD / DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / PRESCRIPCIÓN / INDEMNIZACIÓN MORATORIA / APORTES A PENSIÓN
Descendiendo al caso concreto acreditado esta que la señora LOURDES CUELLAR HERRERA se desempeñó en el trabajo doméstico desde el día 13 de junio de 1993 bajo la continúa dependencia y subordinación de la señora AURA MARÍA PASTRANA DE GUTIÉRREZ hasta el día de su fallecimiento como lo señalan los testimonios de CARMEN ROCIO TOVAR SUAZA, VILMA SIERRA PASTRANA Y JOHANNA PERDOMO TRIGUEROS; y que tras la muerte de su patrona continúo laborando con los hijos de la citada señora hasta el 18 de noviembre de 2005, concretamente con HERNANDO, CONCEPCIÓN Y AURA MARIA GUTIÉRREZ PASTRANA.
Igualmente se encuentra probado que las labores desempeñadas por la demandante no sufrieron alteración esencial, manteniendo en general el ritmo de las actividades que desempeñaba antes, por lo que se encuentran demostrados los requisitos exigidos por la ley sustancial y a los que hace alusión la precitada jurisprudencia.

Por el fallecimiento del antiguo empleador lo suceden sus herederos determinados e indeterminados, luego ellos responderán junto con el nuevo empleador por el valor total de las obligaciones laborales debidas entre el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1993 y el 18 de julio de 2005; mientras que los nuevos empleadores, los señores HERNANDO, CONCEPCIÓN Y AURA MARIA GUTIERREZ PASTRANA, responderán de las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución, de manera solidaria.


SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, veintiuno (21) de abril de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001- 31-05-002-2007-00229-01

ACTOR: LOURDES CUELLAR HERRERA

DEMANDADO: SUCESIÓN DE AURA MARÍA PASTRANA DE GUTIÉRREZ Y OTRO.







CONCURRENCIA DE CONTRATOS / CONTRATO POR EL TÉRMINO DE LA LABOR CONTRATADA / CONTRATO CIVIL DE UTILIZACIÓN DE DERECHOS PUBLICITARIOS / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO

La Sala no encuentra ninguno de los elementos tipificadores de un contrato de trabajo al examinar el contrato civil de utilización de derechos publicitarios. En efecto, no existe subordinación de parte del jugador respecto del CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO HUILA, por virtud del cual deba acata ordenes; sin que se le señale horarios o la ejecución de tareas especificas. Sobre este particular a lo único que se obliga el jugador es a usar las prendas y distintivos publicitarios en los uniformes deportivos que se le entreguen o indiquen por parte del CLUB. En lo atinente a la prestación personal del servicio, en realidad ninguna actividad debe realizar el jugador de futbol, solamente permitir la utilización de su imagen y su nombre en la programación publicitaria, en cualquier medio de comunicación en la que se destaquen sus habilidades y destrezas como futbolista. Por último en lo atinente al salario, encuentra la Sala que no se pactó ninguna remuneración, sino que el querer de las partes fue pactar el pago de una suma de dinero, en desarrollo del objeto del contrato.


Como consecuencia de lo anterior, le encuentra la Sala razón al apelante, cuando sostiene que en el caso bajo examen existió una concurrencia de contratos al tenor del artículo 25 del C.S.T., uno de naturaleza laboral y otro de índole civil, con los elementos característicos de cada uno de ellos.

(…)


Como consecuencia de lo decidido al abordar el primero problema jurídico, esta Sala considera que no hay lugar a acceder al pago de la indemnización por despido injusto, ya que por la índole del contrato, esto es por el termino de duración de la labor contratada, que para el efecto era del 8 de julio de 2004, hasta la finalización de la participación del CLUB ATLÉTICO HUILA en el campeonato Copa Munstang II de 2004, no se requería pre aviso, más aún, las partes habían pactado que cumplida la participación del Club Deportivo en el referido campeonato, finalizaría el contrato de trabajo, sin necesidad de notificaciones o avisos.
SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-001-2007-00389-02

ACTOR: HERNÁN DARÍO REINOLDS VALENCIA

DEMANDADO: CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO HUILA







CARGA DE LA PRUEBA / PRESTACIONES SOCIALES / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO / SANCIÓN MORATORIA / MALA FE / CONFESIÓN AL CONTESTAR LA DEMANDA
Por lo anterior no incurrió el a quo en error facti injudicando pues al momento de apreciar la prueba le dio el alcance y contenido que esta misma Sala le asigna, por tanto al no encontrarse probado el pago de las prestaciones, las pretensiones de la demanda en lo concerniente a este aspecto estarían destinadas a prosperar salvo la concerniente al trabajo suplementario, cuya justificación se realizara posteriormente, pero aclarando que solamente respecto al segundo contrato de trabajo, esto es en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2003 y el 4 de abril de 2007, razón por la cual se confirmará la sentencia en este especifico aspecto.
En lo atinente a la indemnización por despido injusto, esta se negará, confirmando lo decidido sobre el particular por el Juez de primera instancia, teniendo en cuenta que se ha acreditado que el despido de la actora, acaeció por una conducta inmoral de la trabajadora, consistente en vender un traje puesto bajo su custodia; conducta que al tenor del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 ordinal quinto, señala como justa causa para despedir.

(…)


La imposición de la sanción moratoria no es automática, se requiere la prueba de la mala fe del patrono, la cual se encuentra demostrada por la confesión realizada por la parte pasiva en la contestación de la demanda, al aceptar sin reparo alguno la existencia del contrato de trabajo, en los hechos dos, tres, cuatro, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, once y doce, corrobora lo anterior el hecho de que el patrono hubiese afiliado a la trabajadora a la E.P.S. Humana Vivir y posteriormente a Salud Colombia, así como también a la Caja de Compensación Familiar (hecho quinto de la contestación de la demanda). No albergaba duda el patrono respecto de la naturaleza jurídica de la relación que ataba a demandante y demandado, así lo confesó igualmente al absolver el interrogatorio de parte que obra a los folios 40 a 42, por tanto tenia conocimiento de su deber de cancelar las prestaciones sociales debidas al trabajador.
Al tenor del artículo 197 del C.P.C., modificado por el decreto 2282 de 1989 artículo 01 numeral 84, que señala que “la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, y la audiencia de que trata el artículo 101”. Por otra parte el artículo 95 del mismo ordenamiento señala los requisitos que debe reunir la confesión, los cuales se encuentran acreditados en este proceso. Son ellos que el confesante tenga la capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, que versen sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija otro medio de prueba, que sea consiente y libre y que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga conocimiento.
SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-001-2007-00420-01

ACTOR: MARIA FANNY SILVESTRE PINTO

DEMANDADO: BENJAMIN CASTILLO ERAZO







INCREMENTO PENSIONAL DEPENDE DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICADO / VIGENCIA DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO 049 DE 1990
En cuanto a la vigencia del artículo 21 del Acuerdo 049 de de 1990, es un asunto que no ofrece mayor dificultad, pues este punto ya fue dilucidado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias del 27 de julio de 2005 radicación 21517 y la del 5 de diciembre de 2007 radicación 29531, donde concluyó la Corporación que el citado precepto normativo conserva plena vigencia y debe ser aplicado siempre que concurran los presupuestos legales para tal fin por tres razones a saber: (i) en virtud de los principios de favorabilidad e inescindibilidad que informan el derecho laboral; (ii) porque la aplicación que se dé a las normas como consecuencia del régimen de transición, debe hacerse en su integridad y no de manera fragmentaria; y (iii) porque si bien la ley 100 de 1993 no reguló los incrementos pensionales, ello no significa que los haya derogado, por el contrario, debe entenderse que si no los reguló expresamente es porque tales disposiciones no le son contrarias y, en consecuencia, conservan su vigencia.

(...)


Sin embargo, como se desprende del acto administrativo, la prestación fue otorgada con fundamento en el artículo 33 de la ley 100 de 1993. En efecto la resolución indica "el asegurado es acreedor de la pensión de vejez por cumplir os requisitos que establece el artículo 33 de la ley 100 de 1993 (...)".
Siendo así, no puede concederse al demandante un incremento que no está comprendido dentro del régimen pensional que le fue aplicado (artículo 33 de la ley 100 de 1993), pues la Sala de Casación Laboral de la Corte ha dejado claro que los incrementos pensionales por personas a cargo conservan su vigencia sólo para aquellos trabajadores que se hallen cubiertos por las disposiciones del acuerdo 049 de 1990 y el Decreto Reglamentario 758 del mismo año.
SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001 31 05 001 2010 00170 01

ACTOR: VÍCTOR CHARRY BAUTISTA

DEMANDADO: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS







PENSIÓN DE VEJEZ EN LA LEY 71 DE 1988 / VALIDÉZ DE LOS APORTES
En el caso que ocupa la atención de la Sala es un hecho no controvertido por las partes que el demandante es beneficiario del régimen de transición, pues, según el registro civil de nacimiento que obra a folio 10 del cuaderno principal, para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad. La controversia en este caso se contrae a establecer cuál de los regímenes anteriores al actual sistema pensional es el aplicable al actor y cual es la entidad encargada de asumir el pago de la prestación.
Del análisis jurídico y probatorio efectuado en la primera instancia se concluyó que el señor DUSSAN no satisface los presupuestos de ningún régimen pensional, ni anterior ni posterior a la ley 100, razón por la cual le fue denegada la pensión de vejez. Señaló el juez que el régimen aplicable era el de la ley 33 de 1985 pero no podía concederse la pensión dada la omisión de los empleadores de sufragar los aportes.
La anterior afirmación no es compartida por esta Sala comoquiera que el régimen establecido en la ley 33 de 1985 es aplicable a los servidores públicos que hayan cotizado 20 años a una caja de previsión social, y en el presente caso, el demandante sufragó aportes al ISS desde 1996 hasta 2004, mientras se hallaba vinculado con la empresa de Servicios Públicos de Palermo, razón por la cual el régimen pensional correspondiente sería el consagrado en la ley 71 de 1988 denominado pensión por aportes.

(...)


Recapitulando se tiene entonces que el régimen pensional aplicable al demandante es el de la pensión por aportes, pues en primer término es beneficiario del régimen de transición, en segundo lugar cumple con la edad y en tercer lugar sus aportes se entienden sufragados a una Caja de Previsión Social por el tiempo de servicio al municipio de Palermo y también ha sufragado aportes al Seguro Social desde el año 1996 hasta el año 2004.

(...)


Según las sentencias que declararon la relación laboral, el municipio de Palermo debe asumir la carga pensional causada desde el 1 de octubre de 1981 al 31 de diciembre de 1995, lo que permite establecer que, por un lado, el demandante tiene 14 años y tres meses de cotizaciones en el sector público (Caja de Previsión Social), y entre el 03 de mayo de 1996 y el 31 de mayo de 2004, el actor sufragó, de manera discontinua, un total de 143,14 semanas que equivalen a 3 años, aproximadamente. Sumando tales aportes se concluye que el señor RODULFO DUSSAN no ha cotizado el tiempo necesario para adquirir la pensión por aportes, pues las cotizaciones efectuadas no suman los 20 años que para el efecto exige la ley 71 de 1988.
SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: EDGAR ROBLES RAMIREZ

Neiva, catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010)



RADICACIÓN NÚMERO: 41001-31-05-002-2008-00496-00

ACTOR: RODULFO DUSSAN

DEMANDADO: MUNICIPIO DE PALERMO Y OTROS







ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RELACIÓN LABORAL / DIFERENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO CON EL CONTRATO DE OBRA
En criterio de esta Sala, el contrato aludido no tiene la connotación de un contrato trabajo, toda vez que no se encuentran acreditados los elementos esenciales de la relación laboral. En cuanto al primer presupuesto, esto es, la prestación personal del servicio, es ilustrativa la prueba testimonial, pues los señores MISAEL y ÁNGEL ALBERTO CABRERA POLANÍA, quienes son vecinos de la vereda donde se ubica el predio del demandado, fueron congruentes al señalar que aunque no conocieron el contrato celebrado entre las partes, sí percibieron de manera directa la labor desarrollada por el señor PEDRO BALLESTEROS en el predio del señor HÉCTOR OSORIO.

(...)


En este orden de ideas, la prestación del servicio no genera, per se, un vínculo laboral, pues bien puede ejecutarse una labor para otra persona en virtud de un contrato civil, lo que hace necesario auscultar si se verifican los demás elementos esenciales de la relación laboral.

(...)


El contrato de obra o empresa surge cuando dos personas se obligan entre sí, la una a llevar a cabo una tarea o labor determinada, y la otra a pagar por ello a la primera un precio o remuneración, pero sin que ella se ponga bajo el servicio, subordinación o dependencia de ésta.
SALA LABORAL

SALA QUINTA DE DECISIÓN


Compartir con tus amigos:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal