Rama judicial tribunal superior de distrito judicial de neiva



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SALA LABORAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41551-31-05-001-2007-00092-01

Actor: LUZ MERY FIGUEROA CLAROS

Demandado: CAFETALERA EXPORTADORA DE ESPECIALES LTDA.

Salvamento de voto: Magistrado EDGAR ROBLES RAMÍREZ







CONTRATO DE TRABAJO / TRABAJADOR OFICIAL / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
3.2.1.- La precedente prueba apreciada en conjunto, conduce a determinar que la labor desarrollada por el actor en la vinculación que pretende con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO demandada no fue otra que la aceptada por él mismo en los hechos de la demanda: AUXILIAR DE FARMACIA, la que no se enmarca en los requerimientos del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, para calificar como trabajador oficial a quien se desempeñe en una entidad con la naturaleza jurídica de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE), y por tanto vinculado a través de contrato de trabajo, independientemente de la forma de vinculación que se emplee para la misma, esto es, “quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”; significando, que la labor desempeñada no figura dentro de las propias de la excepción para catalogarse como trabajador oficial, ni siquiera en funciones de “servicios generales”, cuando las actividades que ilustra la prueba testimonial y documental que desempeña el actor no tienen nada que ver con las mismas, pues no se remiten a aspectos indispensables para el funcionamiento de las instituciones, tales como mantenimiento de la planta física de la entidad o servicios generales, situación que conduce a concluir que no se acreditó el contrato de trabajo cuya declaración se pretende, debiéndose confirmar el fallo de primera instancia.

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SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, tres (3) de marzo de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-003-2006-00382-01

Actor: SALVADOR SERRATO GIRÓN

Demandado: E.S.E POLICARPA SALAVARRIETA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “HUILA SALUD” y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “LABOORUM TALENTO HUMANO INTEGRAL”.







ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA PATRONAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES
3.3.2.- Así, estima la Sala, ha cumplido la parte actora con la carga probatoria relativa a la culpa leve del empleador fundamento de la responsabilidad contractual que genera la indemnización de perjuicios demandada, como quiera que le correspondía al empleador brindar a sus trabajadores las condiciones adecuadas en las locaciones en donde debían estos desarrollar la labor contratada, con el mantenimiento requerido a las mismas, máxime tratándose de una actividad peligrosa la relacionada con la energía eléctrica, colocando a los asociados en inminente peligro de recibir lesión, y ser la labor ejercida por el trabajador accidentado de técnico electricista, por cuenta de la empleadora, quien faltó a la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, como un buen padre de familia, en palabras del artículo 63 del Código Civil, sin desconocer la capacitación previa brindada al trabajador accidentado, y la dotación suministrada, aunque esta no fue la requerida para la labor contratada, ya que se limitó a gafas de seguridad y guantes de cuero, sin que se predique del comportamiento del trabajador su propia culpa que rompa el nexo causal y exonere de responsabilidad a la empleadora, porque si bien se determinan errores por parte de este, lo cierto es que quien primero incumplió fue la empleadora, al no contar en el indicado sitio de trabajo con un diseño de tablero adecuado, con frente muerto, instalación de sistema de calefactores, distancias mínimas para conexiones eléctricas, sistema apropiado de aislamiento de las condiciones eléctricas, sistema de conexiones eléctricas apropiado, cumplir las superficies metálicas con normatividad, platinas de conexión a las borneras de los breaker, que no eran las recomendadas por el fabricante, conductores eléctricos de dimensión importante con esfuerzos mecánicos inducidos por la geometría de la conexión, etc., determinante en el acaecimiento del accidente, y además el trabajador se limitó a ejercer una función propia de su oficio o conexa al mismo, ya que en esta clase de actividades no hay lugar a agotar trámites ante las eventualidades que se presentan, sino a actuar, en aras de evitar accidentes de proporciones mayores al lamentablemente ocurrido en el que el propio trabajador perdió la vida, sin lugar a prosperar las excepciones de CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA e INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y LA GESTION DE MECANICOS ASOCIADOS S.A., formuladas por la empleadora.

(…)


Es dable acceder entonces al lucro cesante, al estar acreditado el parentesco de padre del trabajador fallecido con las demandantes SANDRA STEFANY y LAURA CAMILA MANCERA LEANDRO, con los correspondientes registros civiles de nacimiento, como también de compañera permanente de la señora DIANA PATRICIA LEANDRO PIETRO, con las declaraciones extra juicio de FRANCISCO HERNANDO MANCERA PIRA y JOSE REYES BECERRA CAMARAGO, demandantes a quienes les fue reconocida la pensión de sobreviviente por la ARP BOLIVAR, vinculación suficiente para determinar que tienen derecho al mismo, entendido el lucro cesante al tenor del artículo 1614 del C.C. como “…la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.”, no contando a partir del fallecimiento del padre y compañero, con el auxilio prestado por este acorde con los mandatos de los artículos 176 y 253 del C.C., obrando los elementos probatorios para su liquidación, que no son otros que la prueba de los ingresos del trabajador accidentado (salario devengado plasmado en el contrato de trabajo), y las fechas de nacimiento de las demandantes y del trabajador, como del deceso de este, con los registros civiles y fotocopia de la cédula de ciudadanía, para determinar la vida probable, en aplicación de la fórmula que ha venido aplicando la jurisprudencia.

(…)


3.4.4.- Los perjuicios morales objetivados y subjetivados, independientemente de la discusión doctrinaria sobre su clasificación, se observa que no hay lugar a los primeros porque no se aportó prueba de los mismos, en la medida que no se probó el perjuicio económico derivado del perjuicio moral, a manera de ejemplo, del costo del tratamiento psicológico frente a la pérdida del ser querido, por lo que solamente debe accederse a los subjetivados que tocan con los sentimientos íntimos del ser humano, tales como la pesadumbre, aflicción, soledad, que la muerte del trabajador les ha ocasionado a las demandantes, al ser indiscutible, por reglas de la experiencia, que por el grado de parentesco, primero consanguíneo (Art.35 C.C.) y la relación de compañeros permanentes, conformaban una familia, núcleo esencial de toda sociedad, viéndose las demandantes perjudicadas moralmente, sin que prueba alguna los desvirtúe, perjuicios que efectivamente no se tasan con el patrón “salario mínimo”, conforme se excepciona, siguiendo los derroteros de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, acogido por la Sala de Casación Laboral, “…dada la índole subjetiva de éstos y por ser inconmensurable el monto del daño moral, no puede ser materia de regulación pericial sino del prudente arbitrio del juzgador—arbitrium judicis.”, los que se fijan a favor de cada una de las demandadas en la suma de $10’000.000, para un total de $30.000.000.
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SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00141-01

Actor: DIANA PATRICIA LEANDRO PRIETO y OTROS

Demandado: MECANICOS ASOCIADOS S.A. y OTRO







ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA PATRONAL / PRESCRIPCIÓN
Al no emplearse en el automotor que transportaba a la actora comúnmente para el transporte de pasajeros sino de carga, en términos procesales exigía la plena acreditación del acondicionamiento para el anotado menester, máxime porque se transportaban seres humanos, no carga, y por tanto no fluye de las versiones rendidas, bien por quienes se transportaban ese día pero en la parte delantera, o por quien conocía el automotor por razón de su empleo en la corporación demandada, certeza de tratarse efectivamente de cinturones de seguridad, individuales para cada uno de los cinco pasajeros, que se expone era el cupo de cada banca ubicada en la parte trasera de la caminoneta, fijados o anclados al automotor, que cumplieran efectivamente el objetivo de brindar seguridad a los pasajeros que se transportaban, ya que se informa simplemente que estaban pegados a la banca.

(…)


De esta forma, no brinda la prueba testimonial certeza del hecho transcendente al caso, de haber brindado el empleador la seguridad requerida a la trabajadora en el suministro del servicio de transporte, y por tanto es procedente la tacha acogida por la juzgadora de primera instancia, aspecto del fallo recurrido que debe ser confirmado, que conlleva a tener por acreditada la culpa patronal en el acaecimiento del accidente de trabajo.

(…)


Se concluye entonces que conforme se determina en el fallo de primer grado, la acción se encuentra prescrita, porque es procedente iniciar a contabilizar el término de tres años que configura la prescripción de la acción, al momento del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 20 de mayo de 2003, como quiera que la demanda fue formulada el 17 de abril de 2007, sin que para el presente efecto se requiera la destacada por la señora apoderada de la parte demandante, revisión o una nueva valoración, porque si bien en patologías de carácter progresivo, procede el volverse a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, lo es para que la Administradora de Riesgos Profesionales reconozca el mayor valor resultante, de conformidad con el inciso 2° del artículo 7° de la ley 776 de 2003, sin que sea dable que de manera indeterminada no se inicie la contabilización del analizado término de prescripción.
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SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-003-2007-00138-01

Actor: MARIA NURY MOSQUERA ORDOÑEZ

Demandado: CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE NEIVA






ACCIDENTE DE TRABAJO / CULPA PATRONAL / RIESGOS PROFESIONALES
Probados entonces los requisitos para acceder a las prestaciones propias del Sistema de Riesgos Profesionales (vínculo laboral y la realización del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo), se observa que la indemnización por incapacidad permanente parcial objeto de condena, se encuentra prevista en el literal b) del artículo 7° Decreto 1295 de 1994, la que se estructura frente a la disminución definitiva, igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de la capacidad laboral para la cual ha sido contratado o capacitado el trabajador, acorde a los mandatos del artículo 5° de la ley 776, consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
La circunstancia de la disminución definitiva de pérdida de la capacidad laboral entre los exigidos extremos porcentuales, consecuencia del referido accidente de trabajo, también se encuentra acreditada con el dictamen que obra a folios 111 a 114 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, entidad que al tenor del artículo 42 de la ley 100 le corresponde calificar en primera instancia la invalidez y determinar el origen para la pensión de invalidez por riesgo común, a la que remite el artículo 250 ídem., tratándose del Sistema General de Riesgos Profesionales, en 23.71% con origen en accidente profesional, el que debe entenderse de “trabajo”, ya que la casilla del formato corresponde en cuanto a la calificación del origen a: “ACCIDENTE”.
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Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-003-2009-00004-01

Actor: JUAN MANUEL SANTOFIMIO LEON

Demandado: IMPULSO Y MERCADEO S.A. y OTRO






PERIODO DE COTIZACIÓN PARA OBTENER PENSIÓN DE INVALIDEZ
3.2.- Para el caso, el Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones expedido por el ISS, informa que la actora entre el 31 de marzo de 1999, como trabajadora dependiente de TEJIDOS LEONOR LTDA., y el 1 de octubre de 2002, como trabajadora independiente, no realiza cotización alguna al sistema en pensiones, realizando pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en el ISS, en salud, como trabajadora independiente el 2 de abril, 14 de mayo y 12 de junio de 2002.
Así, la demandante se ubica en el evento del literal b) del citado artículo 39 de la ley 100, ya que no es dable tomar como cotización en pensiones al momento de estructurarse su estado de invalidez, la realizada el 2 de abril de 2002, porque la misma lo fue al sistema de salud, y por tanto el requisito para acceder a la pensión de invalidez, es el de haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración del mismo, por lo que como se ha anotado, al no haber realizado cotización alguna entre el 31 de marzo de 1999 y el 1 de octubre de 2002, al régimen pensional, estructurándose su estado de invalidez el 29 de abril de 2002, no cumple con las requeridas 26 semanas de cotización, como bien se decide en el fallo de primer grado, el que debe ser confirmado.
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Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, veintisiete (27) de agosto de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2009-00841-01

Actor: VENUS DEL SOCORRO RIVERA

Demandado: INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES






CONTRATO REALIDAD / EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO –E.A.T.-
Conforme a los presupuestos del artículo 177 del C. de P. C., en principio, la carga de la prueba recae en el demandante, es decir, que es al señor LIBARDO JIMENEZ YUNDA a quien le corresponde acreditar la concurrencia de los elementos del contrato de trabajo, los cuales fueron desvirtuados conforme al material probatorio recaudado, dado que no recibía órdenes directas del demandado, no tenía un horario de trabajo y lo que recibía por su labor no se puede catalogar como salario.
De las pruebas citadas, previo el análisis de los lineamientos jurisprudenciales relacionados, se evidencia con claridad que la labor desarrollada por el actor no da para estructurar una relación laboral, así no existe probanza alguna que apunte a acreditar la existencia de contrato de trabajo alguno, razón por la cual se confirmara el fallo objeto de consulta.
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Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-001-2008-00259-01

Actor: LIBARDO JIMENEZ YUNDA

Demandado: BRACEROS ASOCIADOS DE NEIVA E.A.T. y OTROS







CONTRATO REALIDAD / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
De esta manera, se corrobora lo expuesto por la parte demandada, de tratarse de persona jurídica completamente diferente de la empleadora del demandante, aunado a ello, se observa la liquidación obrante a folio 5 cuaderno 1, en la que figura como empleador E.P. AGROVETERINARIA EL CAMPESINO –AGROVELCA-, figurando como NIT. 813.008.209-8, concordante con el que figura en el certificado de existencia y representación legal de la misma; también el cargo desempeñado durante el período objeto de liquidación –enero 1º a 31 de agosto de 2006-, era auxiliar de bodega y almacén; características estas que al ser descritas por el demandante no son las mismas, pues en los hechos 3º y 5º del libelo estableció los extremos temporales de la supuesta relación laboral, así en su orden dijo, 1 de enero de 2005 al 1 de septiembre de 2006, y como cargo desempeñado en el hecho 6º manifestó oficios varios. Por tanto, encontrando irregularidades propias que permitan desentrañar la realidad laboral, no son de recibo las razones y peticiones imploradas.

(…)


También se tiene el escrito presentado por el apoderado de la parte demandante, en el cual aduce que por informaciones ofrecidas por la representante legal de AGROVELCA S.A., se dio a la tarea de entrevistarse con el gerente liquidador de AGROVELCA, a fin de determinar la continuidad o suspensión definitiva del proceso, pues la empresa AGROVELCA actual es diferente a la existente hace varios años (folio 62 cuaderno principal).
En efecto, el artículo 27 del C. P. del T., enseña que La demanda se dirigirá contra el empleador, o contra su representante cuando éste tenga facultad para comparecer en proceso en nombre de aquél; circunstancia no acaecida en el presente, como bien se establece con la documental recaudada, por tanto sin la existencia de probanza alguna que apunte a acreditar la existencia de contrato de trabajo alguno, razón suficiente por la cual se confirmara el fallo objeto de consulta.
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Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41298-31-05-001-2009-00069-01

Actor: ERMILTON RAMOS ALVIRA

Demandado: AGROVELCA S.A.







DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / PENSIÓN DE INVALIDEZ
En suma, la empleadora ante la omisión suya de exigir la incapacidad debidamente otorgada por los facultativos de la medicina de la entidad a la cual tenía afiliado a su trabajador, exculpó a su trabajador, por lo que despedirlo después, en efecto, constituye un despido sin justa causa. En estas situaciones, resulta apenas natural, que los testimonios ya de conocidos ora de vecinos o compañeros de trabajo no puede suplir la prueba que para el efecto debe obrar, que obviamente debe provenir de la EPS, a la cual se encontraba afiliado el trabajador, por lo tanto la decisión adoptada por la primera instancia en este aspecto debe ser confirmada.

(…)


4. En conclusión, y para efectos de la apelación propuesta por la parte actora, no se acoge su inconformidad respecto a reconocimiento de pensión por invalidez, como quiera que ni el origen de la enfermedad por él padecida es de origen profesional, ni alcanza el porcentaje de minusvalía reclamada por el legislador para que dicha prestación opere.
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Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, doce (12) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-002-2007-00237-01

Actor: HECTOR ESCOBAR

Demandado: PROMOHUILA S.A







INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% POR CÓNYUGE, CONSAGRADO EN EL ACUERDO 049 DE 1990 / PENSIÓN DE INVALIDEZ RECONOCIDA POR LA LEY 100 DE 1993
Obra en el proceso la Resolución número 2342 del 8 de mayo de 2007, en la cual se advierte que al actor le fue reconocida la pensión de invalidez con base en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, disposiciones que establecen que se tiene derecho a la pensión de invalidez cuando se hubiere “cotizado de 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y acredite un 205 de fidelidad al sistema, calculado entre el tiempo transcurrido desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”, requisitos que la entidad entra a analizar al concluir que el actor cotizó un total de 1119 semanas, de las cuales 55 fueron cotizadas en los tres años anteriores superando la fidelidad mínima al sistema equivalente a 382 semanas,
Por lo tanto, no puede aducirse que los beneficios consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, puedan ser invocados por una persona que obtuvo pensión de invalidez bajo un régimen diferente al contenido en dicho acuerdo, como es el caso del solicitante, que se encuentra regido por la Ley 100, y no le asiste ningún derecho pensional derivado de la transición del Acuerdo 049.
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Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-001-2009-00476-01

Actor: NOFAR QUESADA FIGUEROA

Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES







PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL / ACTUALIZACIÓN DE LA BASE SALARIAL
Así, la fuente de la pensión reconocida a la señora ELIZABETH LOSADA ARENALES es la Convención Colectiva, por lo tanto aquella queda cobijada por las normas constitucionales y legales que disponen la actualización monetaria de la primera mesada pensional, según lo ha planteado y resuelto la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. M.P: Camilo Tarquino Gallego, sentencia de julio 31 de 2007, radicación 29022

(…)


Vale precisar que desde dicha época, jurisprudencialmente se ha establecido la posibilidad de efectuar dicha actualización de la base salarial, independientemente que se trate de pensiones surgidas con base en Ley o en la Convención Colectiva de Trabajo, por haberse adquirido el derecho en vigencia de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993.

(…)


3.3.- En suma, para la Sala, la pretensión de reliquidación de la pensión de jubilación reconocida por el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a la señora ELIZABETH LOSADA ARENALES, fue atendida y resuelta por el a quo conforme a los lineamientos actuales del órgano máximo laboral, y por ello hay lugar a la actualización de la base salarial de la diferencia inicial entre la mesada reconocida en el año 2006 y la establecida judicialmente con los reajustes incluidos. En consecuencia la sentencia objeto de apelación será confirmada, sin lugar a imponer costas en la presente instancia, pese al resultado desfavorable del recurso, por que no hubo actuación alguna de la parte contraria, acorde con los mandatos de los numerales 1 y 9 del artículo 392 del C. de P. Civil.
SALA LABORAL

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: ENASHEILLA POLANIA GOMEZ

Neiva, trece (13) de octubre de dos mil diez (2010)



Radicación número: 41001-31-05-003-2009-00590-01

Actor: ELIZABETH LOSADA ARENALES


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