Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal.



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La cadena perpetua vuelve al Código Penal disfrazada lagarteranamente de prisión permanente revisable, como se llama ahora. Los principios de seguridad jurídica, de legalidad y de determinación de la pena ceden espacios importantes frente al de la arbitrariedad con sus medidas. Junto a ello, se está produciendo un alargamiento de las penas, unas mayores dificultades para conseguir la excarcelación de la gente, una generalización de la libertad vigilada, así como incrementar de una forma fuerte las medidas de seguridad consistentes en la privación de libertad. 

En opinión de nuestro grupo, en opinión de Amaiur, se está degradando profundamente el andamiaje jurídico-penal que se está manteniendo hasta la fecha. Yo lo aprendí en primero de carrera -creo que era el año 1968- cuando se señalaba que lo esencial era la definición del delito y de ahí pasar a la delimitación de quién era el delincuente. En esta reforma se dan pasos contrarios. Se delimita primero quién es el delincuente, muchas veces con criterios policiales, y a partir de ahí se hace un traje a medida para definir el delito e imponérselo a esa persona y perseguir a las personas con este tipo de argumentaciones. Se consolida el derecho penal de autor y cede las anteriores consideraciones que se estaban teniendo en este ámbito. En igual medida, el concepto de culpabilidad, sobre el cual estaba asentado el ordenamiento jurídico-penal, cede terreno a marchas forzadas al de la peligrosidad. Con ello, se cierra el círculo. Se define cuál es el sector social a perseguir y, en función de esto, se dibuja, se hace el traje a la medida del delito y se persigue a todas estas personas. 

Por desgracia, señor ministro, yo creo que lo que hemos vivido en Euskal Herria en las últimas décadas, según lo cual bajo la doctrina jurídica y política de que todo es ETA, cada vez se ha perseguido a un sector de la población más amplio, a un sector político, a un sector social y a un sector cultural y se han endurecido las penas para quienes pertenecían a este sector. Por desgracia, esta política del todo es ETA se está transmitiendo a todo el Estado. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, tiene que terminar. 

El señor CUADRA LASARTE: Estoy terminando ya, solo es un último párrafo. 

Señor ministro, tras dos años del cese de la actividad armada el Gobierno necesita buscar nuevas ETA, el Gobierno necesita buscar nuevas kale borroka y lo está encontrando, quiere buscarlo, en la confrontación social, en la revuelta social, en la protesta social que se está dando por todo el Estado, en las mareas, en el 15-M, en cualquier tipo de movilización social que se está dando. Ustedes están buscando, están creando, en esta contestación nuevos enemigos a los cuales aplicarles este traje penal que están fabricando con la reforma del Código Penal. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra. 

Por el Grupo Vasco, señor Olabarría. 

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, a veces en esta Cámara no es fácil encontrar puntos de equilibrio argumentativos, oyendo a unos y a otros. Buscar un punto de racionalidad se nos antoja un ejercicio intelectual complejo, pero no obstante lo vamos a intentar. 

Señor ministro, ha empezado su locución, su retórica brillante que le reconozco, haciendo una triple invocación. Ha realizado una primera indicando que esta ley es constitucional -es su opinión-, contra algunas voces que preconizan lo contrario; ha seguido afirmando que esta ley además de constitucional es democrática, y ha terminado diciendo que ustedes siempre han pretendido y han defendido la incorporación de la prisión perpetua revisable; es un eufemismo que le podré demostrar que encubre la locución más correcta en términos jurídicos de cadena perpetua. En primer lugar, no es constitucional, y creo que estoy en condiciones de poder argumentárselo razonablemente. Este proyecto de ley de reforma del Código Penal no es constitucional, es inconstitucional. En segundo lugar, no es una reforma democrática, ni creo que usted piense que es una reforma democrática. Yo no sé en su grupo cuántas personas pueden pensar que esta es una reforma democrática. Yo sé que usted no lo piensa, o pienso que usted no, por razones de conocimiento y de debate sobre esta materia que hemos mantenido anteriormente. Desde luego, ustedes no defendieron en la reforma del año 2010 la prisión perpetua revisable. Es más, intervino en aquella reforma del Código Penal el señor Trillo, a la sazón portavoz de Justicia de su grupo parlamentario, miembro de su partido en aquel momento y me imagino que lo seguirá siendo. Señor Ruiz-Gallardón, no he visto nunca una reflexión más lúcida, más firme y más enfáticamente contraria a la prisión perpetua revisable, a la que calificó con pertinencia de pena indeterminada, como la realizada por el señor Trillo. Y como ustedes son propensos, al igual que yo, al uso de las reflexiones 



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teológicas voy a utilizar los mejores carismas, o la mejor doctrina y voy a parafrasear leyendo en el "Diario de Sesiones" lo que el señor Trillo afirmó en la reforma del año 2010 sobre la prisión perpetua revisable. 

Permítame en todo caso que le muestre un libro que habrá leído, El tratado de los delitos y las penas, del marqués de Beccaria. Si lo ha leído y ha contribuido en la redacción de este Código Penal, o lo ha leído muy despacio, o lo ha entendido mal. Le voy a reproducir solo unas frases particularmente significativas, casi paradigmáticas de esta obra escrita por el marqués de Beccaria en el siglo XVIII. Es triste tener que afirmar que desde el siglo XVIII no se ha avanzado e incluso se ha retrocedido en el perfil, en la fundamentación ontológica y filosófica de los delitos y las penas. Afirma el marqués de Beccaria que el fin de las penas no es atormentar o afligir al delincuente ni deshacer un delito ya cometido, sino impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales -primera reflexión, que podemos estar todos de acuerdo-. Por ello, no deben ser solo las penas proporcionadas sino suaves -es la expresión que utiliza el marqués de Beccaria- y las menos dolorosas sobre el cuerpo del reo, porque ni la eficacia guarda relación con la atrocidad -estamos hablando de penas atroces que se incorporan a este Código Penal- y ni esta aunque fuera eficaz dejaría de ser contraria -quédese con esta expresión, señor ministro, por favor- a aquellas virtudes benéficas que son efecto de la razón iluminada. 

Solo le pido esto, que reconozca la tradición de la razón iluminada de la Ilustración, de Rousseau, de Montesquieu, del marqués de Beccaria. No hace falta avanzar y utilizar otras prácticas u otras doctrinas más coetáneas o actuales, como la de Günther Jakobs -me imagino que habrá leído su obra también, la del derecho apologeta y creador de la doctrina del derecho penal restaurativo y no retributivo, basta con retroceder tres siglos en la historia y leer la obra del marqués de Beccaria sobre los delitos y las penas. 

Tengo que comentarle, desafortunadamente -y se lo tengo que decir a usted, con el que me une una relación de amistad-, que todo esto tiene un fumus y una apariencia de impostura política preocupante y peligrosa por las consecuencias que puede provocar. Yo sé que los estrategas de su partido han llegado a la conclusión de que ustedes están perdiendo votantes por el espectro de la derecha, que no sé cuál es, pero debe haber todavía un espectro a la derecha de su partido. No sé cuál es, porque el espectro ideológico de su partido es casi omnicomprensivo, va desde el centro a la extrema derecha o al franquismo sociológico residual todavía existente, pero por lo que se ve hay partidos todavía más conservadores que están en condiciones de captar y expropiarles votos por la derecha. En este sentido, los estrategas de su partido han llegado a diseñar un tipo de política mediante una invocación casi paranoica, una inoculación en el inconsciente colectivo de la ciudadanía de que vivimos en un entorno de inseguridad y que la norma penal o el derecho punitivo es el mecanismo para corregir esta pretendida inseguridad con la que convivimos. Es una inseguridad impostada, artificiosa, inoculada por sus estrategas y por sus ramificaciones mediáticas, las que ustedes pueden controlar, y no es verdad; los datos objetivos que han sido ya leídos por otros portavoces desautorizan esta opinión. 

En el Estado español la tasa de criminalidad es de 45 delitos por cada 1.000 habitantes, la más baja de la Unión Europea -y es verdad, es la más baja de la Unión Europea-, inferior, por ejemplo, a la de Suecia, que es de 121 delitos o infracciones por cada 1.000 habitantes, a la de Bélgica, de 95 delitos por cada 1.000 habitantes, o a la del Reino Unido, de 84 delitos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo -y esta es una patología que debemos afrontar desde la perspectiva de la Ilustración a la que invocaba el marqués de Beccaria-, desde el año 1990 se ha incrementado la población penitenciaria en el Estado español en un 130 % -un incremento espectacular-, cuando el incremento de la población penitenciaria en países con mayores índices de criminalidad, como Alemania, se ha incrementado solo en el 83 %, en Francia en el 102 % y en Suecia en el 68 %; todos ellos países con mayores índices de criminalidad que el Estado español. Luego, el espantajo de la falta de seguridad, el espantajo paranoide de que vivimos en una sociedad insegura, impostado, inoculado artificialmente -y no puede ser un accidente- para proporcionar o proveernos de una normativa punitiva que desborda ampliamente y con claridad el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas que consagra la Constitución española, se ha convertido en una estrategia política para obtener rendimientos electorales, y eso no es propio de usted, señor ministro, no es propio de un sistema democrático ni es propio de un partido democrático o de un grupo parlamentario como el que usted representa. Pero, sobre todo, no es propio de usted, porque yo conozco su perfil ideológico, que no es precisamente el más conservador de su partido; no es propio de usted. 

Desde esa perspectiva, esta reforma ni es constitucional, ni es humanista, ni es democrática, y además -es verdad- es mentira que ustedes hayan definido la cadena perpetua revisable, pero no son estos los únicos problemas que afectan a este proyecto de ley; usted ha invocado recurrentemente los informes del 



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Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Este proyecto de ley no ha pasado, se ha sustraído a la emisión de esos informes, porque ustedes realizaron una operación que raya en la inconstitucionalidad y que sería el primer elemento de inconstitucionalidad que le voy a imputar, señor ministro. Ustedes presentaron dos anteproyectos para someter a los informes preceptivos del consejo previstos en lo relativo al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, el primero con fecha 11 de octubre del año 2012. Lo sometieron a los informes preceptivos, críticos, muy críticos, con este anteproyecto que usted presentó, pero luego elaboró otro, presentado en el mes de octubre de 2013, y este fue sustraído a estos informes preceptivos. Fue sustraído, no se sometió a los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, a pesar de las modificaciones importantes que el segundo anteproyecto consignaba. Es una trampa de tahúr parlamentario, de tahúr político, que no es propia de usted, señor ministro, y siento tener que espetarle este tipo de calificativos. Aquí se cambió en el segundo anteproyecto, que no se filtró por los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal, materias como la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas, de la custodia de seguridad, tipos como el del homicidio, del homicidio imprudente, las lesiones imprudentes, la falta de consentimiento en el ámbito del acoso sexual a menores, la corrupción entre particulares, el cohecho. Todo esto se sustrajo de los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. 

En este ámbito, tengo que advertirle de que la Sala tercera, en prolija jurisprudencia, ya ha advertido de que la falta de informes preceptivos obligatorios puede provocar vicios de inconstitucionalidad y de nulidad de pleno derecho si se trata de normas administrativas. No tengo que recordarle la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, 2600/2013 en relación con las normas administrativas. Pero en relación con las leyes -estamos hablando de una ley orgánica- ocurre algo parecido, hay una Sentencia del Tribunal Constitucional, la 108/1996, que usted necesariamente tiene que conocer bien porque se dictó en virtud de un recurso de inconstitucionalidad firmado por el señor Ruiz-Gallardón y 55 diputados más. Me imagino que le suena el apellido Ruiz-Gallardón, que sabe de quién estamos hablando. Este recurso era relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se reprocha -y reproduce este reproche el informe del Consejo de Estado- que forma parte del iter legislativo la emisión de estos informes preceptivos que han sido omitidos mediante este birlibirloque, este juego de tahúr del Misisipi que ustedes han practicado en este ámbito. 

Lo que es inconcebible, señor ministro, es que digan que el impacto económico es neutro, que es cero. ¿Cómo va a ser neutro o cero el impacto económico de una ley como esta, que alarga de forma generalizada las penas, todas las penas hasta llegar a la cadena perpetua, una ley que generaliza la libertad vigilada pospenitenciaria, que provoca la necesidad de acreditar a especialistas en juicios de peligrosidad, que le obliga a crear equipos para el aseguramiento de la libertad vigilada? ¿Pero qué piensa usted, contratar becarios para acometer estas funciones? ¿Cómo pueden ser neutras en términos de impacto económico actuaciones que requieren la habilitación de funcionarios que no estaban previstos en la legislación previgente, en la legislación que se pretende reformar, desafortunadamente? 

Pero vamos a hablar de la prisión perpetua revisable, que es en lo que usted se ha detenido de forma más pormenorizada. Esto es una pena indeterminada, y no lo digo yo, lo dice el señor Trillo y usted lo ha dicho en otras ocasiones. Le podría reproducir expresiones textuales suyas de que es una pena indeterminada, de las que están preteridas por el artículo 9.3 de la Constitución española. Primera contradicción expresa de los requerimientos de constitucionalidad que le estoy denunciando en este momento. Tal como se explicita en el Código Penal del año 2010, el Grupo Popular, a través del señor Trillo, ya dijo que cuando hablamos de la prisión perpetua indeterminada estamos hablando de una pena distinta y no de una prolongación o alongación de la pena privativa de libertad; que la prisión perpetua revisable participa de la naturaleza jurídica de las penas indeterminadas, cuya duración no se establece, y no se conoce en el momento en que la pena se impone -otro requerimiento del principio de legalidad penal-, sino que la duración de la pena se conoce a posteriori, quedando al albur de que se produzca la rehabilitación -también un concepto un tanto metajurídico- o la eliminación de la peligrosidad social del penado. Seguía diciendo el señor Trillo -lea el "Diario de Sesiones" porque veo que lo ha conseguido- que un sistema penológico como este carece de raíces en nuestra tradición jurídico penal; que las penas en el Estado español siempre han sido penas determinadas previamente en virtud del principio de tipificación que nos impone a los legisladores el artículo 9.3 de la Constitución; que la determinación a priori contradice el artículo 9.3 de la Constitución; que las penas indeterminadas -terminaba diciendo- significan introducir en nuestro ordenamiento punitivo una cuña desnaturalizadora de nuestro sistema 



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penológico sin apoyo científico, sin estudios empíricos que la avalen y sin más fin que el encarnizamiento punitivo -señor Trillo, miembro y portavoz de su partido en la reforma del Código Penal del año 2010-, introduciendo la finalidad de la prevención penal negativa, prohibida expresamente por el artículo 9.3 y otros preceptos de la Constitución y contradiciendo el artículo 25.2 de la Constitución. El otro precepto que se contradice expresamente y que yo ya le denuncio en este momento es el sentido filosófico y ontológico de las penas de privación de libertad: la resocialización o la reintegración en la sociedad de los delincuentes. 

Lo mismo decía con respecto a las medidas de seguridad, y con esto voy acabando, señora presidenta. Ustedes afirman que mediante esta reforma se supera el sistema monista y se recupera un sistema dual, cosa que no hizo, en su opinión, en esta reforma el Código Penal del año 1995 en el momento en el que derogó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que optó por un sistema dual que prevé la aplicación conjunta de penas y de medidas de seguridad. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría. 

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya. 

Pues, mire, no es verdad, no se supera el sistema monista, pero tampoco se incorpora el sistema dual; se incorpora un sistema híbrido manifiestamente inconstitucional, donde las medidas de seguridad pueden anteceder a la pena, al cumplimiento de la condena, o pueden sustituir y suceder al cumplimiento de la condena de forma indeterminada en el tiempo. Si ya estamos configurando un sistema de prisión permanente a la que se le pueden añadir medidas de seguridad de carácter permanente e indeterminado, consistentes fundamentalmente en internamientos en centros psiquiátricos o centros educativos... 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que terminar. 

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta. 

... en centros psiquiátricos o centros educativos que están ubicados normalmente en centros penitenciarios, ¿qué estamos configurando en términos jurídicos-penales, señor ministro? La cadena perpetua, en su acepción más etimológica desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva puramente gramatical. Y como la cadena perpetua está prohibida... 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalbos Talero): ¡Señor Olabarría! 

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... por el artículo 25 de la Constitución y por todos los tratados internacionales suscritos por el Estado español, este proyecto de ley es inconstitucional, no es democrático y además ustedes están defendiendo lo que nunca defendieron. No busquen... 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría. 

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares. 

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta. 

Señor ministro, hace bueno hoy aquí el pronunciamiento de Calígula, de Camus: "La forma de igualarse a los dioses es ser tan cruel como ellos". Esta reforma del Código Penal es una reforma cruel, es una reforma inspirada no en el humanismo sino en la venganza y que además, junto con la ley de seguridad ciudadana, decreta el estado de excepción en nuestras calles, el estado de excepción en relación con la opinión ciudadana, en relación con la movilización o en relación con las libertades fundamentales en este país. Le quiero recordar también una obra de Dürrenmatt, La visita de la vieja dama. En aquella obra la vieja dama venía al pueblo de Gula con la venganza en la mano, pero lo que pretendía era otra cosa, era vengarse del pueblo disolviendo sus lazos de solidaridad y también prometiéndoles una supuesta recuperación económica. Es lo que hacen ustedes hoy aquí. Esta reforma del Código Penal cruel y vengativa viene unida fundamentalmente a sus políticas antisociales. Desmontemos el Estado social para luego decir: ¡viva el Estado penal!, que es el que proponen ustedes hoy aquí. Y podría vulgarizar estas reformas que aparecen en su Código Penal diciendo algunas de las frases que les han hecho célebres en esta legislatura. En relación con los ciudadanos, que se jodan. En relación con los que están en las cárceles, que se pudran. Y en relación con los que sobran, que se callen o se sienten. (Aplausos). Ese es el planteamiento de fondo de este Código Penal. 

Señorías, señor ministro de Justicia, no me ha gustado su presentación, he de decirlo así; no me ha gustado nada. Pero sobre todo no me han gustado dos referencias: una que con el dedo apunta a la frente 



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o a los labios y que amenaza miedo a mi grupo parlamentario. No nos da usted ningún miedo. (Aplausos). Nosotros no utilizamos la calle para vulnerar ningún derecho sino que utilizamos la calle en ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Y una segunda que no me da pena, me da asco, ha sido la utilización que ha hecho de las víctimas, señor ministro. Nadie en esta Cámara, ni su Gobierno ni ningún grupo parlamentario, tiene el monopolio de las víctimas, ni de las víctimas del terror ni de las víctimas del franquismo (Aplausos). Nadie tiene ese monopolio, señor ministro. 

Vayamos a su famoso Código Penal, Código Penal que es el de la austeridad, el Código Penal más autoritario que ha tenido este país, y mira que ha tenido autoritarios códigos penales, el más autoritario que conocemos en democracia. Pero además ha dicho usted que es necesario, que es útil la mínima intervención. No es cierto, no es necesario, no es útil, no es una mínima intervención, señor ministro, se le ha dicho aquí por parte de los grupos parlamentarios: tenemos la menor tasa de criminalidad. Los crímenes horrendos a los que usted se ha referido con la amplia sensibilidad social son menos del 1 % del conjunto de los crímenes de este país. Tenemos, sin embargo, la mayor tasa de penalización, la mayor tasa de encarcelamiento. Y frente a lo que usted ha dicho, tenemos el doble de permanencia en la cárcel que la media de los países de la Unión Europea. Por tanto, no tenemos esos problemas. 

Habla usted de que su enfoque es la rehabilitación, de que su enfoque es la reinserción. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Carecen ustedes de voluntad humanista, carecen ustedes de voluntad de reinserción o de rehabilitación. Además, la reinserción y la rehabilitación no dependen de que usted vigile, de que usted únicamente castigue, dependen de que usted realmente en las prisiones rehabilite. ¿Sabe cuál es la tasa de reinserción en nuestras cárceles, señor ministro? ¿Sabe cuál es la tasa de reinserción en aquellas cárceles que tienen unidades terapéutico-educativas? En las cárceles en general, el 60 % de reincidencia, pero como unidad terapéuticoeducativa, entre el 10 % y el 15 % de reincidencia en todo tipo penal; en todo tipo penal, señor ministro. Con lo cual, no se trata del tipo penal, no se trata de criminalizar, no se trata de vigilar, sino que se trata fundamentalmente de que las cárceles estén enfocadas a la reinserción, pero nuestras cárceles mayoritariamente están enfocadas a cumplir la pena, no a reinsertar a los encarcelados. 

Señor ministro, se lo han dicho también otros grupos parlamentarios en relación con los informes y la exposición de motivos: ustedes no han sometido este proyecto a los informes preceptivos, ustedes están en abierta posición inconstitucional. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No basta con que ustedes hayan sometido el primer anteproyecto, lo han dicho; necesitan someter el último anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial, también al Consejo Fiscal, y ustedes no lo han hecho, lo cual quiere decir que estos anteproyectos no cuentan con los informes preceptivos y están fuera de la Constitución española. Es más, en cuanto a su exposición de motivos, usted dice que la mayor parte de las penas -que ustedes aumentan en este nuevo Código Penal, en cada Código Penal aumentan más las penas- están orientadas a cumplir con las decisiones marco, y también mienten, señor ministro, porque ustedes no cumplen con la decisión marco. Lo que propone la decisión marco como pena máxima ustedes la ponen como pena mínima y, a partir de ahí, hacia arriba. Este es el planteamiento de fondo de su grupo parlamentario. Pero además, señor ministro, usted en la exposición de motivos comete otra equivocación, por decirlo de alguna manera, u otra mentira, y es decir que el coste de estas iniciativas es neutro. ¿Cómo va a ser neutro el coste de la prisión permanente revisable? ¿Cómo va a ser neutra la medida de vigilancia? ¿Cómo va a ser neutro que ustedes conviertan buena parte de las faltas en delitos? ¿Cómo va a ser neutro? No es neutro, señor ministro. Por tanto, tiene un coste. Usted engaña en la exposición de motivos. Ya he argumentado por qué no responde a ninguna necesidad y que fundamentalmente es una vocación populista, de populismo penal. He argumentado por qué ustedes están fuera de la Constitución y no cumplen con los informes preceptivos y paso a argumentar los tres aspectos esenciales que tiene su reforma del Código Penal. 

En primer lugar, ustedes argumentan en su reforma que disminuyen los delitos, convirtiendo esos delitos leves que aparecían en el Código Penal en faltas y en algunos casos en sanciones. Tampoco es cierto, señor ministro. Si usted calcula el número de delitos leves que ustedes transforman, el 60 % es en delitos y solamente el 40 % en sanciones, pero, en definitiva, en todos los casos aumentan la sanción. En el caso de que quede como delito leve y en el caso de que quede como sanción aumentan de manera exponencial las sanciones y aumentan exponencialmente también la arbitrariedad. Todas estas cuestiones pasan a ser decididas en exclusiva por parte de la autoridad gubernativa y nosotros en nuestro país, no como en otros países de nuestro entorno, no tenemos forma de contraponer nuestra voluntad a la voluntad del Gobierno, de la Administración. Solamente lo podríamos hacer a través de un contencioso- administrativo 



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