Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal.



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defenderán las enmiendas presentadas, y otros de sus componentes lo harán para fijar su posición. En primer lugar, tiene la señora Fernández Davila. 

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente. 

Señor ministro, hemos seguido muy atentamente su intervención y vemos cómo ha hecho un gran esfuerzo para edulcorar el texto del proyecto de ley que hoy enmendamos. En los pocos minutos que tenemos trataremos de explicar por qué el Bloque Nacionalista Galego ha presentado esta enmienda de devolución a la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal ya que, a pesar de ese esfuerzo que usted ha hecho, podríamos denominarlo como el resurgir del espíritu de Torquemada en lo que representa de castigo y represión, y sobre todo porque deja una puerta abierta a la arbitrariedad, como explicaremos más adelante. Usted, en su intervención, hizo mención a aquellos aspectos que, desde nuestro punto de vista, pueden ser, por su flexibilidad, arbitrarios. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). 

El proyecto de ley de reforma del Código Penal supone la modificación más regresiva de la legislación penal en las últimas tres décadas, que va más allá aún de las reformas acometidas en el año 2003, que iniciaron la senda de orientar el sistema punitivo del Estado español hacia concepciones puramente retributivas y que ahora se consolidan con la implantación de penas de prisión de por vida, como es la cadena perpetua revisable. Es evidente, señor ministro, por mucho que usted intente decir lo contrario, que esta reforma penal tiene más un afán oportunista que eficaz. Se apuesta por ejemplarizar con un agravamiento de las penas por determinados delitos y también con la extensión de la aplicación de medidas restrictivas de libertad, una vez cumplidas las penas, a través de la custodia de vigilancia cuando no existen datos empíricos que demuestren que una extensión y dureza de las penas contribuya a atenuar la criminalidad, y a los datos me remito. En el anuario de estadística del Ministerio del Interior de 2012 se refleja con claridad que, a pesar del incremento constante desde 2008 de la población del Estado español hay un descenso leve en la comisión de actos delictivos en términos globales de 2008 a 2012. Sin embargo, se incrementó la población reclusa de forma constante, lo que implica un 22 % más de personas en prisión en 2012 que en 2003. La introducción, señor ministro, de la cadena perpetua revisable es difícilmente compatible, por mucho que usted lo haya intentado edulcorar, como ya dije antes, con la finalidad de reinserción y reeducación constitucionalmente establecido en el artículo 25.2 de la Constitución de 1978, además de en los convenios internacionales en materia de derechos humanos a los que se ha adherido el Estado español. Debemos recordar que en el Código Penal vigente desde 2003 ya se establecen largas penas de prisión para determinados delitos más graves, que se elevan a treinta años, además de establecer que su cumplimiento sea íntegro, sin posibilidad de aplicación de cualesquiera beneficios penitenciarios. 

Con este marco punitivo que usted nos presenta hoy, señor ministro, se evita hacer una reflexión serena para ahondar en una regulación penal que respecto a su finalidad primordial, que debería ser prevenir la delincuencia, se demuestra fracasada a la vista de las estadísticas sobre la evolución de la criminalidad. El reproche a esta reforma de nuestro grupo, señor ministro, no se ciñe solo a la introducción del castigo penal -como decíamos, incompatible con la finalidad resocializadora de las penas-, sino a que además su regulación sea difusa y que permita un margen discrecional, como ya hemos comentado. La legislación penal está sometida a los principios de seguridad jurídica estricta para evitar incertidumbre e inconcreción a la hora de aplicar castigos públicos. La jurisprudencia, tanto constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha recordado reiteradamente: las normas punitivas deben predecir con un alto grado de certeza las conductas que serán consideradas infractoras, así como el tipo y grado de sanción que se impondrá. La regulación que se propone de la prisión permanente revisable en esta reforma penal, tal y como se han hecho eco especialistas en la materia y ha puesto de relieve el Consejo General del Poder Judicial -aunque usted, señor ministro, ha dicho que ya ha reconducido alguna cuestión, nosotros en el texto no lo hemos visto así-, incumple los principios de legalidad y seguridad de las penas al no quedar nítidamente reflejado el contenido esencial de las mismas. La restricción de derechos fundamentales -que implica, entre otros, los de residencia o circulación- obliga a que se aborde su regulación con concreción y certidumbre, y en los términos propuestos, con un amplio sistema de prórrogas, colisiona con los principios de proporcionalidad de las penas y seguridad jurídica al tratarse de una prórroga encubierta del cumplimiento de la pena que haya sido impuesta por una sentencia judicial. 

No sé si se refería a nosotros cuando decíamos que, frente a este agravamiento de las penas que inspira con carácter general este Código Penal, nos sorprende que se despenalicen determinadas 



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imprudencias con resultado de lesiones, que sobre todo ocurren en el ámbito de la circulación vial, dadas las graves consecuencias individuales, familiares y sociales que esto provoca. Evidentemente, somos conscientes de que estos delitos no pueden tener la gravedad de otros, pero no podemos entender cómo existe aquí esa flexibilidad. Y lo que no podemos entender y no podemos dejar pasar por alto en nuestra posición respecto a este proyecto de ley, señor ministro, es lo que supone de vuelta atrás el nuevo tratamiento que ustedes hacen en esta reforma del Código Penal de determinados aspectos de la violencia de género, al eximirse de reproche penal las vejaciones injustas. Cualquier vejación lo sería -en muchos casos, como señalan especialistas, constituyen el inicio del maltrato, que llega al maltrato físico y al asesinato-, pero tal como está recogido en el Código Penal, al rebajarse la cualificación a leve de una parte importante de delitos de violencia de género, el plazo de prescripción, persecución y denuncia de dichos delitos se reduce a un año. Finalmente, señor ministro, también se abre la posibilidad de imponer alternativamente multas económicas en delitos de violencia de género, cuando entendemos que esto no puede ser así. 

Para finalizar, señor ministro, porque se me acaba el tiempo, usted nos pedía una reflexión en relación con la injusticia que significaba que la cadena perpetua del delito sea exclusivamente cargada sobre la víctima, que tiene que vivir toda la vida con su problema. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández. 

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Yo le pido una reflexión, señor ministro. ¿Usted nos está diciendo... 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández., tiene que finalizar. 

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... que hay que poner la justicia al mismo nivel de un asesino? Porque se entiende que la justicia tiene que ser implantada desde el razonamiento y un asesino no funciona... 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández. 

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández. 

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Tardà. 

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, señor ministro, intervengo para defender la enmienda de totalidad presentada por los republicanos catalanes a esta reforma del Código Penal; una reforma acuñada desde el populismo punitivo de agravamiento constante de las penas, una reforma cautiva del sensacionalismo de algunos medios de comunicación y también una reforma que mantiene un excesivo garantismo para algunos delitos económicos relacionados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales, pero que en cambio introduce figuras regresivas, tan regresivas como la cadena perpetua, rebautizada con el nombre de prisión permanente revisable para burlar su inconstitucionalidad, no eliminando los casos en los que se permite sin revisión alguna penas de hasta cuarenta años. Introduce además la reforma de las medidas de seguridad, desvinculándolas de la pena, e incluso les infunde un contenido más gravoso que la pena misma. Introduce la conversión de la mayor parte de las faltas en delito, así como la modificación de la libertad vigilada, que pierde su función socializadora. En definitiva, en lugar de un sistema jurídico-penal de acto y culpabilidad nos proponen un sistema de autor y peligrosidad mucho más propio -creo- de regímenes totalitarios. Por todo ello, los republicanos afirmamos que se trata de una reforma autoritaria, clasista y además tramposa, porque ustedes mienten y manipulan los datos para justificar una actuación reaccionaria. Digan la verdad de una vez. El Estado español presenta los índices de criminalidad más bajos de Europa, los más bajos de Europa, y sin embargo una de las tasas más altas de población reclusa. La tasa de criminalidad española en el año 2010 fue de cuarenta y cinco delitos por cada mil habitantes, muy inferior a la media europea, de sesenta y ocho delitos. Ustedes saben que el Estado español es uno de los Estados más seguros de Europa, pero lo esconden, como esconden que los centros penitenciarios del Estado albergan ya a 76.000 internos, un incremento del 130 % en los últimos veinte años, cuando el aumento de la población española ha sido solo del 20 %. En resumen, cada vez entran más presos y cada vez salen menos. ¿Dónde está el pensamiento socialcristiano de estos dos ministros que tengo aquí 



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delante? No lo hay. En su reforma no hay un solo atisbo de derecho penal moderno humanista, orientado a la reinserción y a la resocialización; al revés, se abonan al cinismo de querer hacer arraigar en el imaginario de la ciudadanía que más penas evitarán más delitos, como si el hecho de que haya más médicos suponga necesariamente la existencia de menos enfermedades. Esto es falso. Que haya más penas y más duras no protegerá mejor a las víctimas. 

Llevamos ya veinticinco reformas del Código Penal, una espiral peligrosa que lo único que provoca es un mayor colapso judicial e incluso un mayor hacinamiento en nuestras cárceles. Además, ustedes dos aceleran la hoja de ruta acuñada por la derecha extrema o por la extrema derecha, díganlo como quieran, que en lugar de fomentar la reinserción lo basan todo en la regulación; una regulación fundamentada, primero, en infundir miedo a los ciudadanos; segundo, en el sensacionalismo como método de control para criminalizar la pobreza; y tercero, en la voluntad de hacer creer que la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía se garantiza laminando los derechos civiles. De ahí la simbiosis perfecta de estos dos ministros que tengo aquí delante. Son quizá los dos ministros más integristas ideológicamente de este Gobierno. Al primero le corresponde dar el hachazo a las libertades de expresión y de reunión; y al segundo, al señor Gallardón, hacer más grandes las puertas de entrada a las cárceles y más estrechas las puertas de salida. Conocemos su juego. Ustedes tratan deprisa y corriendo de construir el corpus legislativo que requiere una sociedad cada vez más dualizada como consecuencia del desguace del Estado del bienestar, así como de la cronificación de grandes bolsas de pobreza y de exclusión social y también de la proletarización de las clases medias. Acto seguido, ustedes ofrecen la solución mágica. ¿Cuál es? El endurecimiento del Código Penal, consiguiendo desviar la atención de las verdaderas causas de una buena parte de los hechos delictivos. Les voy a poner unos botones de ejemplo. ¿Dónde está el pleno derecho a la libertad de expresión despenalizando el delito de injurias a la Corona y el delito de ultrajes a España? ¿Dónde está la garantía del derecho a la muerte digna y sin dolor despenalizando la eutanasia? ¿Dónde está la despenalización de la mujer en todo aquello que afecta a los derechos reproductivos y a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Dónde está la regulación de los delitos de cohecho y tráfico de influencias? ¿Dónde está la regulación de una norma específica de los delitos cuyo autor sea una persona jurídica? ¿Dónde está la garantía de los derechos de los animales ampliando la categoría de animales objeto de protección y tipificando su agresión? Finalmente, ¿dónde está la penalización de la banalización, apología o enaltecimiento del franquismo, el nazismo, el fascismo, el falangismo o el nacionalcatolicismo? ¿Por qué no aparece nada de todo esto? 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà. 

El señor TARDÀ I COMA: Sí, termino. 

Señor Gallardón, y por extensión señor ministro del Interior, creo que son ustedes un peligro para los derechos civiles. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardá. 

El señor TARDÀ I COMA: Van a convertir su España en una inmensa cárcel para los pobres. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Baldoví. 

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta. 

Empiezo con una frase de Thomas Jefferson: Cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad, cuando la gente teme al Gobierno hay tiranía. Este Código Penal está inspirado justamente en el miedo que ustedes tienen a la gente y en las ganas que tienen de que les temamos. Esta reforma es, a nuestro juicio, simplemente aberrante. Incumple principios básicos de derecho penal, principios que se encuentran en los tratados internacionales ratificados por el Estado español, como el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. Encontramos delitos en los que no hay bien jurídico protegido. Ustedes han creado la pena sin delito. Lo que hay son acciones que a este Gobierno le molestan, como la protesta. ¿Dónde está el bien jurídico vulnerado porque la gente entre en una sucursal bancaria y proteste porque le han timado? ¿Y la relevancia penal? En ningún sitio. El principio de legalidad se vulnera al dejar la condena al arbitrio del juez que impondrá deberes y obligaciones; no sabemos cuáles ni basándose en qué circunstancias. Las medidas de seguridad para compensar la peligrosidad del sujeto vulneran tanto el principio de legalidad como el de tipicidad. 



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Señor Gallardón, su Código Penal es preconstitucional, usted se ha equivocado de siglo. Es un Código Penal represivo, escrito por un Gobierno que tiene miedo a la gente. Se persigue la protesta pacífica, se persigue al discrepante, al que envía mensajes o tuits, al indignado, al que rodea el Congreso. Hablaban de la mayoría silenciosa, les gusta mucho hablar de la mayoría silenciosa, cuando lo que quieren es que se haga el silencio de los corderos. Quieren callar a gente como Ada Colau, encarcelar al 15-M, a los indignados, a los yayoflautas. Ustedes tienen miedo, y este texto es el resultado de sus temores. Se introduce la cadena perpetua de manera sibilina con el fin de que exista pero el Tribunal Constitucional no lo tumbe. ¿Dónde queda la reinserción si la cárcel es para siempre? ¿Y la certeza de la pena? Por si acaso, antes ya han controlado a quién colocan en un Tribunal Constitucional parcial, porque juegan con las cartas marcadas. Este Código Penal, junto a la Ley de Seguridad Ciudadana, como ya ha dicho el anterior portavoz, es el mayor atentado a la democracia en este país y a su norma fundamental, es el sueño del TDT Party; un Código Penal reaccionario, propio de un régimen autoritario que persigue al disidente, y la absurda idea de extender la libertad vigilada como la gran respuesta a la criminalidad. Ustedes quieren llenar la cárcel de infelices y las calles de corruptos indultados o conductores camicaces amigos, como su exministro Matas o como el exalcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, al que los diputados valencianos del Partido Popular le están pidiendo que indulten. 

Acabo con una cita de Robert Kennedy: El primer elemento de la libertad individual es la libertad de expresión, el derecho a expresar y comunicar ideas, el derecho a recordar a los Gobiernos sus deberes y obligaciones. Es justamente lo que quieren cercenar con esta reforma que nace vieja, restrictiva y represora. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví. 

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas. 

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta. 

Señor ministro, señores diputados, con esta reforma del Código Penal nos encontramos con un documento insuficiente que compatibiliza penas excesivas con sanciones insignificantes y que se sitúa muy lejos de las recomendaciones de organismos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. No hemos aprendido la lección, y la premura se vuelve a imponer a la cordura. La experiencia que hemos vivido en España nos demuestra que una reforma del Código Penal no es una cuestión baladí. No se trata de un atajo para reducir delitos que podrían evitarse con una política preventiva y educativa, ni tampoco debe ser una herramienta política a la que aferrarse para imponer un sello político. Se trata de una cuestión seria que exige responsabilidad, sensatez y tener la capacidad y la prudencia de afrontar un debate despojado de visiones sesgadas y alarmistas. La reforma se ha hecho de espaldas a la sociedad, a los operadores vinculados con el ámbito judicial y penitenciario y sin oír a las organizaciones representativas de la sociedad civil o a aquellas que defienden los derechos humanos y que trabajan directamente con casos a los que el Gobierno deja relativamente desprotegidos en esta reforma. 

Los nacionalistas canarios creemos que es una vuelta atrás en la lucha contra la violencia de género. Se suprime el agravante de maltrato habitual en presencia de menores, lo cual es incomprensible. Se suprime lo que ahora se llama falta de vejación injusta. No podemos volver a la multa en los casos de violencia de género, y mucho menos sustituir otras penas por multas. Coincido plenamente en este sentido con la reflexión que plantea el Grupo Vasco en su enmienda a la totalidad cuando critica la banalización que refleja la reforma en el delito de violencia de género en los supuestos en los que se cause menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, así como en aquellos casos de acoso o en las conductas consistentes en obligar a menores de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual; como insuficientes son también las penas contempladas para los delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual o la corrupción de menores. Tampoco adquiere una dimensión criminal adecuada el tratamiento de aquellos que fomentan o incitan al odio, a la hostilidad o a la violencia contra un grupo o una persona por motivos racistas, ideológicos, religiosos, de orientación sexual, etcétera. Por el contrario, penalizan el acogimiento de inmigrantes. También chirría y duele a organizaciones con las que me he reunido, además por razones familiares, que se siga estigmatizando a las personas con trastornos mentales graves, prejuicios que son rotundamente falsos y que no han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud ni por ninguna sociedad científica. A esta materia, el de las personas con trastornos mentales, haremos enmiendas importantes. 



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En definitiva, el Gobierno asegura que su objetivo con esta reforma es fortalecer la confianza en la Administración de Justicia, pero a nuestro juicio ha decidido utilizar para ello la puerta menos adecuada, no solo por haber optado por el atajo que le permite su mayoría absoluta y que le ahorra tener que afrontar un proceso de diálogo, sino porque es consciente de antemano de que el endurecimiento de la ley no traerá mayor seguridad, endurecimiento que no se visualiza en aquellos casos que sí requieren castigos disuasorios mucho más firmes. 

Termino. Señor ministro, esperábamos que actuase con prudencia y sensatez, pero no ha sido así. Una reforma de estas características requiere una visión global y un debate que se sitúa al margen de las discrepancias políticas y de estrategia, para tratar de solapar deliberadamente problemas más graves con reformas que suscitan por su naturaleza un intenso debate social, político y mediático. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas. 

Por el mismo grupo, señor Cuadra. 

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, asistimos estos días a la tramitación de lo que yo creo que es la otra cara de la gran contrarreforma global que está impulsando este Gobierno. En la primera fase vimos la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma sanitaria, la de las pensiones, la de la Administración. Ahora toca la otra cara de la moneda, toca pagar el pato de toda esta contrarreforma reaccionaria a los derechos y libertades. Esto es lo que tenemos hoy encima de la mesa. 

Hace aproximadamente un año, en la interpelación que Amaiur hizo al ministro del Interior señalábamos cómo era objetivo, cómo se estaba produciendo en el conjunto del Estado todo un hervor, una protesta continuada y muy diversa en relación con todas las reformas que estaba implantando el Gobierno. Señalábamos y denunciábamos cómo la respuesta que se estaba dando por parte del Gobierno a todo esto estaba asentada fundamentalmente en la imposición y en la represión policial. Esto lo afirmamos entonces. El Gobierno, en vez de aproximarse a todas estas protestas, manifestaciones, revueltas, huelgas, con ánimo de buscar las causas de todos estos conflictos y actuar sobre las mismas dialogando, negociando, sentándose, acordando, siempre ha adoptado la postura de imposición, de represión, y esto lo han visto los mineros, el 15-M, las distintas mareas, los jornaleros y jornaleras andaluces. Esto ha sido el común denominador de la política de este Gobierno. 

Hablamos de la reforma del Código Penal. El Estado español -el compañero Tardà ya lo ha señalado- presenta una de las tasas de criminalidad más bajas de toda la Unión Europea, 45 delitos por cada 1.000 habitantes frente a los 67,6 de promedio a nivel europeo. Por el contrario, la población encarcelada es de las más altas, contamos con 160 personas presas por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio europeo es de 126. Señor ministro, ¿cómo se puede explicar esto? Con una ciudadanía de lo más pacífica, de lo menos delictiva de la Unión Europea, sin embargo, tenemos el sistema carcelario, penal, más represivo de toda Europa. Y esta reforma, en vez de ablandar todo esto y dar pasos hacia atrás, lo que hace es endurecer todas las medidas penales y represivas. ¿En qué mente cabe esto, señor ministro? Yo creo que en las mentes en las que estos criterios caben están asentados unos firmes principios autoritarios, muy cercanos al que algunos vivimos hace ya unas cuantas décadas; nos recuerda, sin más, al franquismo que conocimos, así de claro. Además, las cárceles -y usted lo sabe, es de dominio público- están llenas de gente pobre, de prostitutas, de inmigrantes, de pequeños rateros. Se castiga mucho más al pequeño delincuente que reincide que al gran defraudador urbanístico o fiscal. Estas personas, cuando se tropiezan con el ministerio o cuando se tropiezan con la justicia, con lo que se encuentran en muchos casos es que miran para otro lado, y no con el pequeño delincuente, no con quien hace una pequeña defraudación a la Seguridad Social. 

Estos días se están tramitando en este Congreso dos medidas que caminan en la misma dirección, como también se ha señalado: La reforma de este Código Penal y la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que van por el mismo camino. En definitiva, el Estado policial y carcelario se refuerza por encima de un Estado asentado en libertades democráticas y derechos humanos. La búsqueda de la paz es sustituida por la búsqueda firme policial del orden público, que es otra cosa muy distinta. La peligrosidad social se convierte en el principal paradigma del nuevo ordenamiento penal y el Estado de derecho, en última instancia, se está conformando en un Estado de desecho en el que los derechos y libertades cada vez están siendo más recortados y arrojados al contenedor de los no reciclables, señor ministro. 



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