Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal.



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- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000065). 

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra el señor ministro de Justicia. 

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez):
Señor presidente, señorías, en el debate que hoy celebramos en torno al proyecto de ley orgánica por el que modificamos nuestro Código Penal de 1995, los grupos que han presentado enmiendas y el Gobierno partimos de un único punto de coincidencia, pero creo que siendo único es muy relevante, seguido de una rápida divergencia, que es la que se establece a partir de la distinta interpretación de aquel. El punto de coincidencia tiene que ver con el carácter resocializador que en el derecho penal moderno ha de tener nuestro sistema de penas. Es de hecho el fin que la Constitución de 1978 le asigna y creo que coincidimos en que es obligado para el legislador tenerlo en consideración. 

El Gobierno entiende sin embargo que la discrepancia comienza en el momento en el que abordamos el modo en el que nos comprometemos con este objetivo. No hemos querido, señorías -y empiezo por decirlo con absoluta claridad-, impulsar una reforma retórica o declarativa y por eso hemos actuado sobre el sistema de penas de manera que durante su ejecución se pueda constatar de modo efectivo si la reinserción es real atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y de cada penado. Otros han preferido una simple invocación de la letra constitucional, sin darle mayor desarrollo, pero evidentemente ese no es nuestro planteamiento. No lo era, señorías, ya desde el año 2010 cuando el Grupo Popular solicitó una reforma penal de mayor profundidad, una reforma que no se produjo, pero a la que el Grupo Parlamentario Popular, entonces en la oposición, no presentó una enmienda a la totalidad desde un propósito claramente constructivo, que la verdad es que nos hubiese gustado poder apreciar en este caso. Pero no lo es ahora tampoco, cuando esa actitud constructiva ha pasado al banco azul y a los escaños que lo sustentan y debatimos en consecuencia las actuales enmiendas que presenta quien hoy es oposición. 



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Estamos, señorías, de acuerdo, como no puede ser de otro modo, en que las condenas han de servir para que aquel que ha agredido a la sociedad tenga la oportunidad de modificar su actitud y su conducta, de tal manera que sea posible su reingreso en la misma; su reingreso con plenas garantías para él pero también para la sociedad. Pero creemos que, precisamente por eso, la responsabilidad del legislador es facilitar a la justicia los medios para certificar ese cambio, que ese cambio se produce, y no dar por supuesta la reinserción por el mero paso del tiempo, porque el mero paso del tiempo no asegura la reinserción. Desentenderse de la veracidad de este proceso de reinserción es conformarse, señorías, con un humanismo a medias, un humanismo que no satisface ni a la sociedad ni al penado y creo que tampoco a la propia visión constitucional. Por tanto, el Gobierno lo que ha hecho es apostar por asumir y desarrollar plenamente un mandato, un mandato que todos invocan, pero que solo esta reforma garantiza con nuevos instrumentos, que son por otro lado habituales en el derecho comparado. Por otra parte y antes de profundizar enseguida en este aspecto, debo aclarar que el planteamiento de la reforma no propone, en contra de lo que dice alguna de las enmiendas, un endurecimiento general de las penas, sino, antes al contrario, un enfoque equitativo, que además introduce como principal novedad el brindar una segunda oportunidad a aquellos ciudadanos que de modo ocasional han causado un daño que no tiene sin embargo consecuencias irreparables, mientras que se muestra más severo -aquí sí- con el que perpetra delitos de gravedad o reincide de manera sistemática. 

El sistema refuerza los instrumentos de reinserción, el sistema alumbra un derecho penal generoso con el condenado que está dispuesto a corregir su conducta. Así, los tribunales pasan a disponer de un sistema más flexible de suspensión de la ejecución de la pena cuando se trata de responsables de delitos menores, mientras que la respuesta penitenciaria se orienta a aquellos que hacen del delito su forma de vida, a aquellos que crean inseguridad en la sociedad y que con su propia conducta están manifestando que renuncian a esa posibilidad de reinserción. Por tanto, señorías, una lectura atenta del proyecto revela -permítanme que se lo diga con toda cordialidad parlamentaria- precisamente lo contrario de lo que las enmiendas sostienen. Lo que hacemos es justamente reservar la prisión para los supuestos realmente graves y ampliar otras posibilidades para los delincuentes primarios o menores que quieren rehacer su vida, reformarse y reinsertarse sin ir a prisión, cuyo carácter subsidiario queda claramente reforzado en esta nueva reforma del Código Penal. 

Otro tanto cabe decir del nuevo supuesto de libertad condicional para aquellas personas que ingresan por primera vez en la cárcel. Si estuviésemos ante un sistema que se ha caricaturizado como vengativo, anclado en la foto fija de los hechos cometidos en el pasado o centrado en el puro reproche, nada de esto sería posible. Se requiere sencillamente que el sistema judicial y penal y por supuesto el ordenamiento jurídico que le facilitemos sean diligentes en la comprobación de cuál es la realidad del condenado en cada momento, de cuáles son sus posibilidades -debe poder volver a vivir junto a sus semejantes sin constituir una amenaza-, de si la respuesta que la sociedad da en defensa de todos, empezando por el condenado, es suficiente, ha cumplido su objetivo, o por el contrario ha de ser mantenida. 

Soy muy consciente de que estos elementos de reflexión que recorren toda la reforma nos conducen inevitablemente al que se ha convertido en el tema central del debate suscitado por este proyecto: la prisión permanente revisable. Es verdad que esta figura, la prisión permanente revisable, se reserva para casos excepcionalmente graves y afortunadamente infrecuentes: homicidios terroristas, homicidio del jefe de Estado, homicidios en casos de genocidio y delitos de lesa humanidad y genocidio con agresión sexual y asesinatos especialmente graves, de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables. Pero pese a su carácter extraordinario no voy a rehuir el debate. Lo que sí creo preciso antes de examinar esta figura en detalle es considerar dos facetas: la primera, su constitucionalidad y, en segundo lugar, su carácter -lo cual parece obvio, pero dada la redacción de alguna de las enmiendas creo que merece una aclaración-, su carácter, digo, netamente democrático. 

Respecto a su constitucionalidad, ha sido avalada por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial, cuya sugerencia de que se definiera e incluyera el catálogo de penas para asegurar en mayor medida el respeto al principio de legalidad ha sido, al igual que otras muchas, atendida. Además, señorías, no es la primera vez que lo hacen nuestros órganos consultivos. El Consejo de Estado ya había considerado ajustada a nuestra Constitución esta pena con motivo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que fue ratificado por nuestro país y entró en vigor en el año 2002. En lo que se refiere a su constitucionalidad, creo que queda claro por tanto que no es, no debe ser objeto de duda. En lo que hace referencia a su carácter democrático, señorías, negar que la prisión permanente revisable tiene un carácter democrático sería tanto como decir que Alemania, Francia, el Reino Unido, 



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Italia, Austria, Suiza o Dinamarca no son países democráticos, porque aplican figuras equivalentes a la prisión permanente revisable y además lo hacen para un número mayor de delitos del que nosotros hemos previsto en esta reforma del Código Penal. 

No creo que sea una línea de argumentación que lleve muy lejos, pero hay algo que tengo que decir, señorías, que me ha preocupado especialmente, y es cuando se afirma en una de las enmiendas que es una pena inhumana. Esta es una grave acusación, pero además de una grave acusación lo que hace es ignorar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas ocasiones que la prisión permanente revisable es perfectamente compatible con el artículo 3 de la convención, artículo que es el que prohíbe que ninguno de los Estados miembros establezcan penas inhumanas. 

Señorías, no es necesario atender a la actualidad -aunque tampoco deba eso ser asunto tabú, como parece a tenor de algunas enmiendas- para comprender que el sistema de penas debe ser percibido siempre, en cualquier circunstancia, como justo, y esa percepción de la sociedad no es un problema, como plantean esos grupos, sino, antes al contrario, una responsabilidad del legislador. Es preciso disponer de una regulación que establezca una respuesta al delito ajustada a la gravedad del hecho desde el momento en que el derecho penal transmite unos determinados valores y señala comportamientos que quedan absolutamente proscritos, orientando de ese modo la conducta social. Es cierto que al mismo tiempo no basta con esa percepción, por muy necesaria que esta sea como un medio de socialización, y por eso la pena debe ofrecer siempre al penado perspectivas de reinserción. 

Pues bien, señorías, la sociedad española debe tener confianza en que la respuesta del sistema penal al delito va a ser suficiente en todos los casos, empezando por aquellos cuya gravedad extraordinaria atenta contra los valores esenciales de nuestra convivencia. Esto no impide que seamos conscientes de que el sistema de ejecución de esas penas ha de permitir la reeducación del penado, siempre. Por eso la prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del penado, lo conocen ustedes. Una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias y ese tribunal podrá revisar su situación personal. Quiero recordar -porque esto es importante, señorías- que esta forma de revisión judicial periódica de esa situación personal no existe en la actualidad en nuestro derecho. No existe ni para las penas máximas de veinticinco, treinta o cuarenta años de prisión. No existe ni siquiera para las acumulaciones de condena, que pueden llegar a fijar límites incluso superiores a estos años. Y lo que determina justamente la inhumanidad de una pena es su falta de horizonte de libertad, el cual en la prisión permanente revisable está garantizado y está garantizado por la existencia de un procedimiento judicial continuado, que no existe en nuestro actual derecho penal, de revisión. En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte necesaria mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si por el contrario el tribunal valora que cumple los requisitos para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control destinadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción. 

Señorías, la pena de prisión permanente revisable no constituye por tanto una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe obedecer la ejecución de las penas de prisión. Otra cosa es renunciar de antemano a lo que es -vuelvo a insistir en ello- una responsabilidad constitucional, que no se cumple solo con su mera invocación, sino que requiere herramientas que le den auténtico contenido. Por eso, cuando alguna de sus señorías se han sentido tentadas de hablar de cadena perpetua, les pido que reconsideren ese grave error de concepto y lo quiero hacer trasladándoles además una reflexión que no es mía sino del periodista y articulista Martín Prieto, que nos recuerda quiénes son, señorías, los únicos que han sufrido cadena perpetua en nuestro país. Y dice así: Un ser humano es lo que es, pero también lo que pudo ser y no fue, y sus deudos nunca podrán llenar en sus vidas el vacío de ese paréntesis truncado. Así, la cadena perpetua se reserva para las víctimas. Tiene razón, señorías, son las víctimas las que han tenido en nuestro país un dolor perpetuo y desde luego nosotros tenemos que hacer todo lo que en nuestra mano esté para corregir esta injusticia histórica. 

Señor presidente, señorías, la otra cara de este proyecto es la que conforman las medidas de seguridad y de forma muy especial la libertad vigilada. La regulación que introduce la reforma diferencia claramente entre pena y medida de seguridad y ofrece una solución para aquellos casos en los que las penas son insuficientes para compensar aquellas situaciones en las que existe, señorías, una probabilidad elevada 



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de que se vuelva a delinquir. Este es el concepto que explica y justifica las medidas de seguridad: una probabilidad elevada de que se vuelva a delinquir, circunstancia en la que no parece razonable pedirle a la sociedad de sufra los costes de este riesgo. Esta razón es la que ha llevado a ampliar, que no a crear, el ámbito de la medida de libertad vigilada, puesto que la libertad vigilada fue introducida en el Código Penal en el año 2010, en la modificación que se hizo en la Ley Orgánica de 22 de junio de ese año; lo fue para los delincuentes sexuales peligrosos en una época -debo decirlo- en la que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, se mostró sensible a este problema, como prueba también la proposición no de ley que el Grupo Popular presentó y que se aprobó por unanimidad el 10 de junio de 2008, por tanto, también con el voto a favor del Grupo Socialista, en la que se demandaba -cito literalmente la PNL del Grupo Popular- introducir medidas más eficaces de seguridad que permitan el control y la prevención del riesgo que entraña la puesta en libertad de delincuentes patológicos con pronóstico elevado de reincidencia. 

Señorías, la adopción de la medida de libertad vigilada que esta reforma contiene está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos tasados. En ningún caso tiene una duración indeterminada o ilimitada, sino que se encuentra sujeta a una duración mínima de tres años y máxima de cinco. Además, la posibilidad de prórroga de esta medida se circunscribe a determinados supuestos, como los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores y supuestos de suspensión de una medida de seguridad privativa de libertad, y exige que se hayan producido incumplimientos relevantes de las obligaciones y condiciones impuestas por el juez de los que se deriven indicios que evidencien un riesgo relevante, insisto, de comisión de nuevos delitos. Además, señorías, el juez de vigilancia penitenciaria en cualquier momento durante la ejecución de la medida podrá verificar si se mantienen las circunstancias que hicieron necesaria su imposición y, en su caso, mantener su ejecución, alterando o modificando las condiciones impuestas, y podrá decretar el cese de la medida cuando su finalidad haya sido conseguida y por tanto, su mantenimiento, su ejecución, ya no resulte necesaria. Este seguimiento se realizará con una periodicidad máxima anual en aquellos casos en que se haya sometido al sujeto a custodia familiar o residencial o se le haya obligado a llevar consigo dispositivos electrónicos de control. 

De lo expuesto hasta ahora creo que podemos concluir que la nueva regulación de las medidas de seguridad se encuentra sujeta al cumplimiento de estrictos requisitos legales; estrictos requisitos legales que garantizan su aplicación limitada en el tiempo, de forma objetiva y directamente relacionada con la probabilidad de que el autor vuelva a serlo de delitos semejantes, garantizándose la libertad cuando hayan desaparecido los estrictos presupuestos que son necesarios para su aplicación. Veo, señorías, por el contenido de las enmiendas que algunos grupos son abiertamente contrarios a que se evalúe este aspecto, la probabilidad de que el penado vuelva a delinquir, y yo quiero ser muy sincero con ustedes. El compromiso del Gobierno consiste precisamente en todo lo contrario. Vamos a darle a la justicia lo que la justicia necesita. Vamos a darle las herramientas necesarias para que tenga en cuenta este riesgo y para que sea la justicia la que decida conforme a él. Al fin y al cabo, los pronósticos de reinserción o reincidencia del penado no son un avieso invento del Gobierno, son un instrumento habitual en la política de ejecución de condenas. Lo que hacemos es ser consecuentes con lo que esos pronósticos indican y con la responsabilidad que yo creo que en este caso debemos asumir como legisladores. 

Señor presidente, señorías, el proyecto tiene otros muchos aspectos; algunos han sido mencionados en las enmiendas a la totalidad y sin ninguna duda serán objeto de enmiendas parciales, y otros tengo que decir que ya han sido anunciados en términos que hubieran podido admitir, por qué no decirlo, una mayor claridad de ideas. Las contradicciones son muchas, y aunque no creo que sea este el momento de refutarlas todas en su totalidad, sí quiero detenerme en varias de ellas. Algunas de las enmiendas se sorprenden de la severidad de las penas a la vez que de la levedad de otras, quizá porque no se ha comprendido que el Código Penal lo que hace es introducir un trato diferenciado al que antes he hecho referencia dependiendo de que estemos ante delitos graves o ante conductas con consecuencias menores. Se identifica el Código Penal -aunque les sorprenda esto lo hace algunas de las enmiendas- nada menos que como un arma de represión política del sistema capitalista. Yo creo que esta es una mentalidad ciertamente de otros tiempos en la que se desliza subliminalmente esa vieja idea, sostenida afortunadamente por una izquierda minoritaria, de que el conflicto social puede encontrar un cauce de expresión incluso legítimo en el quebrantamiento de la ley, ante lo cual, al parecer, no cabe respuesta penal ni tampoco respuesta administrativa, porque también se nos critica la despenalización de buena parte de los actos que pasan a considerarse faltas. Sobre todo se abunda, señorías, en ese cliché que trata de oponer Código Penal y sociedad, lo que es tanto como oponer justicia y sociedad o tratar de enfrentar a esta con el Estado, que está a su servicio. Pues no, señorías, el Código Penal pertenece a la sociedad, el Código 



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Penal es de la sociedad, no es de los gobernantes, no es de los políticos, no es de los medios de comunicación, no es ni siquiera de los jueces ni de los fiscales; es del conjunto de la sociedad, incluyendo, si me apuran, a los propios infractores, porque de él, como antes veíamos, va a depender su reinserción, y por eso representa un instrumento de defensa de los valores democráticos de respeto y convivencia. No es el único, pero, sin duda, sí uno de los más importantes. 

Señorías, podría yo ahora obviar el debate en torno a la oportunidad de esta reforma, pero no lo haré. Lo primero que debo constatar es nuevamente otra contradicción, aquella en que se incurre cuando se nos dice que no existe preocupación en la sociedad, que no es necesario introducir medidas como la prisión permanente revisable, pero, al mismo tiempo, quienes argumentan esto nos dicen que hay que hacer oídos sordos a esa inquietud. Lo primero que tienen que decidir es si en estos momentos en España hay o no hay alarma social ante determinadas deficiencias de nuestro sistema de penas y después quizá puedan hacer una crítica algo más enfocada. Si piensan que no existe esa alarma social, díganlo, y si creen que los ciudadanos están preocupados pero que aún estando preocupados no hay que hacerles caso, díganlo también; hablen con libertad. En todo caso, déjenme que les recuerde que el Gobierno no ha improvisado esta reforma por las actuales circunstancias, por más que esas circunstancias lo que hacen es coincidir en la necesidad de esta reforma; ya en la que con carácter insuficiente promovió el Gobierno socialista en el año 2010 defendimos la necesidad de un nuevo Código Penal más coherente y eficaz, y ya en 2010 el Grupo Parlamentario Popular propuso que se incluyera la prisión permanente revisable. Este fue el compromiso que adquirimos ante los ciudadanos en nuestro último programa electoral, con el que recibimos la confianza mayoritaria de los españoles. Si alguien tiene en mente que es solamente la actualidad y los acontecimientos ocurridos después de la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo lo que ha llevado al Gobierno a la introducción de esta nueva pena en nuestro Código Penal, tengo que decirle que está muy equivocado. Solamente les diré una cosa, y es que es precisamente la solidez jurídica con la que se presenta esta reforma largamente meditada, trabajada desde mucho antes de los últimos acontecimientos, lo que garantiza que algunas situaciones que estamos viviendo y que indignan a los ciudadanos no se volverán a producir nunca en España. 

Señor presidente, señorías, he dicho antes que un humanismo a medias, un humanismo conformista, un humanismo puramente declarativo, no es un verdadero humanismo, y del mismo modo que hay un populismo que consiste en invocar los grandes principios sin esforzarse por dotarles de contenido y que prefiere muchas veces asignarles etiquetas de forma precipitada, debemos hacer una reflexión sobre dónde se ha producido el fallo en nuestra sociedad. Por eso, si alguien ha fallado en el rigor que debemos a la sociedad, si alguien ha incurrido en planteamientos populistas que defraudan el espíritu humanista que informa todo nuestro sistema jurídico incluyendo el penal, le puedo asegurar que no somos los que impulsamos esta reforma. El Gobierno desarrolla en ella una reinserción real, una reinserción constatable, una reinserción con garantías, una reinserción con una ambición que no se había tenido hasta el momento en ningún Código Penal de España. Pero, señorías, ni el Gobierno ni el Grupo Popular que lo sustenta se engaña ni engaña a la sociedad cuando esa reinserción no se produce. 

Termino, señor presidente. El presidente del Gobierno, en una entrevista publicada esta misma semana por varios diarios europeos, entre ellos uno español, decía que la sociedad española se ha mostrado siempre muy juiciosa en sus apoyos por lo que se refiere a la clase de discurso político, a la seriedad que demandan los partidos, y que eso dotaba de estabilidad a nuestro país. Comparto plenamente esa confianza y quiero terminar, señorías, diciéndoles que precisamente por eso el buen juicio de los españoles desconfía del populismo y nunca respaldaría una reforma improvisada o falta de rigor. Esa es nuestra mayor tranquilidad al traer este proyecto a esta Cámara porque les aseguro, señorías, que los ciudadanos apoyan esta reforma que hoy presenta ante las Cortes Generales el Gobierno de España. Si reflexionan acerca de los motivos de ese apoyo, si son consecuentes consigo mismos y con la sociedad española, señorías, creo que deberían retirar sus enmiendas. Y no teman porque pueden hacerlo en la seguridad de que retirar esas enmiendas no supone de ninguna de las formas renunciar a sus convicciones humanistas, que creo que son las de todos los grupos de esta Cámara y las de toda la sociedad española. Bastaría con que las asuman plenamente, pero, eso sí, además de las palabras, que las asuman en el plano de los hechos. 

Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia. 

Vamos a tratar ahora las seis enmiendas a la totalidad de devolución que se han presentado. Por el Grupo Mixto, dada la magnitud y la importancia del debate, intervendrán varios representantes que 



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