Programa Hídrico del Estado de Baja California



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Recorrido histórico del Marco Normativo


A partir de enero de 1926, con la Ley sobre la Irrigación con Aguas Nacionales, se inició la acción formal del Gobierno Federal para incrementar la producción agrícola mediante la construcción de obras de riego bajo el amparo de esta ley se propició la creación del Fondo Nacional de Irrigación, que regulaba el aprovechamiento de las aguas en combinación con las tierras, buscando incentivar a los propietarios en base al incremento de la producción.

En 1934 se expidió la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, que con algunas reformas estuvo vigente hasta 1971. Lo que destaca a esta Ley es que por primera vez se regularon los distintos usos del agua mediante concesiones; se ordenó el funcionamiento de sociedades de usuarios de aguas y de juntas de aguas; se previó el establecimiento de reservas para generación de energía eléctrica y se consignaron en ella normas procesales para el desahogo de recursos, trámite de concesiones, faltas y delitos.

La Ley Federal de Ingeniería Sanitaria se promulgó en 1948; declaró de utilidad pública la planeación y la construcción de obras de agua potable lo que originó el crecimiento destacado de la cobertura de agua potable y alcantarillado, con la intervención financiera y técnica del gobierno federal.

De 1947 a 1971 estuvo vigente la Ley de Riegos la cual deroga la Ley sobre irrigación con aguas Nacionales de 1926. En esta disposición, se amplía la regulación de obras de riego, se institucionaliza legislativamente a los distritos de riego y las causas de utilidad pública para su constitución. Se fijó el régimen de tenencia de las tierras beneficiadas con las obras de riego, construidas con inversión federal, determinándose la obligación de pago de cuotas de los usuarios;

El 30 de diciembre de 1971 se expidió la Ley Federal de Aguas y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del año siguiente; La idea central, en materia de riego, fue estimular una mayor producción del campo dentro de un uso de los recursos armónico y equitativo. Esta ley se reforma y adiciona en 1986.

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) se crea el 1 de diciembre de 1976, de la fusión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Recursos Hidráulicos con el objeto de administrar y de agrupar las acciones relacionadas con el agua.

También entró en vigor la nueva Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas de Infraestructura Hidráulica 1985, que fijó el procedimiento genérico para recuperar una parte de la inversión federal en la construcción de la infraestructura, mediante las contribuciones a cargo de los usuarios directos de las obras. Esta ley será sustituida en 1990 por la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas federales de Infraestructura Hidráulica, la cual sufre algunos cambios, pero en esencia tiene la misma finalidad. Actualmente se encuentra en vigor, aunque no ha sido aplicada.

El 13 de enero de 1986 se publicó el decreto que reforma y adiciona La Ley Federal de Aguas con el fin de actualizar y adecuar los instrumentos jurídicos a las necesidades de una administración eficiente del agua; aumentar la participación de los usuarios en los costos del aprovechamiento y conservación; resolver los conflictos que se generen en la asignación de los recursos disponibles, así como los problemas que enfrenta el aprovechamiento del agua y la preservación de su calidad, teniendo como propósito lograr la distribución justa del recurso y de los beneficios de su uso. En este año se constituyeron los distritos de riego con objeto de regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas para la producción agrícola el propósito del contenido de la ley en materia de riego fue hacer de los distritos y de las unidades verdaderas entidades sociales y económicas de producción, capaces de resolver sus propios problemas, con la participación de los mismos usuarios y la aprobación de las autoridades.

En esta ley se fijaron también normas para realizar las obras de provisión de agua destinada a usos urbanos. Para ello, se establecieron los procedimientos, a fin de que los gobiernos de los Estados y territorios, y los ayuntamientos de aquella época tuvieran la asignación de los volúmenes de agua necesarios.

El 20 de Julio de 1991, se crea la comisión de servicios de agua de Baja California que tiene como objeto, entre otros, coordinar los proyectos de obras de conducción y distribución de agua en bloque, para el abastecimiento de las poblaciones en el Estado; elaborar la programación hidráulica del Estado en aplicación del Plan Estatal de Desarrollo; formular y promover nuevas fuentes y sistemas de abastecimiento de agua; la gestión de financiamiento para la infraestructura hidráulica y alternativas de utilización de fuentes de energía.

A finales de 1992 es derogada la Ley Federal de Aguas y entra en vigor la Ley de Aguas Nacionales (LAN). La Ley de Aguas Nacionales (LAN) que sustituye a la Ley Federal de Aguas. Esta Ley considera conceptos originales que constituyen una redefinición del marco normativo hidráulico, en cuanto a gestión, Vigilancia control, coordinación, y financiamiento. Propicia la modernización del sector, y predomina el objetivo de hacer un uso eficiente del agua, así como preservar su calidad y cantidad.

El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales se publicó el 12 de enero de 1994, y se inscribe en el marco de modernización legislativa del sector hidráulico, encierra un gran sentido social elaborado para el usuario, con procedimientos ágiles, que permiten al mismo tiempo dar certeza jurídica a los usuarios y una mejor observancia de las disposiciones de la ley. Este reglamento de la LAN, en su Artículo 2do. Inciso X, establece para el recurso agua, el contexto del desarrollo sustentable: el manejo de los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras.

En 1997, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que reforman la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento en los artículos 15, 16, fracción II, 47 y 72 adicionando un último párrafo al artículo 138. Se refiere a la formación de los Consejos de Cuenca, su integración y funciones.
La reforma más reciente a la Ley de Aguas Nacionales se publicó el 8 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales.

Se reforman el inciso a) de la fracción XL del artículo 3; la fracción XLVIII del artículo 9; la

fracción IX del artículo 12; la fracción V del artículo 12 Bis 2; la fracción XIII del artículo 12 Bis 6; la fracción II el artículo 14 Bis 6; el primer párrafo del artículo 29 Bis 2; el primer párrafo del artículo 29 Bis 4; el segundo párrafo del artículo 33; el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 113 Bis; las fracciones VIII, XIX, XXIII y XXIV del artículo 119; las fracciones I, II y III del artículo 120, primer y cuarto párrafo de la fracción II del artículo 122; se modifican las denominaciones al Título Décimo “Medidas de Apremio, Seguridad, Infracciones, Sanciones y Recursos”; el Capítulo I, “Medidas de Apremio y Seguridad”, y consecuentemente, se recorren los demás Capítulos; se adicionan los artículos 118 Bis 1, 118 Bis 2, 118 Bis 3 y, se deroga la fracción III del artículo 121 de la Ley de Aguas Nacionales,

Como síntesis recalcar que los orígenes de la administración y actividad normativa del agua en México se remontan a 1926, cuando se creó la Comisión Nacional de Irrigación; posteriormente, en 1947, desaparece ésta y se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos, tratando de dar un enfoque de mayor integralidad y considerando el agua para los usos urbano, agrícola, industrial y de recreación; en 1976 se crea la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;



La evolución del marco jurídico mexicano y la adecuación constante de los arreglos institucionales, especialmente los relativos a las modificaciones recientes de la Ley de Aguas Nacionales, permiten concluir que actualmente se cuenta con las bases legislativas y administrativas fundamentales y la experiencia institucional suficiente para avanzar hacia una eficiente y moderna gestión integrada de los recursos hídricos, orientada hacia la cuenca como unidad de gestión y con la particularidad de ser incluyente, participativa y descentralizada, por lo que es necesario que se trabaje para seguir fortaleciendo y apoyando a los organismos encargados de la administración del agua; a nivel nacional estatal, municipal y por cuenca, con el objeto de asesorarlos a la hora de elaborar las normas que permitan avanzar en la determinación y la aplicación efectiva de las cuotas y tarifas por derechos y servicios; la conformación e institución de las tarifas de cuenca; la implementación del sistema financiero del agua; los costos ambientales en los sistemas de precios del agua; el desarrollo científico y tecnológico; fomento a la participación de los estados y municipios de la sociedad y de los usuarios en las actividades de planeación, construcción, operación de infraestructura y de la toma de decisiones de política hídrica, el fortalecimiento de la participación privada en el desarrollo de las obras y servicios así como en el abastecimiento de agua.

Por otro lado se debe poner especial énfasis en la evolución de la LAN, aprovechando sus continuas modificaciones, la última se espera para finales de este año 2015.



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