Proceso 5-ip-96



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA


PROCESO No. 5-IP-96
Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente nacional N° 2866. Demanda de la sociedad “PPG INDUSTRIES INC.”. Caso: patente de invención “COMPOSICIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE HALÓGENO Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA”.
Quito, 28 de noviembre de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
V I S T O S:
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, requiere del Tribunal Andino, la interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Se formula el requerimiento, en razón de que la sociedad PPG INDUSTRIES INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda la anulación del artículo 2 de la resolución No. 6751 de septiembre 12 de 1991, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio de la cual se niega las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud de patente de invención consistente en “Composición Sólida que contiene halógeno y método para producirla”; y se pide además la nulidad de la resolución No. 1962 de octubre 29 de 1993 la cual, al resolver el recurso de reconsideración o reposición interpuesto contra el primero de los actos acusados, dispuso su confirmatoria.
A) El solicitante considera como hechos relevantes para proceder a esta interpretación los siguientes:
1. "El 7 de junio de 1989 la sociedad actora formula ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención para ´Composición Sólida que contiene halógeno y método para producirla´.
2. "Mediante escritos de 7 de septiembre y 31 de octubre de 1989 la sociedad actora presentó ante la mencionada dependencia la descripción, las reivindicaciones, el extracto para publicación, la copia legalizada de la solicitud estadinense No. 213383, primera solicitud presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial que incluía las reivindicaciones de dicha solicitud, y del documento de traspaso de los inventores debidamente traducido.
3. "Publicado el extracto... en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones tendientes a desvirtuar la patentabilidad de la invención.
4. "Mediante el primero de los actos acusados se negó la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud, bajo la consideración de que... éstas se refieren a un producto desinfectante sólido a base de un compuesto halogenado disperso en una sal inorgánica tratada con un colorante; puesto que estas reivindicaciones se refieren a productos desinfectantes los cuales sirven para prevenir enfermedades, se consideran productos farmacéuticos no patentables de acuerdo con el artículo 5 literal c) de la Decisión 85 (sic)´ (copia textual de la solicitud, incluido el (sic).
5. "Contra la mencionada decisión la sociedad actora interpuso recurso de reposición, en sustento del cual argumentó que ...´es en absoluto inaceptable identificar un desinfectante sólido, del tipo usado para purificar aguas de tipo industrial o semi-industrial, tales como las empleadas en piscinas y sitios de aglomeración humana, con un producto farmacéutico que esencialmente y por definición, se diseña, utiliza y prescribe para el tratamiento o prevención de enfermedades específicas. Lo absurdo de tal identificación se echa de ver considerando la reivindicación 2, en donde se define específicamente al material sólido de la invención, como conformado por materiales tales como hipoclorito de calcio, hipoclorito de litio, ácido isocianúrico clorado, las hidantoínas halogenadas, la sodio-N-cloro-p-toluenfonamidas, etc., muchas de las cuales son venenos poderosos, tales como los derivados cianúricos, que no tienen en absoluto ninguna capacidad curativa de ninguna enfermedad.
“Manifiesta igualmente que ...´los desinfectantes del tipo hipoclorito, tales como el hipoclorito de calcio y similares se han establecido siempre como productos industriales, en contraposición con productos farmacéuticos, atendiendo a que los primeros no son utilizables en el tratamiento de ninguna enfermedad, sino que encuentran su aplicación básica en procesos industriales extremadamente fuertes, tales como el blanqueo de la pulpa de madera, etc.
6. "Mediante la Resolución No. 1962 de 1993 se confirmó el primero de los actos acusados, con fundamento en las siguientes consideraciones: ‘Sea lo primero advertir que producto farmacéutico no es solamente el que cura una enfermedad, pues por éste se entiende todo compuesto que ha sido sometido por el ingenio del hombre, a un proceso que lo hace apto para ser utilizado en la preservación de la salud, en la conservación de la higiene personal, en la curación de una enfermedad de humanos o animales, o en el mejoramiento y exaltación de los atributos físicos del ser humano’ (Revista de la Sociedad Colombiana de Químicos e Ingenieros Químicos ‘Química e Industria”, Vol. 10, No. 1, mayo/84, ‘Los Herbicidas y las Malezas’, pág. 19). La sola lectura de esta definición nos permite dejar claramente establecido que los productos farmacéuticos no sólo curan sino que sirven para la preservación de la salud, y dentro de esta categoría entran de esta manera los desinfectantes, toda vez que matan las bacterias que pueden causar enfermedades.
‘... si bien es cierto que los derivados cianúricos no tienen capacidad de curar y que los hipocloritos son blanqueadores, de acuerdo con la segunda reivindicación de la solicitud que nos ocupa, los productos empleados en el desinfectante se seleccionan entre hipoclorito de calcio o litio, el ácido isocianúrico clorado, las hidantoínas halogenadas, la sodio N-cloro-p-toluensulfonamida, la N,N,-dicloro-p-toluensulfonamida, las N-halo-2-oxazolidinonas y las N,N´-dihalo-2-imidazolidinonas, las cuales tienen como características poseer halógenos activos o disponibles, que es la sustancia terapéuticamente activa cuya propiedad es la de desinfectar.
‘Por lo demás, cabe puntualizar que la función del desinfectante, objeto de la invención, no obstante se aplique en una masa inerte, es la de eliminar las bacterias presentes en el agua de las piscinas o sitios de aglomeración humana, evitando de esta forma que dichas bacterias causen enfermedades a los humanos; es por la razón anotada que esta clase de desinfectantes son útiles en la preservación de la salud humana.
‘En este orden de ideas, al tener el desinfectante objeto de reivindicación una sustancia terapéuticamente activa, la cual constituye el ingrediente esencial sobre el que recae la actividad, tal producto está excluido de patentabilidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Despacho confirmará, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia, la resolución recurrida.”
B) Igualmente se permite resumir el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los argumentos expuestos por la demandante frente a la violación de la norma comunitaria:
Considera la parte actora que se violaron los artículos 1, 4, y 5 de la Decisión 85, plenamente vigente para el momento en que fue dictada la resolución No. 06751 recurrida. Estima igualmente que de conformidad con los artículos citados, la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, “si dicha nueva creación es susceptible de aplicación industrial y si dicha invención no se encuentra contemplada dentro de las prohibiciones expresamente consagradas en la Ley.” Considera además, que “la novedad del invento no fue cuestionada, así como tampoco su aplicación industrial...; el objeto de la invención no se encuentra comprendido ni dentro de los casos señalados taxativamente por el artículo 4 -aquellos en los que no hay invención- ni dentro de las excepciones a la patentabilidad, también taxativamente establecidas en el artículo 5.”
Continúa argumentando la demandante, frente a los fundamentos para la negativa de la invención esgrimidos por la Superintendencia, que: “De acuerdo con la misma ilógica teoría, incluso el agua y el jabón de tocador tendrían el mismo carácter de productos farmacéuticos. ¿O quien no ha enseñado a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón antes de las comidas, para matar las bacterias presentes en ellas y evitar así contraer alguna enfermedad?.”
Con vista de todo lo precedentemente expuesto, el Tribunal pasa a examinar el caso de autos,
CONSIDERANDO:
I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía "prejudicial" las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como en el caso, la solicitud cumple con los demás requerimientos de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.
II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS
QUE de las normas cuya interpretación ha sido solicitada por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal considera pertinentes para el correspondiente análisis interpretativo, las siguientes:
DECISIÓN 85
"Artículo 1.- Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones".
“Artículo 4.- No se consideran invenciones:
a) Los principios y descubrimientos de carácter científico;
b) El simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza;
c) Los planes comerciales, financieros, contables u otros similares; las reglas de juego u otros sistemas en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto;
d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y
e) Las creaciones puramente estéticas”.
"Artículo 5.- No se otorgarán patentes para:
a) Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
b) Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales;
c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;
d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. Vencido ese lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de dicha solicitud; y
e) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País Miembro o los procesos, productos o grupos de productos cuya patentabilidad excluyan los Gobiernos”.
“Artículo 20.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.
Si fuere parcialmente favorable podrá otorgarse el título por resolución motivada incluyendo solamente las reinvindicaciones aceptadas.
Si fuere desfavorable se le negará por resolución debidamente motivada”.
II. LA DECISIÓN 85: CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
En el proceso judicial que ha dado origen a la solicitud de interpretación que aquí se absuelve, se discute si los productos desinfectantes, en este caso para ser utilizados en piscinas, están o no comprendidos en la excepción a la patentabilidad consagrada en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Es de particular importancia señalar que el artículo 5º tiene carácter excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada en el artículo 1ro. de la misma Decisión y, por lo mismo, debe ser interpretado aquel por este Tribunal Comunitario y aplicado por el juez nacional, en la forma restrictiva que una norma de este tipo postula, pues bien claro está que es de la competencia exclusiva del legislador -en este caso el andino- consagrar las situaciones excluidas de las disposiciones generales, así mismo previamente determinadas por él. Ha sido éste el razonamiento contenido en la sentencia de este Tribunal Andino de septiembre 26 de 1997, Proceso No. 15-IP-95 “FMC CORPORATION”.
De las anteriores consideraciones se desprende que la interpretación y aplicación de una prohibición a la patentabilidad, como la contenida en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, no puede comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en ella, de suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos.
Sin embargo, ello no impide hacer una interpretación teleológica, sino que por el contrario la impone, pues precisamente para determinar la medida y alcance de la excepción se requiere precisar cuáles fueron los motivos y finalidades del legislador -en este caso la Comisión- para su consagración, ubicándose, por supuesto, en el momento histórico en que la norma fue dictada.
Es en este marco de su actuación que será señalado el sentido y alcance de las normas cuya interpretación se solicita y que el Tribunal considera pertinente interpretar.
La exclusión de patentabilidad contenida en el artículo 5º de la Decisión 85, constituyó uno de los elementos de que se valió el legislador andino para hacer frente a las situaciones de orden público, económico y social de la época, circunstancias estas cuyos rasgos más importantes fueron expuestos por el Tribunal en las sentencias que pusieron fin a los procedimientos de interpretación prejudicial 1-IP-88, 7-IP-89 y en el Proceso 15-IP-95. En aquellas oportunidades el Tribunal señaló:
"Las leyes de propiedad industrial, inspiradas en las necesidades e intereses de los países desarrollados, habían sido implantadas en los países de la región en momentos en que el desarrollo fabril no había realmente comenzado y la posibilidad de creación tecnológica era inexistente. La protección a los monopolios de explotación, objetivo fundamental de estos sistemas de patentes, producía efectos no deseables para la economía de la región y favorecía la captura de los mercados para los productos extranjeros, la tenencia de las patentes por los agentes de la economía transnacional, la ninguna o escasa vinculación de la inversión local con el proceso productivo real, el entorpecimiento del flujo tecnológico externo por la imposición de cláusulas restrictivas, la posibilidad de fijar precios monopolísticos al aprovechar la patente para eliminar la competencia, etc.
"La constatación de estas realidades en América Latina, permitió que se iniciaran acciones de los gobiernos dirigidas a reformar las concepciones tradicionales de las leyes nacionales sobre patentes y marcas, abandonando conceptos obsoletos según los cuales se consideraba a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado por su condición monopólica y desvinculado de las políticas de desarrollo."
Ciertamente, los gobiernos de los países de la Subregión hallaron en el Acuerdo de Cartagena (Artículo 27) el marco jurídico que les permitía, en forma conjunta, impulsar aquellas políticas reformistas que individualmente y en razón de su "inferioridad económica" no habían podido desarrollar. En este esquema de cambio, resultó de singular envergadura el tema de las patentes, pues es claro que la mayor o menor amplitud del derecho individual de explotación respecto de una invención, influye en relación de causa efecto en el avance tecnológico y en el desarrollo económico de los Estados respectivos.
Se trataba entonces, y se trata hoy, dentro de contextos económicos distintos, de conciliar las exigencias de los países industrializados -los que obviamente procuran las máximas garantías para los productos patentables y patentados- con los intereses intraregionales de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, para los cuales el desarrollo económico emerge como su más alta prioridad. La máxima expresión de tal aserto la halla este Tribunal plasmada en el literal e) del mismo artículo 5º de la Decisión 85 donde se dispuso la no patentabilidad de "las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País miembro".
Bajo esta perspectiva se aprobó, en el Tercer Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena celebrado en Lima del 27 de mayo al 5 de junio de 1974, la Decisión 85 como el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”.
El tema de la no patentabilidad de los productos farmacéuticos y medicamentos, de que trata el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, obedece a las razones antes enunciadas, que podrían denominarse de proteccionismo externo con fines económicos, y también a otras de tipo social y hasta ético que, en términos generales, guardan relación con la salud, bien jurídico que por su especial importancia no podía depender de las pocas empresas extranjeras que en aquella época ostentaban la titularidad sobre la técnica indispensable para su adecuado progreso y suministro. En efecto, en la sentencia 7-IP-89 -antes mencionada- manteniendo igual criterio este Tribunal puso de relieve:
"En respaldo de las investigaciones y estudios que fueron tenidos en cuenta para redactar la Decisión 85..., conviene destacar en esta nueva oportunidad la información general, a nivel mundial, que registran los especialistas en derecho de patentes. "Por ejemplo, en la obra ´Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea´ (A. Bercovitz, E. Galán, J. Delicado y M.A., De Ariel, Barcelona, 1985, pág. 79), se lee:
"El mejor indicador del proceso técnico en la industria farmacéutica es el desarrollo de los nuevos principios activos. Pues bien, del total de nuevos principios activos terapéuticamente relevantes desarrollados entre 1961 y 1980 (según el estudio de Droit et Pharmacie de marzo de 1983), el 55% corresponde a tres países, Estados Unidos, Francia y Alemania. Si añadimos a éstos los desarrollados en Japón, Italia, Suiza e Inglaterra, resultaría que tan sólo siete naciones son responsables del desarrollo del 90% de los principios activos sintetizados por primera vez en el período considerado... En estas naciones, un reducido número de empresas son los principales agentes impulsores del progreso técnico en el sector. Su número no excede de cien, de un total aproximado de diez mil empresas productoras de especialidades en todo el mundo."
III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 5, párrafo c)
El artículo 1ro. de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención "a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionen dichas creaciones". Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente un lucro por su invento. Este lucro es el que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento.
Puestas de presente las anteriores consideraciones generales sobre el carácter excepcional del artículo 5º de la Decisión 85, y con los antecedentes de tal Decisión, el Tribunal procede a efectuar la interpretación del literal c) del mencionado artículo, a los fines de determinar si los productos desinfectantes se encuentran o no incluidos en el mismo.
El Tribunal al referirse a la novedad, expresó:
“El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado, por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva” (Proceso No. 15-IP-95, sentencia de septiembre 26 de 1997.)
La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, coincidía con la corriente universal: “no restringe el concepto de novedad, y basta con que la invención se encuentre en el estado de la técnica -no sólo en los Países Miembros sino también fuera de ellos- para que el producto o procedimiento no cumpla con los requisitos de patentabilidad”. (Sentencia citada en el párrafo anterior)
Además del requisito imprescindible de la novedad, la Decisión 85, al igual que las posteriores exige que la invención no resulte obvia o se derive de manera evidente del estado de la técnica. Este último es el nivel o actividad inventiva que requiere un producto o un procedimiento para que pueda ser patentable: "Para determinar si la invención se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica se utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades". (Manuel Pachón, "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Santa Fe de Bogotá, Colombia; pág. 62)
Respecto de la aplicación industrial, la doctrina comenta:
“La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos, debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.
“Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la practica.” (Manuel Pachón, ibí­dem, pág. 63)”
Por tanto y como puede observarse de lo anteriormente expuesto, del literal c) del artículo 5º se desprende que no se pueden otorgar patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamen­te activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal.
Con vista de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa:
Se discute en el proceso interno que ha dado lugar a la solicitud, si los productos desinfectantes, en este caso de piscinas, están incluidos en las excepciones a la patentabilidad consagradas por el señalado literal c) del artículo 5to. de la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena.
Los medicamentos son cualquier sustancia, simple o compuesta, que aplicada interior o exteriormente al cuerpo del hombre o del animal, puede producir un efecto curativo, es decir, que el medicamento cura, alivia, previene una enfermedad del hombre o del animal. Por otro lado, los desinfectantes tienen la función de: “Quitar a una cosa la infección o la propiedad de causarla, destruyendo los gérmenes nocivos evitando su desarrollo”. Es necesario entonces, definir el término ´cosa´: “Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Objeto inanimado por oposición a ser viviente.” (el sub­rayado corresponde a la presente sentencia) (“Diccionario de la Lengua Española”, Vigésima Primera Edición, 1992).
Del concepto de ´desinfectante´ se deduce entonces fácilmente cual es su función, es decir, cual es su finalidad única: limpiar; y por tanto, no podemos atribuir a conceptos claros, alcances que, respecto de ellos, resultan inapropiados, como, en el caso, el de producto farmacéutico. Siguiendo la tesis de considerar al desinfectante producto farmacéutico habría forzosamente que concluir en que desde los dentífricos hasta los líquidos utilizados para destapar cañerías -que en cierta forma evitan la proliferación de gérmenes al mantener limpios los desagües- estarían comprendidos dentro de ese amplio concepto atribuido a los productos farmacéuticos.
Opinión que se encuentra respaldada por el dictamen de los expertos Orlando Enrique González y Edgar Iván González, que cursa en el expediente enviado al Tribunal, a los folios 14, 15 y 16:
“Así mismo el artículo 20 del mencionado Decreto 2092 de 1986 define como MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO ‘el que por la naturaleza de su conformación y las características de sus componentes o de sus formas externas, impide la contaminación o contribuye a evitarla, bien porque no produce o genera reacciones con otros elementos o sustancias o porque facilita los procesos de limpieza y desinfección’.
“Una de las características de los elementos halogenados lo constituye precisamente su elevada condición tóxica; las anteriores sustancias, por pertenecer al grupo de los halogenados, son extremadamente tóxicas y una de las recomendaciones para este tipo de sustancias es evitar ser ingeridos, pues su alto poder tóxico resulta perjudicial a los organismos humanos y animales.
“Como se dijo en el ítem anterior, los compuestos halogenados son altamente tóxicos y su poder tóxico, depende de la concentración y del peso de la persona o animal que lo ingiera. Una ingesta de un producto de estas características, dado su alto poder corrosivo y cáustico, ataca las mucosas gástricas, ocasionando úlceras de difícil manejo clínico (Manual de Toxicología Clínica DREISBUCH. R. 6ª. Edición).
“Por las razones antes anotadas y vistas las definiciones que para productos farmacéuticos establece el art. 4º del Decreto 2092 de 1986, las sustancias halogenadas, no pueden clasificarse en este grupo, ni considerarse como tales, por cuanto no son susceptibles de ser “medicamentos de uso humano” dada la alta toxicidad de los mismos.
“De acuerdo a la definición del art. 20 del Decreto 2092 de 1986, tales compuestos estarían catalogados como Material Higiénico Sanitario”
De igual manera, y conforme a la doctrina, (véase PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida: “El régimen andino de la Propiedad Industrial”, ediciones jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 86), es importante tener presente la evolución ocurrida en la legislación andina, en relación con esta prohibición de no registro de productos farmacéuticos: en la Decisión 344 existe una gran ampliación del campo de patentabilidad respecto de la contenida en la Decisión 85.
Así, sucede con la patentabilidad de los productos alimenticios y bebidas y con los productos agroquímicos ninguno de los cuales eran patentables, lo que concordantemente era recogido por la jurisprudencia de este Tribunal Comunitario. Y los productos farmacéuticos, salvo los que se encuentren incluidos en la lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, son ahora patentables sin restricción alguna.
Por otra parte, la Decisión 344 eliminó también la posibilidad establecida en la Decisión 313, de instituir en las legislaciones internas de los Países Miembros un régimen de impatentabilidad de los productos farmacéuticos por un período que no podía exceder de 10 años.
Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 28 de su Tratado de Creación, y a los fines previstos en el artículo 31 del mismo cuerpo normativo supranacional, por vía de interpretación,
C O N C L U Y E:
1. Conforme a reiterada jurisprudencia, este Tribunal Andino es el órgano competente para decidir las normas comunitarias que, por atinentes al caso concreto, son las que van a ser interpretadas.
2. Los pronunciamientos del Tribunal tienen la finalidad de asegurar en el territorio de los Países Miembros la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, por lo cual la jurisprudencia sentada es doctrina armónica y estable pero con la natural adaptación al caso concreto, y puesta en función de los avances del proceso de integración; lo que, por otra parte, hace siempre necesaria la consulta.
3. La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, coincide con la corriente universal: no restringe el concepto de novedad. Basta por tanto que la invención se encuentre en el estado de la técnica -no sólo en el territorio Andino sino también fuera de él- para que se considere que el producto o procedimiento no cumple con los requisitos de patentabilidad.
4. Por las razones expuestas en el presente fallo interpretativo, los desinfectantes no se encuentran comprendidos en la excepción a la patentabilidad contenida en el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación de la normativa andina, al momento de dictar la respectiva sentencia en el expediente nacional No. 2866.
Notifíquese al Consejo de Estado la presente sentencia, mediante copia certificada y sellada.
Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique

PRESIDENTE


Juan José Calle y Calle

MAGISTRADO


Gualberto Dávalos García

MAGISTRADO


Luis Henrique Farías Mata

MAGISTRADO


Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO


Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.    




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