Ponencia para primer debate al proyecto de ley 332 de 2005 CÁmara



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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 332 DE 2005 CÁMARA.

por la cual se ordena la elaboración y ejecución del Plan General de Desarrollo Sostenible de la Amazonia colombiana; se crea el Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia colombiana, se determina su composición, sus funciones y su funcionamiento; y se dictan otras disposiciones.

Asunto: Ponencia del Proyecto de ley 332 de 2005

Por designación de la presidencia de la Comisión Quinta la Cámara de Representantes, nos ha correspondido rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 332 de 2005 Cámara, por la cual se ordena la elaboración y ejecución del Plan General de Desarrollo Sostenible de la Amazonia colombiana; se crea el Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia colombiana, se determina su composición, sus funciones y su funcionamiento; y se dictan otras disposiciones, informe que procedemos a rendir de manera positiva en los siguientes términos:

Las movilizaciones campesinas del Putumayo y demás departamentos amazónicos, marcaron un punto de quiebre en los procesos de construcción de región amazónica, que produjeron cambios entre las relaciones de los campesinos cultivadores de coca con el Estado cuyo resultado fue la firma de algunos acuerdos y compromisos.

Uno de los compromisos más importantes es la formulación de un plan estratégico, reivindicación lograda en esas marchas. La formulación del plan de desarrollo sostenible para el Putumayo como modelo para otros departamentos amazónicos ha sido aplazada desde entonces; siendo un compromiso del Estado Colombiano dotar a la región amazónica colombiana de dicho instrumento el cual deberá formularse en armonía con los tratados internacionales y en especial el TCA, ya que fue en los departamentos amazónicos donde se vivió la movilización de campesinos productores de hoja de coca.

La Amazonia colombiana es una oportunidad y este proyecto de ley sintetiza las intencionalidades de viabilizar a la Amazonia colombiana como una región integrada a la construcción de paz y riqueza social a partir de su oferta ambiental, cambiando la visión imperante después de la Ley 2° de 1959; el recorrido por los diferentes momentos históricos de la Amazonia Colombiana nos comprometió en la necesidad de realizar una lectura cuidadosa sobre las experiencias desarrolladas en la región y los logros obtenidos por instancias, tanto de planificación como de ejecución de las políticas ambientales, entre las que se incluyen los acuerdos establecidos por Colombia en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, TCA, los trabajos realizados por la Corporación colombiana para la Amazonia, COA; el Instituto Amazónico de Investigaciones, IMANI, adscrito a la Universidad Nacional, el Programa Fondo Amazónico; el Consejo Regional de Planificación para la Amazonia, CORPES, entre otros, así como la aplicación de la Política para el Desarrollo y Conservación de la Amazonia, Documen to Conpes 2545 de 1991, y los resultados de los trabajos realizados por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi,  en el proceso de formulación de la Agenda Amazonia colombiana siglo XXI.

Los intercambios sostenidos con muchos actores, y el análisis acucioso de materiales como los anteriormente así como la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 812 de 2003 y los Planes de Gestión Ambiental Regional formulados por las Corpo-raciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible con inci-dencia en la región, dieron como resultado la propuesta que ponemos a su disposición, enmarcada dentro de los tratados, acuerdos y normatividad actualmente vigente para la región amazónica colombiana.

1. Enseñanzas de origen muy remoto ya en la historia de la humanidad, señalan de manera tajante que, cuando en una norma el significado de ciertas palabras, conceptos, expresiones, no es claro, la norma deja de tener sentido y utilidad práctica para su imposición en una estructura organizada de la autoridad basada sobre la observación de la ley como perfección ética, como "deber ser". Esto es especialmente grave cuando las posibilidades de interpretación del pensamiento del legislador van más allá de lo que honestamente permite la aplicación de principios de hermenéutica como los contemplados en la Ley 153 de 1887; y, cuando la interpretación extralegal de los términos da pie a debates delicados por su contenido filosófico e ideológico, más que científico o técnico, y que, por ende, fácilmente pueden desembocar, entre otras, en posturas fundamentalistas, en posturas romancescas, alejadas de toda realidad, de toda racionalidad. Y, de paso, también se abre las puertas a todo un universo de zonas grises y propicias para transgredir la ley, sin llegar a la ilegalidad. Como señala Pedro Medellín:

2. En apariencia la normativa ambiental colombiana ha incorporado con plena validez y vigencia el concepto de calidad de vida y, de esta manera, las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con su entorno, previstas en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pueden ser legítimamente ejercidas cuando se trate de defender la calidad de vida de una parte o de toda la población. Inclusive darían lugar a la interposición de la acción de tutela por tratarse de un derecho fundamental, no obstante la opinión de algunos juristas.

Sin embargo, la simple lectura de los contenidos de los textos lleva a la compleja conclusión de que no existe uniformidad, ni de criterio, ni de lenguaje, dentro del derecho colombiano, en el tratamiento de lo que algunos autores suelen llamar el "tema ambiental", lo que genera buena parte de las confusiones y de las controversias y, al mismo tiempo, plantea la eventual inefectividad de toda esta normatividad. Basta un sol o ejemplo para ilustrar este planteamiento:

La misma definición de la Ley 99 de 1993, cuando evoca el "crecimiento económico" como primer elemento del actualmente tan mentado "desarrollo sostenible", genera una clara contradicción en los términos. Las siguientes palabras son suficientemente elocuentes, dada la incuestionable autoridad de quienes las formulan:



"La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMA) definió el "desarrollo sostenible" como un `desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer los propios¿. Este término ha sido objeto de críticas por su ambigüedad y porque se presta a interpretaciones muy diversas, muchas de las cuales son contradictorias. La confusión se ha debido a que se han utilizado indistintamente "desarrollo sostenible", "crecimiento sostenible" y "utilización soste-nible", como si sus significados fueran idénticos. Y no lo son. "Creci-miento sostenible" es un término contradictorio: nada físico puede crecer indefinidamente. "Uso sostenible" sólo es aplicable a los recursos renovables: significa su utilización a un ritmo que no supere su capacidad de renovación"1.

3. A juicio de algunos estudiosos de la Ecología Política, como por ejemplo el ingeniero Arthur Simon, desde hace algunos lustros sostienen que la situación que se acaba de señalar de manera muy breve se ha vuelto especialmente notoria y notable, y, además, crítica, en todo lo relacionado con la política ambiental colombiana, cuya normativa dispersa, muchos de cuyos textos están redactados en un lenguaje lo suficientemente confuso como para permitir interpretaciones subjetivas en diferentes direcciones, es lo suficientemente "fluida" como para dar cabida a cualquier clase de soluciones casuísticas, en función de las circunstancias, en función de la personalidad de los agentes actuantes, etc. Este esquema "fluido" facilita el entendimiento de hechos tales como: La existencia de varias instituciones -no siempre de acuerdo entre sí -que pretenden ser, cada una, "el verdadero mandatario con autoridad para expedir las autorizaciones".

La existencia, en torno al mandatario, de toda una "corte multicolor" -que comprende desde los indispensables promotores y tramitadores de los permisos, hasta los ecologistas fundamentalistas más furibundos (dedicados a salvar el mundo de todo el mundo y todo el mundo de todo, desde su bicicleta "ecológica" con diez cambios y cinturón de seguridad automático), pasando por los ingenuos y crédulos perdidos en la selva de la realidad política, los ecologistas romancescos, los que se saben de memoria los nombres de todas las mariposas amarillas, los planeadores, etc.  ;

Pero, curiosamente, el Estado simplemente se limitó a exigir la obten-ción de una licencia para tener el permiso para realizar la extracción, movilización o comercialización de una determinada cantidad de recur-sos. Y, consecuentes con ello, la política ambiental y sus estructuras de gobierno y administración están abiertamente concebidas para tramitar la expedición de los actos administrativos pertinentes, y, para controlar que no ocurran actividades ilegales (entendidas como aquellas extracciones, movilizaciones y comercializaciones que no están amparadas por el permiso exigido por el mandatario).

4. Todo lo anterior es especialmente flagrante en la Amazonia colombiana, que, además, desde hace casi cinco siglos ya, representa lo que el mismo ingeniero Simon califica como una de las varias "Fronteras Críticas" heredadas por Hispanoamérica a principios del Siglo XIX, derivadas del confuso lenguaje de los tratados, y, por supuesto, también como fruto de las concesiones territoriales metropolitanas durante la vida colonial, de la poca exactitud de los mapas primitivos y de la desigualdad militar de los reclamantes. Y, esta "lejana" Amazonia colombiana es visualizada, y manejada, desde la metrópolis de turno, como una entidad territorial político-administrativa sui generis, una "Marca". La función esencial de este tipo de entidades territoriales, heredadas de las guerras de conquista europeas, es la de actuar como asiento local de la "Comisaría de Guerra"2. Dependiendo de la lejanía espacial o socio-política con respecto al "centro político"3, del carácter de la amenaza enemiga identificada en la periferia, del rol militar específico asignado a una determinada marca, etc., los encargados de la administración de estas entidades territoriales político-administrativas sui generis podían tener, además de sus amplios poderes en el campo de la defensa territorial, ciertas atribuciones notariales, judiciales, policivas, etc., incluso sobre la población civil. Usualmente las marcas estaban adscritas a entidades territoriales político-administrativas corrientes, y los señores de estas recibían el título nobiliario complementario de "Marqués" para señalar que, además, fungían como encargados de la administración de aquellas4, 5.

La visualización de la Amazonia colombiana como una "Marca" (o, más bien, como un conjunto de marcas) facilita la comprensión de muchos aspectos de la historia de la misma a lo largo de los últimos quinientos años. Por ejemplo: Los fenómenos cíclicos de abandono y de bonanzas esencialmente fundamentadas en una economía extractivista (de esclavos, de miel, de oro, de tagua, de animales y plantas ornamentales y medicinales - entre otras del yagé, la coca, la quina-, de los cauchos, de maderas, de hidrocarburos, de explotación turística de las bellezas "naturales exóticas"6 "únicas"7, etc.);

El contraste entre la pobreza endémica generalizada de la inmensa mayoría de los habitantes locales y la riqueza concentrada en los grupos sociales vinculados a las bonanzas (ora a título directo, ora a título indirecto a través de la administración de las regalías, de las licencias para legalizar las actuaciones de los "valientes pioneros" dedicados a la explotación de las riquezas locales, o del comercio proveedor de los bienes de consumo -generalmente importados en su totalidad desde fuera de la región- demandados por todos los anteriores); El contraste entre la inseguridad alimentaria generalizada y la importación masiva de alimentos ajenos a la cultura local; etc.

El todo inmerso en patrones de conducta desprovistos de toda atadura con el medio socio-cultural y físico-biótico local. Luego, no es extraño que los límites -territoriales, sociales, personales- se hayan convertido en linderos "limítrofes". En el derecho de ordenamiento territorial romano, los "terrenos limítrofes" designaban a las tierras afectadas para la subsistencia de los soldados encargados de defender las fronteras. De allí su etimología: limes: confín o lindero; y trophos: que se alimenta. Se trata de un concepto asociado con el auge de la soldadesca mercenaria al servicio de ciertos gobernantes europeos para imponer dominio en territorios de su interés.

La manutención de los ejércitos mercenarios a cargo de condotieros, que libraron las confusas guerras entre ciudades y principados en la península itálica desde mediados del Siglo XIV hasta el Siglo XVI, no provenía del patrimonio de los príncipes contratantes, sino que cada hueste tenía la obligación -y el derecho- de conseguir sus vituallas y estipendios con el saqueo de los territorios limítrofes de los principados al servicio de los que guerreaban: es decir, donde los vecinos.

La conquista de América siguió esta tradición cultural europea, e infortunadamente es uno de los legados que más se ha generalizado en el imaginario de los colombianos. Fue sin duda la mentalidad "limítrofe"  -la de acumular despojando al otro- la que ha alimentado el conflicto social durante generaciones en Colombia, y en la Amazonia colombiana en especial, una lucha entre colonos y terratenientes por apropiarse de tierras públicas en zonas de frontera, casi siempre con la certeza de que las decisiones favorecerían a los terratenientes gracias a la connivencia de las autoridades locales. Lo que, por supuesto, explica también el porqué de la confusión generalizada entre el concepto de ordenamiento territorial -para propósitos político-administrativos -y el concepto de la ordenación territorial- para propósitos funcionales- (tema este último que es el único que nos ocupa, y preocupa, en el presente proyecto de ley).

Y, en los últimos lustros, se ha sobrepuesto a todo lo anterior una nueva tendencia, también originada, inspirada y auspiciada por los amazonólogos de los "centros políticos" metropolitanos, de decretar a grandes extensiones de la Amazonia colombiana como "áreas prote-gidas". Hasta tal punto que se volvió común entre los amazónicos, es decir, los habitantes locales, decir "nos acostamos anoche en una chagra que forma parte de nuestras tierras ancestrales y amanecimos con la notificación formal que estamos invadiendo un `parque natural¿ o un `santuario biológico¿ y que nos toca desplazarnos¿". Situaciones estas que son, entre otros, un claro y unívoco reflejo de la confusión entre "lo ambiental" y "lo ecológico" a lo cual se referió hace algunos años en el siguiente escrito:

Maya Ponce, L. E., B. Pérez Salazar & A. Simon. 1997. Experiencias en el Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sur de la Amazonia Colombiana. en: Seminario "Apoyo al Desarrollo de Instru-mentos de Manejo de Recursos Naturales: Ordenamiento Territorial". Santiago de Chile, Comisión Nacional de Medio Ambiente Conama

Estas características, que, repitámoslo, en su gran mayoría están presentes en la Amazonia colombiana desde hace ya casi quinientos años, vienen asociadas con periódicas rebeliones de las comunidades locales, a veces con manifestaciones de abierta agresividad, a veces con manifestaciones de retracción y aislamiento. Actitudes todas estas que, dependiendo del lente a través del cual se leen, serán tildadas, ora como gestas libertadoras, ora como actos terroristas. Basta recordar cómo Simón Bolívar (1783-1830) consideraba a Lope de Aguirre (ca. 1515-1561), fundador de la primera institución americana creada por "blancos" cuyo programa era el abierto desconocimiento de la autoridad centralista real y de sus representantes locales, en fin, la independencia de España, como uno de sus inspiradores, mientras para el Establecimiento de la época no era sino un vil tirano¿ (y, sigue siendo representado de este modo en muchos contextos).

5. Una sociedad, cuyos integrantes se han entregado de lleno al desacato desaforado e irresponsable de los parámetros mínimos de convivencia sociopolítica ¿estará en condiciones de darse un "proyecto de vida" autónomo y de tomar las decisiones de ordenación territorial correspondientes? No, mientras esa sociedad no comparta de manera generalizada una memoria social y unos conocimientos bien arraigados, que den respuestas inequívocas acerca de los límites físico-bióticos, sociales, políticos y culturales a los cuales los individuos deben ajustar su comportamiento para garantizar la armonía y estabilidad. Esa sería la respuesta de Simon. De no reconocer esta carencia, los colombianos probablemente continuaremos guerreando por v arias generaciones más al tenor del "canto de sirenas". Pero como nos advierte el mito de Ulises, sucumbir al canto de las sirenas sin amarras firmes es un riesgo que puede llevar a la muerte. Y en el caso de nuestra sociedad, a la involución.

El desafío planteado a los habitantes de la Amazonia colombiana por medio del presente proyecto de ley consiste precisamente en el ofrecerles una herramienta para superar este lastre histórico. En efecto, el propósito perseguido por la norma propuesta es el de instigar a las comunidades locales a:

¿ Comprometerse con una postura concreta de política ambiental acorde con los principios del desarrollo sostenible; lo cual conlleva la necesidad de

¿ Comprender las características específicas del entorno y el contorno en el cual se desenvuelven, con miras a

¿ Saber concebir, y aplicar, unos derroteros de gestión de sus actuaciones que les permitan, a la par, maximizar el aprovechamiento de la oferta ambiental y, minimizar su vulnerabilidad ante amenazas que tienen origen en fenómenos naturales; y,

¿ Compartir sus conocimientos con todos los usuarios actuales y potenciales de la oferta ambiental local.

6. Para el cabal cumplimiento de las funciones y responsabilidades sociales legales relacionadas con la planificación y la gestión de la dimensión ambiental del desarrollo regional de la Amazonia colombiana, es indispensable mirar la "Región" de manera concomitante a través de dos lentes, el formal y el funcional.

6.1. El espacio formal: De acuerdo con lo estipulado en la Ley 99 de 1993, la Amazonia colombiana (dividida para fines administrativos en Sur y Nor-Oriental como espacio jurisdiccional formal bajo la responsabilidad de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia -Corpoamazonia- y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, respectivamente) abarca la totalidad de los territorios departamentales de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía y Guaviare. Como tal, esta "región" puede insc ribirse en una figura rectangular enmarcada por los paralelos 03°00¿N - 04°15¿S y los meridianos 066°45¿W - 077°15¿W.

Con base en una primera revisión de fuentes secundarias, se puede afirmar que esta "región" tiene una extensión aproximada a los 403.500 km2. Como tal representa alrededor de una tercera parte del total del área "tradicional" de Colombia8.

6.1.1. La Ley 99 de 1993 otorga mucho énfasis a los temas de la gestión, en general, y de la ordenación, en especial, de las cuencas hidrográficas, consideradas por el legislador como unidades espaciales unívocas y justas. Razón por la cual la misma ley señala que los espacios jurisdiccionales de las corporaciones regionales deben estar armonizados con determinadas cuencas particulares.

En el caso específico para la Amazonia colombiana se puede suponer que la pretensión del legislador fue la de crear una corporación regional responsable de dirigir, orientar, coordinar y concertar los procesos de planificación y gestión ambiental del extremo Sur y SE del territorio nacional, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Río Amazonas. De esa manera, esta Corporación representaría el interlocutor colombiano pertinente en el Tratado de Cooperación Amazónica. Sin embargo al tratar de hacer coincidir la Amazonia colombiana con los territorios de los Departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía y Guaviare, se perdió de vista que los límites político-administrativos de estas entidades territoriales son arbitrarios, y además, que los textos jurídicos que definen los límites de estos departamentos presentan notables carencias, originando un bajo nivel de precisión en el valor de la extensión territorial de la región. Lo anterior hace que amplias extensiones de la Amazonia colombiana no estén sujetas a la autoridad ambiental de las Corporaciones creadas para la Región Amazónica.

6.1.2. Partes significativas del espacio jurisdiccional formal asignado a las corporaciones Corpoamazonia y CDA, están cobijadas por normas legales especiales (v.gr. parques nacionales, territorios indígenas, etc.). Muchos de estos espacios están regidos por normas de orden nacional que pretenden condicionar, y hasta cierto punto incluso determinar, de manera preestablecida una serie de restricciones y orientaciones para cualquier escenario de ordenación y uso del suelo de la región. Pero, ¿ resulta que en la definición y delimitación de dichos espacios se cometieron ligerezas del mismo estilo que las ya anotadas para los departamentos9¿ Lo anterior se encuentra agravado con el hecho de que no siempre se tuvo la debida y oportuna precaución de, entre otros, hacer anotar dichos espacios  -para los cuales se pretenda que rijan controles y regulaciones especiales d e la propiedad por parte del Estado - en los folios correspondientes de la Superintendencia de Notariado y Registro, del Catastro Nacional, etc., con las consecuencias obvias de conflictos sociales y litigios interminables en los cuales suelen cargar con las pérdidas las comunidades locales y, por ende, la región como un todo.

6.2. El espacio funcional: Para la Amazonia colombiana es indis-pensable que se oriente adecuadamente su ¿un? espacio funcional de manera tal que las actuaciones de las instituciones -en especial los pro-cesos de ordenación de acuerdo con una postura de política ecológica ambientalmente sostenible- maximicen el aprovechamiento de los recursos humanos y financieros disponibles en un momento dado, teniendo en cuenta:

● La extensión del Territorio;

● El abanico de las situaciones socio-políticas imperantes en dicho territorio; y

● Las exigencias de generar efectos ambientales positivos para las diversas comunidades humanas asentadas en el territorio, rápidamente capitalizables como logros de una gestión estatal responsablemente interesada en el desenvolvimiento de dicha región.

6.2.1. Pero ¿cuál es, o podría ser, ese espacio funcional efectivo y conveniente?

Para el espacio jurisdiccional formal "único" identificado en el Numeral anterior existen varios modelos de espacio funcional, bastante diferentes entre sí. Los elementos más sobresalientes de algunos de los más usuales de estos modelos fueron reseñados recientemente por Maya et al. (1997; op. cit.) de la siguiente manera:

● "Para el resto del mundo, la Amazonia representa la última "gran frontera" de lo natural, área especial de reserva ecológica de interés mundial por ser recipiente singular de la megabiodiversidad del trópico húmedo. No [se desconoce] que hay razones que ameritan estos calificativos, pues la Amazonia colombiana alberga importantes centros de diversidad y endemismo, en teoría debido a la influencia de los refugios de clima húmedo que perduraron allí durante las glaciacione s del Pleistoceno, y conocidos como los refugios del Napo, de Loreto e Imerí [la serranía Imerí alcanza su máxima altitud, del orden de los 3050 m, en el pico Phelps], entre otros. Igualmente debe reconocerse el valor de [los] ecosistemas localizados en zonas de rápida transición de clima, relieve y suelos, como ocurren en la vertiente oriental de la Cordillera Andina y sus piedemontes, en las selvas ubicadas en la transición entre la Amazonia y la Orinoquia, y aquellas entre el río Guaviare y el río Vichada. Del mismo modo, existen condiciones que propician una alta diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos como lo son las várzeas, los igapós, y los complejos de caatingas y campinas y los bosques subhigrofíticos e higrotropofíticos, entre otros. Esa es la visión de la Amazonia colombiana desde "lo ecológico".

El [la Amazonia Colombia] recibe las mayores precipitaciones de la Amazonia (entre 3.500 y 5.000 mm/año), y por lo tanto alberga los bosques pluviales tropicales más exuberantes e impresionantes de la tierra, bosques naturales con altísima biodiversidad pero con condiciones de bajísima productividad económica inicial. Estos bosques están ubicados sobre suelos extremadamente pobres con severos limitantes agronómicos, entre ellos una alta deficiencia en fósforo y potasio, niveles tóxicos de aluminio, baja capacidad de intercambio catiónico y alta erodabilidad.

El área tampoco cuenta con una red natural de drenajes favorables para la navegación, lo cual hace de la misma una de las de menor accesibilidad fluvial de toda la Amazonia. Finalmente, se trata del territorio colombiano más lejano de los puertos marítimos profundos que tiene [el] país.

Una de las áreas más periféricas de toda Sudamérica, de la cual sólo [se dispone] de conocimientos marginales y fragmentados acerca de su potencial para el desarrollo de actividades socioeconómicas distintas al cultivo y procesamiento de la hoja de coca, y donde seguramente existe la dotación a nivel de equipamiento e infraestructura social y económica de la menor densidad y mayor precariedad en el continente. No por casualidad es aquí donde las FARC, el grupo guerrillero más poderoso de América Latina y quizás del mundo entero, disputa con mayor firmeza al Estado colombiano el dominio territorial y militar en [este] país.

Haciendo a un lado la coca, el [la Amazonia Colombia] es una región pobre en recursos que pueden ser exportados y además está desfavorablemente localizada para actividades de exportación. En el pasado, la Amazonia ha vivido númerosas bonanzas extractivistas - quina, caucho, oro, pieles, petróleo, coca - las cuales han determinado la ocupación, explotación y posterior abandono de [este] territorio. Por lo tanto es fácil comprender por qué algo tan elemental en otros contextos como puede ser la existencia de un sentido social de arraigo territorial o de una memoria social acerca de los factores determinantes del funcionamiento de los ecosistemas regionales, es para [la región] algo aún por construir.

Vista como área fronteriza internacional, la dirigencia colombiana le ha dado importancia a la Amazonia colombiana como base para el establecimiento y mantenimiento de la presencia militar y de colonizaciones dirigidas para el poblamiento y la salvaguardia de la soberanía nacional en las fronteras con Brasil, Perú y Ecuador, sin prestar mayor reparo a las condiciones, impactos y costos ocasionados por este propósito de Estado.

Como frontera interna, tampoco se han hecho consideraciones acerca de estos aspectos. Se le ha considerado como espacio desocupado, inicialmente susceptible de ser tratado en su totalidad como reserva forestal de uso restrictivo, y luego, hacia el cual dirigir desplazados de las zonas de expulsión de población del interior del país, para aliviar la presión sobre la capacidad de los grandes centros urbanos para absorber estas migraciones."

6.2.2.  ¿A cuál de estas Amazonias se debe dar un mayor peso relativo como referente en los procesos de ordenación que se están impulsando?

En el presente proyecto de ley se optó por utilizar como referente una Amazonia concebida desde "lo ambiental" y no desde "lo ecológico". Eso, por supuesto, obliga a avanzar en una dirección muy distinta a la que se seguiría en caso de optar hacerlo desde "lo ecológico": La riqueza que está albergada en la enorme diversidad biológica, de la cual los habitantes locales son depositarios, no es el resultado espontáneo de una "naturaleza prístina" alejada de la mano del hombre, sino, mejor, el de 10.000 años de selección y manipulación intencionada de su entorno en general, y de especies cultígenas en especial, por parte de las comunidades nativas de la Amazonia. Y, como complemento de lo anterior, desde "lo ambiental", no tiene mayor sentido hablar de "selvas vírgenes", de "bosques primarios", de "espacios vacíos", de "territorios desocupados", de "tierras baldías", etc. Partiendo de este supuesto, es claro entonces que la preservación del patrimonio amazónico va a depender de la posibilidad de que las comunidades locales puedan seguir ocupando sus territorios autónomamente, que puedan seguir utilizando y manejando sus ecotopos y biomas productivamente.

6.2.3. La discusión axiológica que se desprende del concepto de "lo ambiental" también conduce a una s erie de conclusiones prácticas en el proceso de construcción regional en la Amazonia colombiana -y su complemento insoslayable: el sentido de pertenencia-. Entre ellas, se destaca la necesidad ineludible de que los procesos de ordenación se inicien a partir del reconocimiento de los intereses y aspiraciones de los diversos actores sociales, cuya presencia es condición para legitimar los resultados de dichos procesos de ordenación. Quiere decir lo anterior que antes de llegar a ser legales, los procesos de ordenación deben ser legítimos, y para ello deben ser manejados como procesos políticos -es decir, como ejercicios a través de los cuales se definen acuerdos que aseguren niveles de satisfacción colectiva suficientemente aceptables para todas aquellas partes cuya concurrencia es necesaria para construir y mantener la cohesión y estabilidad social en un entorno determinado.

En este sentido, y particularmente en el contexto altamente turbulento y violento que existe actualmente en la Amazonia colombiana, los procesos de ordenación apuntan a la deconstrucción de paz social10 a partir de escenarios con niveles de conflicto reconocidos por todas las partes como insostenibles, dados la inconformidad colectiva que proporcionan y el alto deterioro ambiental inútil que generan.

Un proceso de ordenación de acuerdo con una postura de política ecológica preservacionista, que parta de un escenario de conflicto, tendrá como criterio principal el resultado de la discusión acerca de los fines sociales que deben orientar la asignación de destinos y usos funcionales de la oferta ambiental del territorio que se pretende ordenar. De por sí, esta condición no elimina la posibilidad que finalmente se llegue a disponer de espacios con rasgos ambientalmente indeseables. Pero en el evento de haber voluntad para ello, el método de ordenación concebido puede conducir a una colectividad humana a convertirse en comunidad, en la medida en que el proceso conduzca a esa colectividad a apreciar y aprovechar las posibilidades de uso social de la oferta ambiental de su entorno, para producir y distribuir beneficios socioeconómicos suficientemente aceptables para todas aquellas partes cuya concurrencia es necesaria para mantener la cohesión y estabilidad social en un territorio determinado. Como consecuencia de un proceso así, es concebible que las partes involucradas, con sus diferentes intereses y aspiraciones, lleguen a articularse en función de reglas, actuaciones y espacios sociales compartidos localmente, y a desarrollar la capacidad de administrar con autonomía el ámbito local que se propongan construir, en un contexto cada vez más marcado por la globalidad.

6.2.4. Para hacer que ese momento llegue, se han adelantado numerosas propuestas con relación a la naturaleza -y en algunos casos, incluso a la delimitación- de diferentes espacios que deben tener cabida en el plan de ordenación de la Amazonia colombiana: Los resguardos indígenas, los Parques Nacionales Naturales, las áreas de manejo forestal productor y protector, las reservas campesinas, las cuencas abastecedoras de acueductos, las áreas de exploración y explotación petroleras, entr e otras.

Pero hasta ahora estos espacios han sido designados como tal, tan solo con criterio de "ordenamiento" (reunión de elementos de la misma naturaleza) y no de "ordenación". El salto cualitativo que debe darse ahora consiste precisamente en encontrar la manera de articular estos espacios en un sistema regional -en un SER- por medio de un plan general de desarrollo que establezca los grandes valores y principios que van a gobernar el fin social hacia el cual se pretende que deba propender ese SER, así como las grandes líneas estratégicas, y sus correspondientes objetivos, necesarios para alcanzar esos fines. Dicho plan debe además delinear de modo general la compatibilización de los recursos disponibles con las necesidades percibidas de acuerdo con sus objetivos.

Ese es un ejercicio difícil para la Amazonia colombiana, por razones ya referidas. Pero de antemano se reconoce la flexibilidad con la cual debe abordarse el asunto: Por ejemplo, el hecho de que la ley haya definido como espacio jurisdiccional formal "único" el territorio perteneciente a seis entidades político-administrativas contiguas, de por sí no es condición suficiente para considerar de partida que toda esa área pueda integrarse en un solo sistema regional. Otro punto importante que se debe tomar en consideración es el hecho de que muchos de los asentamientos nucleados existentes se establecieron inicialmente como centros de acopio, o campamentos, relacionados con alguna de las bonanzas que han marcado la historia de la Amazonia colombiana. En consecuencia un buen número de ellos no reúne las condiciones mínimas para permanecer y desarrollarse como centros urbanos sostenibles en el largo plazo. Como colectividad, los habitantes locales están en mora de reconocerlos como tal, para evitar que las redes de infraestructura (de transportes, de comunicaciones, de saneamiento ambiental básico y energéticas), etc., se diseñen bajo el supuesto de que esos pueblos actuales serán nodos permanentes de dichas redes.

6.2.5. Tomar la decisión colectiva de emprender la construcción de uno o varios sistemas regionales, con sus respectivos planes generales de desarrollo, en el contexto de la Amazonia colombiana, traerá consigo disrupciones para muchos de los actores involucrados.

Por ejemplo, la decisión de cambiar la base productiva en las zonas coqueras de la Amazonia colombiana, donde se adelanta la erradicación forzosa de cultivos de coca mediante fumigaciones masivas realizadas por la Fuerza Pública, acompañada por un programa de sustitución de cultivos ilícitos, seguramente traerá como consecuencia que el volumen demográfico y la localización espacial de esta población humana ya no sean compatibles con el nuevo patrón de actividades socioeconómicas; que muchas de las infraestructuras, de los equipamientos, e incluso de las estructuras político-administrativas existentes (en los cuales se ha invertido la mayor parte del ahorro regional) resulten disfuncionales para la nueva situación creada. Por su parte las propuestas alternativas se han reducido a impulsar cultivos de sustitución de bajo valor por unidad de volumen o peso, para cuya comercialización la precaria infraestructura vial de la Amazonia colombiana es del todo inadecuada. Mientras no se ventile el establecimiento productivo de otras alternativas de alto valor -flores o peces ornamentales, por ejemplo- que puedan soportar los costos del transporte aéreo, la Amazonia continuará presenciando la destrucción periódica de lo que en otro contexto dejarían de ser infraestructuras clandestinas y podrían convertirse en nodos de una red de transporte multimodal, como lo afirma el Gobierno Nacional en el plan Sur.

Este es un ejemplo de las consecuencias y costos que la Amazonia colombiana debe asumir mientras no se configure en uno o varios sistemas regionales con fines, líneas estratégicas, objetivos y propuestas de compatibilización de recursos y resultados definidos en planes generales de desarrollo.

Estamos convencidos de que la orientación dada al trabajo y la propuesta formulada constituyen una base sólida para abordar de manera coherente el proceso de formulación y ejecución, en y para la región, de los instrumentos requeridos para definir y alcanzar un verdadero "Desarrollo Sostenible de la Amazonia Colombiana" como son el Plan General de Desarrollo Ambiental de la Amazonia colombiana y su corolario el Plan de Gestión Ambiental de la Amazonia Colombiana, a través de procesos amplios de participación de la comunidad regional, es entonces la iniciativa una excelente apuesta regional, para cuyos propósitos se requiere tener en cuenta lo siguiente:

Es decir, emprender entre todos el viaje de la construcción de su región, de nuestra región, por la ruta de la convivencia pacífica de acuerdo con el valor social máximo de la preservación ambiental, que representa la postura concreta de política ambiental antagónica a todas las posturas de política ambiental que genéricamente se pueden calificar como no-preservacionistas; relacionables con econo-mías fundamen-tadas sobre procesos extractivistas (eventual-mente justificadas con base en consideraciones de tipo legal de variada índole), con mecanismos de proteccionismo ecologista fundamen-talista romancesco como compensación, como indulgencia acordada por medio de una licencia para la realización de una actuación no-preservacionista, etc.



Proposición

Por todo lo anterior proponemos a los honorables representantes de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se dé primer debate sin modificaciones al proyecto 332 de 2005 Cámara, por el cual se ordena la elaboración y ejecución del Plan General de Desarrollo Sostenible de la Amazonia colombiana; se crea el Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia colombiana, se determina su composición, sus funciones y su funcionamiento; y se dictan otras disposiciones.



Pedro José Arenas García, honorable Representante a la Cámara, departamento del Guaviare; Manuel José Caropresse Méndez, Representante a la Cámara, departamento de Arauca; Sandra Arabella Velásquez S., Representante a la Cámara, departamento de Guainía.

ARTICULADO PARA SU CONSIDERACION EN PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 332 DE 2005

por la cual se ordena la elaboración y ejecución del Plan General de Desarrollo Sostenible de la Amazonia Colombiana; se crea el Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana, se determina su composición, sus funciones y su funcionamiento; y se dictan otras

disposiciones.

El Congreso de Colombia

TITULO I

DEFINICIONES

Artículo 1°. De la Amazonia colombiana. Para los propósitos de la presente ley se entiende como Amazonia colombiana, aquella fracción que queda dentro del territorio continental colombiano, de la gran unidad ecosistémica reconocida internacionalmente como Cuenca Hidro-gráfica del Río Amazonas.

Artículo 2°. Del desarrollo sostenible. Se entiende la expresión "desarrollo sostenible", con el siguiente significado: Mejoramiento de la calidad de vida humana de las comunidades locales sin rebasar la capacidad de carga de los sistemas ecológicos que la sustentan.

Artículo 3°. De la economía sostenible.  Se entiende la expresión "economía sostenible", como el producto de un desarrollo sostenible; es decir, una economía que asegura el mantenimiento de su capital natural y que puede continuar desenvolviéndose y desarrollándose mediante la adaptación efectiva a la realidad cambiante; para lo cual se apoya en la continua mejoría en sus conocimientos, su organización, su eficiencia y eficacia técnica, nutridas en la sabiduría local.

Artículo 4°. De la sociedad sostenible.  Se entiende la expresión "sociedad sostenible", como aquella que vive de conformidad con los siguientes principios:

1. Mejorar la calidad de vida humana local

2. Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes

3. Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra

4. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra

5. Reducir al mínimo la velocidad de agotamiento de aquellos recursos naturales que, para todos los fines prácticos, se deben considerar como no renovables

6. Facultar a las comunidades locales para que cuiden su propio entorno

7. Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la preservación

8. Forjar alianzas transnacionales para la integración del desarrollo y la preservación

9. Ajustar las actitudes y prácticas personales a los puntos anteriores

Artículo 5°. De la calidad de vida.  Se entiende la expresión "calidad de vida", que corresponde a la "dimensión ambiental", como la totalidad de los atributos que caracterizan a una sociedad, a una comunidad, o a sus miembros en forma individual, como resultado de la integración entre el nivel de vida, las condiciones de vida y el medio de vida.

Artículo 6°. Del nivel de vida.  Se entiende la expresión "nivel de vida", que corresponde a la "dimensión económica", como la totalidad de la riqueza material acumulada por una sociedad, una comunidad, o sus miembros en forma individual, a través del proceso de producción económica.

Artículo 7°. De las condiciones de vida.  Se entiende la expresión "condiciones de vida", que corresponde a la "dimensión social", como el ambiente social en el cual se desenvuelve una sociedad, una comunidad, o sus miembros en forma individual, reflejado en las fuentes de trabajo productivo, la salud, el ritmo cotidiano de vida, la comodidad, la igualdad, la libertad, la tranquilidad, etc.

Artículo 8°. Del medio de vida. Se entiende la expresión "medio de vida", que corresponde a la "dimensión ecológica", como los atributos del entorno biofísico de una sociedad, una comunidad, o sus miembros en forma individual, considerado como la oferta básica de recursos naturales a partir de la cual, con la intervención humana, los habitantes locales pueden generar una mayor riqueza y satisfacción sociocultural.

Artículo 9°. De la capacidad de carga de un ecosistema.  Se entiende la expresión "capacidad de carga de un ecosistema", como la capacidad que tiene para sustentar organismos sanos y mantener al mismo tiempo su productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación.

Artículo 10. De la preservación ambiental.  Se entiende la expresión "preservación ambiental" como un valor social máximo, a la postura concreta de política ambiental efectiva de acuerdo con la cual una sociedad s ostenible regula los diferentes componentes de su contrato social.

El fin social preservacionista implica aceptar la necesidad de lograr un proceso de desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad en el cual, con base en la progresiva participación autorregulada de las comunidades locales, se busca crear y mantener las condiciones adecuadas para un mejoramiento permanente y continuado de la calidad de vida de estas comunidades, garantizando la máxima satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras, y, fomentando una dinámica social constructiva y duradera, capaz de movilizar a las personas y a las instituciones hacia una gestión de la producción y el aprovechamiento de sus propios recursos y fuerzas, con el mínimo de incidencias que van en contra de los niveles potenciales de la capacidad de carga del territorio en el cual están asentadas dichas comunidades humanas.

La implementación del fin social preservacionista requiere la aplica-ción de una estrategia de índole general fundamental, que tiene como propósito la "conservación ambiental"; y, de una estrategia de índole especial, complementaria de la anterior, que tiene como propósito la "protección ecológica". La intensidad de aplicación de cada una de estas dos estrategias debe balancearse según las características específicas y particulares de cada lugar concreto; pero, en términos globales, la segunda estrategia siempre debe considerarse como subordinada a las necesidades de la primera.

Artículo 11. De la conservación ambiental.  Se entiende la expresión "conservación ambiental" como la estrategia de índole general fundamental para la implementación efectiva del fin social preser-vacionista.

La estrategia conservacionista tiene como propósito, dentro de lo posible, y sin perjuicio para el logro del pleno desenvolvimiento socionómico y socioeconómico de las comunidades humanas locales, regular y reducir dinámicamente las pérdidas y los daños que se produzcan en los sistemas ecológicos y, en especial, las pérdidas de productividad potencial de la biosfera, debidas a actuaciones humanas abusivas y a menudo hechas de modo irreflexivo, dado que estas alteraciones pueden llegar a ser contrarias al hombre mismo.

Los derroteros e instrumentos concretos de la conservación ambiental se construyen sobre la base de:

● No sacrificar l a calidad de vida humana en aras de un proteccionismo absolutista e irreflexivo de la naturaleza;

● No sacrificar la naturaleza en aras del poder económico individualista;

● No sacrificar los niveles de bienestar económico, social y psíquico de las colectividades humanas actuales;

● No sacrificar los niveles de bienestar económico, social y psíquico de las colectividades humanas venideras.

Artículo 12. De la protección ecológica.  Se entiende la expresión "protección ecológica" como la estrategia de índole especial, comple-mentaria de la anterior, para la implementación efectiva del fin social preservacionista.

Mediante la estrategia proteccionista una sociedad se esfuerza por mantener, en su sitio original, eventos específicos y particulares de los Sistemas de Sustentación Natural que se ven amenazados por el hombre, bajo circunstancias en las que su destrucción no resulta indispensable para garantizar la satisfacción de unas necesidades básicas para la comunidad humana local, e, inclusive, cuando por motivos productivos, científicos, culturales o recreativos, de grupos humanos mayores, se impone su mantenimiento.

Artículo 13. De la autonomía. Se entiende el principio de la "auto-nomía" previsto en la Constitución Política de Colombia de 1991, como la optimización -en términos de eficiencia y eficacia- del uso social que hace la comunidad local de sus propios recursos, atributos y potencia-lidades.

Teniendo en cuenta que el dinamismo de cualquier región radica en su gente, o, más específico aún, en el contrato social entre su gente, es necesario que estos lleguen a sentir que tienen el pleno control de su territorio, que tienen la posibilidad de preservar sus raíces y sus lenguas, que tienen la autoridad -y, por ende, también la responsabilidad, única, indefectible e indelegable- para desarrollar sus propios patrones culturales y socioeconómicos de manera comprensiva, dentro del marco de unas relaciones cualitativamente enriquecedoras con los demás componentes del país.

TITULO II

GESTION AMBIENTAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Artículo 14. De la gestión ambiental de la Amazonia colombiana.  La gestión ambiental de la Amazonia colombiana es el ensamble sistémicamente coherente de las acciones y actividades dirigido a mejorar, de manera sostenible, las condiciones de vida, el medio de vida y el nivel de vida, que integran la calidad de vida de la totalidad de los habitantes, actuales y futuros, de la Amazonia colombiana, tanto en las áreas urbanas, como en las áreas rurales.

La gestión ambiental de la Amazonia colombiana se fundamenta en la existencia de, y corresponde a la ejecución del Plan General de Desarrollo Sostenible a que se refiere el artículo 15 de esta ley.

La gestión ambiental de la Amazonia colombiana es responsabilidad, en forma mancomunada, de todos los habitantes locales y de las administraciones de las entidades territoriales correspondientes, con especial énfasis en la responsabilidad de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, cada dependencia de las diferentes entidades territoriales relacionadas con el territorio de la Amazonia colombiana, así como todas las demás instituciones públicas de todos los niveles, y las personas naturales y jurídicas del sector privado, deberán ajustar sus planes, programas y proyectos, en lo que afectan a la Amazonia colombiana dentro de sus respectivos campos de actuación, al Plan General de Desarrollo Sostenible (artículo 15 de la presente ley).

Parágrafo 1º. Con el propósito de actuar como instancias técnicas con funciones dinamizadoras y cohesoras de la gestión ambiental, los habitantes locales y las administraciones de las entidades territoriales de la Amazonia colombiana cuentan con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que, en su calidad de entes corporativos integrados por las entidades territoriales, son las ejecutoras de la política ambiental nacional a escala regional, en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Artículo 15. Del plan general de desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana. -En la Amazonia colombiana deberá formularse y ponerse en ejecución un Plan General de Desarrollo Sostenible, dirigido al mejoramiento duradero de la calidad de vida de todos los habitantes locales, actuales y futuros, tanto en las áreas urbanas, como rurales.

Este Plan General de Desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana debe quedar oficializado dentro de los doce (12) meses siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Una vez aprobado por medio de los mecanismos apropiados, será de obligatorio cumplimiento para todas las partes.

Para la formulación de este Plan General de Desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana se considerará como "largo plazo" el horizonte de planificación mínimo de tres (3) generaciones humanas; como "mediano plazo" una (1) generación; y, como fecha culminante para el "corto plazo" se tomará el 31 de diciembre de 2011.

TITULO III

CONSEJO DE PLANIFICACION AMBIENTAL
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Artículo 16. Del consejo de planificación ambiental de la Amazonia colombiana. Créase el Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia colombiana como organismo de asesoría y de coordinación para la formulación, la aprobación y el seguimiento de la ejecución del Plan General de Desarrollo Sostenible y del Plan de Gestión Ambiental de la Amazonia Colombiana.

Las funciones del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana son:

a) Actuar como organismo consultivo para la formulación y tramita-ción del Plan General de Desarrollo Sostenible y del Plan de Gestión Ambiental de la Amazonia Colombiana;

b) Asesorar a las autoridades competentes en el desarrollo y aplicación del Plan General d e Desarrollo Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental de la Amazonia colombiana, y, en la determinación de las medidas necesarias para su ejecución;

c) Conceptuar sobre la inclusión y supresión de proyectos de gestión ambiental y auspiciar la formulación de nuevos proyectos con base en las propuestas que al respecto presentan las autoridades competentes y las asociaciones de ciudadanos debidamente constituidas;

d) Propiciar la participación de las entidades territoriales en planes, programas y proyectos que adelanten y pretendan adelantar instituciones públicas y privadas de orden regional, nacional e internacional que tengan interés para la gestión ambiental de la Amazonia colombiana;

e) Actuar como unidad coordinadora nacional e interlocutor técnico pertinente en nombre de Colombia ante las instancias del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado el día 03 de julio de 1978 y la Declaración de la Amazonia, firmada el día 06 de mayo de 1989;

f) Promover e impulsar la constitución y desarrollo de grupos interdisciplinarios locales de discusión sobre la gestión ambiental de la Amazonia colombiana;

g) Promover la discusión sobre la aplicación de prioridades y de criterios para el desarrollo de las líneas programáticas de la gestión ambiental de la Amazonia colombiana;

h) Sugerir mecanismos y fuentes de financiación que permitan la ejecución de proyectos de gestión ambiental de la Amazonia colombiana;

i) Estimular la identificación y la apreciación de las necesidades y aspiraciones ambientales sentidas por los habitantes de la Amazonia colombiana, de sus intereses ambientales y de las maneras de satisfacerlos;

j) Estimular la medición de la satisfacción y aprobación ciudadana de la gestión ambient al de la Amazonia colombiana;

k) Darse su propio reglamento de acuerdo con las normas vigentes; y

l) Las demás funciones que le asignen normas específicas.

Artículo 17. De la composición del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana. El Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana estará compuesto por las siguientes personas:

● Los Gobernadores de los departamentos que, total o parcialmente, queden incluidos en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley;

● Un Alcalde, escogido por sus pares, por cada uno de los departamentos que, total o parcialmente, quedan incluidos en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley (sólo serán elegibles Alcaldes correspondientes a aquellos municipios de los cuales, como mínimo, el veinticinco por ciento de su territorio municipal queda incluido en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley);

● Un Diputado, escogido por sus pares, por cada uno de los departamentos que, total o parcialmente, quedan incluidos en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley;

● Un Concejal, escogido por sus pares, por cada uno de los depar-tamentos que, total o parcialmente, quedan incluidos en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley (sólo serán ele-gibles Concejales correspondientes a aquellos municipios de los cuales, como mínimo, el veinticinco por ciento de su territorio municipal queda incluido en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley);

● Un representante, escogido por sus pares, de las entidades territoriales indígenas por cada uno de los departamentos que, total o parcialmente, quedan incluidos en la Amazonia colombiana definida en el art ículo 1° de la presente ley (sólo serán elegibles representantes correspondientes a aquellas entidades territoriales indígenas de las cuales, como mínimo, el veinticinco por ciento de su territorio queda incluido en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley);

● Un representante, escogido por sus pares, de las instituciones educativas por cada uno de los departamentos que, total o parcialmente, quedan incluidos en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley (sólo serán elegibles representantes correspondientes a instituciones educativas localizadas en municipios de los cuales, como mínimo, el veinticinco por ciento de su territorio queda incluido en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley);

● Los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regio-nales y de Desarrollo Sostenible, cuyo espacio jurisdiccional formal queda total o parcialmente incluido en la Amazonia colombiana definida en el artículo 1° de la presente ley.

Parágrafo 1º. La pertenencia al Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana es nominal y, por tanto, no es delegable.

Parágrafo 2º. El período para el ejercicio de sus funciones de los integrantes del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia colombiana es de cuatro (4) años a partir de la fecha en la cual la Secretaría del Consejo emita el acto administrativo de conformación del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana. Para aquellas personas cuya presencia en el Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana se origina en la detención de un cargo oficial, el proceso de reemplazo se realizará en concordancia con sus períodos legales como dignatarios.

Artículo 18. Vigencia.  Esta ley rige a partir de su promulgación; modifica, en lo pertinente, las normas sobre la materia; y, deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 19. Transitorio. Del funcionamiento del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana.  El Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana deberá reunirse por primera vez dentro de los tres (3) meses calendario de la entrada en vigencia de esta ley, y, tendrá un plazo máximo de seis (6) meses calendario para expedir su pro pio reglamento definitivo.

Mientras tanto, el Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, actuará como Presidente del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana, y lo convocará; así mismo, provisionalmente, el Asesor Jurídico de esta misma Corporación actuará como Secretario del Consejo.

El reglamento definitivo deberá contemplar todos los aspectos administrativos pertinentes para asegurar el cabal funcionamiento del Consejo de Planificación Ambiental de la Amazonia Colombiana.

Presentado a consideración del Congreso de la República.



Cordialmente,

Pedro José Arenas García, honorable Representante a la Cámara, departamento del Guaviare; Manuel José Caropresse Méndez, Representante a la Cámara, departamento de Arauca; Sandra Arabella Velásquez S., Representante a la Cámara, departamento de Guainía.

 

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