Poder judicial de la nación cámara nacional de apelaciones del trabajo



Descargar 260.52 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión01.04.2018
Tamaño260.52 Kb.
  1   2   3   4   5

ISSN 0326 1263



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN




CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO



PROSECRETARÍA GENERAL


BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA Nº 315


O C T U B R E 2 0 1 1




OFICINA DE JURISPRUDENCIA


Dr. Claudio Marcelo Riancho

Prosecretario General

DERECHO DEL TRABAJO




D.T. 1.1.19. 2) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Causalidad y concausalidad. Existencia o no de relación de causalidad adecuada. Valoración de la pericia médica.

Es el juzgador quien posee la atribución privativa de establecer la causalidad/concausalidad y, si bien –en principio- debe partir de la pericia medica cuando la misma tiene rigor científico, el juicio de la causalidad debe completarse con la totalidad de la prueba rendida en la causa no bastando al efecto la valoración del experto, dado que no ha constatado personalmente las modalidades y condiciones de trabajo.



Sala I, S.D. 87.133 del 25/10/2011 Expte Nº 4.849/2008 “Campos Mariela Gisela c/ Nación Seguros de Vida S.A. y otro s/ Accidente – acción civil”. (Del voto del Dr. Vilela, en minoría).
D.T. 1.1.19. 2) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Causalidad y concausalidad. Existencia de relación de causalidad adecuada. Extensión de condena sin limitación alguna a la A.R.T..

Debe haber relación de causalidad adecuada entre la ilicitud por omisión y el daño material o moral padecido por el trabajador, a la luz de lo normado por los artículos 901 a 906 del C.C., analizando si ese “no hacer” constituye una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso. Hay relación causal adecuada si las precauciones omitidas eran aptas para excluir el peligro, y en ese caso el autor de la ilicitud responderá por las consecuencias inmediatas y las mediatas, es decir, por las que acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (inmediatas) y por las que resultan de la conexión de la omisión con otro hecho que pudo o debió preverse (mediatas). En consecuencia, corresponde extender la condena a la aseguradora de riesgos del trabajo sin limitación alguna.



Sala I, S.D. 87.133 del 25/10/2011 Expte Nº 4.849/2008 “Campos Mariela Gisela c/ Nación Seguros de Vida S.A. y otro s/ Accidente – acción civil”. (Del voto de la Dra. Vazquez, en mayoría)
D.T. 1.1.19.7) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Daño moral. Procedencia. Incapacidad transitoria.

Toda ineptitud transitoria o mera lesión física o psíquica sin secuela permanente no puede ser objeto de resarcimiento en sí misma. No obstante, la incapacidad transitoria es resarcible a sus efectos, los que pueden recaer tanto en la órbita patrimonial como en la esfera afectiva de la víctima.



Sala I, S.D. 87.179 del 31/10/2011 Expte Nº 18.134/08 “D’ Andrea Bolañez Ramiro Martin c/ Mercadistica Consultores en Comercialización S.A. y otros s/ Despido”. (Vazquez – Pasten).
D.T. 1.1.19.4 c) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Cosa. Dueño y guardián. Automóvil perteneciente a la trabajadora y bajo su guarda en el momento del accidente.

Fundada la acción en los términos del art. 1113 C.C., a los accionantes les correspondía acreditar que el accidente se produjo, cuanto menos, en vinculación con la participación de una cosa de la demandada (de su propiedad o guarda) y que tal cosa podía calificarse de viciosa o riesgosa. Sin embargo, y aun cuando se considere el riesgo propio de la cosa productora del daño (automóvil), lo cierto es que el rodado que intervino en la causación del daño no era de propiedad de la demandada, sino que, se encuentra expresamente reconocido que pertenecía a la trabajadora y que ésta lo conducía al momento del fatal accidente, en pleno ejercicio de la guarda.



Sala II, S.D. 99.845 del 31/10/2011 Expte Nº 378/2007 “Failchijes Maia y otros c/ Telinver S.A. y otro s/ Accidente – Ley especial” (Maza – Pirolo).
D.T. 1.1.19.10) Accidente del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Exención de la responsabilidad del empleador.

El reclamo fundado en el art. 1113 del Código Civil no tiene asidero en cuanto, aun cuando se tenga por acaecido el hecho lesivo, no se acreditó que los atacantes del trabajador (quien denuncia que durante el horario de trabajo, mientras transitaba por la calle fue agredido violentamente por dos personas con fines de hurto), fueran dependientes de la demandada, ni la intervención en él de una cosa riesgosa o viciosa, ni la propiedad o guarda de la misma a cargo de la demandada. Tampoco resulta procedente el reclamo analizado bajo la égida del art. 1109 C.C. dado que el infortunio no tuvo como causa la ejecución de un hecho del principal, lo que obsta a evaluar una potencial culpa o negligencia de su parte, así como tampoco medió alguna omisión conducente y reprochable. En definitiva, no se configuraron los presupuestos que habilitan la procedencia de la acción de conformidad con lo previsto en las normas citadas, dado que no ha mediado un acto antijurídico por parte de la demandada ni existe relación de causalidad entre el perjuicio y la conducta a ella imputada.



Sala II, S.D. 99.820 del 31/10/2011 Expte Nº 30.751/2006 “Delvalle Jose Alfredo c/ Vademecum S.A. s/ Despido”. (Maza – Pirolo).
D.T. 1.1.19.10) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Exención de la responsabilidad del empleador. Fallecimiento del trabajador.

No hay elementos para considerar que el accidente haya ocurrido en el marco o a causa del riesgo de una actividad generada por la ex empleadora, máxime que los riesgos y peligros de las calles y las rutas estaba fuera de toda potestad por parte de la demandada, de modo que, para ésta, el fatal hecho debe juzgarse un “casus” que, en el ámbito de la responsabilidad civil invocada para el presente reclamo, la exime de toda responsabilidad.



Sala II, S.D. 99.845 del 31/10/2011 Expte Nº 378/2007 “Failchijes Maia y otros c/ Telinver S.A. y otro s/ Accidente – Ley especial” (Maza – Pirolo).
D.T. 1 1 19 4 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa riesgosa.

Trascendiendo el puro concepto físico de “cosa”, puede la propia actividad laboral constituirse en factor de causación del daño, porque en el ámbito del art. 1113 del Código Civil no cabe una interpretación estrecha de dicho concepto. El vocablo “cosa” se extiende, en la actualidad, para abarcar las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda. Si a ello se agrega que cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, de donde se deriva que deban quedar incluidas en las previsiones del art. 1113 del Código Civil.



Sala VI, S.D. 63405 del 27/10/2011 Expte. N° 5.603/2009 “Aguirre Hugo Alberto c/Consolidar ART SA y otro s/accidente-acción civil”. (Raffaghelli-Fernández Madrid).
D.T. 1 1 19 12 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Prescripción.

La CSJN tiene dicho que lo correcto para el cálculo del plazo de prescripción es arrancar desde aquel hecho que precisamente determina la incapacidad en forma fehaciente (Fallos 306:337), lo que requiere una apreciación objetiva del grado de incapacidad que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por parte del accidentado, sin que pueda suplirse esta exigencia sobre bases inciertas que no demuestran de manera concluyente que el recurrente dejó transcurrir los plazos legales, consciente de las afecciones que lo aquejaban (Fallos 308:2077). Por otra parte la prescripción debe ser analizada con suma prudencia y de modo restrictivo favoreciendo la conservación del derecho como lo tiene dicho la doctrina del Superior Tribunal, máxime cuando se hallan en juego derechos tutelados por el orden público laboral y el principio de irrenunciabilidad.



Sala VI, S.D. 63405 del 27/10/2011 Expte. N° 5.603/2009 “Aguirre Hugo Alberto c/Consolidar ART SA y otro s/accidente-acción civil”. (Rafaghelli-Fernández Madrid).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Reparación del daño. Criterio sentado por la CSJN en “Aquino” y “Arostegui”.

En lo que hace a la reparación del daño sufrido como consecuencia de un accidente de trabajo, si el reclamo tiene como fundamento el art. 1113 de la ley civil, la incapacidad laboral solamente constituye una referencia a ponderar junto con otros elementos de acuerdo con el criterio fijado por la CSJN en los casos ”Aquino” y “Arostegui”. La determinación de la cuantía del resarcimiento debe efectuarse en procura de una comprensión plena del ser humano y su integridad física psíquica, tomando en cuenta que el valor vital de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre los criterios exclusivamente materiales, las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres, y la determinación de la incapacidad se ensambla con las consecuencias presumibles para la víctima en lo individual y social. En este tipo de reclamo también se incluye al daño moral.



Sala VI, S.D. 63400 del 27/10/2011 Expte. N° 16.184/07 “Diamantti Daniel Luis c/Grinfin SA s/accidente-ley especial”. (Craig-Fernández Madrid).
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos del Trabajo. Deber de prevención a cargo de la A.R.T..

Es criterio de la CSJN en el fallo “Torrillo” que el incumplimiento del deber de prevención exigido por la L.R.T. es causal de responsabilidad cuando la acción esperada probablemente hubiere evitado el resultado. Si la A.R.T. no cumplió las normas de seguridad a su cargo prevista en la ley 24.557 que pudieron evitar el daño, y teniendo en cuenta que estamos frente a una obligación conjunta tanto del empleador como de la aseguradora –en cuanto tarea preventiva-, cabe condenar a esta última en los términos del art. 1074 del Cód. Civil, sin perjuicio de la acción de repetición que le pudiera corresponder.



Sala VI, S.D. 63455 del 31/10/2011 Expte. N° 26.044/2009 “Chazarreta Víctor c/MAPFRE ART SA s/accidente-acción civil”. (Fernández Madrid-Raffaghelli).
D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley de Riesgos del Trabajo. Inaplicabilidad del tope del art. 14 inc. 2 a. Principio de progresividad.

El tope legal vigente a la fecha del infortunio del actor corresponde a un régimen de alícuotas vigente desde enero de 2001, más de ocho años antes del hecho, surgido del Decreto 1278/00, implicando el transcurso del tiempo un desmedro importante en el valor adquisitivo del mismo. Dicha pérdida fue luego reconocida con la sanción del Decreto 1694/2009, el cual cabe aplicar al caso. No se trata de la aplicación retroactiva del nombrado decreto sino de declarar inaplicable al caso el tope establecido por el art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557 según su texto al momento del infortunio, en tanto de aplicarse se estaría violando el principio protectorio. Se trata de hacer aplicación de otro principio: el de progresividad; a él se refiere nuestro Máximo Tribunal en el considerando 10 del caso “Aquino”, siendo dicho principio aplicado en la satisfacción de los derechos sociales a fin de desterrar interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).



Sala VI, S.D. 63401 del 27/10/2011 Expte. N° 36.451/2009 “González Carlos Alberto Enrique c/MAPFRE ART SA s/accidente-acción civil”. (Raffaghelli- Fernández Madrid).
D.T. 1.1.19.1) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Aseguradora. Responsabilidad solidaria.

Liberar a la aseguradora de las consecuencias desfavorables para la salud del dependiente por el hecho de haber prestado servicios, implicaría necesariamente que el titular del contrato de trabajo abonase un seguro por accidentes y enfermedades y, quedarse desprotegido con relación al reclamo de sus dependientes. Así, se provocaría un beneficio económico injustificado por parte de la tomadora del seguro (y en consecuente daño al empleador) al cobrar una prima y luego no responder en carácter de aseguradora de la contingencia, mientras que en el marco que la ley le impone, la legislación le garantiza estar cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes.



Sala VII, S.D. 43.870 del 19/10/2011 Expte Nº 17.715/09 “Rodriguez Fernando Antonio c/ Fysa S.A. y otro s/ Accidente – Acción civil”. (Rodriguez Brunengo – Ferreirós).
D.T. 1.1.19.1) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Aseguradora. Omisión culposa. Art. 1074 C.C.

La aseguradora no cumplió eficazmente con su deber legal de prevención y contralor que le impone la normativa aplicable; lo que constituye una omisión culposa respecto del acaecimiento del desafortunado suceso como de la influencia del factor laboral en la afección de su miembro inferior y que conlleva la aplicación del art. 1074 C.C.



Sala VII, S.D. 43.870 del 19/10/2011 Expte Nº 17.715/09 “Rodríguez Fernando Antonio c/ Fysa S.A. y otro s/ Accidente – Acción civil”. (Rodríguez Brunengo – Ferreirós).
D.T. 1 1 19 12) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Prescripción. Acción previa por despido. No interrumpe la prescripción de la acción por accidente.

Cuando se acciona reclamando la reparación integral con fundamento en el art. 1113 del Código Civil, el plazo de prescripción es el previsto en el art. 258 L.C.T., pues aún cuando la acción se funda en normas del derecho común no se modifica el carácter de la relación laboral habida entre las partes, de modo que, a los fines del cómputo del plazo de prescripción no corresponde tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 4023 del Código Civil. Por otra parte, es improcedente otorgar efecto interruptivo de la prescripción en los términos del art. 3986 del Código Civil a la causa iniciada anteriormente contra el mismo deudor pero teniendo como objeto “un despido”, pues el hecho de que no se haya invocado ni probado que ambos expedientes tengan como objeto los mismos rubros o reclamos impide la operatividad del supuesto establecido en el referido art. 3986.



Sala IX, S.D. 17407 del 26/10/2011 Expte. N° 18.477/04 “Sappa, Enrique Javier c/Banco de la Nación argentina y otro s/accidente-acción civil”. (Balestrini-Corach).
D.T. 1 10 bis Accidentes de trabajo. Ley 24.557. Inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2).

Corresponde en el caso declarar la inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2) ley 24.557, toda vez que el tope que establece la norma resulta confiscatorio y pulveriza de manera diáfana el crédito que según la propia ley correspondería percibir al actor sin la limitación que dispone el art. 14 de la ley 24.557 (el actor vería cercenada su reparación en más de un 50%).



Sala X, S.D. 19139 del 31/10/2011 Expte. N° 2.418/2011 “Bustos Ramón Alexis Andrés c/Provincia ART SA s/accidente-acción civil”. (Corach-Brandolino).
D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Demanda. Reclamo exceptuado del carácter obligatorio y previo de la instancia de conciliación laboral.

La obligación de transitar por la etapa conciliatoria prevista por los arts. 1º y concs de la ley 24.635 está limitada a los reclamos individuales y plurindividuales, lo que no incluye las demandas de las entidades sindicales concernientes al acatamiento de una norma convencional que impone un aporte. A ello cabe agregar que tampoco se invoca y menos se prueba cual ha sido el perjuicio concreto que, aun desde la tesis de la apelación, le habría ocasionado el no haber transitado por la instancia administrativa previa, máxime teniendo en consideración que nada obstaba a que las partes, en la acción judicial, instaran una conciliación.



Sala IV, S.D. 95.872 del 31/10/2011 “Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA c/ Laboratorios Aminel S.A. s/ Cobro de aportes o contrib.” (Pinto Varela – Guisado).
D.T. 13 6 Asociaciones profesionales de trabajadores. Encuadramiento sindical. Actividad principal. Juegos de azar.

El encuadramiento sindical alude a un conflicto de derecho entre dos o más asociaciones sindicales con personería gremial, que gira en torno de la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías para representar a determinado grupo de trabajadores (de uno o de varios establecimientos), y que debe ser resuelto cotejando las decisiones administrativas que las acuerdan, en relación con la actividad principal que se lleva a cabo en determinado establecimiento, que en el caso son los explotados por Bingo Oro S.A.. Desde esa perspectiva, debe estarse a la configuración principal del emprendimiento, que en el caso es, claramente, la explotación del juego de azar denominado “bingo”, ya que es precisamente ese juego el que ha dado motivo a la constitución de los referidos establecimientos para el desarrollo de esa actividad específica.



Sala IV, S.D. 95.794 del 12/10/2011 Expte Nº 28.867/10 “Sindicato de trabajadores de juegos de azar, entretenimiento, esparcimiento y afines de la R.A. c/ Comisión arbitral de la C.G.T. R.A. s/ Ley Asoc. Sindicales”. (Guisado – Marino).
D.T. 13 6 Asociaciones profesionales de trabajadores. Encuadramiento sindical. Personería específica y genérica.

Para la resolución de conflictos de encuadramiento sindical, la personería específica desplaza a la genérica. Sobre esta cuestión se ha sostenido, que cuando se trata de entidades de tipo vertical debe prevalecer la personería especifica por sobre la genérica para evitar que, con formulas de contenido abstracto, se reconozca aptitud representativa de un universo excesivamente amplio a una misma asociación sindical, en especial cuando, de interpretarse lo contrario, se obstaculizaría la constitución de entidades gremiales de ámbito menor.



Sala IV, S.D. 95.794 del 12/10/2011 Expte Nº 28.867/10 “Sindicato de trabajadores de juegos de azar, entretenimiento, esparcimiento y afines de la R.A. c/ Comisión arbitral de la C.G.T. R.A. s/ Ley Asoc. Sindicales”. (Guisado – Marino).
D.T. 13 5 Asociaciones profesionales de trabajadores. Tutela sindical. Ley 23.551. Pedido de exclusión de tutela del delegado gremial en condiciones de obtener jubilación.

Si el art. 48 de la ley 23.551 sólo admite la acción de exclusión de tutela para despedir cuando se invoca justa causa de despido, aquella acción que omite invocar justa causa carece de acción en términos sustanciales, pues se omite una carga necesaria para poner en marcha la acción. Podríamos estar en presencia de un supuesto de Práctica Desleal. El art. 48 mencionado ha excluido expresamente la posibilidad de que el empleador pueda invocar supuestos de extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador. Lo que se tutela es el interés colectivo y los dos principios señeros de la propia ley de Asociaciones Sindicales, que son la libertad y la democracia sindical. Bajo la aparente excusa de la jubilación, las empresas pueden intervenir directamente en la constitución de las autoridades de una organización sindical. La acción de exclusión de tutela iniciada por encontrarse el delegado gremial en condiciones de jubilarse, no puede cohonestarse en justicia, pues implica la violación de la hipótesis del art. 53 inc. b), en cuanto considera práctica desleal por parte de la empleadora “Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo” (asociación sindical).



Sala V, S.D. 73543 del 26/10/2011 Expte. N° 42162/10 “PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/Roca Rodolfo s/juicio sumarísimo”. (Arias Gibert-García Margalejo-Zas).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 80 L.C.T. Procedencia de la condena solidaria. Art. 29 L.C.T.

La obligación de hacer, consistente en extender los certificados del art. 80 L.C.T. se encuentra a cargo del empleador. En el caso, ha quedado acreditado que Unilever de Argentina y Supermercados Makro S.A. eran quienes utilizaban la prestación, y que no se trató de un trabajo eventual. De modo que, según el art. 29 L.C.T. ambas deben ser consideradas empleadoras. Si éstas no poseen los elementos necesarios para confeccionar el certificado, ello obedece más bien a un incumplimiento que les es imputable, ya que la relación laboral se estableció entre éstas y el trabajador. Por ello, corresponde hacer extensiva a ambas dicha condena.



Sala I, S.D. 87.179 del 31/10/2011 Expte Nº 18.134/08 “D’ Andrea Bolañez Ramiro Martin c/ Mercadistica Consultores en Comercialización S.A. y otros s/ Despido”. (Vazquez – Pasten).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Multa art. 80 L.C.T. Procedencia. Decreto 146/01.

El deudor no puede ampararse en la falta de cumplimiento de los recaudos formales del acreedor para justificar su incumplimiento. Si bien el actor realizó la intimación a la entrega de los certificados del art. 80 LCT el día que se considero despedido -es decir, no esperó los 30 días que alude el decreto 146/01-, lo cierto es que el demandado ni siquiera los había puesto a disposición ante el requerimiento efectuado.



Sala I, S.D. 87.165 del 28/10/2011 Expte Nº 5604/07 “Romero Crisostomo Raul c/ Hagopian Roupen s/ Despido” (Del voto de la Dra. Pasten, en minoría)
D.T. 18 Certificado de trabajo. Multa art. 80 L.C.T. Improcedencia. Decreto 146/01.

La intimación exigida por el art. 1 dec. 146/01 para acceder al resarcimiento previsto en el art. 80 L.C.T. solo puede cursarse una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, supuesto que se configura a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo conforme a lo determinado por el citado decreto. La norma establece una carga en cabeza del trabajador, para acceder a la sanción prevista por el tercer parrafo del art. 80 L.C.T., y el silencio del demandado no constituye una conducta que incline a eximir al actor del cumplimiento de la referida carga.



Sala I, S.D. 87.165 del 28/10/2011 Expte Nº 5604/07 “Romero Crisostomo Raul c/ Hagopian Roupen s/ Despido” (Del voto del Dr. Vilela, en mayoría)
D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 80 L.C.T. Conducta omisiva.

Queda patentizado el incumplimiento del empleador relativo a la entrega del certificado previsto en el art. 80 L.C.T. conteniendo los datos reales del vínculo habido, lo que impone la procedencia del agravio articulado sobre el punto por el accionante en orden a la obligación de entrega y al pago de la multa por parte del demandado, toda vez que, frente al incumplimiento patronal el accionante intimó a su entrega en legal tiempo y forma manteniendo el accionado su conducta omisiva.



Sala II, S.D. 99.820 del 31/10/2011 Expte Nº 30.751/2006 “Delvalle Jose Alfredo c/ Vademecum S.A. s/ Despido”. (Maza – Pirolo).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Multa art. 80 L.C.T. Improcedencia.

Era el actor quien debía acreditar que intimó por la entrega de los certificados de trabajo y que le fue denegado, extremo que no se encuentra acreditado en autos. Por tanto, resulta improcedente el pago de la multa prevista en el art. 80 L.C.T.



Sala VII, S.D. 43.882 del 26/10/2011 Expte Nº 8.791/2009 “Maldonado Diana Rocío c/ Insal S.A. y otros s/ Despido”. (Del voto de la Dra. Fontana, en minoría)

Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal