Paper ¿Es la economía “disruptiva” una fábrica de “camareros”? (El lado oscuro de la economía “colaborativa”) Introducción: la sociopatía de la economía disruptiva



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- ¿Flexibilidad laboral o precariedad? (Fedea - 24/2/17)


(Por Marcel Jansen

El noviembre pasado, participé en una conferencia sobre flexibilidad laboral organizada por el CPB holandés. El CPB es una respetada agencia de análisis de políticas económicas que asesora de manera independiente al gobierno holandés en asuntos socio-económicos. Han pasado ya varios meses desde la conferencia, sin embargo la misma me vino a la mente cuando leí el “informe” de expertos sobre la indemnización por despido en contratos de interinidad. En este sentido quisiera compartir con los lectores algunos aspectos del uso de contratos flexibles que explican la preocupación en Holanda por la creciente precariedad laboral. Aunque en el fondo la entrada sirve para contrastar la (muy) diferente actitud gubernamental y en particular el proceso de elaboración de reformas para hacer frente a la dualidad laboral en España y Holanda.


Flexibilidad laboral en Holanda
Tras décadas de reformas, Holanda cuenta con un mercado laboral dinámico y con tasas de empleo envidiables. Holanda rozó el pleno empleo en 2007 y tras un duro retroceso durante la crisis, el empleo se está recuperando a buena velocidad. Según las últimas cifras disponibles, las tasas de empleo y desempleo son del 74% y 6%, respectivamente, y la tasa de paro juvenil está a punto de bajar del 10%. Sin embargo, estas cifras agregadas esconden una creciente precariedad del empleo y la dualidad laboral genera una honda preocupación.

El término de “empleo flexible” se emplea en Holanda para todos los empleos que no sean indefinidos o con horas fijas. El elenco incluye a varios contratos atípicos que son desconocidos o marginales en España, como es el caso de los contratos de cero horas o los contratos con ETTs que permiten el despido libre y sin preaviso durante el primer año y medio. De hecho, los “clásicos” contratos temporales solo componen alrededor de un tercio del total de los contratos flexibles.

El empleo flexible ha ido en aumento en casi todos los países europeos, pero Holanda es el único país en el que además se observa un aumento simultáneo en el peso del empleo temporal y por cuenta propia en el empleo total. Entre 2005 y 2015 su peso conjunto en el empleo aumentó en 12 puntos porcentuales (pp), repartidos entre un aumento en 8 pp en el caso de contratos temporales y 4 pp en el caso del empleo por cuenta propia. El resultado es una caída tendencial en el porcentaje de ocupados con un empleo fijo (y con horas fijas) hasta un mínimo actual de 60%. Además, el aumento en el peso del empleo flexible se ha concentrado en las modalidades más flexibles y menos protegidas, como los contratos de cero horas, y en el número de autónomos sin empleados. Y, lo que es más importante, el creciente uso de contratos flexibles ha generado una disminución considerable en las tasa de conversión de temporales en fijos. De hecho, Holanda no solo se ha convertido en el país con la tercera tasa de temporalidad más alta en Europa (18%), por detrás de España y Polonia, sino que, según la siguiente figura, es el país con la peor tasa de transición a largo plazo (tres años) desde el empleo temporal hacia el empleo fijo como se puede ver en la siguiente figura. El ranking de Holanda mejora algunas posiciones si consideramos también a los empleos fijos a tiempo parcial, pero las tasas de transición siguen siendo inaceptablemente bajas.

Tasas de transición a largo plazo (tres años) entre empleo fijo y temporal
Porcentaje de trabajadores temporales en 2008 con un empleo fijo a tiempo completo en 2011

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Fuente: OECD Employment Outlook 2014. Cálculos basados en EU-Silk.

El papel de los organismos independientes
A estas alturas usted se pregunta probablemente ¿Y a mí qué me importa la dualidad laboral en Holanda? Le daría dos razones. La primera es la respuesta gubernamental y el papel de los organismos independientes, como el CPB, en la búsqueda de soluciones eficaces y equitativas. La otra es el creciente protagonismo del concepto del contrato único en el debate político de mi país natal, pero vamos por partes.

Con la ocasión de la conferencia, el CPB publicó un total de cuatro estudios y un policy brief  que ofrecen un análisis exhaustivo de todos los aspectos relevantes relacionados con el aumento en el empleo flexible, utilizando todas las fuentes de datos disponibles - la EPA holandesa, una base de datos con el universo de historiales laborales y la muestra europea de condiciones de vida. Y el CPB no es el único órgano independiente que se ha movilizado. Solo un mes tarde, el Consejo Científico del Gobierno (WRR en las siglas holandesas) publicó otro informe similar aunque de carácter multidisciplinar.


Los informes del CPB -desafortunadamente solo disponibles en holandés- explican muy bien como la coexistencia de distintos tipos de empleo con niveles de protección diferentes crean oportunidades de arbitraje, tanto en términos de costes como en términos de riesgos. A veces se benefician los trabajadores pero en la mayoría de los casos los beneficiarios son las empresas.

Por ejemplo, los informes ponen de manifiesto que los trabajadores más cualificados tienen fuertes incentivos para optar por un empleo como autónomo. De esta manera se liberan de pagar contribuciones a la mayoría de los seguros colectivos que son obligatorios para los trabajadores por cuenta ajena. Además, los autónomos cuentan con atractivos descuentos en el impuesto sobre la renta.

Por el otro lado, las empresas tienen incentivos para esquivar los contratos indefinidos. Las indemnizaciones por despido tienen un tope de un año de salario desde la última reforma, pero el despido solo es posible con una autorización previa por parte de la autoridad laboral -en el caso de los despidos por motivos económicos- o los jueces. Además, las empresas tienen la obligación de pagar los salarios durante una baja médica por un período máximo de dos años. Esta obligación no existe en el caso de los trabajadores temporales y estos últimos solo tienen derecho a una indemnización -transitievergoeding- a partir de 24 meses de empleo continuado. Por tanto, los contratos temporales ofrecen una oportunidad a las empresas de reducir costes y riesgos. Las principales víctimas de esta situación son los trabajadores vulnerables, como jóvenes, trabajadores poco cualificados e inmigrantes. Además, para estos colectivos el empleo autónomo suele ser un mal negocio también. Debido a su limitado poder de negociación sus clientes suelen imponer tarifas muy bajas y en muchos casos estamos ante falsos autónomos (figura harto común en España) que previamente tenían un contrato laboral en el mismo sector o incluso con la misma empresa.
El CPB reconoce que la flexibilidad laboral es un factor clave para el buen funcionamiento del mercado de trabajo pero el problema radica en el desigual reparto de los costes y beneficios. Los beneficios han ido a parar a manos de las personas más cualificados mientras que los más débiles soportan desproporcionadamente los riesgos y la culpa de esto no es la crisis sino el diseño de las instituciones laborales y su interacción con el marco fiscal y un sistema de bienestar social amplio y complejo. Además, el CPB hace referencia a un cambio gradual en la filosofía empresarial y la competencia en costes laborales como factores que ayudan a explicar el crecimiento del empleo flexible.

Posibles soluciones


El CPB propone un abanico de posibles soluciones dividas en tres líneas de actuación. La primera es un endurecimiento de la regulación,  pero como reconoce el CPB esta vía ha fracasado hasta la fecha. El actual gobierno adoptó dos reformas para limitar el encadenamiento de contratos temporales y las posibilidades de contratar a personas como falsos autónomos (¿les suenan estas reformas?), pero ambas han generado sobre todo efectos no deseados. La segunda vía busca reducir las diferencias entre los costes y riesgos para las empresas, reduciendo la protección de los trabajadores fijos. Al contrario, la tercera vía busca reducir estas diferencias mejorando la protección y el acceso a la seguridad social para las personas con empleos atípicos.

Los documentos oficiales utilizan un lenguaje algo ambiguo, pero durante la conferencia se habló abiertamente de las ventajas de la introducción de un contrato único o unificado. En esta última variante se crea un sistema de derechos universales, iguales para todos con independencia de su tipo de empleo. Por tanto, no solo se trata de igualar indemnizaciones sino de igualar todos los derechos y también las obligaciones, como podrían ser las aportaciones a los seguros por desempleo y discapacidad o el sistema de pensiones. Para alcanzar este objetivo pudiera ser necesario reducir la generosidad de algunos de los seguros colectivos como reconoce el CPB, pero esto afectaría solo negativamente a los trabajadores mejor posicionados que consiguen defenderse bien en el mercado laboral. De la misma manera, la introducción de un contrato único obligaría a cambiar el sistema de autorización previa en los despidos por un sistema de condiciones objetivas con un control judicial ex post. Durante la conferencia defendí una posición similar. De hecho, los investigadores del CPB me pidieron de centrar mi presentación en los pros y contras de soluciones como el contrato único o unificado para que el público - compuesto de policy makers, representantes de los interlocutores sociales, académicos y los medios de comunicación- pudiera ver que sus recomendaciones seguían las pautas de otros países.
El contraste final
No voy a despilfarrar espacio o tiempo con críticas al infame informe de los expertos. De hecho, las recientes declaraciones de un miembro del tribunal europeo de justicia sugieren que la sentencia original no era mucho mejor. En vez de esto quisiera resaltar la importancia de órganos independientes como el CPB. Sus análisis ofrecen un diagnóstico técnico e imparcial de los problemas y sus recomendaciones disciplinan el debate político. Esta situación contrasta con el caso de España. El gobierno español no cuenta con órganos independientes como el CPB que le pueden asesorar en materia laboral y el Consejo Económico y Social no está ni se le espera. Dada esta situación, el ministerio de empleo y seguridad social optó por nombrar una comisión ad hoc de expertos de parte que no se pusieron de acuerdo en nada más que en la importancia de preservar el empleo temporal y en su rechazo visceral a la opción del contrato único, algo que ni siquiera entraba en sus atribuciones.
Al actual ministro de empleo de Holanda y leader del partido laboralista, Lodewijk Asscher, tampoco le gusta el contrato único, pero los liberales de centro-izquierda del partido D’66 han transformado esta opción en una de los ejes de su programa electoral. Espero con mucho interés el debate electoral entre los líderes de ambos partidos. Espero que se centren en argumentos de fondo y que el debate ponga de manifiesto que tanto el contrato único como el contrato unificado son opciones con un marcado carácter progresista.

- España robotizada: una tasa de paro del 57% (Vozpópuli - 28/2/17)

McKinsey ha avisado del tipo de puestos que peligran -transporte, hostelería, fábricas y trabajos administrativos- y de que el tamaño del mercado robotizado a nivel mundial podría suponer 16 billones de dólares de ahorro en sueldos y salarios.

(Por Matthew Bennett)

Hace 10 días, en una entrevista con Quartz, Bill Gates, el filántropo fundador de Microsoft, actualmente el hombre más rico del planeta, según Forbes, con un patrimonio neto personal de 75.000 millones de dólares, dijo que las empresas que emplean robots en vez de trabajadores deberían pagar un impuesto por dichas máquinas. “Lo que el mundo quiere”, afirmó, “es aprovechar esta oportunidad para fabricar todos los bienes y servicios que tenemos hoy y liberar mano de obra, dejarnos llegar mejor a los ancianos, tener aulas con menos alumnos, ayudar a los niños con necesidades especiales. Sabes, todo eso son cosas donde la empatía humana y la comprensión siguen siendo muy, muy únicos”. Que si un robot sustituye a un trabajador con un sueldo de 50.000 dólares, ¿por qué no debería la empresa contribuyente pagar impuestos parecidos a Hacienda?

McKinsey ha avisado del tipo de puestos que peligran -transporte, hostelería, fábricas y trabajos administrativos- y de que el tamaño del mercado robotizado a nivel mundial podría ser 16 billones de dólares de ahorro en sueldos y salarios. 16.000.000.000.000. 16 millones de millones. No muy lejos del PIB o la deuda de EEUU, o el 22% del PIB mundial, según las últimas cifras del Banco Mundial. La consultora sitúa a la mayoría de los empleos automatizables en el segmento salarial de menos de 20 dólares la hora, que de paso es dónde se concentra el grueso de la fuerza laboral en EEUU.

Otra infografía muestra la relación por países, tanto en la cantidad de empleados que serán afectados como en el ahorro que supondrá para las empresas. Entre el 41% (Kuwait, Sudáfrica) y el 54% (Tailandia) o el 56% (Japón) de los puestos en cada país podrían estar en peligro. En términos absolutos, las tres principales naciones afectadas serán China, India y EEUU, que se enfrentan a un desafío de 395, 235 y 60 millones de empleados, respectivamente, o un potencial ahorro de 3,6, 1,1 y 2,3 billones de dólares en cada país. España está entre los países analizados.

En España, según McKinsey, peligran nada menos que 8,7 millones de puestos de trabajo, con un potencial ahorro de 217.200 millones de euros en sueldos y salarios, o alrededor de la quinta parte del PIB. Hay un desglose por sectores. El que peor parado sale aquí es el sector manufacturero, con un 64% de los puestos -1,5 millones- susceptibles de ser robotizados. Luego el 64% del transporte y el 62% de la hostelería -1,3 millones de puestos en total- y el 50%, u otros 1,1 millones de empleados del comercio; 954.000 puestos administrativos o funcionarios, 833.000 en agricultura, bosques y pesca, y otro millón más entre la construcción y la sanidad.

Según la última EPA, hay 18,5 millones de ocupados en España. En el peor momento de la larga crisis económica de la última década, en el primer trimestre de 2014, se llegó a bajar a los 16,95 millones. Restando los 8,7 millones de McKinsey de los 18,5 millones de ocupados actuales del INE nos dejaría con 9,8 millones de ocupados y 12,9 millones de parados: una tasa de paro del 57%.

Eso es Mad Max y Terminator en la misma película. Telefónica ya está en ello. El domingo en el MWC en Barcelona, anunció Aura, un asistente de inteligencia artificial cuyo fin es mejorar la atención al cliente dejando al cliente interactuar con el sistema por su cuenta. ¿La ventaja empresarial? “Pasar ese tráfico por Aura bajaría el gasto de Telefónica en su plantilla de atención al cliente”, dice el Financial Times: “si tiene éxito, Aura podría ser uno de los primeros motores en recorte de empleos desencadenados por la inteligencia artificial”.

Convertir ese potencial en realidad empresarial dependerá no sólo del ahorro previsto en mano de obra -suponiendo que invertir en el robot sale más rentable a largo plazo que pagar los bajos sueldos de trabajadores poco cualificados- sino también del coste de adquirir y mantener las máquinas. Para la empresa, un robot no pide días libres, no se pone enfermo, no se queda embarazada, no hace huelga, no exige más pasta y no se queja si el jefe no está contento con la calidad de la pieza. Y salvo periodos de mantenimiento, puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año. Si un robot rinde así el triple o el quíntuple o más que un ser humano, ¿por qué se lo va a pensar dos veces el empresario? Lo que está diciendo Gates es que esa posibilidad tecnológica está a la vuelta de la esquina y cuando ocurra va a suponer una redistribución de riqueza absolutamente histórica por todo el planeta. Si los gobiernos no legislan, si no le ponen coto, toda esa riqueza irá a parar a las cuentas de las empresas dueñas de los robots y de los procesos de automatización.

A nivel macroeconómico, las consecuencias serían mayores, tanto para la demanda—un 57% de paro no sería muy ventajosa para el comercio—como para la recaudación (IRPF, Seguridad Social) y por ende la deuda y el déficit (¿quién pagaría todas las prestaciones llegados a ese mundo?), en un entorno demográfico español pesimista a largo plazo en un mundo que estará llegando a los 9.000 millones de habitantes: se habrá triplicado en menos de un siglo. Cuando el hombre más rico del planeta se ofrece voluntario a pagar más impuestos, deberían sonar todas las alarmas. Tal engendro no se solucionará con más abrazos para el abuelo y escuchar mejor al vecino.




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