Paper El adiós europeo al Estado del Bienestar: la “sociedad participativa”, el “gasto social privado”, la “gran sociedad”, y demás experimentos de laboratorio



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Tecnologías inútiles


Las ineficiencias no son patrimonio exclusivo del capítulo farmacéutico. Simplemente es la partida en que más se observan. El doctor Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs, especializada en dolores de espalda, ha asegurado que cada año en España se realizan 970.000 resonancias magnéticas y “dos tercios se consideran inútiles y contraproducentes”.

No es el único caso detectado de mal uso de algunas tecnologías sanitarias o de inversiones en equipos o técnicas ineficaces. Canarias se gasta cada año 3 millones de euros en tecnologías de rehabilitación “demostradamente inútiles para el tratamiento del dolor de cuello y lumbar”, según el doctor Kovacs.

La Organización Médica Colegial y la Fundación Kovacs presentaron días atrás el primer estudio español que cuantifica en 70 millones de euros el gasto público en técnicas rehabilitadoras de dolencias de espalda, cuello y hombro que carecen de fundamento científico.

Los expertos abogan por desinvertir en sanidad. El profesor de la Universidad Pompeu Fabra Jaume Puig-Junoy pide “eliminar práctica médica, medicamentos o tecnologías para los que existe evidencia científica de que aportan poco o ningún beneficio a la salud”.



Propuestas extremas: que por privatizar no sea (algunos liberales no tienen límite)

- El copago es sólo un parche (Libertad Digital - 19/3/12) Lectura recomendada

(Por Manuel Llamas)

La solución es privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles, directamente, el coste de dichos servicios

El copago ya está aquí. La verdad es que era cuestión de tiempo. Rajoy aseveró durante la campaña electoral que su gobierno garantizaría el llamado Estado del Bienestar, pues éste era intocable para el Partido Popular. Sin embargo, la realidad de los hechos, como siempre, se ha acabado imponiendo. El Estado del Bienestar español es insostenible financieramente. Durante los últimos diez años, la provisión de servicios públicos creció de forma sustancial al calor de la burbuja crediticia, gracias a unos ingresos artificialmente inflados que los políticos creyeron permanentes e indefinidos. La crisis ha destapado el inmenso error cometido. Ahora no hay dinero suficiente para sufragar un sistema en el que parte del gasto estructural se sostenía sobre unos ingresos coyunturales que ya no existen y, además, no volverán. La reforma de los servicios públicos es, pues, inevitable y urgente. La cuestión es cómo afrontarla.

Los excesos cometidos en esta materia han sido de gran calado a todos los niveles de la administración. La Ley de Dependencia, el cheque-bebé, la renta básica de emancipación o la subida permanente de las pensiones no contributivas fueron algunos de los “derechos sociales” inventados por Zapatero en pleno auge económico; las comunidades autónomas, por su parte, acrecentaron, año tras año, el “gasto social” destinado a educación y sanidad: los ayuntamientos no se quedaron atrás y también reforzaron su amplio listado de servicios públicos. Y ello, sin contar la megalomanía que surgió por doquier, a base de infraestructuras faraónicas -AVE, aeropuertos, grandes autovías, tranvías, pabellones deportivos, ciudades de la cultura...- que o bien no son rentables, en el mejor de los casos, o han quedado desiertos. El boom económico fue una época de grandes excesos y despilfarros públicos, el sueño de todo político: gastar a manos llenas, sin importar en qué, para satisfacer a sus votantes y, aun así, registrar incluso superávit presupuestario.



Pero la época de las vacas gordas hace tiempo que terminó y, aunque algunos han tardado en darse cuenta, es hora de pagar la factura. De ahí, precisamente, que haya surgido el debate sobre implantar el copago en determinados servicios básicos. La atención en estos momentos se centra en la sanidad, y más concretamente en las recetas farmacéuticas, pero esto es sólo el comienzo. Y es que, muy posiblemente, se acabará extendiendo a las urgencias, las consultas médicas, determinadas intervenciones e, incluso, la hospitalización, tal y como sucede en otros países. La educación pública tampoco está exenta de una evolución similar mediante el aumento de tasas y precios públicos, al igual que la gestión de carreteras e infraestructuras (peajes). De hecho, las pensiones públicas están condenadas a experimentar otra reforma, consistente en elevar de nuevo la edad de jubilación y reducir las prestaciones futuras.

Y es que el Gobierno se verá abocado a buscar nuevas vías para sostener el Estado del Bienestar. Para ello, algunos (como PSOE o IU) apuestan por subir aún más los impuestos mientras que otros (PP) combinarán subidas fiscales con fórmulas de copago para “racionalizar” el gasto público, desincentivando el uso excesivo de ciertos servicios. El problema es que ambos están equivocados, ya que tales medidas tan sólo son parches temporales para contener la hemorragia.

Así, por ejemplo, no es la primera vez que sanidad y pensiones sufren ajustes de similar naturaleza: no hace mucho, la sanidad pública se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), pero desde 1999 se paga vía presupuestos (impuestos); en el caso de las pensiones, su cálculo ha variado en múltiples ocasiones, siempre en detrimento del beneficiario. Hoy, tras la última reforma, el importe se estima sobre los últimos 25 años cotizados y la edad de jubilación asciende a los 67 años, pero desde hace tiempo se trabaja en extender el período de cálculo a toda la vida laboral al tiempo que se eleva la edad legal a los 70.

Es decir, el Estado del Bienestar ha estado sometido a continuos cambios y modificaciones, puesto que su insostenibilidad es, simplemente, estructural. El problema clave, sin embargo, estriba en ámbitos muy distintos. Y es que la pregunta no consiste en cómo mantener el actual sistema sino en cómo sustituirlo por uno más eficiente y ventajoso para todo el mundo. El Estado del Bienestar es una fórmula de expropiación similar al comunista, sólo que mucho más limitada y de perfil más bajo. No en vano consiste, por definición, en que el Gobierno se encargue de la provisión de determinados servicios, calificados como “públicos” o “básicos”, que, sin embargo, ya son ofertados por la iniciativa privada de una forma mucho más eficiente.

El Estado expropia de forma coactiva una parte muy sustancial de la renta del contribuyente para sufragar tales gastos y, si bien no impide la competencia de las empresas privadas, en el fondo ejerce un monopolio de facto tanto en el ámbito de la demanda como en el de la oferta: el contribuyente paga aunque no use el servicio y tanto la sanidad como la educación pública copan de una u otra forma el mercado existente, dejando escaso margen al resto de oferentes.

El auténtico cambio radica, pues, en eliminar el actual sistema público, permitiendo la libre competencia entre agentes y un mercado totalmente libre en el campo de la sanidad, la educación y las pensiones. Si el consenso político y social radica en que el Estado debe ejercer una función asistencial, el hecho de que provea en régimen de monopolio estos servicios no es sólo contradictorio sino enormemente contraproducente. Así pues, la solución es otra: privatizar al 100% la sanidad, la educación y las pensiones, entre otras prestaciones, y que el Estado asista a las rentas más desfavorecidas financiándoles, directamente, el coste de dichos servicios mediante cheques u otras fórmulas análogas. Dicho de otro modo, que el Estado se dedique, simplemente, a asistir no a producir los actuales servicios públicos y que el individuo, con su dinero, pueda decidir libremente qué oferta escoger. Tan sólo con este cambio España se situaría a la cabeza de los países desarrollados en “bienestar social”, dejando así atrás el actual Bienestar del Estado, que tanto favorece a los políticos y tan poco al contribuyente.

Una opinión sobre la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare)

- No seguir a Estados Unidos en cuanto a atención de salud (Project Syndicate - 28/3/12)

(Por Prabhat Jha, Dean T. Jamison) Lectura recomendada

Toronto.- En momentos que la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra a punto de abordar la Ley de Asistencia Asequible (la histórica reforma de salud ridiculizada por sus opositores como “Obamacare”), vale la pena señalar que el número de estadounidenses sin seguro de salud alcanzó un máximo histórico en 2010, su año de promulgación. Alrededor de 50 millones de residentes de Estados Unidos (uno de cada seis) pagan de su bolsillo los gastos médicos en que incurren.



La recesión de 2008 no es la única razón para esta escalofriante cifra; también hay que culpar a políticas y decisiones políticas de larga data. A nivel mundial, pero especialmente para las economías de rápido crecimiento, la lección es simple: evitar el modelo de salud privada de Estados Unidos.

EE.UU. es uno de los pocos países de ingresos altos que no financia la asistencia sanitaria mediante un sistema financiado con fondos públicos de prepago. En promedio, los países más ricos gastan aproximadamente el 11% de su PIB en salud, con una financiación pública de más del 80%; sólo el 14% de los gastos tienen lugar sobre una base de pago por servicio. Las finanzas públicas (o, en algunos casos, fondos de seguros cooperativos regulados por el gobierno que equivalen a financiación pública) cubren la mayoría de los servicios médicos discrecionales; los seguros privados complementan solo servicios adicionales mínimos.

La mayoría de los países ricos opta por financiar su atención de la salud de manera pública por varias razones. En primer lugar, la atención de salud de libre mercado suele ser injusta e ineficiente. Las necesidades individuales varían considerablemente, y las empresas privadas suelen ser reacias a asegurar a las personas que más lo necesitan (como quienes ya están enfermos o sufren de dolencias como la diabetes, que les predisponen a otros problemas de salud). Más aún, es improbable que quienes adquieren la atención -las aseguradoras y los pacientes- tengan la información necesaria para elegir los tratamientos más seguros y eficaces.

Al mismo tiempo, el gasto público actúa como un freno sobre el gasto general, y evita la rápida escalada de costes a la que contribuyen las empresas de seguros privadas de Estados Unidos. El país gasta el 1% de su PIB cada año, simplemente para administrar su complejo y difícil sistema de seguros. Sin una reforma del tipo que tiene ante sí la Corte Suprema de Justicia, el total de los gastos de salud de Estados Unidos aumentará de 16% del PIB hoy al 25% en 2025.

El impacto económico del sistema actual ya es grave. El último censo de EEUU mostró un marcado incremento en el número de estadounidenses que viven por debajo del umbral de pobreza, hecho estrechamente relacionado con la falta de seguro de salud, que a su vez refleja el exceso de confianza en la cobertura de seguro provista por los empleadores.

En las economías de los países emergentes, los gobiernos deberían tener en cuenta cinco consideraciones a la hora de diseñar los sistemas de salud. En primer lugar, las inversiones en salud proporcionan una importante red de seguridad contra las trampas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis económica. Por ejemplo, cada año, 37 millones de indios sin seguro caen por debajo del umbral de la pobreza debido a gastos catastróficos en salud (que por lo general se definen como costes superiores al 10% de los gastos totales de un hogar).

En segundo lugar, la financiación pública de la atención sanitaria permite a los pobres usar ese dinero para satisfacer otras necesidades. En países de bajos ingresos, la mitad de todos los gastos de atención de salud (alrededor del 2,5% del PIB) son privados (en comparación con el 2% en países de ingresos medios). Este gasto consume una gran proporción de los ingresos de los hogares más pobres, impide inversiones más productivas en el hogar, crea pocos puestos de trabajo, y con frecuencia permanece sin pagar impuestos, ya que a menudo se paga a los médicos y los hospitales “en negro”.

En tercer lugar, financiar la salud con fondos públicos podría aumentar el empleo en general. Las provincias de Canadá fueron integrando de a fases el seguro nacional de salud de 1961 a 1975. El empleo y los salarios aumentaron en las áreas donde se introdujo el programa, a pesar de que el promedio de horas de trabajo se mantuvo sin cambios. Por el contrario, las provincias con altos niveles de cobertura de seguro privado tenían menores tasas de empleo y un más lento crecimiento de los salarios. Más recientemente, Canadá venció a EEUU al competir por dónde se crearía una nueva planta de Toyota, en parte porque los costes de seguro privado de salud en EEUU suponían añadir varios miles de dólares al coste de fabricación de un coche allí.

En cuarto lugar, los sistemas de salud nacionales existentes en los países más ricos pueden servir como modelos para las economías de mercados emergentes que opten por adoptar sistemas similares. Es importante destacar que las finanzas públicas no tienen por qué significar solamente la provisión pública; los hospitales y clínicas privadas a veces pueden ofrecer servicios con mayor eficacia. Taiwán inició un sistema de pagador único en 1995, frenando significativamente los costes de salud y mejorando la calidad de vida de la población. El nuevo sistema de cobertura universal de México se puso en marcha primero en las zonas más pobres del país.

Por otra parte, China constituye un ejemplo aleccionador de las consecuencias de retirar el seguro de salud financiado públicamente. A principios de la década de 1980, las reformas de mercado dejaron alrededor de 100 millones de ciudadanos rurales sin seguro, casi de la mañana a la noche. Los costes privados se dispararon, las tasas de mortalidad infantil dejaron de disminuir, y se debilitó el sistema de vigilancia de enfermedades, lo cual puede haber contribuido a la epidemia de SARS de 2002-2003, que se cobró más de 900 vidas en todo el mundo y causó pérdidas económicas por un valor estimado de $60 mil millones de dólares. El gobierno chino ha reconocido que las reformas fueron un fracaso, y se ha comprometido a destinar varios miles de millones de dólares a asistencia sanitaria financiada con fondos públicos.



Por último, siguiendo el principio, “todo el mundo está cubierto, pero no todo está cubierto”, los gobiernos deben investigar qué servicios son más eficaces en función de los costes y cuáles no deben ser financiados con fondos públicos, debido a que son costosos e ineficaces. La lista de los servicios asegurados siempre puede elevarse en sintonía con las rentas y los ingresos del gobierno. En particular, el aumento de los impuestos del tabaco produce un beneficio doble: reducir el tabaquismo, la principal causa de muerte en adultos, y aumentar los ingresos.

China, India y Sudáfrica se han comprometido a adoptar un seguro nacional de salud. Cuál de estos países lo logre primero no sólo dependerá de sus ingresos, sino también de su voluntad política por superar intereses creados. También de la capacidad de las instituciones para diseñar una atención de salud racional, monitorear la entrega del servicio y valorar correctamente los nuevos tratamientos.

Los costes de salud en EEUU son exorbitantes, con escaso valor por el dinero. Solo cabe esperar que el “Obamacare”, junto con los modelos que están implementando los futuros competidores de EEUU, le inclinen a adoptar el sistema de atención universal y con financiamiento público que hace mucho debería haber instaurado.

Los antibióticos como problema de salud pública (la resistencia se dispara)

- La era post-antibióticos, a la vuelta de la esquina (El Confidencial - 1/4/12)

(Por Rubén Díaz Caviedes) Lectura recomendada

La directora general de la OMS -Organización Mundial de la Salud- y premio Príncipe de Asturias de Cooperación, Margaret Chan, alertaba la semana pasada de la creciente amenaza de las bacterias resistentes a los antibióticos. Lo hacía durante la presentación de The Evolving Threat of Antimicrobial Resistance: Options for Action, una completa publicación con la que la OMS pretende arrojar luz sobre un fenómeno que amenaza con convertirse silenciosamente en un problema de salud pública de primer orden.

Margaret Chan no ha escatimado dramatismo a la hora de concienciar del problema. “La era post-antibióticos implica acabar con la medicina moderna tal y como la conocemos. Cosas tan comunes como una infección de garganta o el rasguño de la rodilla de un niño podrían volver a matar”.

Algunas de las enfermedades más comunes relacionadas con bacterias resistentes al antibiótico son la neumonía, la tuberculosis, la artritis infecciosa, la meningitis, la sepsis, la fascitis necrotizante o la bacteriemia. La lista crece cada día y en las próximas décadas podría ampliarse con un repertorio de infecciones más graves.

La resistencia a los antibióticos se dispara



Aunque los virus y ciertos parásitos son capaces de desarrollar resistencia a los antibióticos, son las bacterias las que gozan de una mayor capacidad de adaptación. Con una vida media de veinte minutos, las sucesivas generaciones de bacterias se suceden a una velocidad de vértigo, por lo que las mutaciones propias de la selección natural operan en ellas con gran rapidez. Además, estos microorganismos tienen la habilidad de transmitirse genes entre sí mediante la llamada transferencia horizontal; cuando una bacteria porta los genes de resistencia, puede pasarse esta información genética a otra y hacerla, como ella, inmune.

Aunque los antimicrobianos nos parezcan hoy una parte fundamental de la disciplina médica, lo cierto es que su uso generalizado no alcanza siquiera el siglo.



El primer antibiótico producido en masa sería la penicilina, cuyo uso médico se sistematizó a partir de 1943. Sólo cuatro años después, en 1947, se descubrieron las primeras cepas de bacterias staphylococcus aureus resistentes a la penicilina y quince años más tarde el microorganismo ya resistía el uso de la meticilina. Hoy la mitad de infecciones de este estafilococo en Estados Unidos son inmunes también a la tetraciclina y la eritromicina.

La resistencia al antibiótico es una estrategia adaptativa. Es inevitable que las bacterias la desarrollen, pero dos factores, según los expertos, están disparando la velocidad con que lo hacen. El primero es el abuso del antibiótico. Al tomarlos en exceso de cantidad -sin sufrir infección o para la infección incorrecta- o calidad -tomar antibióticos de amplio espectro, práctica recurrente en la automedicación-, contribuimos a que las bacterias se conviertan en resistentes de forma más rápida. También lo hacemos si no completamos la toma prescrita o si recurrimos a antibióticos de baja calidad.

El otro factor -y para muchos, el más importante- es la administración sistemática de antibióticos a animales sanos. De poco sirve el consumo responsable en personas cuando más de la mitad de los antibióticos que producen los países se destina, de hecho, al consumo animal en piensos y compuestos alimenticios. Muchas bacterias se propagan con facilidad entre animales humanos y el hecho de que se conviertan en resistentes al antibiótico no sólo las hace más peligrosas: también propicia el salto zoológico.

Son cada día más las instituciones médicas que piden acabar con esta práctica, especialmente desde que la documentación de cepas del staphylococcus aureus en caballos, gatos y perros -que se creen derivadas de la humana- hiciera saltar las alarmas. La propia Chan aseguraba en Copenhague que “el hecho de que se esté administrando mucha más cantidad de antibióticos a animales sanos que a seres humanos enfermos es digno de preocupación”.

Un problema de salud pública

Chan también alerta del peligro de poner todas nuestras esperanzas en alternativas que, como la terapia fágica, podrían sustituir al antibiótico en determinados supuestos: “Los tratamientos alternativos son más costosos, más tóxicos, requieren una administración mucho más larga y en ocasiones, el internamiento en unidades de cuidados intensivos (…) Algunas intervenciones complejas, como el reemplazo de la cadera, el trasplante de órganos, la quimioterapia para el cáncer o el cuidado de niños prematuros serán más complicadas e incluso más peligrosas de acometer”.



Para la directora de la OMS, la estrategia pasa por la racionalización del uso de antibióticos y la desaparición del producto de la dieta industrial para animales: “¿Por qué invertir cantidades de dinero considerables en el desarrollo de nuevos antimicrobianos si el uso irracional acelerara su inefectividad antes de que se pueda recuperar la inversión?”, se planteó. La pregunta de Chan bien podría ir dirigida a las industrias farmacéuticas y del alimento para animales, que tradicionalmente han eludido tanta recomendación haya emitido la OMS al respecto.

Junto con la concienciación de los profesionales de la medicina, la regulación institucional y la actuación responsable de las industrias, Chan destaca que la iniciativa individual es fundamental para atajar el problema. Prevenir la infección mediante la higiene y recurrir exclusivamente al tratamiento de antibióticos prescrito por un médico son costumbres que ayudarán a que nuestros hijos y nietos disfruten de medicamentos tan eficaces como los antibióticos de hoy en día.

Krugman avisa: está en peligro la cobertura sanitaria de 30 millones de estadounidenses

- Brécol y mala fe (El País - 1/4/12) Lectura recomendada



(Por Paul Krugman)

Nadie sabe lo que decidirá el Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación con la ley de reforma sanitaria de Barak Obama. Pero tras las vistas de esta semana parece bastante posible que el tribunal revoque el llamado mandato -la obligatoriedad de que los individuos contraten un seguro sanitario-, y puede que la ley en su totalidad. La supresión del mandato haría la ley mucho menos factible, mientras que revocarla por entero equivaldría a negar la cobertura sanitaria a 30 millones de estadounidenses o más.

Dado lo que está en juego, uno podría haber esperado que todos los miembros del tribunal tuviesen mucho cuidado al hablar tanto de la realidad de la asistencia sanitaria como de los antecedentes legales. Sin embargo, el hecho es que el segundo día de vistas indicó que los jueces más hostiles a la ley no comprenden, o prefieren no comprender, cómo funcionan los seguros. Y el tercer día fue, en cierto sentido, todavía peor, ya que los jueces contrarios a la reforma parecían aceptar cualquier argumento, por endeble que fuese, que pudiesen utilizar para acabar con la reforma.

Empecemos con la ya famosa intervención en la que el juez Antonin Scalia comparaba la contratación de un seguro sanitario con la compra de brécol, dando a entender que si el Gobierno puede obligarnos a hacer lo primero, también puede obligarnos a hacer lo segundo. Esa comparación horrorizó a los expertos en asistencia sanitaria de todo Estados Unidos, porque los seguros sanitarios no se parecen en nada al brécol.

¿Por qué? Cuando la gente decide no comprar brécol, no hace que el brécol deje de estar al alcance de aquellos que lo quieren. Pero cuando la gente no contrata un seguro sanitario hasta que enferma -que es lo que pasa cuando no existe un mandato-, el consiguiente empeoramiento del fondo contra riesgos hace que los seguros sean más caros, y a menudo inasequibles, para el resto de la gente. Como consecuencia, los seguros sanitarios no regulados básicamente no funcionan, y nunca lo han hecho.

Hay al menos dos formas de hacer frente a esta realidad (que, por cierto, es en gran medida un proceso que entraña comercio interestatal y, por tanto, es un problema que atañe a las autoridades federales). Una es gravar a todo el mundo -sanos y enfermos por igual- y utilizar el dinero recaudado para proporcionar cobertura sanitaria. Eso es lo que hacen Medicare y Medicaid. La otra es exigir que todo el mundo contrate un seguro, a la vez que se ayuda a aquellos para los que esto supone una dificultad económica.

¿Son estos planteamientos diferentes en el fondo? ¿Exigir que los ciudadanos paguen un impuesto que financie la cobertura sanitaria está bien, pero exigir que contraten un seguro sanitario es inconstitucional? Resulta difícil ver la razón (y no somos solo los que no tenemos formación en temas legales los que consideramos extraña esa distinción). Esto es lo que decía Charles Fried -que fue subsecretario de Justicia de Ronald Reagan- en una entrevista reciente con The Washington Post: “Nunca he entendido por qué establecer una norma que obligue a las personas a comprar algo es por alguna razón más doloroso que establecer una norma que les obligue a pagar impuestos para luego dárselo”.

De hecho, a los conservadores solía gustarles la idea de las compras obligatorias como una alternativa a los impuestos, que es la razón por la que la idea del mandato fue inicialmente propuesta no por los liberales, sino por la ultraconservadora Fundación Heritage. (Por cierto, otro proyecto predilecto de los conservadores -las cuentas privadas como sustitutas de la Seguridad Social- depende de, sí, las contribuciones obligatorias de los individuos).

De modo que ¿ha habido aquí un cambio real en el pensamiento legal? Fried opina que no es más que política (y otros debates durante las vistas respaldan fuertemente esa percepción).

En concreto, me llamó la atención la discusión sobre si exigir que los Gobiernos estatales participen en la ampliación de Medicaid -una ampliación, por cierto, por la que solo pagarían una pequeña parte del coste total- constituía una coacción inaceptable. Uno habría pensado que esta afirmación era manifiestamente absurda. Después de todo, los Estados son libres de descolgarse de Medicaid si así lo deciden; el poder de coacción de Medicaid proviene solo del hecho de que el Gobierno federal ofrece subvenciones a los Estados que están dispuestos a seguir las directrices del programa. Si ustedes se ofrecen a darme un montón de dinero, pero solo si llevo a cabo ciertas tareas, ¿es servidumbre?

Sin embargo, varios de los jueces conservadores parecían defender la premisa de que la ampliación de un programa con financiación federal en el que los Estados deciden participar porque reciben ayuda federal representa un abuso de poder, simplemente porque los Estados se han vuelto dependientes de esa ayuda. A la juez Sonia Sotomayor le dejó atónita esta afirmación: “Vamos a decirle al Gobierno federal que, cuanto mayor es el problema, menor es su poder. Porque una vez que entrega todo ese dinero, no puede estructurar el programa como le venga en gana”. Y la juez tenía razón: es una afirmación que no tiene ningún sentido (a menos que el objetivo sea destruir la reforma sanitaria usando cualquier argumento al alcance de la mano).

Como he dicho, no sabemos cómo evolucionará esto. Pero es difícil no tener una sensación de aprensión y preocuparse por el hecho de que la ya gravemente dañada fe del país en la capacidad del Tribunal Supremo para estar por encima de la política esté a punto de sufrir otro duro golpe.

(Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel 2008)

Health Consumer Index 2009 (radiografía de la sanidad europea)

El sistema sanitario público español está clasificado en el puesto 22 de entre los 32 países europeos incluidos en el Health Consumer Index 2009, el principal indicador independiente acerca de la sanidad de entre los que se publican en Europa. Por detrás, sólo aparecen países del este y el sur de Europa (Malta, Grecia, Macedonia,...). Por delante, España ve en la lejanía a los líderes (Holanda y Dinamarca), e incluso se tiene que conformar con una calificación peor que estados más pobres, como Portugal, Chipre o Hungría”... La sanidad española saca peor nota que la portuguesa o la chipriota (Libertad Digital -



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