Organización Mundial del Comercio



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V. POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 40

1) Agricultura 40

1. En Antigua y Barbuda, el sector agropecuario es pequeño, y durante el período que se examina, su contribución al PIB representó un promedio inferior al 4 por ciento (3,6 por ciento en 2005). Entre 2001 y 2004, el valor total de la contribución del sector a la economía se estima en unos 16 millones de dólares EE.UU. Los productos de la pesca representan la mayor parte de la producción (alrededor del 50 por ciento), así como las hortalizas, raíces, pimientos, y una variedad de frutas, como el mango, la guanábana y la guayaba (30 por ciento de la producción). La ganadería aporta un promedio del 19 por ciento al total de la producción agropecuaria. La mayor parte de la producción del sector está orientada hacia el consumo interno. Las autoridades consideran que el sector es importante porque emplea a aproximadamente el 8 por ciento de la población activa, formada por 30.000 personas, en su mayoría mujeres; también es importante en relación con la seguridad alimentaria y la seguridad social. A pesar de su reducida contribución al PIB, en el período que se examina se han registrado modestos aumentos en el valor añadido. En 2005, la producción aumentó el 2,6 por ciento, con el mayor crecimiento registrado en el sector de la pesca. En 2006, la producción aumentó en un 6,5 por ciento, nuevamente a causa de aumentos en la producción del sector pesquero. 40

2. Durante el período que se examina, las autoridades han hecho mayor hincapié en la agricultura, en parte debido a su potencial para generar empleo, sobre todo en las zonas rurales, y a causa de preocupaciones relacionadas con la limitada capacidad del sector de los servicios en materia de creación de nuevos empleos. El Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) examinaron conjuntamente las formas de optimizar el potencial de la agricultura para la economía, sobre todo en las zonas rurales, y facilitar el desarrollo de microempresas agrícolas con valor añadido. Las autoridades determinaron que algunos de los problemas que impiden fortalecer la contribución general del sector a la economía local son la escasez de recursos de agua para riego, las deficiencias en la utilización de tecnología, la falta de vinculación entre la agricultura y otros sectores, y la debilidad del marco de políticas que rige el sector. 41

3. El promedio arancelario para los productos agrícolas (conforme a la definición de la OMC) es del 16,2 por ciento; los tipos aplicados en el sector oscilan entre el 0 y el 40 por ciento. El promedio del arancel consolidado para los productos agrícolas es del 105,7 por ciento. El tipo del 40 por ciento se aplica a las frutas y hortalizas; pescado y sus productos; animales y sus productos; tabaco; bebidas y licores; café, té, azúcar y cacao, y aceites y grasas (párrafo 1) del capítulo III). Algunos de los aranceles más bajos de Antigua y Barbuda, por categoría de la OMC, se aplican a otros productos agrícolas, con inclusión de los productos lácteos y las plantas y flores cortadas. Antigua y Barbuda ha notificado su régimen de licencias de importación a la OMC. Las importaciones de algunos productos agrícolas pueden requerir licencias, y también pueden exigirse licencias no automáticas para las aves de corral, los productos de animales y de aves de corral, las plantas y productos vegetales. 41

2) Industrias manufacturas 42

1. En Antigua y Barbuda, el sector de las manufacturas se limita principalmente a la producción de bebidas, elementos de techado galvanizados, pinturas y barnices, muebles, condimentos, ron, prendas de vestir, y algunos productos agrícolas elaborados y productos de artesanía. La contribución de las manufacturas al PIB es relativamente pequeña. En 2005, el sector contribuyó al PIB un 2 por ciento y aumentó en 3,5 por ciento, tras reducirse en un 4 por ciento en 2004. La participación del sector en el PIB aumentó al 2,6 por ciento en 2006. 42

2. El promedio arancelario aplicado a los productos manufacturados es del 10,2 por ciento (por sector de la CIIU), con tipos que oscilan entre el 0 y el 70 por ciento. En 2005, las manufacturas representaron alrededor del 29 por ciento del total de las exportaciones de mercancías, por un valor de sólo 35 millones de dólares EE.UU. 42

3. Las actividades de manufactura podrían beneficiarse de los incentivos acordados en el marco de la Ley de Incentivos Fiscales, capítulo 172 (diciembre de 1975), y de la Ley de la Zona de Elaboración y Libre Comercio Nº 12 de 1994. 42

3) Servicios 42

i) Principales características 42

1. Antigua y Barbuda asumió compromisos específicos por sectores en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios en 6 de los 12 sectores de servicios ampliamente definidos, o 32 de los aproximadamente 160 subsectores: los servicios financieros (servicios de seguros), los servicios a las empresas (servicios profesionales; servicios de informática y conexos; servicios de investigación y desarrollo; turismo y servicios relacionados con los viajes (hoteles y restaurantes); servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (servicios de espectáculos); y servicios de transporte (servicios de transporte marítimo). A diferencia de todos los otros Miembros de la OMC pertenecientes a la OECO, Antigua y Barbuda todavía no ha presentado una oferta inicial sobre servicios en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (capítulo II). A excepción de los servicios de telecomunicaciones, no se han consignado en la lista limitaciones en materia de acceso a los mercados o trato nacional para el suministro transfronterizo y el consumo en el extranjero. A la inversa, en el caso de la presencia comercial, todos los compromisos están sujetos a limitaciones en materia de acceso a los mercados y, en algunos casos, de trato nacional. 42

2. Entre los compromisos horizontales de Antigua y Barbuda se cuentan limitaciones relativas a las personas físicas y la presencia comercial. Con respecto a esta última, la lista establece un requisito de aprobación general, y se fomentan las empresas conjuntas. Por lo que respecta al movimiento de personas físicas, la lista establece una prueba del mercado de trabajo, y permite el empleo de personas físicas extranjeras sólo cuando no hay nacionales que reúnan las condiciones necesarias. La lista de exenciones NMF de Antigua y Barbuda correspondiente al artículo II contiene sólo una limitación a los servicios de telecomunicaciones móviles de base terrestre y establece el trato preferencial para los proveedores de servicios originarios de la CARICOM. 42

ii) Telecomunicaciones 43

1. Antigua y Barbuda participó y asumió compromisos en las negociaciones ampliadas de la OMC sobre servicios de telecomunicaciones básicas. Esos compromisos otorgan protección a la APUA, indefinidamente para la prestación de servicios nacionales, y a Cable and Wireless hasta 2012 para la prestación de servicios internacionales. Los compromisos asumidos incluyen el acceso sin limitaciones al mercado para servicios de telefonía vocal, servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes, servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos, servicios de telex y telégrafo, y servicios de circuitos privados arrendados hasta 2012 para servicios internacionales; no se ha consolidado el acceso a los mercados para servicios nacionales. Los servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes y los servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos para uso privado sólo pueden prestarse en redes suministradas por los operadores exclusivos, y no está permitido eludir a los operadores exclusivos hasta 2012; estos servicios están liberalizados a partir de 2012 para servicios internacionales. La prestación de servicios de transmisión por fax, correo electrónico, correo vocal, acceso a Internet y ciertos otros servicios de valor añadido sólo está autorizada en las redes proporcionadas por los operadores exclusivos. La prestación de servicios móviles de base terrestre no se ha consolidado para el suministro transfronterizo, y se exige una inversión mínima de 500.000 dólares EE.UU. a los proveedores extranjeros que desean establecer presencia comercial. Los compromisos de Antigua y Barbuda incluyen el Documento de Referencia sobre disciplinas en materia de reglamentación de servicios de telecomunicaciones básicas. 43

2. En Antigua y Barbuda, los servicios de telecomunicaciones son competencia del Ministro de Información, Radiodifusión y Telecomunicaciones. La reglamentación incumbe a la División de Telecomunicaciones del Ministerio, que tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de 1951 (modificada), la principal legislación que rige el sector. Según las autoridades, se encuentra en estudio un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones, que probablemente se adopte a finales de 2007. Entre otras cosas, la finalidad de ese proyecto de ley es normalizar los trámites de licencias y permitir el otorgamiento de licencias para servicios internacionales de telefonía fija. 43

3. Antigua y Barbuda es el único Miembro de la OMC perteneciente a la OECO que no participa en la Autoridad de Telecomunicaciones del Caribe Oriental (ECTEL). Las autoridades indican que Antigua y Barbuda no tiene previsto participar en el tratado de la ECTEL en lo inmediato, debido a la existencia de subvenciones cruzadas que el sector de las telecomunicaciones otorga a los servicios públicos de suministro de electricidad y agua. 43

4. Conforme a la Ley de Telecomunicaciones (1951), los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben obtener una licencia de la División de Telecomunicaciones. El Gabinete está autorizado a formular normas sobre los tipos y las formas de las licencias y la manera en que se han de presentar las solicitudes de licencia, así como sobre los términos, condiciones y restricciones aplicables al otorgamiento de las licencias y las obligaciones de los titulares de licencias. Se han otorgado licencias a compañías que ofrecen servicios de televisión por cable, cable submarino e Internet. Según las autoridades, para el otorgamiento de licencias no se ha aplicado un criterio homogéneo, sino que se han impuesto diversos términos y condiciones; sin embargo, la nueva Ley de Telecomunicaciones introducirá un enfoque uniforme. En mayo de 2007, se habían otorgado 11 licencias para servicios de Internet; cuatro de los titulares de esas licencias operaban redes y servicios de Internet. 43

5. No existe competencia en el mercado de líneas fijas. La Autoridad de Servicios Públicos de Antigua y Barbuda (APUA), de propiedad del Estado, presta servicios nacionales de línea fija, y la Ley de Servicios Públicos (capítulo 359) de 1973 (modificada) protege sus derechos exclusivos en forma indefinida. La compañía Cable and Wireless (Antigua and Barbuda) Ltd. ofrece servicios internacionales de línea fija. En Antigua y Barbuda se ha procedido al aterraje de un nuevo cable que introducirá la competencia en el mercado de los servicios internacionales; sin embargo, posiblemente no entre en servicio hasta que se haya promulgado la nueva ley (véase supra). 44

6. Según las autoridades, APUA tiene el monopolio de todos los servicios nacionales, incluidos los servicios móviles, y ha introducido la competencia mediante dos sublicencias otorgadas a las compañías Digicel y Cable and Wireless para el suministro de servicios móviles, aparte de los que suministra la propia APUA. 44

7. En 2006, los ingresos del sector de las telecomunicaciones contribuyeron alrededor del 10 por ciento al PIB de Antigua y Barbuda; la tasa de penetración de los servicios de línea fija en los hogares se situó en el 70 por ciento, y la de Internet en aproximadamente el 25 por ciento. La inversión en telecomunicaciones totalizó 100 millones de dólares EC, de los cuales 20 millones son atribuibles a la instalación del nuevo cable. Se estimó que, en el mismo año, el sector proporcionó empleo directo a unas 500 personas. 44

8. Actualmente (mediados de 2007) las tarifas para las llamadas locales de fijo a fijo son de aproximadamente 0,05 dólares EC por minuto para llamadas en horario de tarifa máxima, y 0,25 dólares EC para llamadas en horario normal; las llamadas se cobran por unidades de tres minutos. Las tarifas de arrendamiento de líneas fijas son de 30 dólares EC por mes para usuarios residenciales, y 60 dólares EC por mes para usuarios comerciales. Las tarifas para llamadas de fijo a móvil se cobran a la misma tasa a todos los operadores de telefonía móvil. Una llamada internacional a los Estados Unidos cuesta unos 0,98 dólares EC por minuto, aunque en una oferta formulada por Cable and Wireless, el costo de ciertas llamadas consignadas en una lista por el consumidor podía reducirse a 0,25 EC por minuto. Las tarifas de los servicios de telefonía móvil de los tres operadores de telefonía móvil eran similares y oscilaban entre 0,72 y 0,75 dólares EC por minuto. Las llamadas por Internet eran más económicas. 44

9. Hasta su reemplazo por el impuesto sobre las ventas de Antigua y Barbuda (ABST) a finales de enero de 2007, se aplicaba un impuesto del 20 por ciento a todas las telecomunicaciones internacionales originadas en Antigua y Barbuda (teléfono, fototelegrama, telex, telegrama o cable). El impuesto era percibido por los titulares de licencias, y en 2005, generó ingresos por un valor de 9,8 millones de dólares EC. 44

10. Los servicios de telecomunicación por intermediario están prohibidos conforme a la Ley de Telecomunicaciones (Prevención y prohibición de usos y servicios no autorizados) Nº 16 de 1994; las modificaciones de la ley adoptadas en 2003 también prohibieron eludir la cabecera de línea internacional. 45

iii) Servicios financieros 45

1. Las autoridades se proponen crear una entidad reguladora única para todos los servicios financieros no bancarios. Con tal fin, la autoridad sobre los servicios relacionados con las cooperativas de crédito, los casinos nacionales, los casinos físicos, los seguros y las transferencias monetarias se transferirá a la Comisión Reguladora de Servicios Financieros. Se espera concretar esta medida en 2008. Actualmente, la Comisión sólo regula el sector extraterritorial (véase más abajo). 45

2. Antigua y Barbuda no participó en las negociaciones ampliadas de la OMC sobre servicios financieros. En su lista conforme al AGCS, asumió compromisos sólo en relación con los servicios de reaseguro, sin limitaciones al suministro transfronterizo; la presencia comercial quedó sujeta a las disposiciones de la Ley de Seguros. 45

3. En Antigua y Barbuda, la reglamentación de los bancos nacionales incumbe, en última instancia, al Banco Central del Caribe Oriental (ECCB). Los países miembros del ECCB han armonizado sustancialmente su legislación bancaria nacional, basándose en un modelo de Ley de Régimen Bancario Uniforme (véase el Informe recapitulativo). En Antigua y Barbuda, la principal disposición reguladora de los servicios bancarios es la Ley de Banca Nº 14 de 2005. La Ley refleja las modificaciones efectuadas a la Ley de Régimen Bancario Uniforme en 2005 con el fin de ajustar la legislación a los Principios Básicos de Basilea. Dichos cambios incluyen el fortalecimiento de la supervisión de las instituciones financieras por parte del ECCB y la aplicación a dichas instituciones de prescripciones de presentación de informes más estrictas y sistemáticas. 45

4. Los bancos deben obtener una licencia del Ministro de Hacienda y satisfacer las condiciones para la concesión de licencias (véase el Informe recapitulativo). Una de esas condiciones es que los bancos (tanto las instituciones financieras nacionales como las extranjeras) deben establecerse como una sociedad constituida en el país, una filial o una sucursal, y tener un domicilio social en Antigua y Barbuda. Las autoridades confirman que Antigua y Barbuda no impide a los ciudadanos ni a las empresas de Antigua y Barbuda tomar préstamos o efectuar depósitos en bancos situados en el exterior. Antigua y Barbuda ya no mantiene controles de cambios en las transacciones de capital y en transacciones corrientes no comerciales (véase el capítulo I). De conformidad con la Ley de Banca, en Antigua y Barbuda no se imponen limitaciones a la inversión extranjera en bancos territoriales. Los bancos de propiedad extranjera con licencia y constituidos en Antigua y Barbuda están sujetos a las mismas prescripciones que los bancos de propiedad nacional constituidos en el país, y pueden prestar los mismos servicios. Las sucursales de bancos extranjeros deben presentar información adicional cuando solicitan la licencia, a fin de demostrar que están sujetos a controles efectivos en su país de origen y confirmar que el organismo de reglamentación en la jurisdicción de su propio país no se opone a la solicitud. No se aplican requisitos en materia de residencia o de ciudadanía a los gerentes o directores de bancos. 45

5. Actualmente operan en Antigua y Barbuda ocho bancos comerciales: tres son sucursales de bancos extranjeros (Bank of Nova Scotia, First Caribbean International Bank (Barbados) Ltd. y Royal Bank of Canada); cuatro se constituyeron en el país y son de propiedad nacional (ABI Bank Ltd., Antigua Commercial Bank, Bank of Antigua Ltd. y Caribbean Union Bank Ltd.); y uno es una sucursal constituida en el país de un banco de propiedad regional (RBTT Bank Caribbean Ltd.). En 2005, el margen medio ponderado entre los tipos de interés de los depósitos y los préstamos en bancos comerciales era de 7 puntos porcentuales (3,9 por ciento para los depósitos y 10,9 por ciento para los préstamos). Antigua y Barbuda cuenta con un banco de fomento, el Banco de Desarrollo de Antigua y Barbuda, financiado por el Banco de Desarrollo del Caribe y por organismos oficiales nacionales. Según las autoridades, los tipos de interés del crédito ofrecidos por el Banco de Desarrollo han sido mayores que los ofrecidos por los bancos comerciales, porque no tiene acceso a financiación de bajo costo. Los objetivos actuales del Banco son reducir su cartera de préstamos improductivos y explorar nuevos sectores donde establecer su posición. Según las autoridades, Antigua y Barbuda no aplica impuestos específicos a las transacciones financieras. 46

6. Las autoridades señalan que las cooperativas de crédito desempeñan una función importante en el sistema financiero, están en expansión y ofrecen nuevos servicios. Las dos principales cooperativas de crédito son la St. John's Cooperative Credit Union y la Community First Credit Union, y hay otras más pequeñas. La reglamentación de las cooperativas de crédito es competencia del Registrador de Cooperativas, y es posible que se incorporen en la esfera de competencia de la CRSF. Las cooperativas de crédito no están sujetas a las mismas prescripciones que los bancos comerciales, pero algunas han adoptado directrices del ECCB. 46

7. La Ley de Seguros, capítulo 218, y la Ley de Seguros (Licencias), capítulo 220 de las Leyes revisadas de Antigua y Barbuda rigen las operaciones del sector territorial. Las compañías de seguros que operan en Antigua y Barbuda deben registrarse ante el Registrador de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. 46

8. En 2007, había 23 empresas de seguros territoriales registradas y en funcionamiento en Antigua y Barbuda. Ocho de ellas eran compañías de responsabilidad limitada de propiedad nacional y explotadas a nivel local, y las otras eran agentes de empresas extranjeras. Esas compañías ofrecen seguros generales y seguros de vida, pero no reaseguros. 46

9. Para registrarse, las compañías de seguros deben depositar 200.000 dólares EC en la oficina del Contable General. Los aseguradores también deben estar legalmente constituidos de conformidad con las leyes del país donde se encuentra situada su casa matriz, contar con un capital social desembolsado no inferior a 200.000 dólares EC y estar registrados como empresas con arreglo a la Ley de Sociedades. Conforme a la Ley de Seguros, las compañías de seguros extranjeras deben contar con una sede social en Antigua y Barbuda, que puede ser una sucursal o la oficina de un agente del asegurador. Las compañías extranjeras también deben presentar al Registrador un poder debidamente otorgado en favor de una persona residente en Antigua y Barbuda. No se aplican prescripciones en materia de nacionalidad o de ciudadanía a los directores de las compañías, ni están obligados a residir en Antigua y Barbuda. Se permite la propiedad extranjera al 100 por ciento de las compañías de seguros territoriales. 47

10. También se exige a las compañías de seguros abonar una cuota inicial de registro, que actualmente es de 5.000 dólares EC, y una cuota anual, también de 5.000 dólares EC, para mantener la vigencia del registro. El Ministro de Hacienda está autorizado a denegar las solicitudes si se considera que no benefician el interés público, y no está obligado a dar la razón de la denegación. 47

11. Conforme a la Ley del Impuesto sobre los Seguros, los corredores de seguros especiales que contratan con aseguradores que no están registrados de conformidad con la Ley de Seguros están obligados a pagar un impuesto sobre los seguros equivalente al 3 por ciento de la prima abonada al asegurador, menos la comisión del agente. Esta medida se aplica a todos los tipos de seguros con excepción del seguro de automóviles. 47

12. Los sectores de banca y seguros extraterritoriales son administrados por la Comisión de Reglamentación de Servicios Financieros (CRSF). Dentro de la esfera de la CRSF actúan un Supervisor de Bancos y Fideicomisos Internacionales y un Supervisor de Compañías de Seguros Internacionales. Las principales leyes que rigen los servicios financieros extraterritoriales son la Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales (modificada) y la Ley de Fideicomisos Internacionales. 47

13. Los bancos y las compañías de seguros internacionales están obligados a obtener licencia. Disfrutan de una exención tributaria total garantizada por el Gobierno por un período de 50 años a partir de su constitución y de una exención total de los controles de cambio, y pueden emitir acciones al portador. En Antigua y Barbuda hay registrados 17 bancos internacionales registrados y 12 compañías de seguros internacionales. 48

14. Los requisitos mínimos en materia de capital son los siguientes: 3 millones de dólares EE.UU. para establecer un banco internacional de clase I y 500.000 dólares EE.UU. para un banco de clase II; 250.000 dólares EE.UU. para una compañía de seguros internacional y 250.000 dólares EE.UU. para un fideicomiso internacional. Los bancos internacionales sólo pueden hacer transacciones en monedas distintas de las de los miembros de la CARICOM. No se permite a los bancos y las compañías de seguros internacionales realizar operaciones comerciales o negocios activos en Antigua y Barbuda ni en otros Estados miembros de la CARICOM; deben disponer de una oficina registrada y de un agente registrado en la isla, y por lo menos uno de los directores debe ser ciudadano de Antigua y Barbuda. Las cuotas anuales que se deben pagar al Gobierno son de 15.000 dólares EE.UU. para los bancos internacionales y 10.000 dólares EE.UU. para las compañías de seguros internacionales. La cuota inicial de registro para los bancos internacionales es de 25.000 dólares EE.UU. para los bancos de clase I y 15.000 dólares EE.UU. para los bancos de clase II; las cuotas anuales de renovación de licencia son las mismas que las cuotas de registro. 48

15. Antigua y Barbuda no fue incluido en la lista del Grupo de Acción Financiera (FATF) del G7. Sin embargo, en su informe de junio de 2000, el FATF expresó preocupación con respecto a la capacidad de identificar a los usufructuarios y sugirió que, a fin de encarar esos problemas, era necesario modificar los reglamentos en materia de identificación de clientes y mejorar los procedimientos de registro. Las autoridades confirman que desde entonces, esas cuestiones han sido solucionadas. 48

iv) Transporte aéreo 48

1. Antigua y Barbuda no ha asumido ningún compromiso en el marco del AGCS con respecto a las actividades de transporte aéreo. 48

2. Antigua y Barbuda es uno de los principales centros de aviación civil de la OECO. El número total de llegadas de pasajeros aumentó de 387.715 en 2005 a 436.279 en 2006, un crecimiento mucho mayor que el registrado en la mayoría de los otros países miembros de la OECO. La mayoría de las compañías aéreas que ofrecen servicios de vuelo a Antigua y Barbuda provenían de la región y de los Estados Unidos, el Reino Unido y el Canadá. Las importaciones y exportaciones de mercancías transportadas en avión se procesan en el aeropuerto internacional V.C. Bird. 48

3. Antigua y Barbuda cuenta con dos aeropuertos; el principal es el aeropuerto internacional V.C. Bird, en Antigua, y el otro es el aeropuerto de Codrington, en Barbuda. Los aeropuertos son propiedad del Gobierno. La propiedad estatal de los principales aeropuertos es de facto; no es una obligación establecida en la ley. En Barbuda hay algunas pistas de aterrizaje privadas. 49

4. Los principales aeropuertos de Antigua y Barbuda son administrados por la Autoridad Aeroportuaria de Antigua y Barbuda, establecida en febrero de 2007. La Autoridad Aeroportuaria es una entidad oficial de propiedad estatal, administrada por una junta directiva designada por el Gabinete y que está obligada a presentar informes anuales al Parlamento. La Autoridad Aeroportuaria se creó con el objetivo de lograr una administración más eficaz y económica de los aeropuertos, con la expectativa de generar beneficios. Anteriormente, los aeropuertos eran administrados por un departamento del Gobierno. No hay obstáculos jurídicos que impidan que la Autoridad Aeroportuaria contrate servicios de gestión de aeropuertos, pero todavía no se ha otorgado ninguna concesión de ese tipo. Se permite el suministro de servicios auxiliares por empresas privadas nacionales y extranjeras, a condición de obtener la autorización de la Autoridad Aeroportuaria. Por ejemplo, los servicios de escala son prestados por compañías aéreas extranjeras. 49

5. Durante el período que se examina, el Gobierno introdujo un gravamen sobre las instalaciones de pasajeros de 10 dólares EE.UU. por persona, para contribuir a solventar la expansión y el desarrollo del aeropuerto. Esa actividad comprende obras en la pista así como la construcción de una nueva terminal. 49

6. La principal aerolínea regional es LIAT; hasta principios de 2007, Caribbean Star, registrada en Antigua, también prestaba servicios regionales. El Gobierno de Antigua posee una participación en LIAT, junto con otros Gobiernos de la región. LIAT fue constituida en Antigua y Barbuda. Caribbean Star Airlines Ltd. es de propiedad privada al 100 por ciento y se constituyó en Antigua y Barbuda. En febrero de 2007, Caribbean Star y LIAT comenzaron a ofrecer un programa de vuelos combinado, bajo el nombre de LIAT, y emprendieron negociaciones en relación con la posible fusión de ambas compañías aéreas. Una compañía aérea, Carib Aviation, ofrece vuelos regulares entre Antigua y Barbuda y entre Antigua y Saint Kitts y Nevis. Carib Aviation se constituyó en Antigua y Barbuda, pero es propiedad de Trans Island Air de Barbados. No hay restricciones a la inversión extranjera en relación con la propiedad de las compañías aéreas constituidas en Antigua y Barbuda. 49

7. La responsabilidad global del desarrollo y la supervisión de la aviación civil en Antigua y Barbuda incumbe al Ministro de Turismo y Aviación Civil. La Junta de Concesión de Licencias para Transporte Aéreo, que depende del Ministerio, se encarga de tramitar solicitudes de licencias y tiene autoridad para aprobar las tarifas del transporte de carga y de pasajeros. A nivel regional, la supervisión reglamentaria de la seguridad es competencia de la Dirección de Aviación Civil de los Estados del Caribe Oriental. 49

8. La principal disposición reguladora que rige el sector es la Ley de Aviación Civil Nº 25 de 2003. Conforme al artículo 49 de la Ley, el Ministro tiene autoridad para formular reglamentos sobre todos los aspectos de la aviación civil, incluso respecto del otorgamiento de licencias a personas con el fin de que proporcionen determinados servicios. 50

9. La Ley de Aviación Civil de 2003 no impone, en forma directa, restricciones a los servicios de cabotaje; sin embargo, conforme al artículo 52, el Ministro tiene autoridad para reglamentar el control de las aeronaves comerciales que transportan mercancías y prestan servicios dentro de Antigua y Barbuda. Hasta la fecha, no se han sancionando reglamentos de este tipo. 50

10. Conforme a la Ley, se requiere la aprobación del Ministro de Turismo y Aviación Civil antes de que la Junta de Concesión de Licencias para Transporte Aéreo pueda otorgar una licencia para servicios de transporte aéreo. Sin embargo, este requisito no se aplica a los ciudadanos de Antigua y Barbuda ni de Estados miembros de la OECO o de la CARICOM, ni a entidades constituidas en Antigua y Barbuda que sean controladas en forma sustancial por ciudadanos de Antigua y Barbuda o de un Estado miembro de la OECO o de la CARICOM. Conforme a la Ley de 2003, para otorgar una licencia se han de tener en cuenta los siguientes factores: la existencia de otros servicios aéreos; la necesidad y la demanda del servicio que se propone; y las ventajas desleales que el solicitante pueda tener con respecto a otros operadores, que deriven de las condiciones de empleo de las personas empleadas. Además, al Ministro corresponde la autoridad última para suspender el examen de la solicitud. En el caso de países con los que Antigua y Barbuda tiene un acuerdo bilateral de aviación, las cuestiones mencionadas más arriba no se tienen en cuenta, a menos que el Ministro decida lo contrario; lo único que se considera es si la compañía aérea cuenta con la aptitud, la voluntad y la capacidad necesarias para operar el servicio. 50

11. Antigua y Barbuda cobra impuestos a los pasajeros que viajan en avión: el gravamen sobre las instalaciones de pasajeros (véase supra), el impuesto sobre los viajes y el impuesto de embarque (véase la sección vi)). 50

12. Antigua y Barbuda es Estado contratante de la OACI. (Ha firmado un acuerdo bilateral de servicios aéreos con el Reino Unido, que ha sido registrado en la OACI. Los arreglos de transporte aéreo establecidos entre Antigua y Barbuda y los Estados Unidos se rigen por el Acuerdo Bermuda II entre el Reino Unido y los Estados Unidos, de 1977, al cual Antigua y Barbuda se adhirió después de su independencia, en 1981. Antigua y Barbuda ha celebrado acuerdos con diversos países en relación con la provisión de servicios directos de transporte aéreo de pasajeros. Esos acuerdos no han sido notificados a la OACI, lo cual menoscaba la transparencia de dichos servicios. Antigua y Barbuda también es país signatario del Acuerdo Multilateral sobre Servicios Aéreos de la CARICOM, registrado en la OACI. 50

13. Se encuentra en curso una revisión del Acuerdo Multilateral sobre Servicios Aéreos de la CARICOM a fin de hacerlo compatible con las disposiciones del Tratado de Chaguaramas revisado. La conformidad con dicho Tratado es una condición previa indispensable para que el país pueda alcanzar acuerdos de cielos abiertos con terceros Estados. 50

v) Transporte marítimo 51

1. La principal legislación que rige el transporte marítimo es la Ley de la Marina Mercante Nº 1 de 2006. La Ley de 2006 consolida y moderniza las leyes anteriores y prevé la aplicación de los convenios y acuerdos internacionales en los que Antigua y Barbuda es parte. Las actividades de la marina mercante están a cargo del Departamento de Servicios Marítimos y Marina Mercante, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. La marina mercante y el registro de buques son en última instancia competencia de la Oficina del Primer Ministro de Antigua y Barbuda. 51

2. Conforme a la Ley de Restricciones a los Extranjeros, capítulo 16, los capitanes, primeros oficiales y jefes de máquinas de los buques mercantes registrados en Antigua y Barbuda deben ser ciudadanos de Antigua y Barbuda, salvo en el caso de buques utilizados principalmente para travesías entre puertos situados fuera de Antigua y Barbuda. 51

3. Los viajes de cabotaje sólo pueden ser realizados por buques de Antigua y Barbuda. Una embarcación registrada en Antigua y Barbuda ha de satisfacer uno de los siguientes requisitos: debe ser propiedad o estar bajo el control efectivo de ciudadanos de Antigua y Barbuda, o ser propiedad de ciudadanos de la CARICOM o de una compañía registrada conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales o la Ley de Sociedades. Esos criterios pueden omitirse si se cuenta con la aprobación del Ministerio. El registro de buques de Antigua y Barbuda comprende un registro de buques internacionales, un registro de yates de gran porte y un registro local. Se aplican a las embarcaciones registradas bajo el pabellón de Antigua y Barbuda diversos derechos y cargas. Los derechos de registro y las cargas anuales varían según las toneladas de registro bruto. En mayo de 2007, había 1.133 embarcaciones registradas en el registro internacional, 39 en el registro local y 210 en el registro de yates. Las autoridades señalaron que los principales usuarios del registro internacional provienen de Alemania y otros países europeos, así como de los Estados Unidos. 51

4. El principal puerto marítimo comercial de Antigua y Barbuda es St. Johns. Además, llega cemento a granel al puerto de Crabbes, y los productos del petróleo a granel ingresan a través de los puertos de High Point (Texaco) y Fort James (West Indies Oil). Los puertos marítimos son de propiedad estatal y están bajo el control del Gobierno. No se facilitaron cifras relativas al volumen o el valor de las llegadas de cargas y de pasajeros por transporte marítimo, ni estimaciones de los costos de transporte como porcentaje de las importaciones. 51

5. Las competencias de la Autoridad de Puertos de Antigua son las siguientes: desarrollar los puertos de Antigua y Barbuda, gestionar y explotar los servicios portuarios, y recaudar gravámenes y cargas con arreglo a lo establecido en la Ley de la Autoridad de Puertos. Algunos servicios portuarios son provistos por el sector privado; por ejemplo, las actividades de carga y descarga son de propiedad de empresas privadas y son gestionadas por empresas privadas, y los servicios de seguridad de los puertos también son prestados por empresas del sector privado. 51

6. Se aplican a los pasajeros que entran y salen de Antigua y Barbuda por vía marítima el impuesto sobre los viajes, el impuesto de embarque y el impuesto a los pasajeros de cruceros (véase más abajo). 52

7. Según las autoridades, durante el período que se examina, las autoridades adoptaron nuevas medidas de seguridad a fin de que los principales puertos comerciales de Antigua y Barbuda cumplieran, en 2004, con las disposiciones del Código internacional para la protección de los buques y las instalaciones portuarias (Código ISPS) de la Organización Marítima Internacional (OMI). 52

vi) Turismo 52

1. El turismo es uno de los factores clave de la economía. En años recientes, el sector ha sido el principal beneficiario de las corrientes de IED hacia Antigua y Barbuda y es el que ha registrado los mayores ingresos de divisas (véase el capítulo I). 52

2. En 2005, el total de turistas y de pasajeros llegados en cruceros a Antigua y Barbuda ascendió a 744.803, en comparación con 808.148 en 2004; no obstante, esa cifra representó una fuerte recuperación tras la disminución de las llegadas de visitantes en 2001 y 2002. El número total de visitantes, sobre todo de los Estados Unidos y del Reino Unido, fue de 260.530; desde 2001, las llegadas desde esos mercados clave van en aumento. En 2005, llegaron 466.851 pasajeros de cruceros. Según el ECCB, la disminución de las llegadas de visitantes y de pasajeros de cruceros registrada en 2005 puede atribuirse, en parte, al cierre de un hotel, a la reducción de actividad de otro hotel, y al hecho de que una línea de cruceros reasignó embarcaciones al Pacífico. 52

3. El Gobierno ha adoptado medidas encaminadas al desarrollo de actividades destinadas a los pasajeros de cruceros, una de las cuales es el acceso a actividades de compras y de esparcimiento exentas de derechos, con objeto de incrementar los beneficios generados por el turismo de cruceros. Durante el período que se examina, en el puerto de St. John se construyó un complejo destinado a los buques de crucero. 52

4. La formulación y aplicación de la política turística es competencia del Ministerio de Turismo, Cultura, Aviación Civil y Medio Ambiente. 52

5. En su lista ACGS, Antigua y Barbuda ha asumido compromisos en materia de presencia comercial por lo que respecta a la construcción de hoteles y complejos turísticos y la administración de hoteles, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Propietarios de Hoteles. No hay limitaciones a la inversión extranjera en hoteles en Antigua y Barbuda, pero, conforme a la Ley de la Autoridad de Inversiones de Antigua y Barbuda, uno de los directores debe residir en el país. 52

6. Antigua y Barbuda ofrece diversos incentivos fiscales a los promotores inmobiliarios nacionales y extranjeros. Según las autoridades, no se cuenta con cifras relativas a los ingresos perdidos a resultas de los beneficios concedidos. De conformidad con la Ley de Fomento de los Hoteles de 1952, los promotores inmobiliarios pueden importar materiales de construcción y equipo libres de derechos de aduanas, o acogerse a un régimen de devolución de derechos de aduana ya pagados, siempre que obtengan una licencia del Gabinete. Conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Modificación) Nº 4 de 2003, a partir de enero de 2003, los hoteles nuevos, así como las ampliaciones de los hoteles existentes, gozan de exenciones a los impuestos sobre la renta de las sociedades por un período de 7 a 25 años, según el número de nuevas habitaciones construidas. 53

7. En 2005, a fin de alentar el desarrollo de establecimientos de alojamiento para la Copa Mundial de Críquet, se otorgaron ventajas fiscales para la construcción de establecimientos de alojamiento para turistas nuevos y la renovación de los existentes. Dichas concesiones comprendían moratorias fiscales para el impuesto sobre la renta por un período de hasta 25 años, según el número de habitaciones; la exención del derecho de timbre sobre la transferencia de tierras e inmuebles y de los derechos sobre las licencias de tenencia de tierras concedidas a extranjeros, según el número de habitaciones; un porcentaje de crédito fiscal para las instituciones financieras, basado en el volumen de la inversión; la exención de derechos de aduanas y del impuesto sobre el consumo para las importaciones de materiales de construcción y equipo; y el derecho a la repatriación de capital, regalías, dividendos y beneficios libres de impuestos. También pueden otorgarse incentivos con arreglo a leyes relativas a proyectos específicos. 53

8. El Gobierno de Antigua y Barbuda aplica varios impuestos y gravámenes relacionados con el turismo: un impuesto sobre los viajes del 10 por ciento sobre cada billete de viaje emitido para viajes aéreos o marítimos originados en Antigua y Barbuda; un impuesto de embarque a cada viajero que sale de Antigua y Barbuda, por vía aérea o marítima, cuyo tipo es más bajo para los ciudadanos de Antigua y Barbuda y de la CARICOM (35 dólares EC) que para todos los demás viajeros (50 dólares EC); un impuesto para los pasajeros de cruceros de 3 dólares EE.UU. por cada pasajero transportado a bordo de un crucero que visite Antigua y Barbuda; y un gravamen sobre las instalaciones para pasajeros de 10 dólares EE.UU. para los pasajeros que viajan por vía aérea y marítima (véase la sección iv) supra). Con la introducción del Impuesto sobre las Ventas de Antigua y Barbuda (ABST) a finales de enero de 2007, se abolieron varios impuestos sobre el turismo (capítulo III): el impuesto a los hoteles (por cama y noche), el impuesto a los huéspedes de hotel, el gravamen a los huéspedes de hotel y el impuesto sobre los servicios de restaurante y gastronomía. Conforme al régimen del ABST, los hoteles pagan un tipo de impuesto inferior, del 10,5 por ciento, salvo cuando los restaurantes se arriendan a un gerente distinto, en cuyo caso se paga el tipo completo, del 15 por ciento. 53

vii) Servicios profesionales 54

1. Antigua y Barbuda ha asumido compromisos específicos en el marco del AGCS con respecto a varios servicios profesionales: asistencia jurídica (sólo para asesoramiento en materia del derecho nacional del proveedor de servicios y derecho internacional); servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros; asesoramiento fiscal, servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios médicos. En los casos de los servicios mencionados, se asumieron compromisos plenos para el suministro transfronterizo y el consumo en el extranjero. La presencia comercial está sujeta a la Ley de actividades empresariales (con respecto a los servicios de asistencia jurídica, de contabilidad y de asesoramiento fiscal), la Ley de Arquitectura, la Ley de Ingeniería y la Ley de Actividades Médicas. Al igual que en todos los otros sectores, el acceso a los mercados para las personas físicas está sujeto a una prueba del mercado de trabajo. 54

2. Algunas leyes generales afectan el acceso a los mercados de los proveedores de servicios profesionales extranjeros. Por ejemplo, con arreglo al Código de Trabajo de Antigua y Barbuda, todos los extranjeros que deseen trabajar (como empleados o como trabajadores independientes) en Antigua y Barbuda deben obtener un permiso de trabajo, pero la concesión de dicho permiso puede depender de su efecto en las oportunidades de empleo de los ciudadanos de Antigua y Barbuda. Pueden aplicarse otras condiciones, como el empleo simultáneo de un ciudadano de Antigua y Barbuda durante el plazo del permiso. Además, fruto de una iniciativa regional destinada a fomentar el libre movimiento de personas calificadas, los proveedores de servicios profesionales que sean graduados universitarios y nacionales de la CARICOM, pueden ingresar y trabajar en Antigua y Barbuda sin permiso de trabajo, con arreglo a la Ley de Especialistas Nacionales de la Comunidad del Caribe Nº 3 de 1997 (véase el Informe recapitulativo). La reglamentación para aplicar la Ley no se ha adoptado aún, lo que menoscaba los beneficios de esta disposición. 54

3. A nivel nacional y de la CARICOM se están adoptando medidas a fin de dar efecto a las prescripciones del capítulo III del Tratado de Chaguaramas revisado, relacionado con el derecho de establecimiento y el comercio de servicios (Tratado) dentro de la CARICOM. Un proyecto de Ley Modelo sobre los Profesionales, elaborado a nivel de la CARICOM, aborda, entre otras cosas, los requisitos y procedimientos para el registro y el trámite de licencias de ciertos proveedores de servicios, con inclusión de los proveedores de servicios profesionales. La finalidad de dicho proyecto es servir de marco para las leyes relativas a profesiones específicas que se traspongan a la legislación nacional. 55

4. Sólo los arquitectos registrados pueden prestar servicios de arquitectura en Antigua y Barbuda. Conforme a la Ley de Arquitectos (Registro), capítulo 34, a fin de registrarse y obtener un permiso de trabajo, en caso necesario, los arquitectos deben estar domiciliados en Antigua y Barbuda y residir en el país. Deben demostrar a la Junta de Registro de Arquitectos, designada por el Gobierno, que poseen una formación satisfactoria (recibida en una universidad o escuela de arquitectura reconocida, porque están registrados en una entidad reconocida en el extranjero, o porque cuentan con suficiente experiencia práctica). 55

5. Los arquitectos deben contar con tres años de experiencia práctica como mínimo, uno de ellos en Antigua y Barbuda o bajo la supervisión directa de un arquitecto registrado en Antigua y Barbuda. Sin embargo, los arquitectos extranjeros no residentes pueden registrarse para prestar servicios de arquitectura si están registrados en un país cuyos requisitos de registro sean similares a los aplicados en Antigua y Barbuda; si se encuentran vigentes acuerdos recíprocos; si el arquitecto posee suficientes conocimientos sobre las condiciones locales, y si ha obtenido el permiso de trabajo necesario. 55

6. Conforme a la Ley de Registro de Ingenieros (capítulo 153) (modificada), para poder ejercer la profesión en Antigua y Barbuda, los ingenieros deben registrarse en el Registro de Ingenieros. Las solicitudes de registro se presentan a la Junta de Registro de Ingenieros, designada por el Gobierno. 55

7. A fin de registrarse, los ingenieros deben residir en Antigua y Barbuda, ser mayores de 21 años, contar con un título de ingeniero de la Universidad de las Indias Occidentales o de otra casa de estudios aceptable (o contar con suficiente experiencia de trabajo en lugar de una formación profesional), y tener como mínimo cuatro años de experiencia, al menos uno de ellos en Antigua y Barbuda o bajo la supervisión de un ingeniero registrado en Antigua y Barbuda. 55

8. Los ingenieros no residentes pueden registrarse a fin de prestar servicios de ingeniería si están registrados en otro país cuyos requisitos de registro sean similares; si existen acuerdos recíprocos entre las Juntas de Registro de los dos países, y si han obtenido el permiso de trabajo. Además, los especialistas consultores en ingeniería con diez años de experiencia como mínimo, con calificaciones al menos iguales a las que se exigen a un ingeniero de Antigua y Barbuda, podrán registrarse siempre que obtengan el permiso de trabajo necesario. Los especialistas consultores deben ser contratados por un empleador en Antigua y Barbuda, y sólo por un período limitado. 55

9. Antigua y Barbuda es parte contratante en el Acuerdo de la CARICOM que establece el Consejo de Enseñanza Jurídica (véase el Informe recapitulativo). 56

10. Con arreglo a la Ley de Abogacía Nº 9 de 1997, sólo los ciudadanos de Antigua y Barbuda o de partes firmantes en el Acuerdo de la CARICOM que establece el Consejo de Enseñanza Jurídica pueden practicar la abogacía en Antigua y Barbuda. Se exige a los abogados un Certificado de Estudios Jurídicos expedido por una escuela de derecho reconocida por el Consejo de Enseñanza Jurídica. Los abogados de otros países pueden ejercer la profesión en la esfera del derecho nacional en Antigua y Barbuda si, en su país de origen, existen condiciones recíprocas para los ciudadanos de Antigua y Barbuda. 56

viii) Otros servicios extraterritoriales 56

1. Las empresas comerciales extraterritoriales deben constituirse con arreglo a la Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales (modificada) y se rigen por la Comisión Reguladora de Servicios Financieros. Dichas compañías gozan de las mismas exenciones fiscales que las empresas de servicios financieros extraterritoriales (ver más arriba), con la excepción de un impuesto sobre la renta del 3 por ciento introducido en 2001, que están obligadas a pagar. Deben disponer de una oficina registrada y de un agente registrado en Antigua y Barbuda. No se disponía de información sobre el número total de empresas comerciales extraterritoriales no financieras registradas en Antigua y Barbuda, ni sobre el tipo de operaciones comerciales que realizan. 56

2. En mayo de 2007, se habían expedido 44 licencias para la explotación de juegos de azar interactivos y apuestas interactivas en Antigua y Barbuda, para 25 compañías dedicadas a esa actividad. En 2006, las compañías de juegos de azar generaron ingresos fiscales por valor de 2,5 millones de dólares EE.UU. para la CRSF. Antigua y Barbuda ha participado, como reclamante, en un caso de solución de diferencias de la OMC contra los Estados Unidos, en relación con medidas de los Estados Unidos que afectan el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas (párrafo i) del capítulo II). Según las autoridades, las empresas de juegos de azar deben pagar un depósito de garantía de 100.000 dólares EE.UU. El requisito de dicho depósito se introdujo en abril de 2007, para entrar en vigor seis meses después. 56

bibliografía 59

APÉNDICE - cuadros 61

Cuadro AI.1 63

Exportaciones y reexportaciones de mercancías por grupos de productos, 2000-2006 63

Cuadro AI.2 65

Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2000-2006 65

Cuadro AI.3 67

Exportaciones y reexportaciones de mercancías por interlocutores comerciales, 2000-2006 67

Cuadro AI.4 68

Importaciones de mercancías por interlocutores comerciales, 2000-2006 68






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