Organización Mundial del Comercio



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IV. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS 15

1) Medidas que afectan directamente a las importaciones 15

i) Procedimientos aduaneros, documentación y registro 15

1. No ha habido ningún cambio importante en los procedimientos aduaneros desde el último examen de Antigua y Barbuda en 2001. La Ley de Aduanas (Control y Gestión) Nº 7 de 1993 regula los procedimientos aduaneros. Todas las importaciones requieren una autorización o un certificado de entrada y pueden ser despachadas por el importador o por un agente de aduanas. Los documentos requeridos por los servicios de aduanas son una factura, un conocimiento de embarque o conocimiento de embarque aéreo, una licencia de importación, si procede, y, para mercancías de la CARICOM, un certificado de origen. Las decisiones de los servicios de aduanas pueden ser objeto de apelación ante el Administrador de Aduanas. Los importadores no están obligados a registrarse, y no es necesario utilizar los servicios de un agente de aduanas. Antigua y Barbuda no es miembro de la Organización Mundial de Aduanas. 15

2. En el anterior examen de Antigua y Barbuda, las autoridades indicaron que una de las principales causas del cumplimiento indebido de las disposiciones aduaneras era el uso de un sistema manual de procesamiento, y confiaban en que la aplicación del sistema SIDUNEA contribuyese a resolver los problemas al mejorar el mantenimiento de los expedientes, y mejorase la compilación de estadísticas de importación. La aplicación del sistema SIDUNEA ha requerido ciertos cambios en los procedimientos aduaneros, especialmente con la introducción del ABST en 2007; estos cambios afectan más a las exportaciones que a las importaciones. No obstante, el SIDUNEA aún no se ha aplicado plenamente; solamente están en uso los módulos del sistema relativos a la importación. En agosto de 2007, Antigua y Barbuda estaba en vías de aplicación de los servicios aduaneros automatizados desarrollados por Jamaica. 15

3. No se utiliza la inspección previa a la expedición. La inspección de las mercancías se basa en la evaluación del riesgo realizada por el funcionario de aduanas, pero las autoridades no mantienen estadísticas sobre el porcentaje de envíos inspeccionados. Los importadores que han cometido infracciones en el pasado deben someterse a una inspección del 100 por ciento. En el período del último examen, las mercancías solían despacharse en un plazo de uno a tres días: este plazo ha aumentado con la introducción del ABST. 15

4. Los documentos de entrada aún se presentan en papel. El Gobierno está en proceso de adquisición de un sistema que permitirá la presentación de solicitudes electrónicas. Las autoridades señalan que el sistema podrá estar disponible en línea en el otoño de 2007, y que podrá ayudar a eliminar congestiones. 16

ii) Valoración en aduana 16

1. Antigua y Barbuda no ha modificado su legislación interna para integrar en ella los principios del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, y no ha notificado su régimen de valoración en aduana a la OMC. Antigua y Barbuda no ha invocado las disposiciones en materia de trato especial y diferenciado del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, ni ha respondido a la Lista de cuestiones sobre valoración en aduana de la OMC. 16

2. La Lista Segunda de la Ley de Aduanas (Control y Gestión) de 1993 regula el proceso de valoración. De conformidad con esta Ley, debe utilizarse el valor de transacción como primer método de valoración: se define como el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación a Antigua y Barbuda. En una venta entre personas vinculadas, se acepta el valor de transacción si el importador demuestra que se aproxima mucho al valor de transacción de mercancías idénticas cuando la transacción se realiza entre partes no vinculadas, o el valor en aduana de mercancías idénticas o similares. Según las autoridades, el valor de transacción se utiliza en la mayor parte de los casos. Cuando no es posible utilizarlo, la Ley dispone la utilización del valor de transacción de mercancías idénticas para su exportación a Antigua y Barbuda, el valor de transacción de mercancías similares, y el valor reconstruido, en ese orden. 16

3. De conformidad con la Ley, la valoración en aduana no podrá basarse en: a) el precio de venta de mercancías producidas en Antigua y Barbuda; b) un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles; c) el precio de mercancías en el mercado del país exportador; d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares; e) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto de Antigua y Barbuda; f) valores en aduana mínimos; o g) valores arbitrarios o ficticios. El valor en aduana de mercancías importadas no comprenderá: los gastos de construcción, montaje, entretenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación o el costo del transporte ulterior a la importación. 16

4. La Lista Segunda de la Ley de Aduanas (Control y Gestión) estipula que "el valor en aduana podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de la Lista". Pueden utilizarse precios de referencia si hay dudas con respecto al valor, o por ulteriores investigaciones de la Dependencia de Cumplimiento Tributario del Ministerio de Hacienda. Estos precios se utilizan para identificar posibles casos de subfacturación, y pueden aplicarse en la determinación del valor en aduana cuando no pueda utilizarse ninguno de los métodos especificados en la Lista Segunda. Por lo general, se utilizan precios de referencia basados en listas internacionales a efectos de valoración en aduanas; por ejemplo, para la importación de vehículos usados se utilizan los precios de referencia de la Asociación Norteamericana de Vendedores (NADA). 16

5. En el anterior examen de Antigua y Barbuda, las autoridades señalaron que el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y la valoración planteaban problemas importantes. Los funcionarios señalan que el problema aún está extendido, y que todavía no ha sido objeto de medidas correctivas; no obstante, no pudieron indicar una estimación de su incidencia. La Dependencia de Cumplimiento Tributario verifica los valores declarados poniéndose en contacto con los proveedores; utiliza un "precio de activación" para iniciar las investigaciones. La Dependencia recibe asistencia de consultores privados en sus investigaciones. 16

iii) Normas de origen 17

1. Antigua y Barbuda adoptó en 1999 las normas de origen introducidas por la CARICOM en 1998. Sólo se otorga trato en régimen de franquicia si las mercancías que satisfacen las normas de origen circulan directamente entre Estados miembros. Con arreglo a la disposición sobre dispensa de la aplicación de las Normas de Origen de Mercado Común establecida por el Tratado de la CARICOM, en 2004 se concedió a Antigua y Barbuda una dispensa para el café en grano que sigue en vigor. Al igual que los demás miembros de la CARICOM, Antigua y Barbuda debía aplicar a partir del 1º de enero de 2007 las normas de origen contenidas en la Lista I modificada del Tratado de Chaguaramas revisado, basadas en el SA de 2007. Esto no ha sucedido y el asunto sigue pendiente en el Parlamento. 17

iv) Aranceles y otras cargas a las importaciones 17

1. Antes de la introducción de las reformas fiscales en 2007 (sección v) infra), los ingresos derivados de los impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales eran la principal fuente de ingresos fiscales en Antigua y Barbuda. En 2006, representaron alrededor de 324,42 millones de dólares EC, un 53,5 por ciento del total de ingresos públicos. Los ingresos derivados de los derechos de aduana y las cargas por servicios aduaneros representaron 82,3 millones de dólares EC (el 13,5 por ciento del total de ingresos), y el impuesto sobre el consumo aplicado a las importaciones representó otros 123,2 millones de dólares EC (20,3 por ciento). Otras cargas a las transacciones internacionales comprendían las cargas por servicios aduaneros y el ya desaparecido impuesto cambiario (que, hasta 2005, generaba solamente el 0,3 por ciento de los ingresos). Esas cargas por servicios aduaneros ascendieron a 79,5 millones de dólares EC en 2006, lo cual representó el 13,1 por ciento de los ingresos públicos de ese año. El promedio de los aranceles recaudados fue del 6,8 por ciento del valor de las importaciones en 2006. 17

2. Antigua y Barbuda aplica el Arancel Externo Común (AEC) de la CARICOM desde el 1º de enero de 1994. Los cambios del AEC tienen lugar a nivel de la CARICOM, pero la autoridad última por lo que respecta a los tipos arancelarios reside en el Parlamento, a iniciativa del Gabinete. Las excepciones al AEC se acuerdan entre los miembros de la CARICOM y deben ser aplicadas por el Consejo de la Comunidad. Todos los tipos son ad valorem. No hay aranceles estacionales y no se utilizan contingentes arancelarios. 17

3. A partir de 2006, Antigua y Barbuda aplicó la Fase IV del calendario de reducción AEC, con ciertas excepciones. El Arancel de Aduanas de Antigua y Barbuda se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (2002) y comprende 6.413 líneas arancelarias (cuadro III.1). Se otorga trato en régimen de franquicia al 10,2 por ciento de las líneas arancelarias; porcentaje considerablemente inferior que el de los demás países de la OECO. De todas las líneas arancelarias, alrededor del 70 por ciento están sujetas a tipos de entre el 0 y el 10 por ciento; y el 52 por ciento lo están a un tipo del 5 por ciento. Cerca del 28 por ciento de las líneas arancelarias están sujetas a crestas internacionales, mientras que el 4,4 por ciento lo están a crestas internas (cuadro III.1). 17

Cuadro III.1 18

Estructura arancelaria, 2006 18

4. Se aplica una carga por servicios aduaneros de hasta el 10 por ciento a todas las importaciones, incluidas las procedentes de otros países de la CARICOM. Para los productos enumerados en el cuadro III.2 se ha establecido un tipo más bajo, del 5 por ciento. Las cargas por servicios están reguladas por la Ley de Cargas por Servicios Aduaneros de 1986; la Ley sobre la Renta (disposiciones varias) Nº 3 de 2005 comprende una lista revisada de 50 partidas en la Ley de Cargas por Servicios Aduaneros (por ejemplo, carne de vacuno en conserva, pescado salado y petróleo). La Ley de Cargas por Servicios Aduaneros (Enmienda) de 2006, que a mediados de 2007 era un proyecto de ley ante el Parlamento, modificaría las cargas. 18

Cuadro III.2 18

Partidas sujetas a una tasa por servicios aduaneros del 5 por ciento (la mayor parte de las demás partidas están gravadas al 10 por ciento) 18

5. El promedio simple del arancel NMF en 2006 (el arancel no ha variado desde la introducción en 2001 de la fase IV del AEC) fue del 10,7 por ciento, o el 20,7 por ciento si se incluye la tasa por servicios aduaneros. El promedio del arancel NMF para los productos agrícolas (definición de la OMC) fue del 16,2 por ciento (el 26,2 por ciento con la tasa por servicios aduaneros del 10 por ciento), y del 9,7 por ciento (19,7 por ciento) para los productos no agrícolas (cuadro III.3). Los tipos oscilan entre el 0 y el 70 por ciento. Una amplia gama de productos agrícolas está sujeta a un arancel del 40 por ciento. Las frutas y las legumbres y hortalizas; el pescado y sus productos; los animales y productos de origen animal; el tabaco; las bebidas, incluidas las espirituosas; el café, el té, el azúcar y el cacao; y los aceites y las grasas están sujetos a los tipos medios más altos por categoría de la OMC. El tipo arancelario más elevado (70 por ciento) se aplica únicamente a productos no agrícolas, principalmente a las armas y municiones. Los vehículos de motor pueden estar sujetos a aranceles de hasta el 35 por ciento. Los aranceles más bajos, por categoría de la OMC, se aplican a otros productos agrícolas, productos lácteos, flores y plantas cortadas, metales y minerales, maquinaria no eléctrica, productos químicos y petróleo. 18

6. Antigua y Barbuda, como los demás Estados de la CARICOM, mantiene una Lista de Exenciones Condicionales de Derechos del AEC en virtud de la cual se aplican aranceles a tipos inferiores a los del AEC. Por lo general, estas exenciones se conceden a efectos de desarrollo sectorial, desarrollo económico y social, salud y seguridad, contratación pública y cultura y deportes. Los productos que no pueden beneficiarse de esas concesiones arancelarias están incluidos en la Lista de Artículos que no pueden Optar a las Exenciones de Derechos. Ésta comprende algunos producidos en la CARICOM en cantidades que se consideran adecuadas para justificar la protección arancelaria. 19

Cuadro III.3 19

Análisis resumido del Arancel NMF, 2006 19

7. En la Ronda Uruguay, Antigua y Barbuda consolidó todas las líneas arancelarias, con la excepción del pescado (capítulo 3 del SA y algunas líneas de otros capítulos); como resultado, el 97,6 por ciento de las líneas están consolidadas. 21

8. Los aranceles aplicables a los productos no agrícolas se consolidaron a un tipo del 50 por ciento, con algunas excepciones, incluidos los vehículos de motor. Los productos agrícolas se consolidaron generalmente con un límite máximo del 100 por ciento y un período de aplicación de seis años; las excepciones consolidadas a tipos más altos son la cerveza, los licores, la margarina y los bananos. El promedio de los aranceles consolidados es del 61,1 por ciento, que casi sextuplica al tipo aplicado; el tipo consolidado para los productos agrícolas (definición de la OMC) es del 105,7 por ciento, mientras que el de los productos no agrícolas es del 52,4 por ciento. Los aranceles aplicados exceden a los tipos consolidados en 10 partidas arancelarias, todas ellas correspondientes a armas y municiones, cuyo tipo aplicado es del 70 por ciento, mientras que el consolidado es del 50 por ciento. 21

9. Antigua y Barbuda dejó vacía la columna correspondiente a "los demás derechos o cargas" en su lista, lo cual, en la práctica, equivale a haber indicado "cero". Antigua y Barbuda aplica una carga por servicios aduaneros del 5 por ciento. 21

10. Las industrias beneficiarias pueden recibir exenciones y concesiones respecto de los derechos de importación en el marco de programas de incentivos y estudiando cada caso por separado. Debe presentarse una solicitud de exención de aranceles a la importación al Gabinete, el cual emite una orden al respecto. 21

11. De conformidad con la Ley de Cargas por Servicios Aduaneros de 1986, las mercancías importadas expresamente para su manufactura y reexportación o montaje y reexportación por una empresa declarada "empresa aprobada" conforme a la Ley de Incentivos Fiscales, quedan exentas de impuestos. Lo mismo se aplica a todas las instalaciones y equipo de un valor superior a 100.000 dólares EC importados por la "empresa aprobada" para el establecimiento de la misma. Las autoridades indican que, en la práctica, esta exención de las cargas por servicios aduaneros se aplica a una gama de importaciones más amplia, incluidas las de algunas mercancías que se utilizan para fabricar productos destinados al mercado interno. 21

12. Las importaciones destinadas a los organismos gubernamentales están libres de aranceles y de cargas por servicios aduaneros. En algunos casos, estas exenciones se disponen de manera explícita en la Ley por la que se establece la institución (por ejemplo, la Autoridad Portuaria), mientras que otros organismos gubernamentales reciben la exención por tradición. 22

13. Antigua y Barbuda concede acceso en régimen de franquicia a las importaciones procedentes de otros países de la OECO y la CARICOM (con determinadas excepciones), siempre que satisfagan los criterios sobre normas de origen de la CARICOM. Sin embargo, esas importaciones están sujetas al pago de una carga por servicios aduaneros de hasta el 10 por ciento (véase infra). 22

v) Otros gravámenes y cargas 22

1. Se aplican diversos impuestos a las importaciones y a los productos nacionales. La Ley del Gravamen de Protección Ambiental de 2002 dispone la imposición de un gravamen a los productos importados y de producción nacional. Los ingresos generados por este impuesto se utilizan para financiar el costo originado por la protección, preservación y mejora del medio ambiente. Los derechos oscilan entre 0,25 dólares EC por contenedor para los contenedores de vidrio y de plástico, y 1.000-6.000 dólares EC para los vehículos de motor. Otros artículos sujetos a este gravamen son los neumáticos nuevos y usados, los acumuladores eléctricos, los productos de línea blanca, los aparatos de aire acondicionado, las aspiradoras, los secadores de pelo y las tostadoras. Estaba previsto aplicar al mismo tiempo que el impuesto de Antigua y Barbuda sobre las ventas (ABST), (véase infra) un impuesto indirecto sobre el alcohol, el tabaco, ciertos automóviles y algunos productos de lujo, pero su aplicación se ha retrasado. Aún no se ha decidido si este impuesto indirecto entrará en vigor y, en su caso, cuándo se aplicará. 22

2. El régimen fiscal está siendo objeto de una importante renovación en el marco de la Ley del Impuesto sobre las Ventas de Antigua y Barbuda Nº 5 de 2006, que entró en vigor el 29 de enero de 2007. La Ley reemplazó, de manera directa o indirecta, a diversos impuestos relacionados con el comercio (incluido el impuesto sobre el consumo) por el ABST, que se impone tanto a los bienes y servicios nacionales como a los importados; la parte V de la Ley establece las normas básicas para las importaciones. La Ley también prevé exenciones para productos exportados (lista 1) y ciertos sectores de servicios, especialmente los servicios financieros (lista 2). Ciertas clases de importaciones también están exentas (lista 5), incluidas las importaciones estatales y los productos reexportados o en tránsito. El tipo del ABST en 2007 se ha fijado en el 15 por ciento, pero el tipo aplicable al sector hotelero es del 10,5 por ciento. Este tipo del 10,5 por ciento es transitorio y se revisará al cabo de dos años. Por lo general, los tipos no están sujetos a revisiones periódicas, pero la Asamblea legislativa puede revisarlos si lo estima necesario. 22

3. El fundamento jurídico del impuesto sobre el consumo, aplicado hasta enero de 2007, era la Ley sobre el Impuesto de Consumo Nº 28 de 1993. Los tipos utilizados eran del 0, el 15, el 20, el 30 y el 50 por ciento. Los productos del petróleo enumerados en la Lista Tercera de la Ley estaban sujetos a un tipo impositivo específico ajustado, que dependía de la diferencia entre el precio internacional y el nacional (fijo). La mayoría de los productos agrícolas primarios se gravaban a tipo cero, pero por lo general los productos agrícolas elaborados estaban sujetos a un tipo del 15 por ciento. El impuesto sobre el consumo se aplicaba sobre el precio de venta de los productos nacionales, y sobre el valor c.i.f. más el arancel (pero no la carga por servicios aduaneros) de los productos importados. 22

4. Según el discurso de presentación del presupuesto para 2007, los impuestos indirectos aportarán alrededor del 81 por ciento de los ingresos fiscales en el marco del nuevo régimen. Las proyecciones indican que los impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales generarán 270,2 millones de dólares EC de ingresos, o el 55,7 por ciento del valor de los impuestos indirectos; y se estima que el ABST generará 153,8 millones de dólares EC (31 por ciento) de los ingresos. 23

vi) Prohibiciones, restricciones y licencias de importación 23

1. Las importaciones de los siguientes productos están prohibidas en virtud del artículo 84 (2) de la Ley de Aduanas (Control y Gestión) de 1993: las armas de fuego camufladas; los utensilios para fumar o que ayuden a fumar cualquier droga cuyo uso esté prohibido; y las importaciones prohibidas por cualquier otra ley del Estado. También están prohibidas las importaciones de plantas procedentes de países donde se dan determinadas enfermedades (sección ix)). En virtud de la Ley de Uniformes de 1997, las importaciones de uniformes de camuflaje están prohibidas. El Instrumento Legislativo Nº 42 de 1999 prohíbe las importaciones de frigoríficos, vehículos de motor, aparatos de aire acondicionado y otros productos que contengan sustancias que agotan la capa de ozono. Está prohibida la importación de vehículos que utilizan freón en sus sistemas de aire acondicionado. 23

2. La importación de ciertos productos está sujeta a restricciones, principalmente por motivos de salud y seguridad, y requiere un permiso o un certificado sanitario/fitosanitario. La importación de cualquier hierba o planta o cualquier parte de una hierba o planta para su uso como medicamento o fármaco por personas o animales, o que pueda ser utilizada como medicamento o fármaco por personas o animales, debe recibir la autorización del Jefe del Servicio Médico o del Jefe del Servicio Veterinario. También se aplican restricciones a la importación de: productos farmacéuticos; sustancias utilizadas para fabricar medicamentos; armas de fuego; y municiones. Con arreglo a la Ley Nº 18 (capítulo 310) de 1975, para importar armas de fuego, fuegos artificiales o armas y municiones es preciso obtener, antes de la importación, licencia del Comisionado de Policía. La importación de cualquier máquina, dispositivo o aparato mecánico que pueda utilizarse para cualquier juego de azar lucrativo está sujeta a restricciones en virtud de la Ley de Aduanas (Control y Gestión) de 1993; esta Ley también restringe la importación de gas lacrimógeno y de cualquier ingrediente con el que pueda fabricarse; o cualquier artículo cuyo diseño sea imitación de monedas, billetes de banco o acuñaciones actualmente en curso en Antigua y Barbuda o en cualquier otra parte, salvo con la autorización expresa del Administrador de Aduanas e Impuestos de Consumo. La importación de ciertos plaguicidas sujetos a restricciones requiere la aprobación de la Junta de Control de los Plaguicidas. Las autoridades indican que se está redactando un nuevo Proyecto de Ley de control de plaguicidas y productos químicos tóxicos, cuya finalidad es establecer procedimientos para la regulación de la importación de abonos, plaguicidas y productos químicos tóxicos, que derogará ciertas disposiciones existentes en la materia y las reemplazará. 23

3. Antigua y Barbuda notificó su sistema de licencias de importación, y respondió al cuestionario relativo a los procedimientos para el trámite de licencias de importación en 2002. El sistema está regulado por el Boletín sobre el procedimiento para el trámite de licencias de importación, la Ley de Comercio Exterior (restricciones a las importaciones) de 2001, el capítulo 163, volumen IV de las Leyes revisadas de Antigua y Barbuda (1992) (anexo I); la Ley sobre modificaciones legislativas (Varios) (Modificaciones) (Nº 2) de 2000; la Orden de Comercio Exterior (prohibición de importaciones); y los Instrumentos Legislativos de 1999, Nº 42 y de 2001, Nº 23 de las Leyes de Antigua y Barbuda. 23

4. La Orden de Comercio Exterior (prohibición de importaciones) de 2001 prohíbe la importación de ciertos productos sin licencia. Este requisito no se aplica a algunos de estos productos si son importados de países miembros de la CARICOM o de la OECO (Lista Segunda), mientras que otros sólo pueden importarse sin licencia si proceden de países de la OECO (Lista Tercera) (cuadro III.4). La mayor parte de las importaciones están sujetas a licencias automáticas; según las autoridades, a efectos de la recopilación de datos. Se aplican licencias no automáticas a: los productos anteriormente sujetos a restricciones cuantitativas de conformidad con el artículo 56 del Tratado de Chaguaramas y actualmente sujetos a arancelización en virtud del artículo 164 del Tratado revisado (bebidas gaseadas, cerveza, "stout", "ale", "porter", pastas alimenticias, velas, calentadores de agua solares, oxígeno en bombonas, dióxido de carbono en bombonas, acetileno en bombonas, sillas y otros asientos de madera y tapicería, los demás muebles de madera y tapicería, cepillos); importaciones de animales, aves de corral, ganado y productos de aves de corral, plantas y productos de plantas, plaguicidas, medicamentos y antibióticos, armas de fuego, artículos para fuegos artificiales, armas y municiones; y productos químicos controlados por el Protocolo de Montreal). Para los demás productos, se conceden licencias cuando se solicitan. El régimen de licencias de importación es administrado por el Ministerio de Economía y Hacienda. De conformidad con la Ley Nº 15 de 1973 y S.I. Nº 46 de 1981, para importar plaguicidas es preciso obtener, antes de la importación, licencia de la Junta de Control de los Plaguicidas. En virtud de la Orden de Medicamentos Peligrosos (capítulos 225 y 222 de las Leyes de Antigua y Barbuda), S.I. Nº 46 de 1981 y S.I. Nº 18 de 1989, para importar medicamentos y antibióticos es preciso obtener licencia del Ministro de Sanidad. 24

5. La Orden de Comercio Exterior (prohibición de importaciones) de 2001 prohíbe la importación sin licencia de mercancías procedentes u originarias de los siguientes países: Afganistán, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Camboya, Corea del Norte, Etiopía, Eritrea, Federación de Rusia, Irán, Iraq, Kazajstán, República de Macedonia, República Democrática Popular Lao, Líbano, Nepal, Samoa, Seychelles, Siria, Somalia, Tayikistán, Tonga, Ucrania, Uzbekistán, Viet Nam y Yemen. Las licencias son administradas por el Ministerio de Economía y Hacienda. 24

6. No se percibe ningún derecho de licencia ni carga administrativa alguna, y la expedición de una licencia no está supeditada al pago de un depósito o de un adelanto. En la práctica, las licencias a menudo se solicitan y expiden cuando llegan las mercancías. En la mayoría de los casos, el período de validez de una licencia es de un mes a partir de la fecha de expedición, y es posible prorrogar su validez si así se solicita. Las licencias no son transferibles entre importadores; no se impone ninguna sanción por la no utilización de una licencia. Para la importación de ciertos productos agrícolas (por ejemplo, cebollas y coles cuando hay exceso de oferta en el mercado local), se requieren licencias estacionales, que son concedidas por el Ministerio de Agricultura. 24

Cuadro III.4 24

Requisitos en materia de licencias de importación 24

vii) Medidas de emergencia 25

1. La legislación está contenida en la Ley de Derechos de Aduana (Dumping y Subvenciones) de 1959, que se notificó a la OMC en 2002. Se plantearon preguntas acerca de esta legislación, principalmente con respecto a la falta de disposiciones sobre varios elementos fundamentales en toda investigación antidumping. Antigua y Barbuda aún no ha facilitado una respuesta. Este país no ha aplicado medidas de emergencia a las importaciones en el período 2001-2006 ni ha iniciado ninguna investigación. 25

2. La legislación de Antigua y Barbuda no se modificó tras la firma en 1994 del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) de la OMC. No obstante, las autoridades señalan que el Ministerio de Asuntos Jurídicos está considerando una legislación relativa a estas materias que se basará en las leyes tipo de la CARICOM. 25

3. De conformidad con las normas de la CARICOM, en caso necesario, Antigua y Barbuda, como país en desarrollo, puede invocar las disposiciones especiales del capítulo 7 del Tratado de Chaguaramas revisado, en particular los artículos 150 y 164. El artículo 150 (Medidas de salvaguardia) del Tratado de Chaguaramas revisado permite a un país desfavorecido limitar las importaciones de mercancías procedentes de los demás Estados miembros durante un período de hasta tres años, y adoptar otras medidas que autorice el Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (CCDE). El artículo 164 (Promoción del desarrollo industrial) del Tratado revisado permite a los países en desarrollo de la CARICOM solicitar al CCDE la suspensión del trato de origen comunitario a ciertos productos como medida transitoria para promover el desarrollo de una industria, y aplicar tipos arancelarios más elevados que los del AEC. Antigua y Barbuda no ha limitado las importaciones ni ha aplicado suspensiones al amparo de los artículos 150 ó 164. 26

4. Antigua y Barbuda también puede aplicar salvaguardias por razones relacionadas con la balanza de pagos de conformidad con el artículo 84 del Tratado de Chaguaramas revisado, si bien nunca las ha aplicado. La promulgación de la Ley de la Comunidad del Caribe (Movimiento de factores) de 2006 permitirá la aplicación de salvaguardias cuando el Ministro considere que existen graves dificultades financieras exteriores y de balanza de pagos, o amenaza de ellas. El proyecto de ley está siendo examinado por el Parlamento. 26

5. Antigua y Barbuda no se ha acogido a las disposiciones de salvaguardia especial del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC ni al derecho a utilizar el mecanismo de salvaguardia de transición del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 26

viii) Reglamentos técnicos y normas 26

1. En el período 2001-2006 no se presentaron notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 26

2. La Oficina de Normas de Antigua y Barbuda (ABBS) es el organismo nacional de normalización; es el servicio de información y el organismo nacional encargado de la notificación de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). La ABBS se estableció en virtud de la Ley de Normalización (1987), capítulo 411; depende del Ministerio de Economía y Hacienda y es el único organismo competente para la preparación y promulgación de normas y reglamentos técnicos y para regular cuestiones relacionadas con las normas, como la metrología y la calidad. En 2005, Antigua y Barbuda aceptó el Código de Buena Conducta de la OMC para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas. 26

3. La ABBS es miembro de la Organización Regional de Normalización y Calidad de la CARICOM (CROSQ), el Codex Alimentarius (OMS/FAO), y el Sistema Interamericano de Metrología (SIM); está suscrita a la Organización Internacional de Normalización (ISO); y es miembro de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 27

4. La Ley de Normalización de 1987 y el Reglamento de Normalización de 1998 son los principales instrumentos legislativos en materia de normas. Por lo general, las normas se formulan por consenso entre la ABBS y las partes interesadas. El requerimiento para la preparación de un reglamento técnico o una norma procede generalmente del Consejo de Normalización, que está compuesto por representantes de diversos organismos, sobre la base de una solicitud del público o de una empresa comercial o como consecuencia de alguna novedad que podría repercutir negativamente en la salud, la seguridad, el medio ambiente o el comercio. Se establece un Comité Técnico integrado por miembros de las organizaciones afectadas, un representante de los consumidores y un secretario técnico. El Comité Técnico presenta el proyecto de norma al Consejo de Normalización para su aprobación. Cuando el Consejo de Normalización ha ratificado el documento, la ABBS publica en los periódicos y en el Boletín un anuncio en el que manifiesta su intención de declarar que la norma es una norma nacional, dando al público en general la posibilidad de formular observaciones sobre el contenido técnico. Si se pretende que sea una norma o reglamento técnico obligatorio, se presenta también al Ministerio de Asuntos Jurídicos y Justicia y al Ministro competente en materia de la ABBS para su publicación en el Boletín. Este proceso está en conformidad con el Código de Buena Conducta para la normalización del Acuerdo OTC de la OMC. 27

5. Las autoridades señalan que, por lo general, las normas se elaboran en consonancia con normas de la CARICOM o normas internacionales, cuando éstas existen. Para preparar las normas/reglamentos técnicos de la ABBS también se han utilizado normas declaradas por otros organismos de normalización regionales, la ISO, otros organismos de normalización internacionales y el CODEX. 27

6. Las normas pueden ser voluntarias u obligatorias (reglamentos técnicos), si bien suelen ser voluntarias al inicio y convertirse en reglamentos técnicos tras su análisis. Con arreglo al artículo 18 (1) de la Ley de Normalización (Normas Voluntarias y Obligatorias) de 1987, puede declararse, por Orden del Ministro, a recomendación de la ABBS, que las normas son normas obligatorias si su objetivo fundamental es: proteger al consumidor o al usuario de amenazas a su salud y seguridad; evitar fraudes o engaños derivados de la publicidad o de un etiquetado que induzca a error; garantizar la calidad de las mercancías producidas para exportación; exigir que se informe adecuadamente al consumidor o al usuario; o velar por la calidad cuando las fuentes de la oferta son limitadas. A ese respecto deberá publicarse en el Boletín un aviso en el que se especifique, de conformidad con el artículo 3 (2) del Reglamento de Normalización de 1998, la fecha prevista en que la norma obligatoria entrará en vigor y las razones para proponer que se declare su obligatoriedad. Los reglamentos técnicos propuestos se anuncian en el Boletín y, al menos, en un periódico local para que puedan formularse observaciones al respecto durante un período mínimo de 60 días, a menos que se trate de una situación de emergencia. También se notifican a la OMC. 27

7. La ABBS ha publicado ocho normas con rango de Normas (Voluntarias) Nacionales. Las autoridades señalan que estas normas serán declaradas reglamentos técnicos en breve. 27

8. En Antigua y Barbuda no hay ningún órgano de certificación que desempeñe esas funciones en sentido estricto. Si bien la ABBS está facultada por ley para realizar actividades de certificación y prueba, carece de los recursos técnicos necesarios para ello. Las autoridades señalaron en el contexto de este examen que Antigua y Barbuda podría tener capacidad para llevar a cabo actividades de certificación en un futuro cercano; pero, según las autoridades, necesita asistencia técnica. Asimismo, indicaron que, cuando se realicen actividades de ese tipo, se basarán en la homologación y, probablemente, en evaluaciones por terceros. También podrá tenerse en cuenta la declaración de conformidad del proveedor, así como la vigilancia del mercado. Actualmente, la ABBS carece de los reglamentos y recursos técnicos necesarios para vigilar el mercado. 28

9. El Laboratorio de Química del Gobierno realiza las pruebas básicas, y hay tres laboratorios para pruebas de hormigón: uno depende de la División de Obras Públicas, y dos son privados (el Laboratorio de Pruebas del Caribe y el Laboratorio de Productos de Albañilería de Antigua). La ABBS tiene la intención de llevar a cabo homologaciones cuando sea posible y necesario, y dar su aprobación a los laboratorios mencionados para que puedan realizar labores de certificación en nombre de la ABBS. Ésta tiene facultad legal para delegar esa responsabilidad. 28

10. Los reglamentos técnicos necesarios para formar la base de los procedimientos de evaluación de la conformidad aún no se han publicado en Antigua y Barbuda. 28

11. Antigua y Barbuda mantiene una lista de las normas voluntarias y las obligatorias. 28

ix) Medidas sanitarias y fitosanitarias 28

1. Antigua y Barbuda ha presentado algunas notificaciones de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) (cuadro II.1). El servicio de información previsto en el Acuerdo MSF es el Ministerio de Agricultura, Tierras, Recursos Marinos y Agroindustrias. 28

2. Antigua y Barbuda ha concertado acuerdos bilaterales sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias con San Vicente y las Granadinas, Guyana, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago, así como con el territorio de Montserrat. 28

3. Antigua y Barbuda dispone de diversos conductos a través de los cuales puede informar a sus interlocutores comerciales acerca de reglamentos sanitarios o fitosanitarios nacionales nuevos o modificados que podrían afectar al comercio. Distintos organismos se encargan de presentar las notificaciones pertinentes a los países afectados por medio de contactos con organismos homólogos. El Departamento de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura, Tierras, Recursos Marinos y Agroindustrias se ha identificado como centro de coordinación operativo del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Como miembro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, a la que Antigua y Barbuda se adhirió en 2005, el Departamento de Protección Fitosanitaria sirve de centro de coordinación para las medidas fitosanitarias. 28

4. Las importaciones de plantas y productos no elaborados deben ser compatibles con las disposiciones de la Ley de Protección de las Plantas de 1941 (capítulo 329 de las Leyes revisadas de Antigua y Barbuda) y el Reglamento de Protección de las Plantas de 1959. Con arreglo al artículo 15 de la Ley, deben ir acompañadas de un certificado fitosanitario expedido por el Departamento de Agricultura del país exportador en el que se indique que los artículos están libres de plagas y enfermedades, y que se han sometido a los tratamientos requeridos. Las importaciones de plantas vivas y de cualquier producto vegetal o producto básico no elaborado o de semillas no comerciales sin tratar están sujetas a reglamentos técnicos de cuarentena y control en función del país de origen y de la existencia de plagas y enfermedades específicas que requieran cuarentena en Antigua y Barbuda. En 2005, Antigua y Barbuda notificó un proyecto de ley de protección fitosanitaria al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Esta ley aún no ha entrado en vigor y la legislación vigente sigue siendo la Ley de Protección de las Plantas de 1941. 28

5. La importación de tierra o de productos que contengan tierra está prohibida. Las plantas importadas deben estar limpias de tierra, y pueden ser examinadas por un funcionario del Departamento de Protección Fitosanitaria. Se realiza una evaluación de los riesgos de plaga que presenta cada producto antes de decidir si el riesgo de importación es aceptable (mínimo o inexistente). El Ministerio de Agricultura expide un permiso de importación al importador para cada expedición y le hace saber que debe comunicar al exportador los requisitos de importación de Antigua y Barbuda. Los inspectores de fitocuarentena, destinados en los dos puertos de entrada principales, están encargados de inspeccionar todas las plantas y productos vegetales que entren por estos puertos y otros secundarios. En las zonas de alto riesgo del país se mantiene una vigilancia periódica a efectos de la gestión general de plagas. De vez en cuando, se realizan inspecciones para detectar plagas que requieren cuarentena, como el picudo del algodonero, el gorgojo de la semilla de mango o la mosca de la fruta. Las autoridades señalan que su capacidad para llevar a cabo labores de vigilancia es reducida debido a las limitaciones de recursos y que necesitan asistencia para la creación de capacidad. 29

6. Antigua y Barbuda ha elaborado una lista de productos básicos prohibidos y permitidos con respecto a interlocutores comerciales específicos. El Departamento de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura está (mayo de 2007) desarrollando un sitio Web que contendrá los acuerdos bilaterales, la lista de plagas sujetas a cuarentena, la legislación, los requisitos de entrada y otros elementos conexos. Se aplican restricciones especiales a la importación de ciertos productos, por ejemplo los mangos procedentes de países donde exista el gorgojo de la semilla de mango o la mosca de la fruta; además, están prohibidos los cítricos procedentes de zonas donde exista la mosca de la fruta. 29

7. El proyecto de ley de protección fitosanitaria amplía el ámbito del protocolo comercial fitosanitario para abarcar a las importaciones de todos los productos vegetales sin elaborar y los organismos genéticamente modificados. 29

8. Las importaciones de animales, aves de corral, ganado y productos de aves de corral deben estar en conformidad con las disposiciones de la Ley de Salud Animal (capítulo 110 de las Leyes revisadas (1992) de Antigua y Barbuda); la Ley sobre los Animales (Enfermedades e Importación) de 1953; y la Ley sobre los Animales (Desplazamiento Internacional y Enfermedades), capítulo 19, que abarca la cuarentena y las especies sujetas a ella. Estos productos deben ir acompañados de un certificado expedido por la autoridad veterinaria del país exportador. En Antigua y Barbuda, las inspecciones son realizadas por la División Veterinaria del Ministerio de Agricultura. No se aplica ninguna restricción adicional a la importación o venta de animales que se hayan alimentado con hormonas (o sus productos). 29

9. Como país signatario del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, Antigua y Barbuda no permite la importación o venta de organismos vivos modificados (OVM) a menos que se haya obtenido la aprobación de las autoridades nacionales competentes. Esa aprobación debe basarse, en parte, en los resultados de una evaluación del riesgo. En la práctica, esta cuestión aún no se ha planteado. 30

10. Antigua y Barbuda ha notificado al Comité MSF su proyecto de ley sobre los animales - Desplazamiento nacional e internacional y prevención de enfermedades. Este proyecto de ley, que aún no se ha promulgado, reemplazará a la legislación anterior; propone la regulación del desplazamiento de animales hacia y desde Antigua y Barbuda con el propósito de prevenir determinadas enfermedades animales sujetas a pruebas prescritas y luchar contra su propagación. También se ha notificado a la OMC un proyecto de ley de inocuidad alimentaria. La Ley notificada propone la regulación de la venta de productos alimenticios a cargo de empresas alimentarias que producen, elaboran, fabrican o manipulan productos alimenticios, así como su importación y exportación. Aún no ha entrado en vigor. 30

11. La Ley de Control de los Plaguicidas de 1973, capítulo 125, y sus reglamentos contienen las principales disposiciones en materia de registro, importación, venta, transporte, eliminación, control e inspección de plaguicidas. La Junta de Control de los Plaguicidas, que depende del Ministerio de Agricultura, está encargada de aplicar esta Ley. Los plaguicidas y las sustancias tóxicas deben registrarse en la oficina del encargado del registro de plaguicidas y productos químicos tóxicos. En 2005, se notificó al Comité MSF de la OMC un nuevo proyecto de ley de control de plaguicidas y productos químicos tóxicos, de 2004, así como un proyecto de reglamento (normas, licencias y permisos) relativo al control de plaguicidas y productos químicos tóxicos. Estas leyes siguen siendo objeto de examen en el Ministerio de Justicia. 30

12. Antigua y Barbuda es parte contratante de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y miembro de la Comisión del Codex Alimentarius, pero no de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 30

2) Medidas que afectan directamente a las exportaciones 30

i) Documentación, impuestos y restricciones a la exportación 30

1. Se requieren hasta cinco documentos de exportación: una declaración de exportación; un conocimiento de embarque o conocimiento de embarque aéreo; una factura; un certificado de origen (para el comercio preferencial cuando sea necesario); y un certificado fitosanitario (cuando se requiera). 30

2. Antigua y Barbuda aplica impuestos a la exportación de langostas (0,10 dólares EC/libra) y pescado (0,05 dólares EC/libra). El fundamento jurídico en que se basan estos impuestos es la Ley del Derecho de Exportación de 1941, capítulo 162. En la lista de esta Ley se menciona que los derechos de exportación también pueden aplicarse a los siguientes productos: sulfato de bario natural (baritina) de calidad comercial (1 dólar EC/tonelada); algodón despepitado limpio (0,04 dólares EC/libra); melaza (0,60 dólares EC/100 galones); y azúcar (6 dólares EC/tonelada). Las autoridades señalan que los impuestos sobre estos productos no se aplican. La recaudación total es pequeña y está disminuyendo desde 1996. Las exportaciones están exentas de impuestos internos. 30

3. Están prohibidas las exportaciones de aves silvestres, así como las de cualquier animal o parte de animal silvestre, vivo o muerto, de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Las ventas en el mercado interior y las exportaciones de frutas y hortalizas no están sujetas a controles, aparte de los requisitos de inspección, envasado y certificación establecidos en la Ley de Exportación de Frutas de 1939, capítulo 161. 31

ii) Subvenciones, financiación, apoyo y promoción de las exportaciones 31

1. Antigua y Barbuda no ha notificado al Comité de Agricultura de la OMC si concede subvenciones a la exportación de productos agrícolas. De conformidad con el artículo 27 del Acuerdo SMC, ha notificado al Comité SMC que los siguientes instrumentos prevén subvenciones a la exportación: la Ley de Incentivos Fiscales, capítulo 172 (diciembre de 1975), y la Ley de la Zona de Elaboración y Libre Comercio Nº 12 de 1994. 31

2. No hay mercancías sujetas a licencias de exportación. 31

3. En una decisión adoptada el 27 de octubre de 2006, el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias acordó continuar hasta el 31 de diciembre de 2007 la prórroga y su continuación del período de transición previsto en el párrafo 2 b) del artículo 27 del Acuerdo SMC, para la eliminación de las subvenciones a la exportación en forma de exenciones totales o parciales de derechos de importación e impuestos internos que existían en el marco del programa el 1º de septiembre de 2001. Antigua y Barbuda y los demás países de la OECO, junto con otros ocho Miembros de la OMC, presentaron una propuesta a principios de 2006 para prorrogar las subvenciones a la exportación hasta 2018. En su opinión, las subvenciones a la exportación son necesarias porque estos países "son especialmente vulnerables y no pueden integrarse plena y adecuadamente en el sistema multilateral de comercio y beneficiarse de los aspectos positivos de la liberalización internacional". En julio de 2007, el Consejo General decidió prorrogar la fecha para la eliminación de las subvenciones a la exportación hasta el fin de 2015. Los Miembros que reciban la prórroga adoptarán, a partir del 1° de enero de 2008, las medidas internas necesarias con miras a eliminar las subvenciones a la exportación comprendidas en el programa antes de que concluya el plazo final de dos años previsto para la eliminación de las subvenciones. Además, a partir del 1º de enero de 2008, y no más tarde del 31 de diciembre de 2009, el Miembro notificará a cada beneficiario del programa que no se otorgarán más subvenciones a la exportación en el sentido del párrafo 1 a) del artículo 3 del Acuerdo SMC, ni se mantendrán las existentes, una vez concluido el año civil 2015. 31

4. La Ley de Incentivos Fiscales otorga ventajas fiscales a las empresas que exportan parte de su producción y no disfrutan de una moratoria fiscal ni de la exención del pago de derechos de importación sobre las materias primas y los bienes de capital. Se concede una moratoria más prolongada (15 años) a las empresas de enclave que exportan toda su producción (sección 2) ii)). 32

5. La Ley de la Zona de Elaboración y Libre Comercio Nº 12 de 1994 prevé exenciones con respecto al pago de i) los derechos de aduana y otras cargas sobre la importación de maquinaria, equipos, piezas de repuesto y otros artículos necesarios para construir y explotar instalaciones dentro de la Zona; ii) los derechos de aduana y otras cargas sobre la importación de bienes que hayan de incorporarse a las mercancías producidas o montadas dentro de la Zona; iii) los impuestos sobre la renta y otros impuestos, salvo las prestaciones de seguridad social, las prestaciones médicas y el gravamen de educación sobre las ganancias de cualquier persona empleada en una actividad industrial o comercial dentro de la Zona; iv) los impuestos a la exportación desde Antigua y Barbuda de productos procedentes de la Zona; v) cualquier tipo de impuesto sobre la repatriación de beneficios obtenidos en la Zona; y vi) los impuestos o derechos recaudados por el Gobierno sobre las actividades industriales o comerciales realizadas en la Zona. 32

6. Todas las empresas necesitan licencia para operar en la Zona Libre. Sólo pueden obtener licencia y registrarse las empresas constituidas como sociedades, con independencia de su lugar de constitución, o las dependencias o sucursales de esas empresas. La decisión de otorgar una licencia se basa en ciertas consideraciones, como por ejemplo: el nivel de la inversión; la capacidad del proyecto para generar empleo; la generación de divisas; las posibilidades de adaptabilidad y transferencia tecnológica; y los efectos en el medio ambiente. No se dispone de información sobre la cuantía de la subvención prevista en el marco del programa. 32

7. La única zona franca en funcionamiento es la Zona de Elaboración y Libre Comercio; actualmente, no se realizan actividades de manufactura en esta Zona. La primera licencia de fabricación en la Zona se concedió en 2001, y la fábrica aún está en construcción. Según la OCDE, los derechos de licencia percibidos en concepto de apuestas deportivas y juegos de azar por Internet representan la principal fuente de ingresos de la Zona. Sin embargo, el volumen de estas operaciones se ha reducido considerablemente en los últimos años. Entre 1999 y 2003, el número de operadores de casinos titulares de una licencia disminuyó de 119 (con 3.000 empleados) a 28 (con menos de 500 empleados). 32

8. Los exportadores pueden recurrir a los servicios de seguro y garantía de los créditos a la exportación ofrecidos por el Programa de garantía del crédito a la exportación del Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), que cubren los riesgos políticos y comerciales. Las autoridades indican que los productores de Antigua y Barbuda no han utilizado nunca este programa, y es poco probable que lo utilicen, ya que la financiación resulta más costosa que mediante los tipos comerciales internos. Señalan además que, para Antigua y Barbuda, no queda abarcado por el párrafo 4 del artículo 27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Los exportadores también pueden recibir apoyo para la promoción de las exportaciones de la Dependencia de Desarrollo de las Exportaciones de la OECO. 32

3) Medidas que afectan a la producción y el comercio 33

i) Disposiciones reguladoras de las empresas y los impuestos 33

1. Con arreglo a la Ley de Registro de Sociedades (capítulo 64, volumen 2 de las Leyes revisadas (1992) de Antigua y Barbuda), las empresas están obligadas a registrarse. Los particulares locales o extranjeros que quieran establecer una empresa en Antigua y Barbuda tienen varias posibilidades: entidades de un solo propietario; asociaciones; sociedades; empresas conjuntas; y sucursales de empresas extranjeras. De conformidad con la Ley de Sociedades de 1995 (capítulo 94, volumen 5), una o más personas pueden ser signatarias de un Memorando y Estatutos para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Las cuotas de registro dependen de la cuantía del capital social nominal que figure en los estatutos. La cuota mínima es de 100 dólares EC cuando el capital no sobrepasa los 10.000 dólares EC, de un 0,5 por ciento más hasta los 50.000 dólares EC, y de un 0,25 por ciento más del capital nominal a partir de esa cuantía. Las empresas también están obligadas a obtener una licencia comercial anual. 33

2. Las autoridades indican que la constitución de las empresas puede ser cuestión de días; los factores limitativos son el tiempo necesario para obtener la aprobación del Registrador de Sociedades para el uso del nombre y el tiempo dedicado a preparar los estatutos y las disposiciones complementarias. 33

3. Con arreglo a la Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales de 1982, las sociedades mercantiles internacionales pueden ser constituidas por una sociedad fiduciaria inscrita en el registro local o por un contable o un abogado, y, por lo general, el proceso puede realizarse en un plazo de 24 horas. Las sociedades mercantiles internacionales pueden optar a toda una gama de incentivos, entre ellos la exención del pago de diversos impuestos, como por ejemplo los derechos de aduana. La Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales 1 (Enmienda) Nº 2 de 2002 establecía que estas empresas no estarían sujetas al impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las plusvalías ni al impuesto sobre la transferencia de activos. La Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales (Enmienda) Nº 18 de 2005, introdujo una modificación en los requisitos de capital mínimo, que anteriormente se habían fijado en 1 millón de dólares EE.UU. y que ahora están sujetos a variaciones mediante reglamentaciones. La Ley de Sociedades Fiduciarias Internacionales Nº 22 de 2004 prevé el establecimiento de sociedades fiduciarias internacionales por no residentes. 33

4. El impuesto sobre las sociedades se reformó durante el período objeto de examen, reduciéndose de un tipo fijo del 40 por ciento de los beneficios de las sociedades al 30 por ciento. Las asociaciones y las empresas no constituidas en sociedad reciben el mismo trato que las personas físicas; las demás empresas deben pagar el 25 por ciento. Desde 2001 y hasta que el impuesto fuera eliminado en 2005, se aplicó un impuesto del 2 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas no constituidas en sociedades. Hay tratados de doble imposición en vigor con el Reino Unido y con la mayoría de los países del Commonwealth por lo que respecta a los ingresos obtenidos en Antigua y Barbuda. El impuesto sobre el patrimonio se basa en el valor de mercado de las tierras. 33

5. Antigua y Barbuda figura entre los 41 países y otras jurisdicciones que la OCDE identificó en 2000 como paraísos fiscales. En febrero de 2002, firmó una carta de compromiso con la OCDE en materia de transparencia e intercambio de información y, por consiguiente, dejó de figurar en la lista de países no cooperantes. Antigua y Barbuda se comprometió a aplicar medidas de transparencia, y a facilitar información sobre cuestiones penales tributarias para enero de 2004 y sobre cuestiones civiles tributarias para enero de 2006. La Ley de Intercambio de Información Fiscal de 2002 de Antigua y Barbuda confiere la facultad para aplicar esos compromisos. 34

ii) Incentivos y asistencia 34

1. El Gobierno ofrece numerosas concesiones a los inversores, especialmente si se trata de una inversión sustancial. Los objetivos principales son promover las inversiones en el país, desarrollar la capacidad interna para las actividades empresariales y facilitar el establecimiento de inversiones. El Gabinete toma las decisiones relativas a las concesiones, basándose en los criterios establecidos en las distintas leyes sobre incentivos (véase infra). 34

2. La actual legislación en materia de incentivos comprende la Ley de Ayuda a las Industrias Pioneras, la Ley de Incentivos Fiscales y varios programas de incentivos a sectores específicos, en particular para el turismo, como por ejemplo la Ley de Ayudas a los Hoteles (capítulo 204) (capítulo IV 3) vi)). 34

3. La Ley de Ayuda a las Industrias Pioneras (capítulo 14) prevé desgravaciones de los derechos de aduana y del impuesto sobre la renta para las industrias pioneras. Éstas tienen derecho a recibir una moratoria del impuesto sobre las sociedades de hasta cinco años a partir de la fecha en que comience la producción, y las pérdidas pueden transferirse a ejercicios posteriores durante un período de hasta tres años una vez finalizada la moratoria fiscal. La Ley de Incentivos Fiscales (capítulo 172), notificada a la OMC, prevé exoneraciones de los derechos de aduana y del impuesto sobre el consumo de entre 10 y 15 años, así como una exención total o parcial durante un período de hasta 15 años del impuesto sobre los beneficios generados por las ventas de productos aprobados. El período de moratoria fiscal previsto en la Ley de Incentivos Fiscales depende del grupo en que se clasifique a la empresa, en función del valor añadido localmente o de si está orientada a la exportación. A mediados de 2007, unas 35 empresas se habían registrado en el marco de la Ley de Incentivos Fiscales en los sectores de las bebidas (2); los condimentos (3); los detergentes (2); las prendas de vestir (6); las industrias ligeras (3); y otros (19). En 2004 (año más reciente para el que se dispone de datos), las ventas totales de estas empresas ascendieron a 2,44 millones de dólares EE.UU. 34

4. En noviembre de 2006, se promulgó una nueva legislación para la gestión de incentivos, a saber la Ley de la Administración de Inversiones de Antigua y Barbuda. La nueva Ley tiene por objeto promover las oportunidades de inversión en las islas, introducir un sistema de registro de empresas comerciales, y ayudar a los inversores a obtener facilidades para las empresas comerciales. El sistema de registro está previsto únicamente para los inversores que desean obtener incentivos; los inversores extranjeros y nacionales que no desean obtener incentivos no están obligados a registrarse en la Administración. Los beneficios comprenden la exención de los derechos de aduana y del impuesto sobre la renta, y reducciones del impuesto sobre el patrimonio y el derecho de timbre. El valor y el tipo de incentivos disponibles se establecen sobre una escala móvil: el valor de los incentivos aumenta con el capital invertido y el número de ciudadanos o residentes empleados en la empresa. La nueva Ley no hace ninguna referencia a la legislación existente, como la Ley de Incentivos Fiscales o la Ley de Ayuda a las Industrias Pioneras. No obstante, las autoridades señalan que, una vez que los incentivos otorgados en el marco de estas dos leyes expiren, no se renovarán; los inversores tendrán que tratar de obtener nuevos incentivos en el marco de la Ley de la Administración de Inversiones. 34

5. En virtud de esta Ley, se ha creado la Administración de Inversiones de Antigua y Barbuda (ABIA), que es la tercera de una serie de organismos de promoción de las inversiones. En 1953 se estableció la Junta de Desarrollo Industrial con el fin de ayudar a promover las inversiones en el sector manufacturero y, posteriormente, se reemplazó por la Administración de Inversiones de Antigua y Barbuda. Un estudio de la OCDE recomendó que Antigua y Barbuda revisara el régimen de incentivos fiscales con miras a compararlo con el de los demás países de la OECO y de la CARICOM y establecer un sistema transparente y previsible que sea compatible con las normas de la OMC y enuncie claramente los requisitos para solicitar todos los incentivos y concesiones, así como las obligaciones ulteriores de los beneficiarios. 35

6. La ABIA comenzó su actividad en mayo de 2007. Su mandato consiste en atraer inversiones extranjeras directas y crear, fomentar y respaldar las inversiones locales. La ABIA concede prioridad al desarrollo del turismo, los servicios financieros, los servicios de apoyo a las empresas (centros de llamadas, etc.), la tecnología de la información/informática, la salud y el bienestar, la educación, la logística (por ejemplo, la reexpedición), y las industrias manufactureras ligeras. Asimismo, trata de crear unas reglas de juego equitativas para todos los inversores -ya sean locales o extranjeros, administrar criterios normalizados conforme a lo establecido en la Ley de la Administración de Inversiones a efectos de la concesión de incentivos y concesiones, y responder de manera oportuna a las solicitudes de certificados de inversión y de incentivos. La ABIA presta un servicio de ventanilla única para los inversores, así como de centro de información sobre la realización de actividades empresariales en el país. Actualmente, las solicitudes de incentivos y concesiones se tramitan por medio de la ABIA, que está facultada para conceder incentivos. La ABIA está administrada por una junta en la que están representados intereses públicos y del sector privado, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda. Con arreglo a la nueva Ley, el Gabinete sigue impartiendo la orientación política general a la Administración. 35

iii) Política de competencia y cuestiones reglamentarias 35

1. No hay en Antigua y Barbuda disposiciones sobre política de competencia. Se está preparando un proyecto legislativo con miras a desarrollar propuestas para someterlas al Parlamento, pero aún no se sabe con certeza cuándo podría dar lugar a una propuesta formal. La legislación de basará en la ley tipo de la CARICOM. El Protocolo VIII de revisión del Tratado de la CARICOM, que aún no se ha adoptado, prevé la promulgación y armonización de la legislación reguladora de la competencia de los Estados miembros de la CARICOM. Se espera que ello ofrezca una base para la promulgación de disposiciones nacionales sobre la materia en Antigua y Barbuda. 35

2. De conformidad con la Orden de Control de Precios de 11 de octubre de 1967, se aplican controles de precios a una serie de productos enumerados en una lista; todos los comerciantes que vendan cualquiera de las mercancías enumeradas en la Orden deben exponer los precios al público. La lista incluye 41 artículos y especifica los márgenes al por mayor y al por menor admisibles para cada uno de ellos. El margen al por mayor es generalmente del 10 por ciento (en algunos casos del 12,5 por ciento, y en un caso del 15 por ciento); el margen al por menor es generalmente del 15 por ciento o del 20 por ciento, pero puede ser más alto para ciertos productos (por ejemplo, del 22,5 por ciento para los productos congelados). Como primer paso, la División de Precios y Asuntos del Consumidor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública determina el costo sobre muelle de cada producto al que se añaden los márgenes pertinentes. Los inspectores acuden diariamente a los puntos de venta al por menor para inspeccionar los precios expuestos de los artículos sujetos a control. Por lo general, cuando se comete una primera infracción, se emite una advertencia; las infracciones posteriores pueden dar lugar a multas (que no exceden de 5.000 dólares EC) y enjuiciamiento. 36

3. Los productos sujetos a precios fijos comprenden el pan y los productos del petróleo (gasolina, queroseno, etc.). El Ministerio de Hacienda fija los precios, que pueden fluctuar en función de la evolución del mercado internacional; la División de Precios y Asuntos del Consumidor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se ocupa de la vigilancia del mercado. 36

4. Antigua y Barbuda no ha notificado a la OMC ninguna empresa comercial del Estado. 36

5. La Corporación Central de Comercialización de Barbuda (CMC), órgano oficial establecido en 1973, tiene el mandato de crear un mercado para productos cultivados en el país, para buscar mercados para esos productos y para velar por que los precios de los productos básicos alimenticios se mantengan estables. Inicialmente, la CMC alcanzaba sus objetivos por medio del régimen de licencias de importación, que restringía las importaciones de diversas legumbres y hortalizas que los agricultores locales podían producir. La CMC es la única entidad autorizada para importar y comercializar zanahorias, coles, cebollas, pimientos dulces y tomates. No obstante, según las autoridades, el sistema de licencias se está eliminando progresivamente, y el monopolio de la CMC no se aplica; no se imponen restricciones a la importación privada de estos productos básicos. Aún no se ha fijado la fecha para la eliminación de la base jurídica del sistema. No se han requerido licencias motivadas por la falta de capacidad de los agricultores para abastecer el mercado. El monopolio de jure de la CMC sobre la importación de arroz y azúcar a granel se disolvió en agosto de 2000. 36

iv) Contratación pública 36

1. En 2005, la contratación pública ascendió, aproximadamente, a 111,6 millones de dólares EC o alrededor del 6 por ciento del PIB. Las importaciones para consumo del Gobierno están exentas del pago de derechos de aduana, cargas por servicios aduaneros y, hasta hace poco, impuestos sobre el consumo. 36

2. Antigua y Barbuda no es parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. 37

3. La Junta de Licitaciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, se ocupa de la contratación pública. Fue creada por la Ley de la Junta de Licitaciones de 1991, capítulo 424A volumen 9 de las Leyes revisadas (1992) de Antigua y Barbuda. Se encarga de la adquisición y el suministro de artículos y materiales; así como de la adjudicación de contratos de obras y servicios para el Gobierno y para cualquier persona jurídica establecida en virtud de una ley del Parlamento o cualquier compañía de responsabilidad limitada cuyo accionista mayoritario sea el Gobierno. La Junta de Licitaciones tiene la competencia única y exclusiva para invitar, considerar y aceptar o rechazar ofertas. 37

4. Las solicitudes de licitación de suministros deben enviarse a la Junta. Las licitaciones pueden ser públicas o selectivas. Una vez que un organismo haya recibido una solicitud, la Junta debe invitar a miembros del público en general a presentar ofertas para el suministro de los artículos, obras o servicios, mediante un anuncio publicado en el Boletín y en periódicos locales o extranjeros; o, previa aprobación del Ministro, invitar a las entidades o personas que la Junta seleccione a presentar ofertas. 37

5. Al adoptar su decisión, la Junta ha de tener en cuenta lo siguiente: la calidad de los artículos o, en el caso de obras o servicios, la competencia financiera, técnica y administrativa de las personas que presenten la oferta; y los precios ofrecidos. Debe aceptar la oferta más baja, excepto si tiene motivos sólidos para aceptar otra oferta y presentar al Ministro un informe exhaustivo en el que indique los motivos por los que acepta una oferta por un valor más elevado que la oferta más baja. Es necesario obtener la aprobación del Ministro de Hacienda. Una vez adjudicado el contrato, la Junta debe publicar en el Boletín el nombre de la persona o entidad a la que se ha adjudicado el contrato, la cuantía de la licitación y la fecha de la adjudicación. 37

6. De conformidad con la Ley de la Junta de Licitaciones, pueden elaborarse reglamentos para permitir que los organismos establezcan sus propios departamentos de contratación para cantidades pequeñas. 37

7. La Ley de la Junta de Licitaciones (Enmienda) Nº 8 de 2002 permite a la Junta eximir al Gobierno o a cualquier órgano oficial del procedimiento de licitación si está convencida de que es oportuno y conveniente. 37

8. Pese a que existe una legislación detallada general, no hay directrices escritas acerca del proceso de contratación que debe elegirse. La contratación no está sujeta a reservas o preferencias nacionales o regionales. 37

v) Derechos de propiedad intelectual 37

1. El cambio más significativo en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI) que se ha producido en el período objeto de examen es la promulgación de diversas leyes en 2003 sobre las marcas de fábrica o de comercio, las patentes, el derecho de autor, los dibujos y modelos industriales, las topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas. La legislación se ha notificado a la OMC y ha sido examinada por el Consejo de los ADPIC. Se plantearon, entre otras, preguntas acerca del alcance de la protección, la aplicación y el trato nacional y de la nación más favorecida para los nacionales de los demás Miembros de la OMC. La Oficina de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Asuntos Jurídicos, está encargada de la administración de los derechos de propiedad intelectual. 37

2. Antigua y Barbuda es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y parte contratante en varios convenios de propiedad intelectual (cuadro III.5). 38

Cuadro III.5 38

Convenios y acuerdos en materia de propiedad intelectual en los que participa Antigua y Barbuda 38

3. La oficina del Registrador de la Propiedad Intelectual se estableció en virtud de la Ley de la Oficina de Propiedad Intelectual Nº 15 de 2003. Los deberes del Registrador consisten en: desempeñar todas las funciones relativas a la concesión de patentes y certificados de modelos de utilidad; el registro de dibujos y modelos industriales, marcas, marcas colectivas e indicaciones geográficas; supervisar y desempeñar otras funciones que le sean atribuidas por la legislación en materia de propiedad intelectual o por sus reglamentos; y encargarse de la realización de estudios, programas o intercambios de elementos o servicios relacionados con cuestiones de propiedad intelectual nacionales o internacionales, y con la utilización de documentos de patente como fuente de información. La oficina se estableció inicialmente como división del Ministerio de Asuntos Jurídicos, pero en 2006 fue trasladada al Ministerio de Justicia. 38

4. El 1º de octubre de 2006 entraron en vigor nuevos reglamentos de marcas de fábrica o de comercio para la aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio Nº 18 de 2003. Según las autoridades, estos nuevos reglamentos facilitan la aplicación de las nuevas leyes de propiedad intelectual, y forman parte del programa del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Antigua y Barbuda de actualización de las leyes de propiedad intelectual necesarias para modernizar el comercio y proteger las inversiones. De conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2003, pueden registrarse las marcas de servicio. 38

5. En el período 2001-2006 se registraron 1.212 marcas de fábrica o de comercio en Antigua y Barbuda, 342 de las cuales eran extranjeras. 38

6. La Ley de Patentes Nº 23 de 2003 define el alcance de las invenciones patentables, dispone que el derecho a la patente corresponde al inventor, establece los procedimientos para solicitar u obtener una patente, y define los derechos del titular de una patente. La Ley especifica que una patente expirará 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud, y prevé licencias obligatorias para los casos en que la patente no se explote o no se explote lo suficiente. También permite la explotación de la patente por el Gobierno o por terceros cuando sea necesario por motivos de seguridad nacional, nutrición, salud o desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, o en respuesta a prácticas anticompetitivas. La parte II de la Ley se refiere a las obligaciones de Antigua y Barbuda en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La Ley deroga la Ley de Patentes de 1906 y la Ley de Registro de Patentes del Reino Unido. 38

7. Las autoridades señalan que, entre 2001 y 2006, se han concedido 75 patentes en Antigua y Barbuda. Este país no ha concedido ninguna patente de dibujos y modelos industriales. 39

8. De conformidad con la Ley de Dibujos y Modelos Industriales Nº 19 de 2003, un dibujo o modelo industrial puede registrarse si es nuevo. La Ley dispone que el derecho a registrar un dibujo o modelo industrial corresponde al creador. Establece los procedimientos para el registro de un dibujo o modelo industrial y especifica que el registro es válido durante cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por dos períodos consecutivos más de cinco años. La Ley deroga la Ley de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales del Reino Unido, y armoniza a la legislación nacional con los términos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 39

9. La Ley de Derecho de Autor Nº 22 de 2003, que entró en vigor en 2006, derogó a la Ley de Derecho de Autor de 1911 del Reino Unido. De conformidad con la nueva ley, puede concederse el derecho de autor a una obra literaria, musical, dramática o artística original; grabaciones de sonido, emisiones, o grabaciones por cable; y presentaciones tipográficas de ediciones publicadas. Las bases de datos pueden recibir el mismo trato que las obras literarias, pero sólo se consideran originales si la compilación constituye la propia creación intelectual del autor. También se prevé la protección de las colecciones folclóricas. Por lo general, la protección del derecho de autor se extiende durante la vida del autor más 50 años, pero se limita a 25 años en el caso de presentaciones tipográficas de ediciones publicadas. La Ley de Derecho de Autor establece normas sobre los derechos económicos y morales de los titulares de derechos de autor, la autoría conjunta, la titularidad y la cesión de derechos, las licencias, las excepciones, los derechos concedidos en las interpretaciones o ejecuciones, y los recursos disponibles en caso de infracción del derecho de autor y los derechos conexos. La Ley establece asimismo un Tribunal del Derecho de Autor. 39

10. De conformidad con la Ley de Indicaciones Geográficas Nº 21 de 2003, que entró en vigor en 2006, una persona interesada o un grupo de productores o consumidores interesados puede entablar actuaciones judiciales en el tribunal para impedir, respecto de una indicación geográfica, que se induzca al público a error o que se ejerza una competencia desleal. La Ley prevé el registro, pero también establece que una indicación geográfica puede recibir protección aunque no esté registrada. 39

11. Con arreglo a la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados Nº 20 de 2003, es ilícito reproducir un esquema de trazado protegido, o importar, vender o distribuir de otro modo un esquema de trazado ilícitamente reproducido. La Ley, que entró en vigor en 2006, establece los procedimientos para el registro de estos esquemas. 39

12. Antigua y Barbuda carece de legislación en materia de protección de las obtenciones vegetales, información no divulgada y tratados de protección de Internet; así como de la protección de nombres de dominio. 40

13. En 2001 Antigua y Barbuda presentó una Lista de cuestiones sobre la observancia. El sistema para la observancia de los DPI en general se basa en una combinación de legislación escrita y normas consuetudinarias. Los derechos de propiedad intelectual en Antigua y Barbuda son derechos privados, por lo que la responsabilidad de procurar su observancia incumbe al titular del derecho. 40

14. El tribunal competente en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual es el Tribunal Supremo de la Judicatura (que comprende el Tribunal Superior de Justicia y los tribunales de apelación), con posibilidad de un recurso final ante el Comité Judicial del Consejo Privado. El titular del derecho de propiedad intelectual o de una licencia puede hacer valer su derecho mediante una acción civil. En el caso del derecho de autor, derechos conexos y protección de información no divulgada, puede hacer valer ese derecho el titular del derecho de propiedad intelectual sin necesidad de registro. Se requiere el registro para la protección de las marcas de fábrica o de comercio, las patentes, los dibujos y modelos industriales, y los circuitos integrados, y para los derechos de obtentor. No obstante, las marcas de fábrica o de comercio no registradas pueden recibir protección con arreglo a las normas consuetudinarias. 40

15. Las medidas para la observancia comprenden: mandamientos judiciales; órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados; destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción. En el sistema de Common Law, el titular de un derecho que tenga razones válidas para sospechar que la importación de mercancías infringe algún derecho de propiedad intelectual, puede solicitar que el tribunal emita un mandamiento para que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de dichas mercancías para libre circulación. Además, el artículo 50 de la Ley de Derecho de Autor de 2003 faculta a las autoridades aduaneras para confiscar copias importadas de material impreso protegido por el derecho de autor si se ha notificado al Administrador de Aduanas una objeción. Las autoridades aduaneras indicaron, en el contexto de este examen, que esta disposición aún no se ha aplicado; las autoridades señalaron que todavía se encuentran en proceso de formación. 40

16. En la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor y propiedad industrial se tipifican como delitos penales ciertas infracciones, que pueden incurrir en multas y penas de prisión de hasta cinco años. 40





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