Organización Mundial del Comercio



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3)Medidas que afectan a la producción y el comercio

i)Disposiciones reguladoras de las empresas y los impuestos


1.Con arreglo a la Ley de Registro de Sociedades (capítulo 64, volumen 2 de las Leyes revisadas (1992) de Antigua y Barbuda), las empresas están obligadas a registrarse. Los particulares locales o extranjeros que quieran establecer una empresa en Antigua y Barbuda tienen varias posibilidades: entidades de un solo propietario; asociaciones; sociedades; empresas conjuntas; y sucursales de empresas extranjeras. De conformidad con la Ley de Sociedades de 1995 (capítulo 94, volumen 5), una o más personas pueden ser signatarias de un Memorando y Estatutos para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Las cuotas de registro dependen de la cuantía del capital social nominal que figure en los estatutos. La cuota mínima es de 100 dólares EC cuando el capital no sobrepasa los 10.000 dólares EC, de un 0,5 por ciento más hasta los 50.000 dólares EC, y de un 0,25 por ciento más del capital nominal a partir de esa cuantía. Las empresas también están obligadas a obtener una licencia comercial anual.

2.Las autoridades indican que la constitución de las empresas puede ser cuestión de días; los factores limitativos son el tiempo necesario para obtener la aprobación del Registrador de Sociedades para el uso del nombre y el tiempo dedicado a preparar los estatutos y las disposiciones complementarias.

3.Con arreglo a la Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales de 1982, las sociedades mercantiles internacionales pueden ser constituidas por una sociedad fiduciaria inscrita en el registro local o por un contable o un abogado, y, por lo general, el proceso puede realizarse en un plazo de 24 horas. Las sociedades mercantiles internacionales pueden optar a toda una gama de incentivos, entre ellos la exención del pago de diversos impuestos, como por ejemplo los derechos de aduana. La Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales 1 (Enmienda) Nº 2 de 2002 establecía que estas empresas no estarían sujetas al impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las plusvalías ni al impuesto sobre la transferencia de activos. La Ley de Sociedades Mercantiles Internacionales (Enmienda) Nº 18 de 2005, introdujo una modificación en los requisitos de capital mínimo, que anteriormente se habían fijado en 1 millón de dólares EE.UU. y que ahora están sujetos a variaciones mediante reglamentaciones. La Ley de Sociedades Fiduciarias Internacionales Nº 22 de 2004 prevé el establecimiento de sociedades fiduciarias internacionales por no residentes.

4.El impuesto sobre las sociedades se reformó durante el período objeto de examen, reduciéndose de un tipo fijo del 40 por ciento de los beneficios de las sociedades al 30 por ciento. Las asociaciones y las empresas no constituidas en sociedad reciben el mismo trato que las personas físicas; las demás empresas deben pagar el 25 por ciento. Desde 2001 y hasta que el impuesto fuera eliminado en 2005, se aplicó un impuesto del 2 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas no constituidas en sociedades. Hay tratados de doble imposición en vigor con el Reino Unido y con la mayoría de los países del Commonwealth por lo que respecta a los ingresos obtenidos en Antigua y Barbuda. El impuesto sobre el patrimonio se basa en el valor de mercado de las tierras.

5.Antigua y Barbuda figura entre los 41 países y otras jurisdicciones que la OCDE identificó en 2000 como paraísos fiscales. En febrero de 2002, firmó una carta de compromiso con la OCDE en materia de transparencia e intercambio de información y, por consiguiente, dejó de figurar en la lista de países no cooperantes. Antigua y Barbuda se comprometió a aplicar medidas de transparencia, y a facilitar información sobre cuestiones penales tributarias para enero de 2004 y sobre cuestiones civiles tributarias para enero de 2006. La Ley de Intercambio de Información Fiscal de 2002 de Antigua y Barbuda confiere la facultad para aplicar esos compromisos.

ii)Incentivos y asistencia


1.El Gobierno ofrece numerosas concesiones a los inversores, especialmente si se trata de una inversión sustancial. Los objetivos principales son promover las inversiones en el país, desarrollar la capacidad interna para las actividades empresariales y facilitar el establecimiento de inversiones. El Gabinete toma las decisiones relativas a las concesiones, basándose en los criterios establecidos en las distintas leyes sobre incentivos (véase infra).

2.La actual legislación en materia de incentivos comprende la Ley de Ayuda a las Industrias Pioneras, la Ley de Incentivos Fiscales y varios programas de incentivos a sectores específicos, en particular para el turismo, como por ejemplo la Ley de Ayudas a los Hoteles (capítulo 204) (capítulo IV 3) vi)).

3.La Ley de Ayuda a las Industrias Pioneras (capítulo 14) prevé desgravaciones de los derechos de aduana y del impuesto sobre la renta para las industrias pioneras. Éstas tienen derecho a recibir una moratoria del impuesto sobre las sociedades de hasta cinco años a partir de la fecha en que comience la producción, y las pérdidas pueden transferirse a ejercicios posteriores durante un período de hasta tres años una vez finalizada la moratoria fiscal. La Ley de Incentivos Fiscales (capítulo 172), notificada a la OMC57, prevé exoneraciones de los derechos de aduana y del impuesto sobre el consumo de entre 10 y 15 años, así como una exención total o parcial durante un período de hasta 15 años del impuesto sobre los beneficios generados por las ventas de productos aprobados. El período de moratoria fiscal previsto en la Ley de Incentivos Fiscales depende del grupo en que se clasifique a la empresa, en función del valor añadido localmente o de si está orientada a la exportación. A mediados de 2007, unas 35 empresas se habían registrado en el marco de la Ley de Incentivos Fiscales en los sectores de las bebidas (2); los condimentos (3); los detergentes (2); las prendas de vestir (6); las industrias ligeras (3); y otros (19). En 2004 (año más reciente para el que se dispone de datos), las ventas totales de estas empresas ascendieron a 2,44 millones de dólares EE.UU.

4.En noviembre de 2006, se promulgó una nueva legislación para la gestión de incentivos, a saber la Ley de la Administración de Inversiones de Antigua y Barbuda. La nueva Ley tiene por objeto promover las oportunidades de inversión en las islas, introducir un sistema de registro de empresas comerciales, y ayudar a los inversores a obtener facilidades para las empresas comerciales. El sistema de registro está previsto únicamente para los inversores que desean obtener incentivos; los inversores extranjeros y nacionales que no desean obtener incentivos no están obligados a registrarse en la Administración. Los beneficios comprenden la exención de los derechos de aduana y del impuesto sobre la renta, y reducciones del impuesto sobre el patrimonio y el derecho de timbre. El valor y el tipo de incentivos disponibles se establecen sobre una escala móvil: el valor de los incentivos aumenta con el capital invertido y el número de ciudadanos o residentes empleados en la empresa.58 La nueva Ley no hace ninguna referencia a la legislación existente, como la Ley de Incentivos Fiscales o la Ley de Ayuda a las Industrias Pioneras. No obstante, las autoridades señalan que, una vez que los incentivos otorgados en el marco de estas dos leyes expiren, no se renovarán; los inversores tendrán que tratar de obtener nuevos incentivos en el marco de la Ley de la Administración de Inversiones.

5.En virtud de esta Ley, se ha creado la Administración de Inversiones de Antigua y Barbuda (ABIA), que es la tercera de una serie de organismos de promoción de las inversiones. En 1953 se estableció la Junta de Desarrollo Industrial con el fin de ayudar a promover las inversiones en el sector manufacturero y, posteriormente, se reemplazó por la Administración de Inversiones de Antigua y Barbuda. Un estudio de la OCDE recomendó que Antigua y Barbuda revisara el régimen de incentivos fiscales con miras a compararlo con el de los demás países de la OECO y de la CARICOM y establecer un sistema transparente y previsible que sea compatible con las normas de la OMC y enuncie claramente los requisitos para solicitar todos los incentivos y concesiones, así como las obligaciones ulteriores de los beneficiarios.59

6.La ABIA comenzó su actividad en mayo de 2007. Su mandato consiste en atraer inversiones extranjeras directas y crear, fomentar y respaldar las inversiones locales. La ABIA concede prioridad al desarrollo del turismo, los servicios financieros, los servicios de apoyo a las empresas (centros de llamadas, etc.), la tecnología de la información/informática, la salud y el bienestar, la educación, la logística (por ejemplo, la reexpedición), y las industrias manufactureras ligeras. Asimismo, trata de crear unas reglas de juego equitativas para todos los inversores -ya sean locales o extranjeros, administrar criterios normalizados conforme a lo establecido en la Ley de la Administración de Inversiones a efectos de la concesión de incentivos y concesiones, y responder de manera oportuna a las solicitudes de certificados de inversión y de incentivos. La ABIA presta un servicio de ventanilla única para los inversores, así como de centro de información sobre la realización de actividades empresariales en el país. Actualmente, las solicitudes de incentivos y concesiones se tramitan por medio de la ABIA, que está facultada para conceder incentivos. La ABIA está administrada por una junta en la que están representados intereses públicos y del sector privado, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda. Con arreglo a la nueva Ley, el Gabinete sigue impartiendo la orientación política general a la Administración.


iii)Política de competencia y cuestiones reglamentarias


a) Política de competencia

1.No hay en Antigua y Barbuda disposiciones sobre política de competencia. Se está preparando un proyecto legislativo con miras a desarrollar propuestas para someterlas al Parlamento, pero aún no se sabe con certeza cuándo podría dar lugar a una propuesta formal. La legislación de basará en la ley tipo de la CARICOM. El Protocolo VIII de revisión del Tratado de la CARICOM, que aún no se ha adoptado, prevé la promulgación y armonización de la legislación reguladora de la competencia de los Estados miembros de la CARICOM. Se espera que ello ofrezca una base para la promulgación de disposiciones nacionales sobre la materia en Antigua y Barbuda.

b) Controles de precios

2.De conformidad con la Orden de Control de Precios de 11 de octubre de 1967, se aplican controles de precios a una serie de productos enumerados en una lista; todos los comerciantes que vendan cualquiera de las mercancías enumeradas en la Orden deben exponer los precios al público. La lista incluye 41 artículos y especifica los márgenes al por mayor y al por menor admisibles para cada uno de ellos.60 El margen al por mayor es generalmente del 10 por ciento (en algunos casos del 12,5 por ciento, y en un caso del 15 por ciento); el margen al por menor es generalmente del 15 por ciento o del 20 por ciento, pero puede ser más alto para ciertos productos (por ejemplo, del 22,5 por ciento para los productos congelados). Como primer paso, la División de Precios y Asuntos del Consumidor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública determina el costo sobre muelle de cada producto al que se añaden los márgenes pertinentes. Los inspectores acuden diariamente a los puntos de venta al por menor para inspeccionar los precios expuestos de los artículos sujetos a control. Por lo general, cuando se comete una primera infracción, se emite una advertencia; las infracciones posteriores pueden dar lugar a multas (que no exceden de 5.000 dólares EC) y enjuiciamiento.

3.Los productos sujetos a precios fijos comprenden el pan y los productos del petróleo (gasolina, queroseno, etc.). El Ministerio de Hacienda fija los precios, que pueden fluctuar en función de la evolución del mercado internacional; la División de Precios y Asuntos del Consumidor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se ocupa de la vigilancia del mercado.

c) Empresas de propiedad estatal y privatización

4.Antigua y Barbuda no ha notificado a la OMC ninguna empresa comercial del Estado.

5.La Corporación Central de Comercialización de Barbuda (CMC), órgano oficial establecido en 1973, tiene el mandato de crear un mercado para productos cultivados en el país, para buscar mercados para esos productos y para velar por que los precios de los productos básicos alimenticios se mantengan estables. Inicialmente, la CMC alcanzaba sus objetivos por medio del régimen de licencias de importación, que restringía las importaciones de diversas legumbres y hortalizas que los agricultores locales podían producir. La CMC es la única entidad autorizada para importar y comercializar zanahorias, coles, cebollas, pimientos dulces y tomates. No obstante, según las autoridades, el sistema de licencias se está eliminando progresivamente, y el monopolio de la CMC no se aplica; no se imponen restricciones a la importación privada de estos productos básicos. Aún no se ha fijado la fecha para la eliminación de la base jurídica del sistema. No se han requerido licencias motivadas por la falta de capacidad de los agricultores para abastecer el mercado. El monopolio de jure de la CMC sobre la importación de arroz y azúcar a granel se disolvió en agosto de 2000.


iv)Contratación pública


1.En 2005, la contratación pública ascendió, aproximadamente, a 111,6 millones de dólares EC o alrededor del 6 por ciento del PIB.61 Las importaciones para consumo del Gobierno están exentas del pago de derechos de aduana, cargas por servicios aduaneros y, hasta hace poco, impuestos sobre el consumo.

2.Antigua y Barbuda no es parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

3.La Junta de Licitaciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, se ocupa de la contratación pública. Fue creada por la Ley de la Junta de Licitaciones de 1991, capítulo 424A volumen 9 de las Leyes revisadas (1992) de Antigua y Barbuda. Se encarga de la adquisición y el suministro de artículos y materiales; así como de la adjudicación de contratos de obras y servicios para el Gobierno y para cualquier persona jurídica establecida en virtud de una ley del Parlamento o cualquier compañía de responsabilidad limitada cuyo accionista mayoritario sea el Gobierno. La Junta de Licitaciones tiene la competencia única y exclusiva para invitar, considerar y aceptar o rechazar ofertas.

4.Las solicitudes de licitación de suministros deben enviarse a la Junta. Las licitaciones pueden ser públicas o selectivas. Una vez que un organismo haya recibido una solicitud, la Junta debe invitar a miembros del público en general a presentar ofertas para el suministro de los artículos, obras o servicios, mediante un anuncio publicado en el Boletín y en periódicos locales o extranjeros; o, previa aprobación del Ministro, invitar a las entidades o personas que la Junta seleccione a presentar ofertas.

5.Al adoptar su decisión, la Junta ha de tener en cuenta lo siguiente: la calidad de los artículos o, en el caso de obras o servicios, la competencia financiera, técnica y administrativa de las personas que presenten la oferta; y los precios ofrecidos. Debe aceptar la oferta más baja, excepto si tiene motivos sólidos para aceptar otra oferta y presentar al Ministro un informe exhaustivo en el que indique los motivos por los que acepta una oferta por un valor más elevado que la oferta más baja. Es necesario obtener la aprobación del Ministro de Hacienda. Una vez adjudicado el contrato, la Junta debe publicar en el Boletín el nombre de la persona o entidad a la que se ha adjudicado el contrato, la cuantía de la licitación y la fecha de la adjudicación.

6.De conformidad con la Ley de la Junta de Licitaciones, pueden elaborarse reglamentos para permitir que los organismos establezcan sus propios departamentos de contratación para cantidades pequeñas.

7.La Ley de la Junta de Licitaciones (Enmienda) Nº 8 de 2002 permite a la Junta eximir al Gobierno o a cualquier órgano oficial del procedimiento de licitación si está convencida de que es oportuno y conveniente.

8.Pese a que existe una legislación detallada general, no hay directrices escritas acerca del proceso de contratación que debe elegirse. La contratación no está sujeta a reservas o preferencias nacionales o regionales.


v)Derechos de propiedad intelectual


1.El cambio más significativo en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI) que se ha producido en el período objeto de examen es la promulgación de diversas leyes en 2003 sobre las marcas de fábrica o de comercio, las patentes, el derecho de autor, los dibujos y modelos industriales, las topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas. La legislación se ha notificado a la OMC y ha sido examinada por el Consejo de los ADPIC.62 Se plantearon, entre otras, preguntas acerca del alcance de la protección, la aplicación y el trato nacional y de la nación más favorecida para los nacionales de los demás Miembros de la OMC. La Oficina de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Asuntos Jurídicos, está encargada de la administración de los derechos de propiedad intelectual.

2.Antigua y Barbuda es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y parte contratante en varios convenios de propiedad intelectual (cuadro III.5).


Cuadro III.5
Convenios y acuerdos en materia de propiedad intelectual en los que participa Antigua y Barbuda




Convenio/Acuerdo

Fecha de ratificación

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1970)

17 de marzo de 2000

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto de Estocolmo (1883)

17 de marzo de 2000

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, texto de París (1886)

17 de marzo de 2000

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid, 1989)

17 de marzo de 2000

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970)

17 de marzo de 2000


Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
3.La oficina del Registrador de la Propiedad Intelectual se estableció en virtud de la Ley de la Oficina de Propiedad Intelectual Nº 15 de 2003. Los deberes del Registrador consisten en: desempeñar todas las funciones relativas a la concesión de patentes y certificados de modelos de utilidad; el registro de dibujos y modelos industriales, marcas, marcas colectivas e indicaciones geográficas; supervisar y desempeñar otras funciones que le sean atribuidas por la legislación en materia de propiedad intelectual o por sus reglamentos; y encargarse de la realización de estudios, programas o intercambios de elementos o servicios relacionados con cuestiones de propiedad intelectual nacionales o internacionales, y con la utilización de documentos de patente como fuente de información. La oficina se estableció inicialmente como división del Ministerio de Asuntos Jurídicos, pero en 2006 fue trasladada al Ministerio de Justicia.

a) Marcas de fábrica o de comercio

4.El 1º de octubre de 2006 entraron en vigor nuevos reglamentos de marcas de fábrica o de comercio para la aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio Nº 18 de 2003. Según las autoridades, estos nuevos reglamentos facilitan la aplicación de las nuevas leyes de propiedad intelectual, y forman parte del programa del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Antigua y Barbuda de actualización de las leyes de propiedad intelectual necesarias para modernizar el comercio y proteger las inversiones. De conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2003, pueden registrarse las marcas de servicio.

5.En el período 2001-2006 se registraron 1.212 marcas de fábrica o de comercio en Antigua y Barbuda, 342 de las cuales eran extranjeras.

b) Patentes y dibujos y modelos industriales

6.La Ley de Patentes Nº 23 de 2003 define el alcance de las invenciones patentables, dispone que el derecho a la patente corresponde al inventor, establece los procedimientos para solicitar u obtener una patente, y define los derechos del titular de una patente. La Ley especifica que una patente expirará 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud, y prevé licencias obligatorias para los casos en que la patente no se explote o no se explote lo suficiente. También permite la explotación de la patente por el Gobierno o por terceros cuando sea necesario por motivos de seguridad nacional, nutrición, salud o desarrollo de otros sectores vitales de la economía nacional, o en respuesta a prácticas anticompetitivas. La parte II de la Ley se refiere a las obligaciones de Antigua y Barbuda en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La Ley deroga la Ley de Patentes de 1906 y la Ley de Registro de Patentes del Reino Unido.

7.Las autoridades señalan que, entre 2001 y 2006, se han concedido 75 patentes en Antigua y Barbuda. Este país no ha concedido ninguna patente de dibujos y modelos industriales.

8.De conformidad con la Ley de Dibujos y Modelos Industriales Nº 19 de 2003, un dibujo o modelo industrial puede registrarse si es nuevo. La Ley dispone que el derecho a registrar un dibujo o modelo industrial corresponde al creador. Establece los procedimientos para el registro de un dibujo o modelo industrial y especifica que el registro es válido durante cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por dos períodos consecutivos más de cinco años. La Ley deroga la Ley de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales del Reino Unido, y armoniza a la legislación nacional con los términos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

c) Derecho de autor

9.La Ley de Derecho de Autor Nº 22 de 2003, que entró en vigor en 2006, derogó a la Ley de Derecho de Autor de 1911 del Reino Unido. De conformidad con la nueva ley, puede concederse el derecho de autor a una obra literaria, musical, dramática o artística original; grabaciones de sonido, emisiones, o grabaciones por cable; y presentaciones tipográficas de ediciones publicadas. Las bases de datos pueden recibir el mismo trato que las obras literarias, pero sólo se consideran originales si la compilación constituye la propia creación intelectual del autor. También se prevé la protección de las colecciones folclóricas. Por lo general, la protección del derecho de autor se extiende durante la vida del autor más 50 años, pero se limita a 25 años en el caso de presentaciones tipográficas de ediciones publicadas. La Ley de Derecho de Autor establece normas sobre los derechos económicos y morales de los titulares de derechos de autor, la autoría conjunta, la titularidad y la cesión de derechos, las licencias, las excepciones, los derechos concedidos en las interpretaciones o ejecuciones, y los recursos disponibles en caso de infracción del derecho de autor y los derechos conexos. La Ley establece asimismo un Tribunal del Derecho de Autor.

d) Otros derechos de propiedad intelectual

10.De conformidad con la Ley de Indicaciones Geográficas Nº 21 de 2003, que entró en vigor en 2006, una persona interesada o un grupo de productores o consumidores interesados puede entablar actuaciones judiciales en el tribunal para impedir, respecto de una indicación geográfica, que se induzca al público a error o que se ejerza una competencia desleal. La Ley prevé el registro, pero también establece que una indicación geográfica puede recibir protección aunque no esté registrada.

11.Con arreglo a la Ley de Topografías de los Circuitos Integrados Nº 20 de 2003, es ilícito reproducir un esquema de trazado protegido, o importar, vender o distribuir de otro modo un esquema de trazado ilícitamente reproducido. La Ley, que entró en vigor en 2006, establece los procedimientos para el registro de estos esquemas.

12.Antigua y Barbuda carece de legislación en materia de protección de las obtenciones vegetales, información no divulgada y tratados de protección de Internet; así como de la protección de nombres de dominio.

e) Observancia

13.En 2001 Antigua y Barbuda presentó una Lista de cuestiones sobre la observancia.63 El sistema para la observancia de los DPI en general se basa en una combinación de legislación escrita y normas consuetudinarias. Los derechos de propiedad intelectual en Antigua y Barbuda son derechos privados, por lo que la responsabilidad de procurar su observancia incumbe al titular del derecho.

14.El tribunal competente en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual es el Tribunal Supremo de la Judicatura (que comprende el Tribunal Superior de Justicia y los tribunales de apelación), con posibilidad de un recurso final ante el Comité Judicial del Consejo Privado. El titular del derecho de propiedad intelectual o de una licencia puede hacer valer su derecho mediante una acción civil. En el caso del derecho de autor, derechos conexos y protección de información no divulgada, puede hacer valer ese derecho el titular del derecho de propiedad intelectual sin necesidad de registro. Se requiere el registro para la protección de las marcas de fábrica o de comercio, las patentes, los dibujos y modelos industriales, y los circuitos integrados, y para los derechos de obtentor. No obstante, las marcas de fábrica o de comercio no registradas pueden recibir protección con arreglo a las normas consuetudinarias.

15.Las medidas para la observancia comprenden: mandamientos judiciales; órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados; destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción. En el sistema de Common Law, el titular de un derecho que tenga razones válidas para sospechar que la importación de mercancías infringe algún derecho de propiedad intelectual, puede solicitar que el tribunal emita un mandamiento para que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de dichas mercancías para libre circulación. Además, el artículo 50 de la Ley de Derecho de Autor de 2003 faculta a las autoridades aduaneras para confiscar copias importadas de material impreso protegido por el derecho de autor si se ha notificado al Administrador de Aduanas una objeción. Las autoridades aduaneras indicaron, en el contexto de este examen, que esta disposición aún no se ha aplicado; las autoridades señalaron que todavía se encuentran en proceso de formación.

16.En la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor y propiedad industrial se tipifican como delitos penales ciertas infracciones, que pueden incurrir en multas y penas de prisión de hasta cinco años.



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